En el Chocó está en curso una disputa entre grupos armados, en la cual el Clan del Golfo toma la delantera, ampliando a esta región el control territorial que ya ostenta en otras partes del país. Las consecuencias de esta confrontación no pasan inadvertidas y sobre ello alertan los obispos de las diócesis de Quibdó, Itsmina-Tadó y Apartadó, que en rueda de prensa, junto con voceros de pueblos indígenes y organizaciones sociales del Chocó y del Occidente de Antioquia, denunciaron el efecto de esta realidad sobre su población.
Los paramilitares del Clan del Golfo ya coparon todo el río San Juan. Además hacen presencia permanente en numerosos poblados, entre ellos Ichó, Neguá, Bojayá, Vigía del Fuerte, Acandí, Ungía, Riosucio, Carmen del Darién, y todo el Medio Atrato. Es decir, estamos presenciando un copamiento de toda la región. Su pretensión de dominio es total, no solo militar, por lo que en tiempo electoral, como el actual, se multiplican las alertas electorales extremas en nueve municipios, también de incremento de la violencia. La denuncia procede de lideres religiosos que conocen la región y mantienen contacto permanente con sus fieles, en este caso los obispos de la Diócesis de Quibdó, Juan Carlos Barreto, Apartadó, Hugo Alberto Torres, y el de Itsmina-Tadó, Mario de Jesús Álvarez Gómez
Es una disputa de la cual no está ajena la capital del departamento, Quibdó, con un registro de 290 asesinatos en los últimos dos años, una cifra que expresa una altísima tasa para una ciudad de 130 mil habitantes.
Y mientras los ojos se dirigen hacia conflictos en el extranjero, nadie quiere reconocer que la población civil en la región chocoana está entre el fuego cruzado. Según Monseñor Juan Carlos Barreto, “lo de Bahía Solano es increíble, los dos grupos armados ahí en medio de la población”. La misma Defensoría del Pueblo señala que la población afectada representa el 72 por ciento, lo que equivale cerca de 396.000 personas, de las 550 mil que habitan en todo el departamento.
Pero estas denuncias que deben escandalizarnos, para el gobierno no existen. Según Daniel Palacios, ministro del interior, las informaciones son falsas y extravagantes. Este calificativo le indicó a la Iglesia que el momento actual no es oportuno para el dialogo, por lo que fue cancelada la reunión programada para mediados de febrero con el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos. Incluso el prelado con jurisdicción sobre el territorio que en buena parte cruza el río Atrato, se vio sometido por presiones de aclaración y retractación exigidas por los comandos de la Brigada décimo quinta del Choco y cuarta de Antioquia. Para los obispos, la convivencia y tolerancia del ejército con actores paramilitares no puede combatirse dilatando la presencia oficial, pues lo único que se logra es aumentar la violencia.
Para precisar algunos de los tópicos antes relacionados, contactamos al obispo de Quibdó, Monseñor Juan Carlos Barreto. A continuación la conversación sostenida:
‘La negación y la defensiva estatal no ve la realidad de las comunidades’
Edwin Guzmán (EG). Monseñor, ¿Cuál es la situación actual que se vive en la región y en particular de su diócesis?
Monseñor Juan Carlos Barreto (MJCB). El trabajo que realizamos los obispos con jurisdicción en el departamento del Chocó, un esfuerzo colectivo con las organizaciones etnicoterritoriales y sociales, venimos acompañando a las comunidades, visibilizando sus situaciones y tratando de incidir en diferentes espacios en los cuales se toman decisiones. No es para menos, el departamento atraviesa por una crisis del estado social de derecho, reflejada en los problemas de salud, educación, pobreza monetaria, desempleo y de inseguridad.
En el tema de paz, concretamente, no pasa desapercibido el avance de los grupos armados, no solo en las zonas rurales sino también en Quibdó, sometida a una creciente inseguridad producto de extorsiones, a un alto número de homicidios, a las amenazas, el desplazamiento interno y también desplazamiento hacia otras ciudades; en zonas rurales el confinamiento, el desplazamiento, los artefactos explosivos instalados por los grupos armados, el reclutamiento de menores, la amenaza a líderes sociales y la perdida de autonomía de las comunidades.
EG. ¿Pero el gobierno dice que son exageradas y extravagantes las cifras que ustedes mencionan sobre el porcentaje del control de población?
MJCB. Esa cifra es ofrecida por la Defensoría del Pueblo. Se dice, haciendo cálculos de población, que el 72 por ciento estaría en riesgo por la violencia que impacta al departamento.
EG. ¿Cuáles son los actores que están afectando a la población chocoana?
MJCB. El Eln y el clan de Golfo que aquí se denominan Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
EG. ¿Cómo se dio este proceso de redacción del comunicado colectivo y en el que denuncian lo ya anotado por usted, y en el que también participaron otros actores de la sociedad civil?
MJCB. Esas denuncias, que se venían haciendo con anterioridad, se fortalecieron producto de las misiones humanitarias desarrolladas en el año 2021 y en las que participación las tres diócesis, y en algunas de ellas también la Defensoría del Pueblo y la Oficina de Derecho Humanos ONU, las organizaciones étnicas y también algunas otras iglesias. En esas misiones humanitarias visitamos los once municipios más afectados por la violencia, con grupos de 40 y 50 personas; a través del diálogo con las comunidades se verificó el tipo de afectaciones, y esa realidad fue la que se visibilizó en comunicados y ruedas de prensa.
EG. ¿Qué opinión le merece la respuesta del gobierno, por medio del ministro Diego Molano, de calificar lo denunciado como exageraciones? ¿Por qué esa indiferencia estatal?
MJCB. La sociedad civil debe perseverar en la exigibilidad de sus derechos y es obligación constitucional del Estado atender las necesidades de los habitantes de las diferentes regiones del país. Nosotros vamos a perseverar en ese esfuerzo. Creemos que esa actitud de negación y defensa que hace el Estado no permite ver la realidad que se vive en el territorio, por eso hemos querido visibilizar las denuncias y hacer que el Estado reconozca lo grave de la situación. Y que de las respuestas que corresponda.
EG. En la lucha por sus derechos, ¿qué sigue para las comunidades del Chocó?
MJCB. Tiene que haber un diálogo respetuoso, en el que se reconozca la dignidad del pueblo chocoano que hace estas exigencias, de acuerdo con las competencias del Estado. Estamos abiertos siempre al diálogo, junto con las organizaciones sociales y toda la sociedad civil. Esperamos que realmente se abran los espacios de diálogo significativo para el departamento y que los altos niveles del Gobierno y del Estado en general respondan a estos llamados que se hacen desde la región.
Quisiera agregar que es importante la expresión de solidaridad recibida por parte de la Conferencia Episcopal de Colombia, que en visita al departamento del Choco constató en terreno cuál es verdadero pensamiento y situación de las comunidades, en conversación directa y escuchándolos realmente. Por eso su presidente, monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria, expresó que en el Chocó hay una crisis humanitaria y necesita que el Estado escuche a sus habitantes, y empiece a dar respuestas oportunas a las exigencias que se hacen desde los departamentos.
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