El viraje que la administración distrital busca darle a los comedores comunitarios genera inquietudes e incertidumbre en las comunidades beneficiadas con esta política.
En los últimos años el modelo de seguridad alimentaria en Bogotá creció, de manera paulatina, en términos de cobertura, fortalecimiento de infraestructuras locales, destinación de presupuestos, formación e impacto nutricional de participantes, generación de empleo para profesionales, técnicos(as), operarios(as), nutricionistas, interventores(as) y alianzas con proveedores tanto de la ciudad como de la región, así como diversificación de programas de acompañamiento.
Sin embargo, más allá de los aciertos de algunas políticas y programas, parece que cada administración que arriba al gobierno de la capital del país quiere cabalgar por camino propio. Es el caso del derecho fundamental a la alimentación, lo que ha disparado la preocupación entre comunidades y procesos organizativos.
Como lo demostró un estudio en el 2011 la inseguridad alimentaria en Bogotá afecta al 24%1, cifra inmensa que obliga a su administración central a concentrar esfuerzos para romper tal constante, al tiempo que evitar los traumatismos por decisiones tomadas de arriba hacia abajo.
El reclamo popular
En agosto del 2012, la Red local de participantes de comedores en Ciudad Bolívar, escribió al Alcalde Gustavo Petro una petición solicitando información, “clara y fidedigna, en cuanto a la continuidad y funcionamiento de los comedores comunitarios del Distrito y las localidades”2. En tal solicitud se realizan cuestionamientos en cuanto a la realidad de la (in) seguridad alimentaria, los servicios que van a ser modificados, la vigencia del comedor como espacio de desarrollo comunitario, la formación y acompañamiento a sus usuarios/as.
La respuesta de la administración de la ciudad se asignó a la Secretaría de Integración Social y la Secretaría de Desarrollo Económico. Su respuesta, genérica y sin claridad sobre los aspectos cuestionados.
Pese a ello, la Red de Comedores de Ciudad Bolívar prosigue su pesquisa para comprender la política oficial en curso, en concreto, por qué no se asignan recursos para el programa de comedores comunitarios, para el caso de Ciudad Bolívar, para 17 de estos espacios.
La búsqueda permitió encontrar la Directiva 005 de 2012, que define “lineamientos de política para líneas de inversión local”3, la cual se aplicó –más allá de la Localidad–, al conjunto de la ciudad, dejando sin presupuesto a los comedores comunitarios adscritos a los Fondos de Desarrollo Local, que para el caso de Ciudad Bolívar afecta a unas 5.000 personas beneficiarias del Programa.
La respuesta oficial. La realidad
Pero más allá de esta realidad, lo que arguye la respuesta oficial es que hay una transición entre propuestas antiguas y nuevas. En esta transición, así lo viven los habitantes más marginados de nuestra ciudad, ellos sufren los platos rotos. Y las ollas sin mercado.
Es verdad de bulto, que los problemas administrativos no pueden ser razón para explicar por qué se agrava la inseguridad alimentaria en la ciudad. Hay que recordar que para el caso de Ciudad Bolívar las personas pobres por ingresos corresponden a cerca de “206.198”4.
Según esta encuesta, el nivel de indigencia de ésta Localidad corresponde a 37.433 personas, panorama complejo para una zona donde su población crece de manera notoria año tras año.
Las cifras de personas pobres y en indigencia por ingresos en Bogotá, según datos por localidad, son de la dimensión siguiente:
En esta tabla se observa que en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y San Cristóbal el porcentaje de población pobre es mayor al 30 por ciento, de lo cual se desprende una tarea enorme y estructural entorno a la seguridad alimentaria.
En Ciudad Bolívar, luego de asambleas, elaboración de pancartas, encuentro entre participantes de comedores, reuniones con la Subdirección Local de Integración Social y la búsqueda de información permanente, se entabla una interlocución con la Secretaría de Integración Social, donde la entidad expone algunos avances de la propuesta conocida como “MIVITAL”, confirmando que, en efecto, los cambios son inminentes en la seguridad alimentaria del Distrito. Los cuestionamientos, inquietudes e incertidumbre no se hicieron esperar:
¿Se va a repetir la improvisación, como en el caso de las Casas Vecinales?, ¿está preparada la administración para implementar una estrategia nueva en seguridad alimentaria, a pesar de la baja comunicación que las instituciones tienen entre sí?, ¿cómo sostener los procesos valiosos de formación, construcción de redes comunitarias y sociales, alrededor de los comedores que no continúan?, ¿a quiénes beneficia esta nueva estrategia en términos de contratación?, ¿la famosa depuración de la pobreza que se pretende hacer en qué consiste?, ¿cuáles son las garantías de cumplimiento para las comunidades en su derecho a la alimentación?, ¿serán desconocidas las organizaciones de base y los procesos sociales exitosos surgidos entorno a los comedores comunitarios?, ¿es una tarjeta, una canasta o un bono el nuevo mecanismo para acceder a la seguridad alimentaria en Bogotá?, ¿es la individualización de las necesidades de las personas, con la consecuente fractura de la organización social?. Estas, y otras muchas preguntas son las abiertas por este debate aún no aclarado por la administración central de la ciudad.
No olvidar
Pero mientras ello sucede, hay que recordar que la administración –más aún cuando se reclama de izquierda– no puede construir sus propuestas sin el apoyo social. Para no repetir otros cuatro años con el gobierno pero sin el poder –para avanzar y tejer alternativas en los territorios–, quienes encabezan el gobierno central necesitan sostenerse en los procesos organizativos de base, porque la disputa está en el campo comunitario, en las barriadas, donde la gente tiene aspiraciones de cambio y un gobierno “progresista” necesariamente debe estar allí.
Por ello, ¿cómo anunciar la defensa de lo público cuando a puerta cerrada se toman decisiones que afectan al conjunto de habitantes? Por esta vía, no hay duda: sin debate, sin escuchar propuestas y desconociendo procesos valiosos a lo largo y ancho del Distrito, se perderá la oportunidad de construir un modelo de ciudad diferente al levantado por décadas de gobiernos “democráticos”, pero en el papel.
Hay que abrir la discusión, más cuando en el conjunto de la capital se esperan hechos claros para superar la segregación; debatir sin dilatar los cambios estructurales que requiere el actual modelo de ciudad. Gobernar, como dice un participante del comedor Potosí, en el barrio Jerusalén de Ciudad Bolívar, “donde no se haga nada para nosotros sin nosotros”.5
1 Profamilia Alcaldía Mayor de Bogotá Primera Encuesta. Distrital de Demografía y Salud 2011.
2 Derecho petición radicado el 22 de Agosto del 2012 en la Alcaldía Mayor de Bogotá.
3 Directiva 005 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, junio de 2012.
4 DANE – SDP Encuesta multipropósito en Bogotá 2011
5 Charla con José Lozano participante del comedor de Potosí.
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