Tras más de un mes de paro campesino en esta esquina nororiental de la nación, el país no para de oír y hablar de El Catatumbo, nombre y territorio envuelto en un tórrido olvido histórico. En Tibú, El Tarra, Ocaña y Convención los manifestantes han trasformado las precarias troncales que los conectan con el centro del país y con Venezuela en barricadas, puntos de bloqueo e incluso auditorios abiertos dispuestos para las asambleas, escenarios, en esencia espontáneos, punto de cruce con la reivindicación de una Zona de Reserva Campesina –ZRC.
Tres viceministros, la directora del Incoder, la cabeza del Departamento de Planeación Nacional, un Alto Consejero Presidencial con funciones ministeriales y ahora el Vicepresidente de la República, todos ellos, no han sido suficientes para superar lo que el Gobierno nacional llama la crisis de El Catatumbo. En jaque los tienen miles de campesinos, que con gran decisión taponan vías, controlan movimientos de propios y extraños, y exigen solución inmediata a problemas que los aquejan desde siempre. En estas circunstancias, y sin disposición para soluciones de fondo, los sesudos tecnócratas del gobierno Santos, más sus alfiles para el diálogo social, poco han podido hacer para apagar el incendio en la tierras norte santandereanas.
El relámpago catatumbero
El florero de Llorente que desató la protesta agraria el 10 de junio fue la erradicación manual de la hoja de coca, a cargo de la Policía, en un corregimiento del alejado Tibú. Sin duda, la Fuerza Pública nunca pensó que la espontánea y tajante respuesta en contra de la eliminación de la coca, fuente fundamental en el sostenimiento de la economía campesina local, se trasformara en un bloqueo de la vía Tibú-El Tarra, al que días después se le sumaria el cierre de la carretera que conduce a La Gabarra.
La protesta campesina se desató y regó como pólvora. En pocos días decenas de iras provenientes de veredas y cascos urbanos se metieran en la bolsa del paro, relacionando en ella diversas reivindicaciones. La deuda histórica del Estado con los habitantes de esta región se nota claramente en el forcejeo social.
Sin duda, una situación compleja. Llama la atención, en este contexto y ambiente social diverso, la manera como los habitantes de la región se han visto vinculados a la protesta. Por ejemplo, los habitantes del casco urbano de Tibú se sumaron a la misma debido al desabastecimiento de gas producto de una semana de aislamiento propiciado por las barricadas levantadas en sus calles. Su inconformidad con esta situación, y otras no menos graves, llevó a su Asociación de Juntas a expedir un pronunciamiento, firmado por 21 de los 23 presidentes de Juntas, manifestando su apoyo a la protesta pero rechazando los actos de violencia en contra de la gente de Tibú. También han solicitado un acuerdo humanitario para dejar entrar alimentos y para evacuar las basuras.
Por su parte, raspachines, colonos minifundistas, juntas comunales campesinas, coincidieron con la velocidad, intensidad y fuerza del relámpago catatumbero, sumándose a una extensa jornada de movilización que sorprende tanto por su duración como su por combatividad.
Este conjunto social fue el que llevó a cabo el bloqueo madre en la carretera Tibú-El Tarra, liderado por campesinos reunidos en la Asociación Campesina del Catatumbo –Ascamcat–, que al poco tiempo decidieron copar el sitio conocido como La cuatro, punto de encuentro de las vías a Cúcuta, La Gabarra, Tibú y Venezuela, lugar donde instalaron un potente bafle de resonancia, convertido, sin duda alguna, en la voz del paro.
Pero la radicalización del conflicto también vino, como en anteriores ocasiones, de la mano de la represión estatal, la cual atacó sin contemplaciones el 15 de junio, precisamente en La cuatro, con la pretensión de romper los bloqueos de vías, dejando sobre estas los cuerpos sin vida de Leonel Jácome, Édinson Franco, Diomar Humberto Angarita y Hermides Palacios, además de no menos de 100 heridos. No es extraño, en estas circunstancias, que Todd Howland, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, expresara a través de un comunicado, “su preocupación por la grave vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales en la región del Catatumbo”, resaltando el “uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades para reprimir las manifestaciones”. En el mismo comunicado se recuerda que a pesar de “[…] su riqueza natural, el Catatumbo presenta altos índices de necesidades básicas insatisfechas. La población allí asentada reclama al Estado, desde hace varias décadas, el respeto y la garantía de los derechos a la alimentación adecuada y suficiente, a la salud, a la educación, a la electrificación, al agua potable, al alcantarillado, a vías y acceso al trabajo digno […]”.
Esta situación de violencia estatal y para estatal no es nueva en la región. Recuérdese que en la misma se vivió a partir de 1998, y por espacio de dos años, una aguda crisis de derechos humanos producto de la avanzada paramilitar bajo las órdenes de Salvatore Mancuso –y la “vista gorda” de autoridades civiles y militares–, quien al mando de tres centenares de tropas asesinó 11.500 personas, perpetró 60 masacres y desplazó 14.237 personas, todo esto sobre una población de 330.000 habitantes de la región. Esa fue la magnitud del genocidio allí llevado a cabo desde un diseño de control social y territorial, que como hoy se reconoce, no pudo adelantarse sin la participación activa de importantes personajes del ámbito nacional y regional. Así lo confirmaba el entonces embajador de Estados Unidos en Colombia, Curtis Kamman: “soldados del ejército se pusieron brazaletes de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia, la sigla de la unidad paramilitar) y participaron activamente en las masacres […]”.
Sin duda alguna, tales procedimientos de “orden y mando” quedan presentes en las tropas allí acuarteladas, y el violento procedimiento llevado a cabo contra los manifestantes así lo recuerda.
Las demandas
El punto fundamental del pliego campesino es la formalización de una ZRC, que no es más que el cumplimiento de la ley 160 de 1994 y del Decreto 1777 de 1996 o, lo que es más diciente, la simple puesta en marcha del eje de tierras, ordenamiento y ambiente de la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial en lo que tiene que ver con El Catatumbo, política a la que algunos sin ingenuidad alguna denominan el “plan de desarrollo militarizado” (ver punto 2 del pliego).
Aunque la ZRC y Ascamcat aparecieran, la primera como reivindicación esencial y la segunda como actora protagonista, la situación resulta exponencialmente más compleja.
Mucho más cuando ni Ascamcat, ni la ZRC, mucho menos la Asociación de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc, a la que esta adherida Ascamcat) son la sangre del palpitar de los campesinos de El Catatumbo, factor plenamente demostrado por el curso de la justa y espontánea confrontación de los labriegos en El Tarra, Ocaña y Convención. Para salvar esta distancia está la reivindicación de la grave situación económica que viven los campesinos cocaleros, la cual se busca aliviar con un subsidio de un $1.500.000, por espacio de dos años, para “[…] mitigar la crisis alimentaria producida por las erradicaciones forzadas de los cultivos […]”.
Esta realidad campesina, cocalera, de intento de total control territorial por parte de las Fuerzas Armadas, con sometimiento del actor civil del Estado, queda aún más clara cuando se conoce que una parte de las fuerzas campesinas de la región no comparten la forma ni el principal objetivo del paro. En concreto, los sectores sociales de la región reunidos y representados tanto por el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca) como por el Movimiento por la Constituyente Popular (MCP) se diferencia de Ascamcat por la manera como jalona esta coyuntura, por el énfasis que deposita en la ZRC y por la falta de concertación con otros actores sociales de esta misma región.
De acuerdo a discusiones adelantas, por lo menos desde hace dos años entre las diversas organizaciones sociales de El Catatumbo, ni el Cisca ni Asocbarí comparten la prioridad de la ZRC. Las objeciones son varias (ver recuadro Objeciones…).
Pero en la intensa y prolongada movilización campesina, también se recoge otra variedad de demandas, todas las cuales no son más que el reclamo de más presencia del Estado en lo social y económico y menos en lo militar (ver recuadro El pliego).
El sembrado
La coca llegó al Catatumbo en los años noventa con el impulso de la apertura económica. El gran pacto orquestado por el Consenso de Washington condenaba a esta región al quiebre de su economía agroalimentaria, decapitada por la importación de alimentos, y por el desmonte del fomento estatal a la producción agrícola, todo lo cual se juntó con el declive que la producción petrolera conoció en los años 90 del siglo anterior. La economía llegó a devastarse hasta el punto que perdió su importante referencia como despensa agrícola de Bogotá, Barranquilla y el Cesar.
Con el campo quebrado los colonos no estaban dispuestos a seguir el famélico camino de sus padres, quienes habían llegado al Catatumbo desplazados por terratenientes santandereanos en la época de la llamada Violencia oficial (1948-1953). De los 10 municipios que componen este territorio: Convención, El Carmen, Hacarí, El Tarra, Tibú, San Calixto, Sardinata, La Playa, Ocaña y Teorama, solamente Tibú se extiende sobre 346.000 hectáreas, mientras los cultivos de coca en todo el Catatumbo no superan las 10.000 hectáreas. Sin embargo, esta ha sido la excusa para la intervención directa de todos los planes interamericanos de guerra contra el narcotráfico, llegando a caracterizar casi todos los pueblos entre Ocaña y la frontera con Venezuela como zonas rojas o de tratamiento militar.
Para los campesinos y su forma histórica de vida, gregaria, dependiente de su vínculo con la tierra para la siembra de alimentos, la coca les llegó como una maldición necesaria, a través de ella llegaron los mecanismos propios de la producción y circulación de un mercado ilegal, profundamente violento. Pero, es necesario pensar, si no fuera la coca, ¿qué otro producto de subsistencia podría tener el campesinado en una zona interconectada por deficientes trochas y carreteras? Sin política de estímulo a la producción campesina, ¿qué mercado compraría sus productos? Preguntas inútiles tal vez con respecto a la cruda realidad que caracteriza esta región, pero necesarias de plantear y debatir.
En estas circunstancias, la plaga del narcotráfico no es más que una cruz que se tuvo que aceptar si se quería sobrevivir al hambre, pero sus costos no son pocos, además de muertos y desplazados, la violencia cada vez más profunda que copa toda la región, conllevó la transformación de la cultura de sus habitantes, colocando de esta manera sobre las formas de vida campesina un acta de defunción, firmada por parte del servil neoliberalismo colombiano.
Así y todo, pese a que cubre cuando mucho 10.000 hectáreas, la coca se convirtió en la manzana de la discordia que destapó este conflicto. Al ser fuente importante para la supervivencia del campesinado de la región, su erradicación forzosa no produjo más que una inmensa reacción estomacal ante un panorama en que el Estado interviene militarmente para anular lo único que permite la subsistencia de las comunidades. Ante ello se rebosó la copa de los labriegos que más que salir a exigir la ZRC (aunque un importante sector sí lo hace) bloquea las vías por la preservación de su fuente económica. Vale la pena recalcar, y aclarar, que muchos de los protestantes pelean por la no erradicación, mientras la pugna por la ZRC plantea la sustitución gradual de los cultivos cocaleros.
Pero la disputa en El Catatumbo ha superado sus fronteras. Las propagandas televisivas sobre el derecho a la protesta y el cuestionamiento de la forma violenta que pueden asumir las mismas, sin aludir por parte alguna a la responsabilidad que el Estado tiene en el irrespeto de los manifestantes y de sus vidas, en su ataque con armas letales y no letales, en la provocación que parecen tener como misión cada vez que “acompañan” una marcha, concentración o similar, evidencia la disputa que desde allí se lleva a cabo por la opinión pública.
Sin conocerse el desenlace final de este levantamiento social, pero con la impresión que un acuerdo entre las partes está por sellarse, hay que preguntarse: ¿qué hay de fondo en el paro de El Catatumbo?, ¿habremos visto hasta ahora solo la punta del iceberg? (ver La geopolítica de El Catatumbo y Tras los minerales y otros recursos).
La geopolítica del Catatumbo
Con la puesta en marcha del Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, se rectifica la política nacional de consolidación territorial, heredada de la administración Uribe, dándole cuerpo a la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial, PNCRT. Once (11) espacios del país son focalizados para la implementación de este mega plan, iluminado por la Doctrina de Acción Integral promovida en América Latina por el renacido US Southcom. A grandes rasgos se trata de la cooperación interagencial, que convoca el conjunto de la capacidad del Estado, se emplaza en un espacio específico en vocación de una amplia confrontación que busca “la consolidación del control territorial como el escenario en el que se ejerce plenamente la autoridad del Estado”.
El Catatumbo es una de estas 11 regiones, donde también se concentran el peso del Plan Espada de Honor y del Plan Colombia. Bajo el espectro de este dictamen nacional el Ejecutivo garantiza la construcción de una espacialidad disciplinaria y biopolítica, en donde el riguroso control militar se junta con la estrechez de la elevación de la guerra contrainsurgente –que caracteriza como guerrillera a la base social campesina, pues ésta extralimita desde su práctica social la agencia del estado– y coloca la capacidad social del Estado bajo la discrecionalidad del mando militar, como instrumento para la búsqueda de la legitimidad estatal que solo llega allí desde el enfoque propio de las Fuerzas Armadas.
Esta renovada doctrina militar, y su marco operacional, se inspiran en un principio: la búsqueda de operaciones de combate logran objetivos inmediatos, pero si se quiere darle continuidad a la estructura social y de poder modernos es necesario “asumir tres líneas de acción no tradicionales, o sea aquellas que antes correspondían al gobierno y a la sociedad civil: dotar a la población de servicios esenciales, construir una forma de gobierno legitimo y potenciar el pluralismo económico” (Zibechi, Raúl, América Latina, contrainsurgencia y pobreza, ediciones desde abajo).
La materialización de la consolidación territorial en el Catatumbo se ha concretado en la construcción del Plan estratégico y el plan de Acción Regional, recibiendo 1.6 billones de pesos a través del Conpes, de ellos 1.5 billones son destinados a la construcción de carreteras, siendo las vías Cúcuta–Ocaña–Aguaclara (Cesar) y Astilleros–Tibú–Convención–La Mata, las joyas de la corona.
Toda partida de ajedrez necesita su alfil que se explaye sobre el tablero, en este caso el alfil no podía ser otro que las Fuerzas Armadas. La implementación del plan de consolidación para El Catatumbo ha tenido como actor de primer orden a la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, con más de 10 mil unidades y contando con la incorporación del componente marino a través de botes artillados tipo piraña, además de la diligente labor de la fuerza Aérea. El despliegue de la tropa a incluido, entre otros, la edificación de nuevas bases militares, como Campo Dos (Tibú), y la creación de dos nuevos puestos de Policía, uno en San Pablo (Teorama) y otro en Pachelly (Tibú). En este despliegue militar (y paramilitar), como un elemento importante en el juego de escenarios, también está presente Venezuela, y el desenlace que pueda tener la llamada Revolución Bolivariana.
El pliego
Para solucionar la actual crisis social y económica del Catatumbo exigimos:
1. Que la interlocución entre el campesinado movilizado y la institucionalidad estatal se realice a través de la Mesa de Interlocución y Acuerdo- MÍA. Que esta convoque a las autoridades competentes (ver lista al final)
2. Declaración inmediata de la Zona de Reserva del Catatumbo, esto en el Marco del cumplimiento de las obligaciones legales que tiene el INCODER, en virtud del artículo 81 de la Ley 160 de 1994 y del Decreto 1777 de 1996, así como los acuerdos suscritos entre la Asociación Campesina del Catatumbo y la institucionalidad local y departamental.
3. Definir claramente la ruta de financiación e iniciar la ejecución inmediata de los proyectos priorizados del Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona de Reserva Campesina.
4. Suspensión inmediata e indefinida de las erradicaciones forzosas de los cultivos de coca y ejecución de un programa de sustitución gradual y concertado de los cultivos de uso ilícito en el marco de la propuesta productiva del Plan de Desarrollo de ZRC.
5. Subsidios de $ 1.500.000 para mitigar la crisis alimentaria producida por las erradicaciones forzadas de los cultivos de coca, para lo cual es necesario elaborar un diagnóstico de las familias afectadas (dueño de finca, recolectores), subsidio que debe mantenerse al menos 2 años o mientras se implemente los proyectos productivos del PDS-ZRC.
6. Suspensión de las políticas y planes minero-energéticos que se quieren desarrollar en la región del Catatumbo, los cuales son una amenaza para la permanencia en el territorio de los campesinos y generar desplazamiento forzado, y que sea reconocido el derecho de las comunidades campesinas a ser consultadas y participar en todas las decisiones que puedan afectarles.
7. Suspensión de la Política del Plan de Consolidación en el territorio de la ZRC del Catatumbo.
8. Respeto, Protección y Promoción de Derechos Humanos:
8.1. reconocimiento político por parte del Gobierno Nacional y FFPP donde se reconozca el carácter civil de los campesinos organizados en la Asociación Campesina del Catatumbo.
8.2. Impulso de las investigaciones a las denuncias por las violaciones de derechos humanos
8.3. Conformar una comisión de verificación para hacer seguimiento a las graves denuncias de violación de derechos humanos y la persecución política y judicial.
8.4. La judicialización por el problema de la coca no debe tratarse con una política penal y criminal, sino como un problema político, económico y social.
8.5. Se adelante las investigaciones por los graves hechos que ocurrieron el día sábado 15 de junio en la cuatro, y se establezca un procedimiento para lograr una reparación integral a los afectados.
9. Exigimos el respeto y garantías a la vida, la integridad personal, dignidad y libertad para los campesinos y habitantes de la región que han venido participando en estas justas protestas sociales, y que se tomen las medidas adecuadas para evitar que ocurra las masacres, asesinatos, persecución y criminalización como las ocurridas desde 1999.
10. Para el casco urbano de Tibú y veredas aledaña: suministro de gas natural, suministro de agua potable y planta de tratamiento de agua, suministro de la electrificación, pavimentación de vías Cúcuta-Tibú y de las vías de acceso de los campesinos a las veredas y de las calles del pueblo, creación de la Universidad, Hospital de tercer nivel para Tibú, bienes, servicios y mano de obra para la comunidad tibuyana por parte de Ecopetrol.
Tras los minerales y otros recursos
En esta región del país hay desplegados 10.000 militares, los que tienen como actor principal a la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano. Fuerzas artilladas, por tierra, agua y aire complementan el dispositivo militar.
Pero, ¿qué tiene El Catatumbo para requerir semejante despliegue militar y planificación política? Como en otras muchas regiones del país, el Estado en esta esquina nororiental colombiana no ha sido más que un fantasma que solo aparece para otorgar concesiones y gestionar a favor de terceros el uso o extracción de recursos naturales.
Así es práctica evidente desde 1931, cuando con la polémica concesión Barco se le otorgó el control por 40 años a la Colombian Petroleum o Colpet y a la South American Gulf Oil Company o Sagoc, subsidiarias de la Standard Oil Company, la historia se ha repetido varias veces como farsa. En la década de los 30 el descaro estatal fue tal que prácticamente ayudó a promover, aliada con la Colpet, la cacería de indios barí, realizada por “pandillas armadas gringas […] para correr la frontera y salvar de las flechas a sus trabajadores”, bandas mercenarias que “desde sus avionetas lanzaban dinamita sobre poblados de los motilones, un recuerdo vivo en las comunidades barí”, esto en palabras de Alfredo Molano. Años después, el Estado propició la acción conjunta de las Fuerzas Armadas con el Bloque Catatumbo de Salvatore Mancuso como ya se anotó en otro aparte de este escrito.
Esta constante estatal hoy mantiene su cauce. La búsqueda por la presencia efectiva en el territorio por parte del gobierno está estrechamente vinculada a su potencialidad económica. Desde una mirada extractiva y trasnacional, los proyectos y potencialidades son diversos e inmensos:
200 pozos en miras a confirmar las exploraciones sísmicas adelantadas en estos años que han atraído a Serinko Drilling para la perforación, la Corinto para redes o la Petrosoles que hace mantenimiento.
Hallazgo del yacimiento de carbón Catatumbo-Sardinata-Tibú, con reservas medidas de 300 millones de toneladas. De este potencial se asignaron en el 2007 ocho lotes mineros con una extensión de 108.000 hectáreas en la zona de río de Oro, al norte del Catatumbo en la frontera con Venezuela.
Con respecto a la palma, existen cerca de 18.000 hectáreas en producción, que en su arranque se manejaron bajo el esquema de alianzas con medianos y pequeños productores, pero hoy las grandes empresas privadas comienzan a direccionar la producción de manera unilateral.
La construcción de una represa multipropósito sobre el río Catatumbo, junto con un plan de electrificación de la región.
Objeciones
Los principales aspectos que debate el Cisca en relación a la ZRC
Correr la línea de la reserva forestal, tiene serias implicaciones para la protección de la selva húmeda tropical que queda en la región y de la cultura Barí.
La división del territorio entre zona campesina y zona no campesina, habilita la implantación del Plan de Desarrollo Nacional, no se constituye en un obstáculo a su aplicación y, por el contario, permite su legalización y su legitimación.
Las ZRC se impulsan en un contexto diferente al que surgieron en 1996. En particular, en el Catatumbo están en juego los intereses estratégicos de orden económico y político que el imperio tiene sobre la región (recursos minerales y energéticos y el posicionamiento en la frontera con Venezuela), en el marco de la aplicación del Plan de Consolidación (el plan de Desarrollo Militarizado).
La ZRC no cohesiona las fuerzas sociales y políticas del Catatumbo para enfrentar esa estrategia de intervención, por el contario genera igualmente una división social, cultural, económica y política de la población catatumbera. Mucho menos cuando no ha sido producto de una concertación entre las mismas comunidades.
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