A 35 años de su constitución, una revisión de la historia del Colectivo de abogados José Alvear Restrepo, permite verificar que la misma sucede al unísono que se desata una profunda ofensiva militar y paramilitar contra los movimientos sociales, sus principales dirigentes, así como contra significativos conglomerados sociales. El Derecho como herramienta para defender la vida, recuperar la memoria popular y sembrar verdad y justicia.
“Son aliados del terrorismo”, el “brazo jurídico de las guerrillas”, agentes del “comunismo internacional”, “traidores de la patria”, “enemigos del Estado y de las Fuerzas Armadas”, “corruptos que compran testimonios, fiscales, jueces y periodistas, que inventan víctimas para enlodar a los héroes de la patria, para hacerles condenar a penas injustas”. Son los “hacedores de la guerra jurídica y promotores de la guerra judicial”. Así han tratado durante 35 años al Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (en adelante el Colectivo o Cajar) y a sus integrantes. Tanto militares como civiles al frente del Estado inconformes por nuestra labor en defensa de los derechos humanos y de promoción de la paz.
Nacimiento y causas
El Colectivo nació en 1978, en el seno de la Asociación Nacional de Profesionales al servicio de los sectores populares, la mayoría de los cuales terminaron presos o perseguidos por la aplicación del Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala. En 1980 se adopta el nombre de “José Alvear Restrepo” como homenaje a un abogado humanista, liberal gaitanista, que luego del magnicidio del líder, en las guerrillas del Llano elaboró las leyes humanitarias para que las tropas guerrilleras respetaran a la población civil y a los combatientes.
Gaitán y el gaitanismo
En sus más de tres décadas de existencia, el Colectivo ha representado diversos y sustanciales procesos legales que han conmovido a todo el país, entre ellos a la hija de Jorge Eliécer Gaitán, acompañando a su familia en la búsqueda del reconocimiento del genocidio contra el gaitanismo que comenzó en el año 46 y que se extendió más allá de la inmolación del líder, que pretendía que Colombia se condujera por caminos de justicia social, paz, participación popular y de civilidad. Nunca se ha querido investigar ni el genocidio ni los crímenes de lesa humanidad que se cometieron con ocasión de la decisión de exterminar el gaitanismo y el sacrificio de su vocero.
Los abogados del Colectivo defendieron a los presos políticos y enfrentaron los consejos verbales de guerra en la justicia penal militar, que durante la década de 1980 tenía la facultad de poder juzgar a civiles. Lograron luego de años de denuncia sobre las detenciones arbitrarias, la práctica de la tortura y las violaciones permanentes al debido proceso, que finalmente se declarara inconstitucional dichas competencias a la fuerza pública.
Pero las modalidades de la represión cambiaron. En la misma década de 1980 La desaparición forzada de personas comenzó a ser una práctica generalizada, como las ejecuciones extrajudiciales y luego las masacres. Los dineros de la mafia sirvieron para alimentar la corrupción al interior del Estado y la promoción del paramilitarismo como nueva estrategia de guerra sucia por parte de las Fuerzas Armadas.
El Palacio de Justicia
Luego de Turbay y su Estatuto de ingrata recordación, se dieron los intentos de paz promovidos por el presidente Betancur, ahogados en sangre, del que él mismo se haría responsable con la retoma del Palacio de Justicia. Ignorando el llamado del cese al fuego y del diálogo solicitado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el “Presidente de la Paz” autorizó que la barbarie primara sobre la razón y que se inmolara a los más importantes magistrados de la Nación, a que se exterminara el comando del M-19 responsable de la toma y a que se torturara y desapareciera a personas que el Ejército consideró como aliados de los insurgentes.
El Cajar ha representado a las víctimas del Palacio de Justicia desde hace más de 25 años, caso que está por fallarse en la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CoIDH–. Algunos mandos militares han sido condenados, se ha pedido que se investigue a Belisario Betancur en sentencia del Tribunal Superior de Bogotá de febrero de 2012, quien sigue ocultando al país las responsabilidades criminales del alto mando militar que él asumió como propias en sus primeras declaraciones.
La Unión Patriótica
Luego del “Holocausto del Palacio de Justicia”, comenzó el exterminio de la Unión Patriótica, dos candidatos presidenciales ejecutados extrajudicialmente, decenas de parlamentarios, gobernadores, alcaldes, concejales, más de cinco mil dirigentes de este movimiento político que pretendía contribuir a la paz y la democracia en Colombia, fueron víctimas de genocidio. En representación de la familia Cepeda, el Colectivo ha actuado para conseguir la condena de los militares involucrados en el magnicidio del último senador electo por la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, caso por el cual se consiguió la condena contra el Estado colombiano ante la CoIDH en mayo de 2010. Casi 20 años después el Colectivo sigue actuando en el proceso penal para individualizar la responsabilidad penal de los autores intelectuales de este crimen.
La Rochela
El 18 de enero de 1989, en La Rochela, Santander, la alianza mafia, paramilitares, políticos y Ejército que extenderían un baño de sangre en todo el país, se concretó en la masacre en que se asesinó 12 de 15 funcionarios judiciales que investigaban varios delitos en la zona, entre ellos la desaparición forzada de 19 comerciantes en el Magdalena Medio. El Colectivo representó a las víctimas en el proceso penal infructuosamente sin que se identificaran las responsabilidades penales, en octubre de 1997 presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –Cidh– y en mayo de 2007 se obtuvo condena contra el Estado colombiano en esta Corte. Cuatro generales fueron vinculados a la investigación penal y un parlamentario, casi un cuarto de siglo después el Cajar sigue buscando la sanción penal de los máximos responsables.
Nueva Carta, guerra histórica
Con el fin de la Guerra Fría y la caída del Muro Berlín se abrieron nuevos espacios a la democracia y en Colombia a las posibilidades de paz con las guerrillas que negociaron su desmovilización para apostarle a la participación política legal contribuyendo a la más importante transformación constitucional en la historia del siglo XX, cuatro antiguas guerrillas: el M-19, el Quintín Lame, el prt y el epl tuvieron asiento en la Asamblea Nacional Constituyente que adoptó la Constitución del 91, el Colectivo asesoró jurídicamente dichos procesos de reinserción en convenios con el Estado y acompañó los cambios importantes en materia de derechos humanos y de protección que se introdujeron en el nuevo orden constitucional.
Sin embargo una Constitución que nacía para la paz y para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, que pudo haber dado participación en su construcción a las guerrillas más antiguas y más fuertes, las farc y el eln, se enfrentó desde el día de la elección de los constituyentes al bombardeo de Casa Verde, donde se habían mantenido los acercamientos y diálogos con los comandantes de las farc.
Una escisión del eln, la Corriente de Renovación Socialista, negoció su reinserción desde septiembre de 1993, el Ejército que quiso sabotear dicho proceso de paz, asesinó a dos de sus voceros, Enrique Buendía y Ricardo González, pretextando que habían sido dados de baja en combate el 22 de septiembre de 1993. En septiembre de 1998 el Colectivo consiguió un informe de fondo de la Cidh sobre el caso (Informe Nº 84/98, Caso 11.710) por la impunidad en que se mantenía el mismo, habiendo litigado en vano ante la justicia penal militar, solamente se obtuvo condena contra los oficiales del Ejército responsables materiales del crimen casi 20 años después –mayo de 2012– y seguimos reclamando se investigue a los autores intelectuales del mismo.
Los Uvos
Mientras se debatían en la Asamblea Constituyente los mecanismos de protección a los derechos humanos que se integraría a la Carta Política, el 7 de abril de 1991 en Los Uvos, departamento del Cauca, fueron masacrados por una patrulla del Ejército 17 campesinos, los propios militares quisieron desviar la investigación acusando a las farc de la masacre, luego en la justicia penal militar impartieron impunidad para los autores materiales e intelectuales. En mayo de 1992, el Colectivo presentó el caso ante la Cidh, el Estado aceptó su responsabilidad y se inició una solución amistosa que fracasó por el incumplimiento reiterado de los compromisos asumidos. La Cidh resolvió con informe de fondo, el 13 de abril de 2000, Nº 35/00, Caso 11.020, varias de las recomendaciones siguen sin ser cumplidas y el Cajar sigue actuando reclamando justicia frente a los autores intelectuales de la masacre.
En Caloto, cabildo Huellas
Habiéndose reconocido los derechos de los pueblos indígenas a mantener su cultura, sus territorios, su lengua, sus formas de justicia, en la nueva Constitución que establece que Colombia es un estado pluricultural y multiétnico, el 16 de diciembre de 1991 se masacró a 21 indígenas Nasa en Caloto, Cauca, con el objetivo de despojarlos de sus tierras. El Colectivo presentó el caso ante la Cidh en diciembre de 1992, el Estado aceptó su responsabilidad y en 1995 se acordó una solución amistosa para reparar a la comunidad, para reconocerles sus tierras y para ponerle fin a la impunidad de los actores. 22 años después los compromisos esenciales siguen sin ser cumplidos y los dos oficiales de la Policía vinculados a la investigación penal no han sido condenados.
El paramilitarismo en consolidación
Con Álvaro Uribe Vélez como gobernador de Antioquia, a través de las cooperativas Convivir, con las que se legalizaba el paramilitarismo, se consolidó de la mano del general Rito Alejo del Río las Autodefensas de Córdoba y Urabá, lideradas por los hermanos Castaño. Con el apoyo de Víctor Carranza, las Fuerzas Armadas decidieron consolidar el proyecto paramilitar a nivel nacional y contribuyeron al traslado de las fuerzas mercenarias al sur del país. Así se van a consolidar las Autodefensas Unidas de Colombia, que al anuncio de su jefe Carlos Castaño de que “habrán muchos más Mapiripán”, masacraron, violaron, torturaron, descuartizaron, pasaron vivos por hornos crematorios o lanzaron a cocodrilos a decenas de miles de personas inermes a lo largo y ancho de Colombia.
Entre el 14 y el 20 de julio de 1997, Mapiripán, Meta, pasaría a la historia, por una masacre que implicó la movilización de tropas paramilitares y armamento en aviones que salieron de un aeropuerto militarizado, atravesaron el país, llegaron a otro aeropuerto militarizado y con apoyo de las Fuerzas Armadas, entrenadas por las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos presentes en la zona, en la base militar de El Barrancón, perpetraron esta masacre y la de Caño Jabón entre otros muchos crímenes cometidos en esta región del país. El propio Carlos Castaño reivindicó que las víctimas habrían sido 49.
El Colectivo presentó el caso ante la Cidh el 6 de octubre de 1999, cuando el proceso había sido asumido por la justicia penal militar, caso 12.250, que será sentenciado por la CoIDH el 7 de marzo de 2005. El 15 de septiembre de 2005 la Corte emitió sentencia sobre el fondo del caso ordenando reparar a las víctimas y sancionar a todos los responsables de la masacre. En el proceso penal se ha logrado la sanción penal de altos oficiales de las FFAA, entre ellos el general Jaime Uscátegui condenado a 40 años. El Colectivo sigue insistiendo en la investigación y sanción penal de otros generales que fueron igualmente responsables tanto por acción como por omisión de estas masacres.
A finales de 2011, el Estado hizo pública la existencia de víctimas que habrían engañado al Colectivo, al Estado y a la CoIDH por la masacre de Mapiripán que habían sido reparadas, que se acompañó de una estrategia de difamación contra el Colectivo, con la intención de debilitar el sistema interamericano de derechos humanos y para generar impunidad en relación con crímenes promovidos por agentes estatales. La información dada a conocer por el Estado que probaría que varias de las víctimas no lo serían de la masacre de Mapiripán, reposaba en entidades estatales desde antes de la sentencia de la CoIDH y desde 2008 con la desmovilización de las farc de uno de los presuntos desaparecidos. El Cajar, sin que haya mediado sentencia judicial, devolvió al Estado por razones éticas los recursos percibidos como porcentaje de lo que se pagó al núcleo familiar de los Contreras.
Más allá de la representación de víctimas de crímenes de carácter internacional, el Colectivo ha desarrollado acciones públicas para la protección de los derechos fundamentales, acudiendo a las acciones de tutela o acciones populares para proteger otros derechos como la salud, la educación, la igualdad, el debido proceso, los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes; demandando la inconstitucionalidad de normas que violentan los derechos humanos y las obligaciones internacionales del Estado en la materia, hasta contribuir a la declaratoria de inconstitucionalidad del último intento de reelección de Uribe Vélez o el acuerdo para instalar bases militares del Ejército de Estados Unidos con libre tránsito por el territorio nacional, el espacio aéreo y marítimo de naves y de tropas extranjeras (Corte Constitucional, expediente 7964/D-7965, decisión de agosto de 2010).
El DAS
Durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, éste entregó el DAS al paramilitarismo, nombrando a Jorge Noguera Cotes como director de la entidad, vinculado con Jorge 40 líder paramilitar de la Costa Norte y condenado a 25 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia, proceso 32.000, sentencia de septiembre de 2011, por el homicidio del defensor de derechos humanos y profesor universitario Alfredo Correa de Andreis en proceso en que el Colectivo representó a la familia de la víctima.
De igual manera Álvaro Uribe Vélez, nombró como Subdirector del DAS a José Miguel Narváez, contra él actúa el Colectivo en 4 procesos penales: por el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, por el magnicidio del senador Manuel Cepeda Vargas, por el secuestro de la senadora Piedad Córdoba y por la creación del G-3 grupo irregular que operaba al interior del DAS, dirigido por éste, con el propósito de perseguir y destruir a los críticos de Uribe Vélez, en particular los defensores de derechos humanos, los políticos de oposición, los periodistas independientes y, los magistrados que podrían oponerse a la reforma constitucional para garantizar la reelección.
El Das desarrolla la “Operación Transmilenio” cuyo objetivo inicial era la destrucción del Colectivo y de la Comisión Colombiana de Juristas. Según declaraciones de un líder paramilitar que involucra a José Miguel Narváez, éste habría ordenado dinamitar sus sedes. La operación se extiende a acciones de desprestigio, saboteo e intentos de judicialización de los defensores de derechos humanos.
El Colectivo fue víctima de una persecución sin precedentes dirigida desde el alto gobierno: interceptación de todas sus comunicaciones y la de sus familias, y contactos a nivel nacional e internacional, se infiltró a la organización, se amenazó de muerte a sus integrantes y sus familias, se atentó contra la vida de una de las abogadas, se persiguió en particular a las mujeres cabeza de familia, se logró que no se obtuviese recursos de la cooperación al desarrollo, se persiguió a sus miembros en sus desplazamientos al exterior, se les difamó ante terceros países para conseguir que les cancelarán sus visas, se hizo perfiles sicológicos de sus integrantes para identificar fortalezas y debilidades.
La “Operación Transmilenio” debió concluir con la “Operación Arauca”, sembrando propaganda del eln en la sede del Colectivo, se ordenó inventar una conversación entre el presidente del Cajar y un comandante del eln, que tras un allanamiento a las oficinas debería haber facilitado llevarles a prisión. La operación fracasó porque se descubrió oportunamente la propaganda subversiva y se advirtió a las autoridades.
El Colectivo representa a más de 30 víctimas nacionales e internacionales por la persecución criminal del Das en procesos en que han sido reconocidos como tales, tanto en la indagación de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra Uribe Vélez, como en la Corte Suprema de Justicia que juzga al ex Secretario General de la Presidencia Bernardo Moreno y a la ex directora del Das María del Pilar Hurtado. Sigue actuando en las investigaciones penales y juicios que se adelantan contra el entorno de Uribe Vélez y los principales responsables en el Das de sus actividades criminales. Hasta el momento se han proferido 10 sentencias penales contra altos responsables del Das por concierto para delinquir y otros delitos.
Esta persecución contra el Colectivo se intensificó con ocasión del trabajo ante el sistema interamericano de derechos humanos, las Naciones Unidas, la Unión Europea y los últimos años ante la Corte Penal Internacional. El Colectivo representa a centenares de víctimas de crímenes del paramilitarismo, de las Fuerzas Armadas, en particular de los mal llamados “falsos positivos” en que millares de personas humildes fueron ejecutadas extrajudicialmente y presentadas como guerrilleros dados de baja en combate, por obtener prebendas tan insólitas como unos días de vacaciones, una remuneración extra o un ascenso en el escalafón militar.
Luego de tantos años de difamación y de persecución cabe preguntarse ¿quiénes son los terroristas, quiénes son los corruptos, quiénes son los traidores a la patria, quiénes son los cobardes, quiénes son los enemigos del Estado y de las Fuerzas Armadas, quiénes son los que hacen guerra contra su propio pueblo, guerra política, jurídica y sicológica contra la verdad, contra la justicia, contra la sociedad?.
El Colectivo reconoce a los millares de hombres y mujeres que han sacrificado su vida por una sociedad mejor, por una Colombia en paz, por una democracia digna de tal nombre, pero repudia el mal entendido espíritu de cuerpo en que los asesinos se cubren de un manto de complicidad institucional sobre la honestidad de quiénes cumplen con sus obligaciones constitucionales y legales.
De esta semblanza institucional sobre 35 años de existencia de una organización integrada por hombres y mujeres que asumieron el riesgo de perder sus propias vidas por defender la vida, que integraron en sus estatutos la necesidad de ser vulnerables al amor social, que han tenido que vencer una y otra vez sobre el terror y el miedo, que han asumido un compromiso irredimible por la transformación social e institucional del país a favor de la justicia, de la paz y de la democracia, se puede agradecer su lucha porque en la misma nos sentimos dignificados como personas.
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