La noticia no podía ser más triste ni trágica. El 28 de enero las llamas consumieron el pasillo 7 del pabellón B, y dentro de él –o en hospitales de la ciudad– a 17 de los reclusos que pasaban sus días, tristes, lúgubres, en encierro, en hacinamiento, en medio de la tensión diaria que suscita el encierro y la violación de más elementales derechos humanos.
El primer reporte de muertos y lesionados, como consecuencia del incendio, aseguraba que 9 eran los internos perecidos producto de las llamas o el ahogo; 50 más estaban hospitalizados, algunos con graves quemaduras y otras lesiones no menores. Con el paso de los días, desde los hospitales de la ciudad, se reportaron los otros 8 muertos. Aún con el paso de los días, dos internos sobreviven bajo cuidados intensivos.
El incendio siguió a una protesta o motín de los internos. El informe oficial a pesar del paso de las semanas guarda silencio sobre su origen. ¿Manos criminales?
Quien conozca una cárcel sabe que las protestas de los presos son comunes cuando la guardia lleva a cabo “rascadas” o requisas, y ese día se informaba de una de ellas, producto de la cual cuchillos, sustancias psicoactivas y otros objetos prohibidos al interior del penal fueron decomisados. Toda requisa, por lo general, también significa destrucción de objetos muy queridos por quienes viven bajo encierro, en precarias condiciones, como radios, libros, zapatos, revistas, y similares. La humillación de la guardia contra los internos no deja de presentarse, y el odio asciende a niveles de bronca. La solidaridad entre los prisioneros no deja de presentarse. La protesta se desata, la guardia responde con gases, ahoga –al límite– a quienes pasan sus días en encierro, los acorrala, golpea, y somete a tratamiento disciplinario (reconteo en el patio, calabozo para quienes protestaron con más ahínco, etc.).
Pero, por rabia que tengan, ¿podrán los mismos internos prenderse fuego? Poco, muy poco probable. Por tanto, ¿quién(es), lo hicieron?
Según el testimonio de los heridos, el fuego tomo cuerpo cuando ellos estaban dormidos- ¿De dónde partió la chispa? Una cárcel hacinada, con la gente durmiendo sobre cartones y papel periódico, es un foco fácil para alimentar cualquier chispa. Las llamas toman fuerza, los presos corren, tratan de salvarse, pero las rejas, candados, tuercas, impiden su paso. Al otro lado, a buen resguardo, la guardia presenciando el horror, hasta que algún superior da la orden de abrir puertas para que no todos los presos mueran o queden mal heridos.
Esto sucedió el 28 de enero. Y ocurrió en una cárcel construida para 730 internos, pero que pese a ello reunía en condiciones infrahumanas 1.116.
Y esta situación se vive, se sufre, pese a las Sentencias de la Corte Constitucional durante 2013, donde ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, y al gobierno nacional, colocar punto final al hacinamiento que pulula en la mayoría de mazmorras del país.
Sucede esto, pese a la Sentencia T-153 de 1998 que ordenó lo mismo, así como las T-881 (2002), T-317 (2006), T-690 (2010), al Auto 041 del año 2011, y un sin fin de tutelas que dicen proteger los derechos humanos de los presos. La justicia aquí, sin duda, es una simple parodia, un sainete que no toman en serio sus mismos “defensores”, a no ser para construir más cárceles, ahora de alta, media y otras seguridades, que encierran cada vez más a quienes sufren la negación de su libertad, sometidos en casos hasta el extremo de no poder gozar el sol por días. Cárceles para matar poco a poco, para destruir poco a poco, para someter en vida.
Tras el crimen, las voces de ministros y otros altos funcionarios no demoraron en escucharse: “esto no puede repetirse”, “allí se violan todos los derechos humanos”, “dimos orden de trasladar decenas de internos”. Es decir, ahora sí se puede tomar medidas de choque para “proteger” a los presos. Pero ya es tarde. El 14 de febrero, en reunión “urgente”, las autoridades nacionales –con el ministro de Justicia a bordo– y de la ciudad aprobaron mil millones de pesos para invertir en trabajos de reforzamiento de la cárcel Modelo de Barranquilla. Esa fue la gran solución que encontraron para “mejorar” las condiciones de vida de quienes padecen encierro.
De esta manera, y más allá de lo que decidan y hagan las autoridades civiles y militares, la vida sigue en esta y otras cárceles del país, o más bien, la tragedia de cada día prosigue tras los barrotes. La tristeza, el desespero, la desilusión…
Y mientras se informaba de presos quemados en vida, y de otros agonizantes en hospitales especializados, quedó aprobada una nueva Sentencia de la Corte, motivada esta ocasión por una tutela del Defensor del Pueblo de Santa Marta –Albeis Fuentes–. Como reafirmación de la constante nacional, la prisión de esta ciudad, construida para encerrar 337 personas oprime a 1.149. Un hacinamiento del más del 300 por ciento. Como es de suponer, el servicio de agua es pésimo, incluso en algunos patios, impotable –en una ciudad donde el calor sube más allá de los 30 grados, y la atención médica es un chiste, con decenas de órdenes de atención especializadas represadas. Dos meses da la Corte para superar esta situación. Otro chiste. Fíjese que la Modelo y la Picota de Bogotá, a pesar de las tutelas y lo ordenado en el 2013 por la Corte no superan su problemática. Igual sucede en Pereira y en Pedregal.
Tras toda esta tragedia, ¿cuándo se pondrá fin al encierro como política de control social? ¿Cuándo se reconocerá que la cárcel no resocializa ni cumple con ningún precepto de los que siempre alardean en códigos y debates públicos los burócratas que sirven a la reproducción del sistema? ¿Cuándo se reconocerá que la prisión es una moledora de hombres y mujeres?
Así es. Pero para ser más sensatos. ¿Cuándo se reconocerá que para eso fue instituida y que, por lo tanto, cumple de manera cabal con los fines buscados por el sistema?
La cárcel. De nuevo la cárcel, el dolor, la violencia, la negación de los derechos humanos más elementales. ¿Quién apagará este incendio?
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