Del dicho al hecho. Si todo lo hubieran realizado bien, como debe ser, el “paso de la Cordillera Central y túnel de La Línea” sería una realidad desde hace varios años, contando el país con una vía moderna de doble calzada, túneles, puentes, viaductos y servicios por los cuales transitar de manera cómoda y ágil entre Ibagué y Calarcá.
Eso prometieron una década atrás, pero no, los hechos le recuerdan cada día a quienes recorren esa vía, que ahora ese viaje es toda una pesadilla: trancones, accidentes, derrumbes, lentitud, mucha lentitud. Y todo parece indicar que aún pasarán muchos años antes de que esto termine, y muchos más para que repararen algunos de los múltiples y graves daños ambientales causados especialmente al municipio de Calarcá –Quindío– y, también, de más amplia, a los departamentos de Quindío y Tolima. Otros daños son irreparables. Reina en estas obras un gran desorden, varias de ellas son inservibles o están detenidas.
Tal vez lo más significativo en todo esto es lo sucedido desde inicios del 2012, que visibilizó en algo la situación. Aunque hay que anotar que esa “visibilidad” es regional y relativa puesto que los grandes medios de comunicación guardan un silencio cómplice frente a algo que es de gran trascendencia, como podrá verse más adelante.
Breve recuento
A finales de marzo de 2012 la gobernadora del Quindío visitó sorpresivamente las mal llamadas “obras del túnel de La Línea” y constató que, como lo hemos denunciado desde hace casi nueve (9) años, allí había un gran desorden y graves daños a nuestro ambiente. Días después (2 de abril) la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) emitió dos resoluciones: la 238 y la 239 (vergonzosas, por lo demás), imponiendo una serie de medidas “preventivas” tanto a la Unión Temporal II Centenario como al Instituto Nacional de Vías (Invías) por los graves impactos ambientales que causaban en las cuencas abastecedoras de agua del acueducto de la ciudad de Calarcá.
Un mes después (4 de mayo), ante la gravedad de lo que estaba sucediendo, Piedad Correal Rubiano, Defensora del Pueblo Regional Quindío, en ejercicio de acción popular presentó ante el Tribunal Administrativo del Quindío, demanda contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mads), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), el Ministerio de Transporte (MT), el Nacional de Vías (Invías), el Consorcio Unión Temporal II Centenario, el Consorcio DIS S. A. – EDL Ltda., y la CRQ con el fin de lograr la protección de los derechos colectivos relacionados con:
1.- El goce de un ambiente sano, 2.- la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, 3.- la seguridad y salubridad públicas, y 4.- el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública.
El Tribunal profirió sentencia el 13 de diciembre de 2012 en la que declaró la responsabilidad de: la Anla, Invías, el Consorcio Unión Temporal II Centenario, el Consorcio DIS S. A. – EDL Ltda., y la CRQ por la vulneración y amenaza a los derechos colectivos antes mencionados.
En enero de 2013 las entidades antes mencionadas, menos la CRQ, apelaron la sentencia. Diez meses después, el 27 de noviembre, llegó el fallo del Consejo de Estado (Sala de lo Contencioso Administrativo) confirmando la sentencia del Tribunal Administrativo del Quindío. Como dato curioso es bueno saber que a pesar del fallo esta fechado el 19 de septiembre, pasaron 33 días antes de que el Defensor Nacional del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, lo hiciera público.
No es cierto, entonces, como lo afirman de manera reiterada, que la CRQ “no ha cejado en su actividad de vigilancia, seguimiento y control de las obras”. Por el contrario, el fallo en cuestión ordena a la CRQ: “cumplir con su deber constitucional y legal de vigilancia, seguimiento y control al desarrollo del proyecto…”. Ordenándole, además, hacer cumplir las resoluciones 238 y 239 pues las mismas no habían sido respetadas por las entidades afectadas durante más de un año y la CRQ lo había permitido.
Tampoco es cierto que la Anla haya estado –como ella misma lo afirma– “atenta en la actividad de vigilancia, seguimiento y control a las obras”, pues el fallo le ordenó “cumplir con su deber constitucional y legal de vigilancia, seguimiento y control al desarrollo del proyecto…”.
De igual manera el fallo les recordó y ordenó a la Unión Temporal II Centenario, al Consorcio DIS S. A. – EDL Ltda. y al Invías su deber de cumplir con los compromisos adquiridos en los contratos, respetando las decisiones de las autoridades ambientale […] pues era evidente que habían incumplido en diversos aspectos y reiteradamente. Y lo siguen haciendo.
En su fallo el Consejo de Estado también confirma la orden del Tribunal Administrativo del Quindío para “La conformación de un Comité ad Honorem, de verificación de cumplimiento en el cual intervendrán todas las entidades condenadas […] así como la Defensoría del Pueblo, quien lo presidirá, y el señor Procurador 157 judicial II delegado para asuntos administrativos o la persona que se delegue. El comité deberá rendir un informe cada mes…”Este comité, efectivamente, se ha reunido seis (6) veces, pero se ha dedicado a promover acuerdos para solucionar problemas puntuales señalados por el Tribunal Administrativo del Quindío relacionados, fundamentalmente, con la contaminación de las aguas que surten al acueducto municipal de Calarcá y los daños causados a la infraestructura del mismo. Y algo curioso: gestionan “nuevos recursos” para hacerlo.
Improvisación e indiferencia oficial
Así pues, que no mientan, que no oculten más el hecho de que todo lo antes mencionado no es más que una mínima parte de lo que realmente está sucediendo, un resumen de lo cual puede ser:
1.- No están ejecutando el plan de manejo ambiental. Lo antes mencionado y el conjunto de problemas denunciados desde el inicio de las obras tienen que ver, precisamente, con la no ejecución de las acciones y obras necesarias para prevenir, mitigar, compensar y corregir los impactos ambientales negativos presentados con y por la ejecución del proyecto.
No es una invensión, la consulta de los expedientes permite ver los constantes llamados de atención, las investigaciones y las sanciones impuestas, tanto a Invías como al Consorcio UT II Centenario, por el incumplimiento de los términos del Plan de Manejo Ambiental. También podrá constatarse que tanto Invías como la UT II Centenario han irrespetado muchas veces esas escasas actuaciones de las autoridades ambientales y de los entes de control del Estado. Lo anterior puede corroborarse haciendo seguimiento a las denuncias públicas de personas y comunidades afectadas. Además, el presupuesto inicial para el Plan de Manejo Ambiental fue de 85.000 millones de pesos. ¿Qué está pasando con ese dinero? ¿Cómo es que ahora autorizan más dineros para resolver los “problemas ambientales presentados en las obras”?
2.- Violación de la licencia ambiental. El Plan de Manejo Ambiental es el fundamento mismo de la Licencia Ambiental. Si no ejecutan ese plan, es porque violan la Licencia. Entonces, ¿para qué ésta si no están cumpliendo con el objetivo de garantizar el debido cuidado al patrimonio natural de la Nación y los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía? ¿Para qué la Licencia si no la hacen cumplir? ¿Por qué no hay sanciones ante irregularidades tan evidentes? Ironía: a un ciudadano común lo sancionan de inmediato por infracciones al “pico y placa”, pero a Invías y al Consorcio UT II Centenario nadie los sanciona por violar durante años la ley de manera grave y reiterada, afectando a mucha gente, a la Nación entera… ¡nada les pasa!
3.- El Estado no tiene capacidad de control. Nueve (9) años ya de todo este desorden y constantes violaciones a la normativa ambiental ponen de presente que el Estado parece no tener capacidad de control sobre este tipo de situaciones. Algo similar sucede con muchas otras obras públicas; las denuncias son reiteradas.
4.- El Gobierno no tiene voluntad de ejercer el debido control. El hecho de no sancionar a las entidades y empresas comprometidas en el proyecto, ni pronunciamientos serios por parte del gobierno sobre este particular, a pesar de las constantes denuncias y de tanta evidencia de violaciones a la Licencia Ambiental, evidencia que no hay voluntad del Gobierno para ejercer el debido control sobre estas obras. Siempre hemos tenido la impresión de que la “orden” es “hacer esas obras como sea, pero hagánlas”, aún bajo la violación de la Ley y lesionando los derechos de la ciudadanía. Esto es algo particularmente grave.
5.- El papel de los órganos de control del Estado y de las autoridades ambientales ha sido el de “tapar y dejar pasar”. Situaciones denunciadas durante nueve años por la ciudadanía y algunas autoridades locales, tan evidentes y a la vista de todo el mundo, sólo persisten porque los órganos de control del Estado, y las autoridades ambientales, no cumplen con su papel. El Tribunal Administrativo del Quindío, atendiendo la Acción Popular promovida por la Defensora del Pueblo regional, en relación con las obras en mención, lo ha establecido con claridad, y ahora el Consejo de Estado lo ha confirmado. Ni qué decir de las llamadas “interventorias” que no son más que una burla, un adorno en los contratos, un mecanismo para pagar favores.
Como se comprenderá, la situación descrita es muy grave pues compromete profundamente el diseño del Estado y de su ordenamiento jurídico. Estas obras que en algún momento fueron consideradas como “orgullo de la ingeniería colombiana” realmente quedaron convertidas en la más grande vergüenza de la ingeniería colombiana y de la capacidad de planeación y gestión del Estado colombiano.
* Fundación Ecológica Cosmos,
Calarcá, junio de 2014
Algunas referencias:
Lo que denunciábamos hace 7 años: http://www.desdeabajo.info/ediciones/item/821-inv%C3%ADas-no-cumple-con-el-plan-de-manejo-ambiental-problemas-ambientales-en-el-t%C3%BAnel-de-la-l%C3%ADnea.html
Un comentario de la prensa local:
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-noticia_opinion-seccion-opinion-titulo-los_escandalos_del_tunel_de_la_linea_apenas_comienzan-op-5419.htm
Declaraciones de la Defensoría del Pueblo:
http://www.elespectador.com/noticias/politica/denuncian-graves-efectos-ambientales-proyecto-tunel-de-articulo-453514
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/T/tunel_de_la_linea_estaria_listo_entre_2014_y_2015/tunel_de_la_linea_estaria_listo_entre_2014_y_2015.asp
http://www.eltiempo.com/noticias/tunel-de-la-linea
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