En las 50 veredas del Nordeste viven 2.500 personas, que representa el 20% de las que allí vivían hace tan sólo 3 años. El 40% de esta población corresponde a infantes, el 12% mujeres gestantes y lactantes. La base de su economía es la explotación artesanal de oro -especialmente en Segovia-, madera y pequeños cultivos para subsistencia (plátano, maíz y yuca).
En la actualidad, paramilitares del Bloque Central Bolívar presionan al campesinado para que implementen el cultivo de coca en la región. Les aseguran levantar el bloqueo existente y garantizan suministro de insumos para el procesamiento y comercialización de la base de coca. Sin embargo, y a pesar de su pobreza, hasta el momento no hay cultivos ilícitos en esa zona. Los pobladores entienden que la coca podría empeorar su situación, haciendo más dura la disputa entre las partes del conflicto armado por el control económico y estratégico de la zona.
Con esta situación, las comunidades esperan la presencia y acompañamiento de organizaciones nacionales e internacionales, despertar el interés del Estado colombiano apoyo para que los desplazados retornen, el bloqueo se termine y cesen asesinatos, desapariciones, torturas, señalamientos y la persecución contra los pobladores de la región.
Para poder adelantar estas iniciativas, se desarrolla todo un proceso organizativo. En el 2004 se constituye la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste (Cahucopana), y con el acompañamiento de otras organizaciones se adelantan -entre otras actividades- dos acciones humanitarias: en febrero de 2004 y abril del año en curso.
Realidad de la incursión paramilitar
Se adelantó, igualmente, el pasado 19 de agosto en la UIS -Bucaramanga- el Foro de solidaridad con el Nordeste Antioqueño y la Zona de Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra, intentando visibilizar la grave crisis humanitaria que está atravesando la región. Este foro permitió denunciar el operativo militar que desde el 28 de noviembre de 2004 se desarrolla: inició en la vereda El Porvenir del municipio de Remedios bajo el mando de Carlos Cano, alias «Bejuco», reconocido jefe paramilitar que opera con sus hombres en los municipios de Remedios y Segovia, y se extiende por distintas veredas.
El 2 de diciembre de 2004 éste grupo paramilitar hizo presencia en la finca Mesa Verde de la vereda Cañaveral vestidos de Ejército Nacional y bajo el mando del Sargento Borja, adscrito al Batallón Plan Energético Vial No. 8 de la Brigada XIV quien presentó a Carlos Cano –“Bejuco”- como soldado campesino. En los primeros días del mes, éstas tropas participaron en combates con grupos insurgentes de la región y posteriormente se tomaron la vereda Cañaveral, llevando a cabo atropellos contra la población campesina (decomiso de mercados, herramientas y otros enseres para el desarrollo de labores agrícolas) bajo el argumento de ser materiales para la guerrilla.
En febrero de 2005, en la vereda Carrizal -municipio de Remedios- el Ejército ordena cerrar una mina de extracción artesanal de oro, bajo la sindicación de ser explotada por guerrilleros. Estas mismas tropas fijaron en las paredes de algunas viviendas y en los tallos de varios árboles frases alusivas a las AUC.
Desde febrero hasta finales de mayo de 2005, los militares mantuvieron a la comunidad de Carrizal en un estado de confinamiento: cuando un miembro de la comunidad tenía que salir de la vereda estaba obligado a informar al oficial de la tropa el motivo de salida, hacia dónde se dirigía y el tiempo que iba a permanecer fuera de la vereda.
El Ejército ha contado con informantes, antiguos miembros de organizaciones subversivas acogidos al Plan de reinserción del Gobierno. Ellos incriminan al campesinado señalándolo de ser auxiliador de la guerrilla o miembro de ésta. Estas acusaciones han generado el desplazamiento de innumerables familias. Con la salida del campesinado han quedado en total abandono no sólo las viviendas y predios sino también los animales y enseres personales.
A raíz del masivo desplazamiento y como respuesta a los atropellos en curso, CAHUCOPANA planteó la necesidad de generar un espacio donde la población desplazada pudiera establecerse mientras el Estado brinda las garantías suficientes para retornar a sus lugares de origen. Por ello el 20 de mayo se inició la construcción del campamento de refugiados en la vereda de Lejanías.
Desde el inicio del proyecto las Fuerzas Militares han perseguido y señalado como presuntos miembros de la guerrilla, a dirigentes campesinos que participan en la organización y construcción del campamento.
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