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Tpp, conciencia ética de la humanidad. Colombia, no más silencio

En 1966, marcando las pautas de lo que debe ser el Tribunal Permanente de los Pueblos -TPP-, la sociedad civil internacional creó el Tribunal Russel, que sesionó por primera vez durante el año 1967, para juzgar a Estados Unidos y otros países cómplices por los crímenes cometidos en Vietnam, y por segunda vez, entre 1974 y 1976, para juzgar las dictaduras militares de América Latina, conformando organismos para asumir la lucha por la defensa de los derechos de los pueblos. Es así como se convocó un simposio internacional en Argel, concluido el 4 de julio de 1976, con la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos.


 


El TPP se constituyó formalmente en 1979, y está integrado por más de 60 miembros nombrados por el Consejo de la Fundación Internacional Lelio Basso por el Derecho y la Liberación de los Pueblos.


 


El TPP es un instrumento en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas. Se ha reunido en 31 ocasiones para juzgar, en diversos países, pueblos sometidos a genocidios. Sus juicios están basados en las convenciones internacionales, por fuera de las estructuras judiciales de los países, y representan de alguna manera la conciencia ética de los pueblos.


 


Movimientos sociales y multinacionales


 


Muchas organizaciones sociales se encuentran preocupadas por el papel activo de las empresas transnacionales en el conflicto social, político y militar de Colombia. No es para menos. Los casos de empresas vinculadas con grupos paramilitares para el favorecimiento de sus intereses, entre las que se pueden citar la demanda contra la Drummond Company, por el asesinato de tres líderes sindicales a manos de grupos paramilitares; la demanda contra la Cocacola Company, por el asesinato de nueve sindicalistas en Antioquia; la responsabilidad de la Oxy por el bombardeo a la vereda Santodomingo –Arauca–, en el que una empresa mercenaria norteamericana,  al servicio de la petrolera, ordenó el lugar de un ataque perpetrado por la fuerza aérea colombiana, o la Chiquita Brands, antes conocida como la tristemente célebre United Fruit Company, que admitió sus vínculos con grupos paramilitares en Colombia. 


 


Estos casos,  judicializados especialmente en el exterior, por la patética falta de garantías jurídicas reinantes en Colombia, ejemplificadas en la desaparición, amenaza o asesinato de casi todas las personas involucradas como testigos, precisan la importancia del tema.


 


Por ejemplo, en Alabama, Estados Unidos, se encuentra demandada por cien millones de dólares la multinacional del Carbón Drummond Co., por sus nexos con grupos paramilitares en el asesinato del presidente y el vicepresidente del sindicato de trabajadores mineros, en el año 1998,  Víctor Locarno y Manuel Orcasita.


 


Sesión Colombia


 


Retomando esta experiencia, el Observatorio social de empresas transnacionales, megaproyectos y derechos humanos, junto a otras organizaciones sociales y populares, solicitaron al TPP que a partir de octubre de 2005, hasta julio de 2008, someta a instrucción y juicio los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos contra el pueblo colombiano por los grupos económicos nacionales y por las empresas transnacionales que operan en nuestro país.


 


Con el Tribunal Permanente de los Pueblos, se espera generar un espacio en el que se pueda sustentar y ampliar las dimensiones de acción de los movimientos populares en Colombia frente a la estrategia de control de recursos y mercados por parte de  las multinacionales. Busca, al mismo tiempo, abrir el espectro de casos y sectores afectados, con lo cual se pueda demostrar que lo que está sucediendo en el país es una política integral, que pasa por todos los sectores productivos, desde el primario hasta el terciario. Que las estrategias de represión no son hechos aislados. También se busca que los movimientos sociales avancen en la develación de los intereses económicos involucrados en el conflicto social, político y armado de nuestro país.


 


El espacio del Tribunal permitirá evidenciar la incapacidad de los entes de justicia estatales, controvirtiendo los altos niveles de impunidad que azotan la justicia colombiana, y abrirá el debate sobre los intereses que se esconden detrás del aparato judicial del país, que en lugar de garantizar la impartición de justicia, propicia persecuciones, represiones y silenciamientos.


 


*          Observatorio social de empresas transnacionales, megaproyectos y derechos humanos. correo electrónico: [email protected] [email protected]


            Sector  Regiones Involucradas Lugar   Fecha  


            Alimentación    Cauca, Valle, Eje Cafetero, Cesar,      Bogotá 1 y 2 Abril 2006         


                        Regiones bananeras     Universidad Distrital


                                    Sede Macarena         


            Oro      Sur de Bolivar, Nordeste Antioqueño. Medellín           Noviembre 2006        


            Biodiversidad   Chocó, Bajo Atrato     Cacarica          Febrero 2007 


            Petróleo           Casanare, Arauca, Magdalena Medio. Saravena          Agosto 2007   


            Carbón            Guajira, Cesar, Norte de Santander     Riohaha           Noviembre 2007        


            Servicios          Costa Caribe, Sabana de Bogotá,        Barranquilla      Febrero 2008


             Públicos          Valle del Cauca          

            Sesión Final     Colombia         Bogotá Julio 2008

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