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Dialéctica entre “abajo” y “arriba”. Participación en parlamentos y gobiernos*

No se trata de llegar al gobierno para ocupar cargos, sino hacer de los cargos una palanca capaz de propiciar el avance colectivo hacia los objetivos consensuados socialmente, de concretar determinadas propuestas previa y colectivamente definidas, y de crear otras. Esta es, en últimas, la trascendencia de la tarea. Y llama también a no minimizar la decisión de quiénes desempeñarán determinadas funciones a través de los cargos de gobierno. En cualquier caso, todo esto debe ser diseñado y decidido con la participación plena de los actores sociales y políticos articulados orgánicamente, concientes de por qué se hace lo que se hace, y para qué.


 


Con el desarrollo de la participación popular organizada como base y sustento del proceso, un gobierno popular puede avanzar en las transformaciones hasta donde se lo proponga, en la medida que –a partir de las fuerzas acumuladas– vaya modificando a su favor la correlación de fuerzas, y vaya construyendo consenso entre los suyos, con pluralismo y tolerancia, sin desesperación, pero –a la vez‑ sin perder un minuto de labor. El actual proceso sociotransformador que se desarrolla en Venezuela constituye –vale reiterarlo– un valioso ejemplo de lo planteado. 


Contrastando positivamente con la de Brasil, la experiencia venezolana resulta fundamental, estratégica. Ella arroja luces largas, por un lado, para repensar la lucha democrático‑electoral como parte importante y vital del proceso de transformación social, ayuda a entender que el ser gobierno no necesariamente obliga a obedecer los designios del FMI, sino que coloca en manos del pueblo que lo asume, una herramienta política de primer orden que este puede emplear para promover e impulsar transformaciones sociales, económicas, culturales, y construir empoderamiento popular, avanzando hacia la transformación radical de la sociedad. Articulado a ello, por otro lado, deja claro que –en tales condiciones–, la fuerza política central del gobierno está más allá de los cargos, las instituciones, y las posibles alianzas con sectores de la oposición política vinculados al poder que se busca contrarrestar y transformar, radica en su capacidad de articular la gestión gubernamental con la participación protagónica, creativa y organizada del pueblo (fuerza social extraparlamentaria).


 


Construir una amplia fuerza social de liberación, patriótica, indo-afro-latinoamericanista y solidaria con todos los pueblos del mundo, que coordine su accionar político en los ámbitos (extra) parlamentario


 


La hipótesis es: Construir un amplio movimiento sociopolítico que articule las fuerzas parlamentarias y extraparlamentarias de los trabajadores y el pueblo, en oposición y disputa a las fuerzas de dominación parlamentaria y extraparlamentaria del capital (local‑global). En un primer momento, esta fuerza irá nucleando a través de la confluencia en la creciente certeza de lo que no quieren: el capitalismo. Poco a poco, se irá abandonando la identidad negativa y el anticapitalismo dará cauce ‑labor de formación político-cultural de las organizaciones sociopolíticas‑ mediante la construcción ‑desde abajo‑ de la propuesta alternativa de superación del capitalismo, es decir, de liberación, patriótica, indo-afro-latinoamericanista y solidaria con los pueblos del mundo. En ello radica la clave revolucionaria de esta opción estratégica.


 


Es injustificable que la participación de la izquierda en gobiernos locales o nacionales termine aceptando o incluso promoviendo las políticas del neoliberalismo. Esto, además de que conduce a perder el sentido político estratégico transformador que tiene para la izquierda la participación gubernamental, termina generalmente abortando el proceso social en posicionamientos personales. Los casos más evidentes resultan ser los de parlamentarios de izquierda que llegan a ser tales en nombre de movimientos sociales u organizaciones políticas de izquierda y luego –cortando todo vínculo– se dedican a hacer de la bancada un ámbito para sus ambiciones personales, un lucrativo puesto de trabajo. En tal caso, por muy buenas intenciones que se tengan, las elecciones terminarán tragándose la perspectiva de transformación social de los que participan en el gobierno. […]


 


Por eso resulta fundamental que la participación electoral se discuta, construya y desarrolle articulada a un proceso político mayor de construcción de una amplia fuerza social extraparlamentaria que se proponga acumular y avanzar hacia transformaciones mayores más allá del capitalismo, hacia una alternativa nacional y –a la vez‑ continental, de liberación de los trabajadores y el pueblo, orientada hacia lo que será un nuevo socialismo, creado y construido –desde abajo y día a día– colectivamente.


 


Este es el sentido y la significación política central de la construcción de un movimiento político-social, núcleo articulador –horizontal‑ de una amplia fuerza social parlamentaria y extraparlamentaria de los trabajadores y el pueblo. Como explica Mészáros:


Sin un desafío extraparlamentario orientado y sostenido estratégicamente, los partidos que se alternan en el gobierno pueden continuar funcionando como convenientes coartadas recíprocas al fracaso estructural del sistema para con el trabajo, confinando así efectivamente el papel del movimiento laboral a su posición de plato de segunda mesa, inconveniente pero marginable en el sistema parlamentario del capital. Por consiguiente, en relación con el terreno reproductivo material y con el político, la constitución de un movimiento de masas extraparlamentario socialista estratégicamente viable –en conjunción con las formas tradicionales de organización política del trabajo, para el presente irremisiblemente desencaminadas, que necesitan perentoriamente de la presión y el apoyo radicalizadores de las fuerzas extraparlamentarias- es una precondición vital para contrarrestar el inmenso poder extraparlamentario del capital. [2001-a: 849]


 


El problema no radica en lo electoral como tal, sino en cómo se implementa lo electoral, dentro de qué estrategia, y cómo ‑a partir de dónde y hacia dónde, con quiénes‑ se construye estratégicamente mediante lo electoral. El problema es, una vez más, para qué. Y esto se expresa en la relación entre la estructura política, el proceso de la toma de decisiones, la selección de quienes ocupan cargos y desempeñan determinados roles, y la mayoría del pueblo; se expresa en la relación entre las organizaciones políticas y los movimientos sociales, entendiendo que unos y otros son protagonistas del cambio social y de la política, sujetos políticos del proceso sociotransformador. De conjunto, concertando propuestas, reclamos sectoriales e intersectoriales, y un programa común, pueden dar cuerpo a lo que será una amplia fuerza social extraparlamentaria de liberación, fundamento para construir la participación parlamentaria y hacer del gobierno un instrumento de todo el pueblo para la transformación de la sociedad.


 


[…]


 


Además de un sentido estratégico, la participación electoral tiene, para la izquierda, objetivos propios cuya concreción no se puede subestimar ni relegar a la hora de ejercer el gobierno. Si el esfuerzo por acceder al gobierno y gobernar, fracasa, el impase puede constituir un freno en el caminar hacia la estrategia definida, y sus implicaciones pueden ser más o menos graves en función de las fuerzas y acumulaciones puestas en juego. Si la responsabilidad del fracaso no cabe a las fuerzas populares, puede significar un fortalecimiento de la perspectiva estratégica popular. Todo dependerá de las razones del fracaso, de la conducta de los líderes implicados, y de su interrelación con el pueblo, protagonista primero y último del proceso.


 


Frente político electoral


 


La construcción del movimiento político-social, en tanto fuerza social de liberación, resulta estratégica; es el soporte político‑cultural de los cambios posibles. No es equivalente por tanto, al instrumento que se construya para la participación electoral; va más allá de esto. No se trata de una organización; es un amplio movimiento conformado por organizaciones políticas, sociales, intelectuales y ciudadanía comprometida no organizada.


 


Un frente político‑electoral puede constituirse con sectores de ese movimiento político-social y algunos actores sociopolíticos o socioeconómicos con los que sea posible aliarse en determinado momento para avanzar en dirección de los objetivos propuestos. La duración política de dicho frente estará en dependencia de la realización de las políticas que sustentan las alianzas, sin embargo, a veces, éstas trascienden los objetivos iniciales, y es posible sumar fuerzas hacia nuevas transformaciones. El proceso no es cerrado en una dirección o en otra.


 


Es importante no subestimar el papel del instrumento electoral y de los actores que lo integran, evitando limitar –por definición‑ las posibilidades de avanzar desde ahí. La meta no es avanzar y depurar, sino –siempre que sea posible‑ crecer, sumar y ampliar la fuerza social extraparlamentaria afianzando y profundizando el sentido estratégico de la presencia y la acción parlamentaria a ella articulada.


Las alianzas políticas que den origen a un frente o coalición político electoral pueden y deben ser muy amplias y diversas en virtud de los objetivos que las convoquen. Es posible trabajar conjuntamente incluso con sectores intermedios (de centro) en sus definiciones políticas, pero sin relegar el protagonismo del pueblo en la gestión de gobierno, y sin olvidar que esas diferencias existen, porque si no, estas pueden revertirse luego contra el pueblo y la organización política que impulsó la alianza. Porque los sectores que no comparten los objetivos estratégicos, generalmente no olvidan, ni diluyen en acuerdos coyunturales sus intereses estratégicos (sectoriales y de clase), en aras de los cuales llegaron a esa alianza. Al respecto, la situación política actual de Brasil, resulta –en todo sentido‑ un ejemplo muy claro.


 


 

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