El desa-fuero militar

Guerrillas, corrupción, narcotráfico, bacrin, uribeños, guerra, parapolítica, falsos positivos, carrusel de la contratación y de las pensiones, estos y otros factores de violencia y corrupción dan la sensación de que el país anda revuelto, convulsionado; como dijera Carlos Lleras, descuadernado. La solución, dicen algunos, es reformar la justicia. Entonces, los afectados, la mayoría con apoyos cómplices en el Congreso, promueven reformas para solucionar sus problemas, es decir, para evadir la justicia, ya que en algunos casos, pocos por demás, con demasiada demora, ha habido condena contra algún otrora “padre de la patria”, como llamaban a los congresistas que disponían de los recursos públicos como un ‘padre’ de esos que se enriquecen a su antojo; o esos ‘héroes’ militares que, junto con los paras y financiados por los empresarios, mataban impunemente sindicalistas para que no quebraran las haciendas con sus huelgas, argumentaban¹.

Esas reformas en trámite apuntan –algunas– a que, pese a los desafueros, los congresistas no pierdan su curul, que tanta sangre y dinero les ha costado; a que, en la defensa ante la justicia, los oficiales no pierdan el ‘esfuerzo’ y la paga en matar humildes colombianos como ‘guerrilleros’; a que unos y otros, una vez absueltos o indultados, puedan volver al noble oficio de desfalcar las arcas públicas o dirigir novísimas bacrin.

Aprovechando el desorden, los corruptos y violadores de los derechos humanos promueven reformas constitucionales. Como diría algún perspicaz observador, “en río revuelto, ganancia de pescadores”. Para garantizar la impunidad por la corrupción y el crimen, nada mejor que erigirse ellos en sus propios jueces. Así, los congresistas rehacen su propio minicódigo disciplinario (por las minisanciones a sus faltas) y un codiguito procesal penal a su acomodo; y los militares sus ‘cortesanas’ que entregarán sin pudor sus indulgencias, es decir, las absoluciones, a los violadores de las mujeres, la ley y la Constitución.

Los ‘héroes’ de las fuerzas armadas, que con tanto esfuerzo desaparecen desde campesinos o indigentes hasta empleados de cafetería en plena Plaza de Bolívar², emulando a los mejores magos del mundo, no soportan que un juez de la república –de esos que sólo saben de códigos y leyes, que no conocen los placeres de la sangre– los juzgue y los condene por violar y matar a unas niñas campesinas y sus hermanos en Arauca vibrador o cualquier otro lugar del país; o por matar y deshacerse, en falsos positivos, de indeseables desempleados o campesinos pobres, a quienes un día de estos les da por pedir trabajo o tierras.

Esa justicia ordinaria no puede comprender –dicen los militares y sus compinches en el Congreso– que no son “falsos positivos” sino positivos verdaderos, porque “por ellos nos recompensaron con primas, ascensos en el escalafón militar, vacaciones, descansos, condecoraciones, que no han sido de mentiras y que, por el contrario, son el orgullo personal de nuestras familias y las fuerzas armadas, por esas victorias alcanzadas con tanto ‘sacrificio humano’.

Por ello, la reforma al fuero militar debe ser un desafuero de tal magnitud que violaciones de niñas y mujeres campesinas indefensas; tortura y asesinato de indigentes, desempleados y campesinos en zonas de guerra; muerte en retenes militares o robo de bienes de los ciudadanos, o bombardeos de ranchos o camiones de civiles no se desconozca que son parte de la guerra. Sin ellos, cómo pudieran estar entrenados para matar a sangre fría cuando salen de los cuarteles a guerrear, luego de cantar marchando y en coro “guerrilleros mataremos, y su sangre beberemos”; o a bombardear de noche con toneladas de explosivos sobre presuntos guerrilleros, vistos desde las alturas como pequeñas luciérnagas luminosas, imponiendo la pena de muerte sin saber ni siquiera a quién; o para que los comandantes militares o de la policía, y hasta el señor Presidente, puedan salir a regocijarse ante los colombianos y el mundo de haber destrozado a 40, 80 o más campesinos colombianos en trance de guerrilleros, luego de nacer pobres y sufrir la muerte violenta de sus padres, y el despojo de sus tierras por paraganaderos, parapalmicultores o parapetroleros, paraempresarios, luego de ser desplazados por la acción conjunta y concertada de los parapolíticos-militares-policiales que hacen patria agrandando fincas y sembrando muertos.

Como en sus pronunciamientos la Corte Constitucional ha sido reiterativa en que la justicia castrense no puede en ningún caso conocer de los delitos de lesa humanidad o violaciones de los derechos humanos, ahora, mediante la reforma al fuero militar, quieren tumbar esa importante jurisprudencia de la Corte, e introducir con la reforma al fuero –que se tramita como acto legislativo– que los delitos cometidos por integrantes de la fuerza pública se presumen en relación con el servicio, por lo que conocerían en primer lugar la justicia penal militar; es decir, a ellos les correspondería manejar la escena de los hechos, recopilar y embalar las pruebas, y hacer todos los actos urgentes e inmediatos y las primeras diligencias judiciales, poniendo en grave peligro la pureza –identidad y preservación– de la prueba, y con ello de la justicia.

A partir de la reforma al fuero, se presume que los torturados se autotorturados, los muertos en falsos positivos se suicidaron, las niñas y mujeres violadas se autoviolaron, los desaparecidos se autodesaparecieron. Entonces, a partir de la reforma al fuero, los integrantes de la fuerza pública que hayan participado en estos vergonzosos hechos se presume que no lo hicieron, y de ello no conocerán los jueces ordinarios que hoy los condenan. De ahí en adelante conocerán los jueces penales militares, que los absolverán… y así, con una sentencia, aunque absolutoria, no podrá hablarse de impunidad sino de justicia…

La reforma al fuero es, pues, una necesidad si se quiere que nuestros militares y policías no sigan siendo condenados por jueces miopes que no ven las ganancias, que, como en el toreo, dejan las torturas y la muerte de inocentes; por el contrario, que se les siga reconociendo como ‘héroes’, que a punta de ‘positivos’, falsos o verdaderos, garanticen que las minas y las haciendas sigan creciendo como veloz locomotora, para que nuestros productos mineros y agrícolas abonados con sangre de colombianos se exporten con ventajas comparativas al país que nos suministra la mayor tecnología de muerte, no sólo con el ejemplo (Vietnam, Iraq, Afganistán, etcétera) y las armas (fusiles, helicópteros, bombas), ahora que con ellos entrará en vigencia el Tratado de Libre Comercio (comida y minerales por artefactos de muerte).

La justicia castrense, tal vez porque castra la verdadera justicia, es necesaria para que los oficiales de las fuerzas armadas y de la policía, mayores y coroneles, no sean condenados por violación de los Derechos Humanos (DH) y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que no son acciones legitimas de guerra por realizarse contra la población civil no combatiente, o el combatiente rendido, herido o fuera de combate; y, por el contrario, se garantice que sean absueltos por tribunales militares conformados por hombres de guerra, por sus compañeros de armas, que con espíritu de cuerpo protegerán a sus congéneres en caso de ser judicializados. De esta manera, en vez de ejemplarizantes condenas que impidan la repetición de los crímenes, los miembros de las fuerzas militares y de policía obtendrán condecoraciones por esos actos ilegales, y así podrán llegar con méritos a ser generales (aunque sea de la muerte), para que se les siga garantizando el deseo compulsivo a sus hijos de continuar en guerra, para que no se pierda esa bella tradición de muerte, como en los coliseos romanos.

* Abogado, especialista Derecho constitucional, profesor universitario, estudios en filosofía del derecho.

1. En lo que se espera que sea el comienzo de los procesos contra los paraempresarios, la Fiscalía General de la Nación impuso medida de aseguramiento contra Guillermo Gaviria Echeverri por financiamiento de grupos paramilitares. Gaviria Echeverri, próspero empresario, es uno de los fundadores de Colanta, Unibam y Carbocol. Por otra parte, la Fiscalía, en un acto sorprendente y repudiable, precluye las investigaciones presuntamente por falta de pruebas contra la empresa norteamericana Chiquita Brands, que aportó millones de dólares a los paramilitares. A pesar de haber reconocido este crimen ante las autoridades norteamericanas y fuera condenada civilmente en los Estados Unidos. Ver El Espectador, pág. 4, 25 de abril de 2012.
2. Durante la retoma del Palacio de Justicia (6 y 7 de noviembre de 1985), los militares desaparecieron a 11 empleados de la cafetería de ese edificio. Por esos hechos sólo ha sido condenado el coronel en retiro Alfonso Plazas Vega.