La Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, en cabeza del Magistrado Rubén Darío Pinilla C., falló contra siete postulados del Bloque Cacique Nutibara. En sus consideraciones, recordó al país que el paramilitarismo tuvo origen y apoyo estatal. Con copia a la Corte Penal Internacional, pide investigar al presidente de los 8 años, pues, “no es posible estar dentro de una piscina y no mojarse”.
El fallo que emitió la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, entre el 4 y 6 de septiembre, es una crónica no periodística sino judicial, de una experiencia regional que pasó a convertirse en fórmula nacional de la llave: Poder y paramilitarismo. La providencia más que un perfil y viva ilustración de nuestra sociedad actual, es su radiografía. Denuncia histórica a nuestra sociedad y condena a los valores culturales de los cuales se nutre.
Dentro de los fines que busca toda decisión judicial, en especial ahora, cuando avanza el intento de ensayar los mecanismos de justicia transicional que nos permita alcanzar una soñada paz, la providencia es una pieza más que entra en los relatos que apuntan a la reconstrucción de nuestra memoria histórica.
Hay un hecho social que es perturbador y cada vez más insoslayable para la justicia misma: en un corto período de tiempo, una serie de prácticas y alianzas ilegales fueron puestas al servicio de los fines del Estado. Formas del actuar y del decir en los distintos estamentos en las que se encuentra un lugar común: una serie de pactos clandestinos que hacen posible que el crimen sea útil para gobernar.
Por primera vez, novedad y controversia en las preguntas de la justicia
Del auto de control de legalidad de cargos contra siete miembros del Bloque Cacique Nutibara, la judicatura tomó piso para mostrar con claridad, cómo un «fenómeno criminal» creció en la misma proyección y con el mismo auge con el cual avanzó en su consolidación un «proyecto político»; ambos triunfantes.
Con nombres propios, con hechos puntualizados, alzó su edificio un tenebroso rompecabezas en el que autoridades civiles y militares obligadas al ejemplo y al cumplimiento de la Constitución, héroes de una parte, como ejecutores de legitimidad; y villanos de otra, resultaron comulgando en un mismo dispositivo contrainsurgente con un bautizo de ilegitimidad e ilegalidad desde su primer disparo y detención.
En este marco que es público y evidente, la sentencia pregunta: …¿Cómo es posible que el régimen político colombiano haya conservado una apariencia democrática, a pesar de padecer una de las tragedias humanitarias más graves del orbe en los últimos 30 años y sin lugar a dudas la más grave de América Latina en ese período? Y añade: ¿Y cómo el gobierno sigue funcionando con elecciones aparentemente libres, con cambios de Presidente y alternación de los partidos y promulgación y vigencia de las leyes, como cualquier régimen democrático, a pesar de vivir las más graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario a todo lo largo y ancho de la geografía nacional?
Preguntas y respuesta que descubren las articulaciones y escenarios de nuestro drama, hasta por fin adivinar sus lógicas. Un paso en la tarea de desandar orígenes, de anudar contextos, detectar tendencias y dinámicas de la Colombia con su cercano ayer presente. De algún modo, es el clamor desde la justicia, a la necesidad de generar una conciencia despierta, civilista, atenta a la necesidad de no permitir que cierren los espacios para la construcción de una colectividad democrática, seria y moderna, y en paz. La providencia siembra un paradigma ejemplar por su valentía y probidad.
Verdad histórica, justicia y destrabe de la Paz
En su Derecho, el contenido del fallo no tiene parecido con las sentencias judiciales que establecen responsabilidades individuales. Asimismo, que ponderan la legalidad para el otorgamiento de un mecanismo individual estricto en la ejecución de una pena.
Como radiografía, la providencia transcribe un diagnóstico cuestionador de la situación crítica de la Nación y la República. Profundiza y hace visibles los rasgos característicos de una trama que políticamente, como acto irreflexivo y ciego, pocos colombianos asumimos como vergüenza propia. Partiendo de la evidencia de esta vergüenza, el auto interroga tanto sobre las condiciones que la gestaron y han hecho posible, como de todo el cuadro político de representaciones e instituciones y su funcionamiento en las que toma cuerpo, vida, ilegalidad y violación constitucional.
Los magistrados se preguntan si acaso hechos como los relacionado con el Bloque Cacique Nutibara dentro de las prácticas y alianzas ilegales en oficio con los fines del Estado, no constituyeron el a priori de lo actual; esa condición sin la cual no fuese ni sería posible interpretar las coyuntura del ahora y el aquí.
Descubren entonces que quienes las promovieron y auspiciaron, quienes las gestaron y concibieron –quienes conociendo sus posibles desarrollos aún así, políticamente asumieron el riesgo–, sabían que transitaban y se aventuraban a un cierto estilo, a una forma singular de acceder a los espacios de poder. Para explicar el umbral y justificación de esta fórmula –fórmula del terror contra el terror como ejercicio de gobierno–, aquellos convinieron en presentar un horizonte fallido para la comunidad.
Como concluyente paradoja, esta forma de ejercicio de gobernabilidad no solo profundizó el clima del conflicto armado que le servía de coartada. Presentada solapadamente como placebo y conjuro político de choque, pasó a convertirse en la raíz de la generalidad de expresiones de criminalidad que hoy fatigan al país. De su mano,se fue conformando una maquinaria que guerra y, con su estantería, toda una corriente de poder que, al impulso de una propaganda alienante, tomó el camino de inocular todas las instituciones, invertir los profundos valores democráticosy poner el aparato estatal a su particular servicio.
Para la época de ese quehacer que impulsó y promovió la participación de los ciudadanos en el desarrollo del conflicto, no existía en toda su dimensión el fenómeno particular y específico del paramilitarismo.
En medio de la confrontación con las Fuerzas Armadas existían:
- – Las voraces y crecientes guerrillas, es cierto, insufladas todavía por su entusiasmo en la toma armada del poder; convencidas de que el capital y la tecnología puestos al servicio de la guerra nunca tocarían sus selváticos resguardos.
- – Había expresiones locales de autodefensa, dispuestas a ensayar, a cualquier costo, los primeros circuitos de control de sus territorios.
- – Igualmente, por todas partes había en aumento cuestionamientos a los desafueros y extralimitaciones de muchas de las acciones de los organismos de protección estatal, situación que las hacía blanco de inexcusables evidencias: en muchos éxitos de la fuerza pública quedaba el rastro de sangre inocente.
- – En paralelo, a lo largo y ancho del territorio nacional el narcotráfico estaba en propagación, exhibiendo su premonitorio y fatal narcisismo, con ostentación del oropel visible de sus caudales, mostrando ya la capacidad de seducción y compra de cualquier conciencia ambiciosa.
Con todo este escenario, no existían los fenómenos ligados a la macroeconomía ilegal, ni la red de estructuras de poder territorial y político que era posible conjuntar con miras a una función estatal. Coaligar y dividir estructuradamente estos componentes, era una afanosa jugada. Y fue de la idea de recomponer este organigrama, de donde surgió algo que no conocíamos: lo coherente y funcional queresultó siendo ese ejercicio para estatal de manejo e incidencia sobre la vida social.
Más que gamonales rústicos y cuadrillas en armas dispuestas a defender sus feudos; de asalariados del crimen y mercenarios actuando a nombre de la nación –de hecho, nunca dejaron de ser peones de desecho, idiotas útiles cuyas figuraciones transitorias no trascienden más allá sus ominosas actuaciones–, el paramilitarismo es una estrategia claramente imaginada, detrás de la que actúan la conexión y la apuesta de las grandes opciones económicas y de poder –de unos y de otros–, a nombre de la democracia. Fue a partir de ese momento, en el que la institucionalidad comenzó a convivir, sin angustias, con la ilegalidad.
No podemos llamarnos a engaños, esta estrategia caló y tempranamente llegó a mostrarsus frutos. La supuesta retoma por parte del Estado sobre aquellos territorios donde nunca tuvo presencia, fue bienvenida sin importar el coste social del mismo. La pacificación fue un nombre que fácilmente encubría las complejas expresiones de sometimiento que empezaron a ensayarse sobre la población. Al ver cómo a su alrededor se conjugaron todos los factores de violencia bajo una misma insignia, el ciudadano común sintió en carne propia el mayor episodio de despojo de tierras, de masivo desplazamiento rural y urbano, derapaz apropiación derecursos económicos privilegiados,que jamás hayamos vivido.
Este teatro de terror vino acompañado de un bien pensado aturdimiento del imaginario colectivo. Se construyó un credo con tonos místicos alrededor del mal y la salvación; se dimensionó la imagen de un enemigo a quien se le exaltó una potencia demencial y totalmente demoníaca. Las letanías retóricas exigían licencia y consentimiento para cualquier tipo de maniobra redentora.
Seducidos con primicias, nunca los mass media exhibieron con tanto beneplácito el éxito de la corrosiva cruzada. Por esta vía, se hechizó a la colectividad con la morbosa exhibición de un promisorio aniquilamiento. Se descubrió, entonces, que el manejo de las pulsiones, de los instintos basales, del thanatos y la neurosis colectiva, era eficaz y conseguía réditos. Todos los estamentos de poder, los estratos de significancia económica, se sintieron arropados en esta discursividad escabrosa. Prestaron su aliento, adhirieron a la causa, integraron sus músculos al proyecto.
Puede haber conclusiones menos generosas que las de los mismos magistrados firmantes.
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