¿Planear el uso del agua?

En el debate realizado el pasado 6 de agosto en el Senado sobre la sequía que azota al país, la hoy exministra de medio ambiente y desarrollo sostenible, Luz Helena Sarmiento1, afirmó: “los colombianos no somos pobres en agua pero si debemos planear su uso”.

¿Quiénes deben planear el uso del agua? En primer lugar el Estado y desde luego los usuarios, comenzando por quienes la utilizan para actividades productivas, con ánimo de lucro2.

Resulta paradójico, o más bien cínico, que la encargada de dirigir y orientar dicha planeación, resulte ahora diluyendo su responsabilidad, y la del gobierno Santos, en un plural y difuso conjunto de actores.

Y es particularmente irresponsable la afirmación de la Ministra pues tan solo catorce días antes de su comparecencia ante el Senado, la Contraloría General de la República –CGR– le había enviado una Función de Advertencia sobre, “debilidades técnicas, administrativas e institucionales de la gestión del recurso hídrico que impiden garantizar el agua como un bien público y derecho humano, individual y colectivo”3.

Ministra advertida…

En el mencionado documento, establecen una serie de hechos, aquí simplemente resaltados pues hablan por si solos4:

En cuanto a acceso y calidad del agua: “…el 39,49% de la población presumiblemente se abastece de agua con alguna deficiencia en su calidad, dentro de los niveles de riesgo medio hacia arriba (medio, alto e inviable sanitariamente)”.

En cuanto al tratamiento de aguas residuales y citando a la Superintendencia de Servicios Públicos, anota la Contraloría: “Actualmente en Colombia se presentan significativos inconvenientes en lo referente al tratamiento de las aguas residuales municipales, que no permiten el propósito de enfocar esfuerzos en la realización de actividades que deriven en el mejoramiento de la calidad del agua vertida a cuerpos hídricos receptores y por ende el cumplimiento de lo expuesto en el Plan de Desarrollo 2010–2014, “Prosperidad para todos” y la normatividad existente”.

En cuanto al ordenamiento ambiental del territorio en cuencas hidrográficas, señala la Contraloría que: “… no presenta la coherencia requerida la actual ordenación del territorio en cuencas hidrográficas dado que aún no se cuenta con los Planes Estratégicos por macrocuencas, los cuales se establecieron como base fundamental para la ordenación de cuencas en el documento de la Política de Gestión Integral del Recurso Hídrico”. Por tal razón, según la Contraloría, tanto el Convenio 008 de 2012, por $315.000 millones de pesos, suscrito entre Minambiente y el Fondo de Adaptación al Cambio Climático, como el contrato 085 de 2013, por 7.500 millones de pesos celebrado con ASOCARS, encaminados ambos a mejorar la gestión del riesgo, y apoyar en el segundo caso la “formulación y/o actualización de 130 planes de ordenación o manejo de cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de la niña 2010–2011, no están fundamentados en los Planes Estratégicos de las macrocuencas” (las negrillas son mías).

En cuanto a la oferta hídrica anota la Contraloría: “…existen vacíos y debilidades en la información climatológica histórica almacenada en las bases del IDEAM…ya que aunque existe una extensa red de 870 estaciones hidrológicas en el país a cargo del IDEAM, las mismas son obsoletas, y además la articulación de las Corporaciones, sobre el establecimiento de los puntos de monitoreo presenta deficiencias para consolidar la información”.

En cuanto a la demanda hídrica, luego de instar a las CAR´s a identificar todos los tipos de consumo de la manera más detallada posible, lo cual vienen haciendo algunas Corporaciones a través de las “Estrategias Regionales del Agua”, se subraya: “La CGR evidencia carencia de herramientas a nivel regional que involucren de forma integral los factores, técnicos, sociales, económicos, institucionales, políticos, ambientales y culturales, para la determinación de la demanda hídrica”.

En cuanto al riesgo, “La CGR pudo determinar que el IDEAM no cuenta con los equipos e instrumentos tecnológicos y otros mecanismos para desarrollar de manera efectiva y eficiente la atención de los riesgos de calamidades, teniendo en cuenta que la intensidad y periodicidad de los eventos extremos de los últimos años traen consigo nuevos escenarios de riesgo…”

En cuanto a la institucionalidad, y esta es una de las principales conclusiones de la Contraloría: “En Colombia, las organizaciones estatales encargadas de la gestión del recurso, no tienen establecida una política efectiva, ni un marco legal apropiado para regular y gestionar el agua, que permita atender las necesidades ambientales, económicas, sociales y políticas del Estado, con la participación de todos los agentes sociales”.

Eludiendo responsabilidades

Como puede verse, la planeación del uso del agua por la que aboga la Ministra no existe a nivel del Estado, ni el Ministerio a su cargo ha hecho mayor cosa por realizarla.

Las consecuencias están a la vista: una sequía, que es apenas el preludio del fenómeno del Niño anunciado por el Ideam, ha puesto ya en jaque al país.

Desde luego, las causas profundas del problema, la extrema vulnerabilidad que han generado las formas de ocupación del territorio, asociadas a sistemas productivos particularmente depredadores y vinculados a los requerimientos del mercado internacional, no forman parte del discurso oficial.

El deterioro de los ecosistemas, el agronegocio, la urbanización y la minería

Unos días antes de los debates, el 28 de julio, tuvo lugar la audiencia de pacto de cumplimiento en el proceso de acción popular interpuesto por varias organizaciones ambientalistas, y el hoy Senador Iván Cepeda, para exigir el cierre de la ventanilla para la recepción de solicitudes de títulos mineros pues no se han cumplido las condiciones que el mismo Gobierno adujo para cerrarla hace tres años.

Frente a la documentada exposición de los actores populares que demostraron la incoherencia de los dos gobiernos de Uribe y su sucesor Santos, al otorgar cerca de 12.000 títulos mineros de los cuales un poco más de 800 cumplen con la normatividad vigente, el Estado representado por los apoderados de los Ministerios de Minas y Medio Ambiente, de la Agencia Nacional Minera y de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, se limitaron a expresar que no estaban dispuestos a suscribir, ni siquiera a discutir, ningún pacto con los demandantes. Es decir, el Gobierno no se compromete a cumplir lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo en materia de protección de páramos, por ejemplo.

La posición oficial, además de cínica, es reiterada pues ya la inefable Ministra Sarmiento había declarado a Vanguardia Liberal5, que la delimitación de los páramos a escala 1:25.000 era “poco viable”. Esta delimitación que se encargó al Instituto Von Humbolt es una medida mínima de protección para excluir los páramos de la minería.

Por cierto, la Contraloría al referirse a los conflictos por el uso del agua señala que: “La falta de cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en las agendas ambientales del Sector Minero Energético se han traducido en retrasos en los objetivos y estrategias del Plan de Gestión Integral del Recurso Hídrico que tiene como fin último alcanzar el uso sustentable del recurso hídrico entendido este como la disponibilidad futura del recurso para las generaciones venideras”.

El derecho humano al agua: cada vez lejos

En conclusión, la sequía que apenas inicia pone de presente los recurrentes obstáculos para hacer realidad el derecho humano al agua y reactualizan los puntos planteados por quienes promovimos el referendo cuya convocatoria fue olímpicamente negada por las mismas o similares mayorías a las que hoy dominan el legislativo. Lo novedoso es el cinismo de los funcionarios, como la Ministra de Ambiente, que niega toda negligencia del Gobierno en la prevención, no solo coyuntural sino estructural, de los desastres que estamos viviendo y viviremos con más rigor en el futuro.

* Ex vocero del Referendo por el Derecho Humano al Agua; integrante de Unión Libre Ambiental.

1 En Colombia el consumo doméstico solo de agua representa el 7% del total, frente el 54% del uso agrícola, el 19% para la generación eléctrica, el 6% para uso pecuario y el 5% del uso industrial. Datos del Ideam citados en la Función de Advertencia de la CGR, relacionada en este artículo.
2 Véase oficio 2014EE0123916, en www.contraloria.gov.co
3 Los entrecomillados que siguen a continuación son extraídos del oficio 2014EE0123916, visible en www.contraloria.gov.co
4 La ministra fue reemplazada el 12 de agosto por el empresario y experto en “servicio al cliente”, Gabriel Vallejo, cuyo nombramiento recibió toda suerte de críticas por los ambientalistas dada su inexperiencia y falta de conocimiento del tema ambiental.
5 Véase, “En un mes entregaremos coordenadas de Santurbán”, entrevista a Minambiente, en www.vanguardia.com , 15 de Julio de 2014.