Feriando lo público. El actual gobierno, que ya tiene a Isagen en lista de venta, pretende hacer lo mismo con ISA. Atendiendo las exigencias del capital privado, diseñaron la estrategia 2020, para “modernizarla”: reducir el número de trabajadores, flexibilizar labores, elevar tarifas y acabar con el sindicato.
Una historia de nunca acabar, la que resume la privatización de las empresas públicas colombianas. Iniciada para el caso de las prestadoras de servicios públicos de energía y agua hacia 1994 con la ley 142 y con la venta de Chivor en 1996 (ver cuadro). ISA, que era su propietaria, empezó desde entonces a vivir su desmembramiento, y pese a los casi veinte años trascurridos desde esa primera venta, y sus nefastas consecuencias para el bolsillo de la población colombiana, los gobernantes de este país insisten en culminar el proceso privatizador, rematando al capital privado lo poco público que sobrevive del sector generador y transmisor de energía.
Existe evidencia de ello. Desde el alto gobierno, con la participación activa de la administración de ISA, estructuran por estos días las condiciones para vender a Interconexión Eléctrica S.A E.S.P. “ISA”, “limpiándola” de sindicatos para dejarla “cero kilómetros”, condición exigida por el capital privado para adquirirla. Así, sin miramiento alguno, retomando tal demanda, lo proyecta “La estrategia 20/20” diseñada por ISA, en la cual existen lineamientos y políticas precisas para acabar con las organizaciones sindicales, al tiempo que estructuran una empresa con pocos trabajadores directos, con una fuerte marca a nivel latinoamericano, altamente rentable y atractiva para el inversionista extranjero.
Contrario a sus objetivos y misión, la actual estrategia de la empresa ya no se propone desarrollar y fortalecer el sistema eléctrico nacional, sino que está centrada en generar grandes utilidades con inversiones altamente rentables, con bajos costos operativos, reducción del mantenimiento, tercerización laboral entre otros; es decir, el objetivo no es garantizar el servicio de energía eléctrica a todos los connacionales, sino garantizar altas utilidades a los inversionistas o dueños de las empresas.
Lo anterior lo explica lo ocurrido a finales del año 2013, cuando dentro de su ajuste para esta venta, y la concreción de su plan de reorganización, ISA creó una nueva filial –Intercolombia–, con operaciones desde el 1 de enero de 2014. Según la empresa, esta nueva filial es necesaria para separar los roles de planeación y operación, el primero de los cuales quedó en ISA matriz propietaria de todos los activos, y el segundo, el operativo nacional, lo delegaron en la nueva filial.
Para no afectar el régimen de responsabilidad frente a la prestación del servicio, Intercolombia opera como administradora de los activos de ISA. Con esta maniobra administrativa, la mayoría de los trabajadores –entre ellos los directivos sindicales– quedaron en la nueva filial, sin que mediara acuerdo alguno, Llama la atención que a pesar de la reorganización administrativa todos los trabajadores siguieran desempeñando las mismas funciones y en los mismos puestos que tenían en ISA. ¿Qué pretenden entonces?
No hay duda. Insisten en acabar con Sintraisa, misión que aboca con toda claridad y decisión el actual gerente, Luis Fernando Alarcón, el mismo que contribuyó a la quiebra de la Flota Mercante Gran Colombiana; quien llegó a la gerencia de ISA en 2005 por nombramiento de Álvaro Uribe Vélez, después de representar las acciones privadas de los fondos de pensiones en la Junta Directiva de ISA.
El botín que apetecen
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. “ISA”, es una empresa colombiana de servcios públicos, hoy matriz de un grupo de 33 empresas entre filiales y subsidiarias con presencia en 8 países de latinoamerica y con más de 3.700 empleados en 4 negocios: transporte de energía, concesiones viales, gestión inteligente de sistemas en tiempo real y comunicaciones; con ingresos operacionales al año 2013 superiores a 3.6 billones, y gastos operacionales 2.05 billones de pesos; en 2013 presentó una utilidad operacional superior a 1.5 billones de pesos; para el mismo año presentó un EBITDA 2.01 billones de pesos (gráfica 1).
ISA Matriz, además de ser una empresa estratégica para la soberanía nacional, es rentable (ver recuadro, El botín que apetecen). Así lo dicen los datos que recuerdan que para el año 2013 tenía activos superiores a 25,5 billones de pesos, ingresos operacionales superiores a 3.6 billones y una utilidad operacional superior a 1.5 billones de pesos. La empresa está estructurada hoy con poco más de 160 personas directas, con importantes salarios promedios.
Con este potencial, ISA podría convertirse rápidamente en una empresa que genere una gran cantidad de contratos y puestos burocráticos por la flexibilidad laboral y de contratación que pretende implementar su gerente, lo que la hace un gran atractivo para la burocracia de políticos y demasiado atractiva para la inversión privada.
Mientras acomodan las cargas para preparar la venta, su filial Intercolombia recibe la misión de administrar y operar los activos de propiedad de ISA, exigiéndole mejorar su rentabilidad, reduciendo costos de administración, operación y mantenimiento, reduciendo y cambiando la planta de personal, contratando con terceros actividades propias del negocio, adquiriendo repuestos y tecnología barata, presionando las comisiones reguladoras y el alto gobierno para lograr incremento de tarifas, espaciando más los planes de mantenimiento de 2 a 6 años, a la par que recortan y desconocen derechos y beneficios de trabajadores activos y pensionados.
Así, finalmente, ISA matriz, se muestra liviana y flexible para atraer a inversionistas extranjeros y venderla al mejor postor. Mientras tanto, Intercolombia en pocos años será una empresa de prestación de servicios en el sector eléctrico, si antes no la liquidan, por los supuestos altos costos de sus servicios técnicos especializados.
Como ya lo hicieron en el proceso de venta de diversidad de empresas públicas: reorganizar para feriar lo público al capital privado, todo a costa del bienestar de las mayorías sociales y de los trabajadores que hicieron, y hacen posible la empresa.
Recuadro 1
Creación, desarrollo y privatización
ISA fue creada en 1967, bajo el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. Su objeto: interconectar diferentes regiones del país, y adelantar los grandes proyectos de generación de energía eléctrica para facilitar el desarrollo regional. Para los años 80 ya interconectaba casi todo el país con líneas de alta tensión a 220 Kv, y para inicios de los años 90 ya había desarrollado proyectos hidroeléctricos como Chivor, San Carlos, Jaguas, Calderas, interconectando el centro del país con el norte con dos circuitos a 500 Kv; igualmente fue la empresa que lideró las acciones para fortalecer el sector eléctrico, ante la crisis generada por el racionamiento presentado en Colombia en 1992.
Con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, en la que proclaman a Colombia como Estado Social de Derecho, se acogen en su articulado los lineamientos de la política dictaminados por el Consenso de Washington. (ver recuadro, Consenso de Washington). Liderados por el gobierno de César Gaviria y su consigna “Bienvenidos al futuro”, tales lineamientos toman forma en nuestro país, adoptando profundos cambios políticos, económicos, sociales y culturales.
En particular para el sector de los servicios públicos domiciliarios, entre otros, introducen la libre iniciativa empresarial y la competencia. En la Constitución Política son adoptados dichos lineamientos en los artículos 365 al 370, desarrollados con la expedición en 1994 de las leyes 142 de servicios públicos domiciliarios y 143 o ley eléctrica para la prestación de energía eléctrica.
De esta manera queda abierto el sector, según el Consenso de Washington: liberalización comercial de los servicios públicos domiciliarios; apertura a la entrada de inversiones extranjeras directas en este sector privatización de empresas de servicios públicos; desmote de la regulación establecida por el Estado para garantizar el disfrute de los bienes públicos, y garantías de ganancia y de propiedad por parte del Estado para las empresas privadas que en el sector presten servicios públicos domiciliarios.
Recuadro 2
Consenso de Washington
Según el teórico inglés John Williamson “el complejo económico, político, intelectual integrado por los organismos internacionales (FMI, BM) el Congreso de los Estado Unidos de América, la Reserva Federal, los altos cargos de la Administración y los grupos de expertos. Los 10 temas son: Disciplina presupuestaria; Cambios en las prioridades del gasto público (de áreas menos productivas a sanidad, educación e infraestructuras); Reforma fiscal encaminada a buscar bases imponibles amplias y tipos marginales moderados; Liberalización financiera, especialmente de los tipos de interés; Búsqueda y mantenimiento de tipos de cambio competitivos; Liberalización comercial; Apertura a la entrada de inversiones extranjeras directas; Privatizaciones; Desregulaciones; Garantía de los derechos de propiedad”.
Con la implementación de este modelo el país retrocedió años en industria, pero también el irrespeto a derechos fundamentales como salud, educación y otros fue más evidente. Para el caso que tratamos, con la implementación de la ley 142 las empresas de servicios públicos del Estado fueron obligadas a escindirse, con lo que no solo fueron rotas las economías de escala que tenían, sino que también fueron fracturadas y exterminadas muchas de las organizaciones sindicales. A los nuevos negocios (generación, trasporte, comercialización y distribución de energía eléctrica) les exigieron rentabilidad lo que provocó el aumento progresivo de tarifas agenciadas desde las Comisiones de Regulación.
Profundos impactos generan hoy las tarifas vigentes en Colombia por la prestación de servicios de energía y agua, catalogadas entre las más costosas del mundo, al punto que los industriales las consideran como uno de los grandes obstáculos para el desarrollo económico. Las familias saben y padecen sus efectos.
En esta dinámica de “sálvese quien pueda” impuesta por el neoliberalismo, ISA, que hasta 1994 había jalonado el desarrollo del sector eléctrico, fue escindida en Transmisión (ISA) y en Generación (Isagen). Igual suerte corrió su organización sindical –Sintraisa– que, fruto de la posición de los trabajadores ante la escisión conforman Sintraisagen. Aunque el número de sindicalizados por organización gremial disminuyó en ambas empresas, lograron mantener sus derechos individuales y colectivos.
Perversidad. Para 1995, el gobierno nacional, en cabeza de Ernesto Samper Pizano, desarrollando los lineamientos del mencionado Conceso de Washington, y con el discurso del déficit fiscal, la lucha contra la pobreza e infinidad de promesas, logra a través de Isagen “vender” la central hidroeléctrica de Chivor, una de las centrales más grandes de propiedad de todos los colombianos, con una capacidad de generación de 1.000 Megavatios hora; Central “vendida” inicialmente a la multinacional Gener por la suma irrisoria de 647 millones de dólares. Y una vez más Sintraisagen queda escindida dando surgimiento a un nuevo sindicato, cada vez más pequeño, denominado Sintrachivor, el cual ha sido víctima de persecución y toda clase de atropellos por las multinacionales que han adquirido a Chivor, al punto que hoy está al borde de la extinción.
Pero no fue el único proceso de privatización del sector eléctrico, entre 1996 y 2000 feriaron las siguientes empresas del sector:
Buenos para hacer mandados. Para 1999, el gobierno de Andrés Pastrana propuso vender ISA e Isagen a las que el ministro de hacienda del entonces, Carlos Valenzuela, llamó “las joyas de la corona”. Para ese momento, y según su decir, las razones para tal negocio ya no eran, como decían de otras empresas, la ineficiencia, endeudamiento, corrupción o malos manejos técnicos, sino todo lo contrario, su rentabilidad y eficiencia, lo que facilita su venta.
Ante la resistencia gremial a la privatización, el gobierno y la administración de ISA, en cabeza del gerente de ese entonces –año 2000– Javier Genaro Gutiérrez Pemberty, abocan la famosa democratización de lo público y emiten el programa “ISA acciones para todos” ofertando parte del capital público expresado en acciones a bajo precio, para romper la resistencia de trabajadores y de la población en general; el 13,6 por ciento de las acciones fueron adquiridas por privados, dejando al Estado nacional solo con el 67,4 de las mismas. La estrategia ha continuado y hoy la composición accionaria es: 51,4 por ciento de la Nación; 10,1 Empresas Públicas de Medellín; 5,3 Ecopetrol; 1,6 Empresa de Energía de Bogotá y 31, 4 por ciento bajo el control de inversionistas privados.
Para el 2014, el gobierno nacional propuso vender el 57.66 por ciento de las acciones que actualmente posee en Isagen, con el pretexto que el sector eléctrico ya está maduro y que son necesarios recursos para construir las vías de 4ª generación. De nuevo, ante semejante despropósito, la resistencia de los sindicatos, la comunidad en general y el descontento de algunos políticos de diversos partidos, obligaron al gobierno, en cabeza del ministro Mauricio Cárdenas Santamaría, a suspender la venta.
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