Un sentimiento que une a la Costa Atlántica: el rechazo a Electricaribe

Incontables son los actos de protesta ejecutados por habitantes del Caribe colombiano en el último año en contra de Electricaribe, empresa prestadora del servicio de energía eléctrica en los departamentos de Sucre, Córdoba, Cesar, Atlántico, Magdalena y Bolívar. Los motivos son claros: recurrentes abusos de la compañía contra sus usuarios –como la imposición de multas económicas injustificadas–, irregularidades en la prestación del servicio de energía eléctrica y cobros excesivos en las tarifas de la misma.

Privatización a oscuras

Con el favor del Estado colombiano. La llegada de la electrificadora a la región fue gestada en el marco del proceso de privatización de las empresas del sector, iniciada por el Gobierno Nacional hacia la segunda mitad de los años noventa del siglo XX.

Como fue característico del proceso privatizador, el argumento oficial para legitimarlo descansó en ineficiencia de lo público, su escasa competitividad e incapacidad para asegurar la calidad del servicio, así como en la inviabilidad financiera de las empresas estatales que tenían la misma función, todo lo cual creaba una situación de riesgo inminente para la estabilidad del servicio de electricidad en todo el país.

En estas circunstancias, la crisis energética vivida por el país en 1992 fue la coyuntura aprovechada por el Gobierno para iniciar sus proyectos de privatización que desembocaron en la entrega de este importante bien público a empresas privadas en la segunda mitad de los noventa, con la promesa de que “lo privado sí funciona” (Ver recuadro, “Bienvenidos al futuro”).

El proceso fue efectuado de manera progresiva. Dos empresas, Electricaribe y Electrocosta, fueron constituidas en 1998 para distribuir y comercializar energía, empresas capitalizadas en un 65 por ciento por un consorcio constituido entre Houston Industries y Electricidad de Caracas (el 35 por ciento restante por el Estado y Corelca). Unión Fenosa, conglomerado español, adquirió la participación del consorcio a finales del año 2000, convirtiéndose en operador omnipotente del servicio energético y asumiendo finalmente en el 2007, a partir de su fusión con Electrocosta, el monopolio absoluto del mercado de electricidad en los departamentos de la costa norte. Desde que la multinacional española concentró y dominó todo el servicio, la situación no ha marchado por buen camino para los habitantes de esta parte de nuestro país.
Ineficiencia sin par

La historia se repite una y otra vez. Cortes prolongados del servicio de electricidad, racionamientos sistemáticos, retiro arbitrario de los medidores, imposición de multas sin que los afectados puedan defenderse de manera alguna, incrementos desproporcionados de las tarifas. Y ante los reclamos de los afectados, silencio o incumplimiento de las promesas que siempre se escuchan en las oficinas “de atención al cliente”: “vamos a mejorar”, “vaya tranquila que tomaremos medidas correctivas”.

Estos abusos, su reiteración sin límite, así como la incapacidad de la empresa y el incumplimiento de sus compromisos ante los reclamos de los usuarios, han llevado a que estos terminen por acudir ante los jueces, buscando que les hagan justicia por las pérdidas sufridas en su patrimonio producto de los cortes de luz que les queman sus utensilios eléctricos o, simplemente, para que obliguen a la Empresa a prestar el servicio por el que cobra. Demandas que muchas veces no encuentran justicia oportuna, terminando en busca de ella ante la Corte Constitucional (última instancia de apelación) quien ha intervenido en reiteradas ocasiones profiriendo sentencias que favorecen a los ciudadanos (ver recuadro, Sancionada por los jueces).

Los reclamos no parecen tener fin. Durante el mes de mayo sentaron su voz de protesta beneficiarios del programa de vivienda gratuita del Ministerio de Vivienda en las ciudades de Santa Marta, Barranquilla y Montería, ¿el motivo? los cobros efectuados por esta Empresa por la instalación de redes y medidores, los mismos que ya habían asumido los urbanistas y constructores de los proyectos de vivienda para población vulnerable1. El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao, aseguró el 17 de mayo que se habían interpuesto las denuncias contra Electricaribe ante la Superintendencia de Servicios Públicos por cobrar las conexiones y redes que habían sido construidas por los constructores.

Además, nuevos cuestionamientos en la región surgen por otros incrementos en el servicio, los que afectan a más de 30.000 usuarios de estratos bajos, cobros realizados por la empresa por el acceso a infraestructura que, irónicamente, no es de su propiedad, pues fue construida, y puesta a su servicio por el Estado1.

La situación se desborda. Los ciudadanos vuelcan su frustración a las calles, organizando bloqueos, enfrentamientos con la policía, incendios de alcaldías y oficinas públicas en algunos de los municipios de la costa norte, tales como Barranquilla, Puerto Colombia, Malambo, Soledad, Sabanalarga (Atlántico), San Antonio de Palmito (Sucre), San Roque (Cesar), Camarones (Guajira), Cartagena, Marialabaja (Bolívar).

Alrededor de esta problemática, el concejal de la ciudad de Cartagena por el Polo Democrático Alternativo (PDA) David Múnera Cadavía, entrevistado por desdeabajo, opinó: “[…] la paciencia de los costeños se agotó, es que llevamos 15 años diciéndole al Gobierno Nacional lo que estaba pasando, pidiéndole soluciones, pidiéndole intervención, entonces, cuando la gente sale a las calles es porque se les agotó totalmente la paciencia, eso es lo que está pasando hoy en la Costa Caribe2.

Según Múnera Cadavía, entre los determinantes de la crisis se encuentran: las fallas técnicas de la empresa “aquí estamos trabajando, o se está funcionando, con transformadores obsoletos, y en la medida que ha ido aumentando la cobertura, trabajando con lo mismo, obviamente eso colapsa”.

Los de la vista gorda. La permisividad del gobierno y las autoridades de control con la empresa es evidente, “le ha tolerado y ha sido permisivo con los españoles, con Gas Natural Fenosa, que además de ser una multinacional que tiene grandes intereses en 25 países, tiene buenas relaciones y lobistas muy amigos del presidente Santos, como también lo eran del presidente Uribe”.

El concejal del PDA mencionó al expresidente español Felipe González3, como uno de los lobistas más destacados de Unión Fenosa, quien ocupó el cargo de consejero de la compañía durante tres años hasta marzo del presente año, “Sus amistades, sus relaciones con presidentes, con ministros, con superintendentes […] Ha habido una actitud totalmente permisiva, en el fondo el acuerdo que se dio con el Ministerio de Minas y Electricaribe es que le dimos cinco años de plazo, ósea que le dimos cinco años más de licencia para que nos sigan dando mal servicio”.

Por su parte, Nausícrate Pérez Dautt, líder político de la ciudad de Cartagena y gestor de la propuesta de Cabildo Abierto (Ver recuadro, Control ciudadano), quien logró sentar a directivos de Electricaribe junto a ciudadanos, Gobierno y organismos de control, criticó la eventual justificación de la empresa que ha sostenido reiterativamente que las deficiencias en la prestación del servicio responden a la enorme cartera morosa que impide la inversión en el mantenimiento de las redes y los equipos; así lo explicó en entrevista telefónica con desdeabajo: “[…] esta empresa se está quedando con un porcentaje de los subsidios [el Gobierno subsidia a los estratos 1, 2, y 3 con el 60, 50 y 15 por ciento, respectivamente, del valor total de la factura de manera independiente al pago que hacen los usuarios] y no está prestando adecuadamente los servicios, si el Gobierno en vez de subsidiar a esa empresa asumiera él mismo la responsabilidad, mejorando la infraestructura, cambiando todo este sistema perverso en el que unos generan, otros comercializan y otros distribuyen, como lo hacen las Empresas Públicas de Medellín, las cosas serían totalmente diferentes”. Los subsidios son entregados a la empresa de forma independiente al pago de la factura que hacen los usuarios.

Pérez Dautt y Múnera Cadavía coincidieron al detallar pésimas y deshonrosas prácticas administrativas de Electricaribe que influyen en los ámbitos técnicos, de servicio al usuario, restando eficiencia a la prestación del servicio eléctrico. Según los dos entrevistados, para que la Empresa cumpla su misión no han sido suficientes el billón quinientos mil millones de pesos recibidos en subsidios por la prestación del servicio a los más pobres de la región; una y otra vez ésta ampara su ineficiencia en la supuesta cultura de no pago de los habitantes del Caribe, quienes desdicen este argumento con sus bajas tasas de mora con las otras empresas que prestan servicios públicos, tales como el agua (Ver recuadro, Argumento incierto). También coincidieron en señalar la permisividad del Estado frente a los abusos de la empresa, en la ausencia de sanciones ejemplarizantes y en el poco margen de intervención que tienen los mandatarios locales para enfrentar la situación.

Oídos sordos. Pese a la gravedad de esta situación, el Gobierno conserva la misma disposición política frente a Electricaribe, pues a través del Ministro de Minas y Energía Tomás González, avaló la autorización dada por la Comisión Reguladora de Energía y Gas Electricaribe (Creg 036 del 2015) para incrementar el valor de la electricidad a partir del nuevo costo base de comercialización fijado por la Comisión. Lo que significa que el Gobierno, a través de organismos de control que ejecutan disposiciones dentro del orden constitucional establecido, fija una tarifa superior para el costo de la electricidad a los mismos ciudadanos víctimas de Electricaribe, empresa que dispondrá del dinero del incremento (entre el 10 y el 15 por ciento) para aumentar el flujo de capitales a sus cuentas internacionales.

17 años de mal servicio

La crisis se profundiza, pero la ciudadanía se une, empezando a actuar de manera organizada, en defensa de sus legítimos intereses y del derecho a recibir un servicio optimo de electricidad, en lugares como Cartagena. En palabras de Múnera Cadavía, “[…] no hay un sentimiento que una más hoy a la Costa Atlántica que su rechazo a Electricaribe. No hay un costeño, desde la Guajira hasta Córdoba que no esté en una oposición y solicite que Electricaribe se vaya de la costa, porque llevamos 17 años de padecimiento, 17 años de racionamientos, 17 años de mal servicio, de cortes, de racionamiento de luz”. El martes 9 de junio del presente año, en una manifestación frente a las instalaciones del Edificio Inteligente en Cartagena, donde están ubicadas las oficinas de la electrificadora, se encadenaron en señal de protesta los alcaldes de los municipios de Arjona, Clemencia, El Guamo, Mahates, Marialabaja, San Juan, Santa Rosa, Turbana y Turbaco, en señal de protesta y solidaridad con sus ciudadanos por el deficiente servicio de Electricaribe. El apoyo del gobernador Juan Gossaín (Jr.) no se hizo esperar, quien dijo a través de su cuenta en twitter: “Acompaño el reclamo justo y válido de los alcaldes de Bolívar frente a la situación que Electricaribe está generando en sus municipios”.

Protestas que tratan de canalizar el descontento popular, pero que no son suficientes. Es urgente que a través de acciones conjuntas los ciudadanos hagan valer sus derechos logrando, finalmente, el mejoramiento del servicio, un trato más respetuoso de la electrificadora, la baja en el costo de las tarifas o que la empresa afronte, de una vez y por todas, sanciones ejemplarizantes por los abusos cometidos contra la comunidad.

¿Es necesario e imperioso desprivatizar este bien público y estratégico del país?, este es el interrogante que deben resolver los pobladores de esta parte de nuestro territorio nacional, en procura de garantizar este derecho fundamental, prestado con unas tarifas menos costosas y desde una administración más transparente.

1 http://www.elheraldo.co/cordoba/electricaribe-cobra-por-activos-que-son-del-estado-35-mil-usuarios-en-la-costa-sara).
2 http://www.elheraldo.co/cordoba/electricaribe-cobra-por-activos-que-son-del-estado-35-mil-usuarios-en-la-costa-sara).
3 El 9 de junio el Presidente Juan Manuel Santos autorizó al político y empresario español viajar desde Caracas a Bogotá en un avión de la Fuerza Aérea colombiana que fue enviado a recogerlo hasta la capital venezolana.

Recuadros