Doce años de gobierno de la izquierda en Bogotá

En vísperas de octubre, tiempo de elecciones territoriales, no todo debe ser liderazgo individual, promesas, discursos, alianzas pasajeras, también es necesaria la reflexión, la evaluación, la pregunta por lo hecho en ciertos espacios de gobierno, tratando de identificar aciertos, errores y desde ellos, cómo proseguir el ejercicio de la administración pública con alcances cada vez más transformadores.

 

Pensando en ello, nuestro equipo organizó y llamó a distintas organizaciones y procesos sociales a llevar a cabo cuatro sesiones para evaluar el significado y los alcances de los doce años de gobierno que ahora suma la izquierda en Bogotá.

 

La pretensión no es fútil, pues no es posible reivindicar la continuidad del ejercicio alternativo de gobierno en esta ciudad, como podría también serlo en cualquier otra, cuando no valoramos de manera positiva la necesidad de una reflexión colectiva y pública para identificar posibles errores cometidos en estos años de labor, su origen, su posible reiteración, así como los aciertos, sus manifestaciones y la forma más adecuada para asegurar su profundización.

 

Lo primero que asombra, a la hora de intentar el ejercicio aquí aludido, es el poco interés de las organizaciones partidarias que han tenido que ver con estos doce años de gobierno alternativo en Bogotá, por responder de manera desprevenida e interesada al llamado. De su desinterés queda un interrogante, ¿han evaluado y sistematizado, en sus ejercicios de reflexión interna, estas experiencias públicas? Todo parece indicar que no, que los hechos los han superado y que, más allá de los buenos deseos, no existe una brújula estratégica con la cual se guíen. ¿Pesa más el afán electoral-clientelista por administrar la llamada cosa pública que el diseño de un proyecto de largo plazo que brinde el protagonismo a la ciudadanía para que asuma en sus manos su propio destino y la transformación de la ciudad, con todo lo que ello implicaría para un proyecto político frentista o partidista?

 

Superado el desdén organizativo por el llamado reflexivo, abordamos uno a uno los tres gobiernos liderados, surgiendo como interrogantes acumulados por el ejercicio de gobierno local, y por aclarar:

 

1. ¿Los gobiernos locales alternativos deben resignarse a la administración más eficiente y pulcra de lo público o pueden liderar rompimientos en las dinámicas históricas heredadas de sus ciudades, y en la relación nacional-local?

 

Este interrogante emana de la valoración contrapuesta que resalta entre los dos primeros gobiernos evaluados (Luis Garzón y Samuel Moreno) y el de Gustavo Petro, los primeros de los cuales aceptaron que su misión era la de garantizar su estabilidad y eficiente gestión social, en el marco del Estado Social de Derecho, pero sin intentar el cuestionamiento a la matriz urbana y de desarrollo territorial heredada. Distinto al gobierno de Petro, que sin haber logrado sus propósitos determina como central de su ejercicio la ruptura con el modelo urbano existente, volcado al copamiento cada vez más autodestructivo del territorio, sin matriz ambiental, sin valoración del cambio climático, donde los intereses de los urbanistas determinan los ejes de gobierno. Para hacerlo efectivo, ante el cerramiento que le hace el establecimiento, el alcalde se ve obligado a conectarse con los sectores populares, motivando lo protagonismo, aunque este propósito queda ahogado entre el caudillismo de su gestor y las maniobras y acuerdo que debe lograr con el gobierno central para impedir su expulsión del Palacio Liévano.

 

2. Esta disputa entre lo viejo y lo nuevo, entre el negocio y los intereses colectivos, pregunta por el papel de los movimientos sociales y la posibilidad de que la misma administración local propicie su fortalecimiento sin cooptarlos, ¿será posible? Por ello, ¿cuál debe ser la relación que propicie un gobierno local con los movimientos sociales?

 

De la evaluación realizada queda claro que las relaciones desprendidas de estas tres administraciones con lo social, sus manifestaciones son bastante diferentes. Por ejemplo, de sus principales ejecuciones en derechos –educación, salud– no se desprende la determinación por potenciar actores populares en cada uno de estos sectores, si bien en educación el sindicato distrital sale beneficiado por medidas como la decisión de terminar con los “Convenios de concesión” con instituciones privadas, asumiendo el proceso educativo de cero a once en manos del Distrito. Un faltante, entonces, es que las medidas tomadas para fortalecer lo público no corren al mismo tiempo de la mano con decisiones por implicar en tales realizaciones la participación activa, crítica y decisiva de la sociedad en su conjunto, o de comunidades barriales en particular.

 

3. Queda identificado también, en el ejercicio evaluativo llevado a cabo, que en las tres administraciones el alcalde, pese a pertenecer a un movimiento o partido, rompe en la práctica con el mismo una vez llega al alto cargo. Ni el Polo controló los suyos, y mucho menos lo hizo el movimiento Progresista. De esta manera, con funcionarios como ruedas sueltas, las organizaciones terminan por padecer las consecuencias de sus errores y en escasas ocasiones por favorecerse de los aciertos.

 

El caso más notorio de estos es el de Samuel Moreno Rojas, afanado por los negocios particulares, y un interés de lucro familiar. Esta misma actuación, debe preguntarse por las relaciones con los otros partidos con presencia en la ciudad, en nuestro caso los partidos tradicionales, verdaderos controladores del Concejo Distrital, y controladores de buena parte de la burocracia bogotana. No hay que dejar de lado el nefasto papel jugado por sectores liberales como el samperismo, verdadero Caballo de Troya en una administración supuestamente alternativa, siempre afanado por la clientela, beneficiada de la misma y blindado ante el escándalo y la censura pública por la efectiva privatización –robo– de lo público que propiciaron y llevaron a cabo diferentes funcionarios ligados a una u otra organización política.

 

¿Cómo lograr que los alcaldes rindan periódicamente a la ciudad informes de su gestión, informes más allá de la formalidad, que eduquen y entreguen herramientas para la comprensión de la gestión pública y para su control? ¿Cómo educar y potenciar los liderazgos comunitarios a través de estos informes? ¿Cómo debatir estos mismos informes con sus organizaciones de origen y pertenencia, para que los programas difundidos en las campañas electorales sirvan en realidad como matriz directora de la gestión, sin quedarse en el simple papel? ¿Y cómo debaten estas mismas organizaciones con la sociedad sus proyectos de corto, mediano y largo plazo? ¿Cómo poner en práctica aquello de mandar obedeciendo base de un real proceso democrático?

 

4. Un común determinante es la positiva gestión realizada en sectores vitales como educación y salud. Desde la primera administración (Lucho), hasta la actual (Petro), la línea de continuidad no se rompe, más bien parece profundizarse, obligando al gobierno central a retomar las conquistas en educación y particularidades en salud, es decir, el conjunto nacional sale beneficiado de la lucha contra el neoliberalismo liderada y vivida en Bogotá, con manifestaciones específicas en los campos aludidos, si bien con la actual administración tal pugna amplía sus objetivos a basuras, transporte, vivienda, territorio.

 

Pese a ello surgen interrogantes frente a lo realizado y lo que debe venir, en particular en salud: ¿qué tanto en estos tres periodos de gobierno fue posible enfrentar el modelo hegemónico de salud?, ¿qué tanto se avanzó en configurar una política de izquierda en salud?, ¿cuáles pueden considerarse como los principales logros y aprendizajes en esta materia?, ¿cuáles deberían ser los pasos a seguir para profundizar tales logros garantizando que los mismos estén cada vez más en manos de la participación y apropiación (conocimiento) de la ciudadanía en general, en particular de los sectores más excluidos de la urbe?, ¿cuáles son las proyecciones, posibilidades, retos en materia de salud?

 

5. También se resaltó en la deliberación sostenida, la corroboración de lo siempre reconocido a la izquierda colocada al frente de gobiernos locales: su sensibilidad y énfasis social –ahondamiento de una variable de la democracia liberal– y eficiencia para administrar las finanzas. Pero, ¿esta realidad está llegando a su límite? ¿Aguanta una ciudad como Bogotá el alza en los impuestos hasta ahora pagados? Si así fuera, ¿cómo proceder y garantizar que quienes más tienen sean en realidad quienes más paguen, exonerando a los sectores populares de una sobrecarga en este rubro, vía para empezar a superar las inequidades y segregaciones?

 

Este aspecto del debate es importante ahondarlo pues la ciudad parece encaminarse en una senda de amplío crecimiento en construcción vertical, lo que podría aprovecharse para que la plusvalía que ello propicia se irrigue en beneficio del conjunto social y no solamente tome la dirección de los bolsillos de los especuladores del suelo. Así mismo, y en este sentido, actuando con mucho cuidado para que el incremento del predial no termine desplazando de su territorio a sus históricos pobladores, porque la realidad hoy es que por esta vía se expulsa a los pobres de la ciudad, estableciendo de facto que grupos de ciudadanos no merecen vivir en la ciudad.

 

6. Desprendiéndose de lo anterior el interrogante por el modelo urbano por construir, un tema central en el programa liderado por el actual alcalde capitalino, terminó anulado al terminar en el limbo el Plan de Ordenamiento Territorial radicado en el Concejo.

 

Este aspecto reclama especial atención pues amplios sectores populares que la habitan están sometidos a constante presión para que abandonen sus tradicionales hábitats, no pocos de los cuales ya han terminado por habitar la periferia de La Sabana, estableciéndose en los municipios circunvecinos que rodean a la capital, donde el costo de la vida es un poco más liviano.

 

La disputa de modelo urbano entre capital y sociedad es evidente, pretendiendo el primero de éstos una reorganización del territorio más valorizado del país. Los interrogantes, por tanto, para el gobierno que ha de venir –si es de corte progresista– y para los actores sociales urbanos, ¿qué ciudad queremos?, ¿cómo la construimos?, pero también, ¿la ciudad para quién?

 

7. Pero también fue relacionado como interrogante, en perspectiva de un gobierno cada vez más volcado a los intereses sociales, en franco debate con el gobierno central, ¿cómo actuar para enfrentar y derrotar en otras áreas el neoliberalismo? La preocupación es por aspectos y temáticas como finanzas, participación, transporte, cultura, territorio, así como servicios públicos en general (agua, luz, telefonía, medios de comunicación). No olvidar que sectores estratégicos de la vida cotidiana como estos últimos, son ajenos a la ciudadanía en cuanto a su financiación, administración, gestión, rendimientos, planes de largo plazo, etcétera.
Estas son algunas de las reflexiones que dejaron los conversatorios sostenidos al momento de evaluar los doce años de gobierno de la izquierda en Bogotá, muchas enseñanzas quedan sin citarse y todas sin profundizarse. En la edición septiembre-octubre de este mismo periódico saldrá un informe especial sobre el particular, pues el debate debe continuar para que hagamos del ejercicio institucional, en lo posible, un mandato popular de hondo calado antineoliberal donde el que gobierna no se sirve sino que sirve, de tal manera que el actor social, con autonomía profundice su liderazgo, presionando siempre sin cortapisas para quien esté arriba gobierne con los de abajo.

 

A la luz de la experiencia

 

Guiados por las luces proyectadas desde la experiencia de los doce años de gobierno alternativo en Bogotá, y siempre con la vista proyectada a las elecciones de octubre próximo, debemos relacionar temas clásicos de la agenda política y social alternativa:

 

¿Para qué se gobierna? ¿Con quiénes debe gobernarse? ¿Cómo garantizar que los movimientos sociales, como sector más activo de la sociedad, se potencien y no terminen cooptados y minimizados? ¿Cómo lograr la politización del conjunto social? ¿El realismo político impide o niega a la utopía? ¿Cómo hacer para que la utopía oriente todas nuestras acciones sin sacarnos de la realidad efectivamente existente? ¿Qué implica y/o significa un gobierno de cara o abierto a la ciudad? ¿Cómo actuar para que lo electoral no termine por subsumir el conjunto de las energías de los sectores alternativos?

 

Es decir, ¿cómo actuar para no institucionalizar el conjunto de nuestras acciones y proyectos? E, incluso, así se integre el gobierno de la ciudad, ¿cómo actuar para mantener viva la disposición a la lucha social directa?

 

Podría también preguntarse, de acuerdo a lo anterior, ¿cómo gobernar garantizando la concreción cada vez más renovada de la democracia realmente existente? ¿Cómo construir una forma de gobernabilidad y de gestión pública propia de la izquierda? ¿Cómo forjar una forma de conducción de gobierno que controle los egos, personalismos y autoritarismos de los gobernantes?

 

Pistas para esa nueva democracia: deliberativa, asambleatoria, refrendataria, que priorice la justicia social y con ella la redistribución cada vez más amplia y efectiva de la renta social, que brinde cada vez más espacio a los sectores históricamente más excluidos de la sociedad: mujeres, las llamadas minorías sociales (negritudes, indígenas, pobres, sin techo), pero también a los excluidos (desempleados, presos).

 

Podemos concluir, el tema es apasionante, pero más que ello, urgente de abordar, tanto por la cercanía de las elecciones –que demandan en caso de continuar en el palacio Liévano un sector alternativo– superar errores y profundizar dinámicas que ahonden el cambio, como por la relación que el mismo mantiene con una temática que está al centro de la reflexión mundial: la democracia y porque se concluyó también que las grandes ciudades tienen un margen de maniobra con lo nacional que debe ser aprovechado.

 

Esto no es casual. Como es conocido el sistema de dominio, reproducción y control vigente vive una crisis sistémica y, como parte de la misma, la democracia, soporte y base de este sistema se quiebra por todos los costados. Todos y cada uno de sus componentes fundacionales e históricos están en derrumbe, de ello da cuenta que:

 

– Los gobiernos no son de mayorías sino de minorías.
– Las mayorías sociales se sienten cada vez menos convocadas a la participación real y decisiva; prima la forma sobre el contenido.
– La política cada vez es de menos, la han privatizado –sobre todo en su expresión electoral y legislativa.
– La riqueza social rellena cada vez menos bolsillos, concentra renta y poder político.
– Los poderes económicos y comunicacionales actúan de hecho como partidos, imponiendo su lógica e intereses. La sociedad no participa de la toma de decisiones, las padece.
– Las decisiones más trascendentales para la vida cotidiana de los pueblos no se toman en el ámbito local sino que provienen de imposiciones desprendidas de los grandes megapoderes existente en el mundo.

 

La realidad es que con la llamada democracia liberal lo máximo que puede hacerse es refrendar las formas y los mecanismos de dominación y control realmente existentes, de ahí que la pregunta que debe orientar una gran parte del quehacer social y política alternativo es, ¿cómo darle forma y robustecer una democracia realmente protectora, potenciadora y movilizadora de las mayorías sociales?

 

Podemos decir con toda seguridad que mientras este interrogante no sea resuelto, con nuestros buenos deseos al participar de las formas de la democracia restricta existente y disputar los espacios institucionales existentes, no logramos quebrar ese modelo sino, y por el contrario, reforzarlo. El problema, entonces, no es la participación sino hacerlo sin clara comprensión de las manifestaciones de la crisis sistémica que porta el actual sistema, una de cuyas expresiones más notables es la irrelevancia democrática liberal; el problema no es participar sino asumirla sin la disposición absoluta a mandar obedeciendo, como síntesis de una nítida vocación rupturista de los límites impuestos por la institucionalización gubernamental, soportados en una irrenunciable vocación de poder colectivo.