La realidad de las trabajoras del HSJD y del IMI, de constante e inenterrumpida violación de sus derechos fundamentales, pese al paso de los años, no cesa. Acá una breve reseña de la situación que padecen.
Parece inaudito pero es cierto. A pesar del cierre de nuestro lugar de trabajo en 1999, las trabajadoras del Hospital San Juan de Dios (HSJD) continuamos asistiendo al mismo de manera ininterrumpida, a pesar de no recibir salarios ni atender pacientes. Las trabajadoras del Instituto Materno Infantil (IMI) hemos vivido una situación similar desde el año 2006. Nuestra presencia en estas instalaciones no ha pasado desapercibida para algunos, es así como hemos sido señaladas de terroristas, ocupantes, bandidas e invasoras de los hospitales insignias de la historia de la medicina del país. En la calle y en los medios de comunicación se repite la pregunta: ¿por qué no se van?
Según funcionarios de la alcaldía de Bogotá, en el proceso de expropiación de los terrenos de estos dos hospitales por parte del Distrito no se desalojará a las personas que han vivido allí los últimos años, sino que serán reubicadas en viviendas de interés prioritario. Pero el problema no se limita a la controversia sobre el desalojo o la necesidad de vivienda de las trabajadoras que actualmente habitan el HSJD y el IMI: estamos frente a una de las mayores vulneraciones del derecho fundamental al trabajo de mujeres en la historia del país.
En efecto, sin recibir sus salarios, con deudas y sin la posibilidad de pagar arriendo o cuotas de hipoteca, algunas compañeras fueron forzadas a mudarse al Hospital junto con sus familias. Pero las 3.000 personas de la nómina de los hospitales, en su gran mayoría mujeres, no residimos en estos predios, ni, como ellas, hemos visto resueltas nuestras reivindicaciones laborales ni pensionales.
La violación a sus derechos no tiene pocas consecuencias. Varias compañeras aguantan hambre y piden limosna; otras se han enfermado y no han podido recibir atención por no haber cotizado a las EPS; muchas enloquecieron y otras tantas han muerto. Otras fueron forzadas a renunciar a sus acreencias laborales, inclusive a pocas semanas de recibir pensión, para poder firmar contratos temporales y por menos sueldo con nuevas instituciones de salud. Como principal estrategia para presionar a las autoridades competentes para la resolución de nuestro conflicto laboral, muchas continuamos asistiendo a los hospitales; por eso insistimos, si nos hubieran pagado lo que nos deben no estaríamos aquí.
¿Quiénes estamos dando esta pelea?
Somos trabajadoras del sector administrativo, de servicios generales y de atención clínica quienes, con más de 23 años de servicio, contribuimos a la consagración del complejo hospitalario San Juan de Dios como el baluarte de la medicina en Colombia. Desde el cese de actividades clínicas, nos hemos dedicado a preservar los bienes materiales, muebles e inmuebles, de innegable valor patrimonial, logrando, incluso, convertir el Hospital en monumento nacional y bien patrimonial. Hasta no hace mucho tiempo, cuidábamos equipos, manteníamos limpios los espacios y preservábamos, en lo posible, bienes que, gracias a nuestra lucha, ahora son considerados como inembargables, imprescriptibles e invendibles. A pesar de nuestra férrea defensa del Hospital, se han venido perdiendo bienes, terrenos y propiedades que hacen parte del complejo hospitalario, como consta en la denuncia que realizamos ante la anterior liquidadora de la Fundación San Juan de Dios, Ana Karenina Gauna Palencia, quien ahora enfrenta un proceso de responsabilidad fiscal por un detrimento patrimonial por valor de $11.579 millones de pesos. Nos hemos empeñado por defender el Hospital y nuestros derechos fundamentales, recibiendo, en contraprestación, demandas, encarcelamientos, golpes por parte de la fuerza pública, burlas en acuerdos ofensivos, matoneo y humillaciones por figuras del Gobierno e inclusive por funcionarios del Ministerio Público.
Sin embargo, la situación de las trabajadoras del HSJD es distinta a las del IMI. En acta de compromiso, fechada el 23 de octubre de 2006, se acordó que las trabajadoras del Instituto continuaríamos haciendo uso de varias áreas del Hospital, hasta tanto no se nos resuelva nuestra situación laboral y pensional, lo cual no ha sucedido. Todas hemos recibido liquidaciones parciales de sueldos atrasados y algunas cesantías. Seguimos con nuestros procesos legales para que nos paguen las acreencias laborales legalmente causadas, incluyendo pensiones, incrementos salariales, primas y vacaciones. Inclusive, cuestionamos la legalidad del edicto de diciembre de 2006 en el cual listaron nuestros nombres y nos anunciaron que quedábamos desvinculadas de la institución hospitalaria, ya que, según certificados expedidos por el Ministerio de Protección Social, no fue autorizado legalmente ningún despido masivo.
Ante esta realidad, aclaramos al país que más que ocupantes, terroristas o invasoras, como hemos sido juzgadas por algunas figuras del Gobierno, con eco recurrente en los medios de comunicación oficiosos, somos trabajadoras que intentan preservar una institución insignia de la salud del país, víctimas de la vulneración sistemática de nuestros derechos al trabajo, a una vida digna, a la salud y a la familia. ¿Hasta cuándo deberemos padecer esta paradoja violatoria de nuestros derechos fundamentales?
Agosto 3, 2015
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