Las elecciones de octubre difícilmente arrojarán resultados con cambios en la cultura política del país y en los grupos dominantes de poder. En el país, al ejercicio político lo marcan la violencia –en el último siglo hubo 32,3 homicidios anuales por cada cien mil habitantes–, la abstención –hasta ahora pasiva (1), sin ventaja estratégica de poder o de gobierno alternativo–, el clientelismo –con recientes apoyos paramilitares–, la cooptación política y la exclusión bajo el predominio de las cosmovisiones de extrema derecha. Gobernadores, diputados, concejales y alcaldes serán elegidos por 30 millones de hombres y mujeres, mayores de 18 años (dos de cada tres nacionales). Pero no todos acudirán a la votación, más de la mitad no ejerce este derecho ciudadano. La abstención es estructural según la historia del último siglo.
De 1914 a 2010, la abstención tuvo un promedio de 51,2 por ciento, con leves variaciones (2). A mayor edad hay más interés de votar, en particular después de los 34 años. Entre los que no votan, un 24 por ciento está entre los 18 y los 25 años, y el 29 por ciento entre los 26 y los 35. Quienes menos votan son en primer lugar las amas de casa, en segundo el estudiante y en tercero el desempleado (la tasa de desempleo aumenta de manera sostenida a partir de la década de 1960, hasta convertirse en un problema estructural que hoy que afecta a cerca de tres millones de personas de la fuerza laboral colombiana). La abstención se registra, según regiones del país, en mayor escala en el Chocó, el Valle, Cauca, Nariño y en la zona cafetera, y las personas abstencionistas tienen como máximo grado el bachillerato.
El índice de violencia y homicidios en el último siglo es uno de los más altos del mundo. Los períodos más intensos corresponden a las coyunturas electorales, y cuando la clase dominante gesta cambios en el mercado laboral y el modelo económico para acomodar el país a las exigencias de la acumulación capitalista global (el coeficiente de variación en estos 100 años es de 53,2).
Transfondo estructural económico
Frente a la larga situación, es necesaria una mirada a las especifidades del sujeto político y la cultura política, y la economía política puede dar luces sobre el porqué del débil protagonismo de los trabajadores y el movimiento social democrático, y su escasa posibilidad de tomar el gobierno institucional (como en Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela, y con una proporción de poder en Cuba y en Nicaragua –con rescate del Ejército–, no obstante que los grupos oligárquicos del poder no representan más del 10 por ciento de la población.
Para comenzar, en condiciones de pobreza han vivido, en promedio, tres de cada cuatro colombianos. Durante los 100 años analizados, el índice de pobreza por ingresos registra una leve disminución; de hecho, el coeficiente de variación (relaciona la varianza respecto al promedio histórico) es el más bajo respecto de las variables sociales analizadas: 20,7.
Abstención y votación de izquierda. En los escenarios departamental y local, la historia electoral en Colombia registra el dominio regional de personajes políticos apoyados en prácticas personalistas, redes clientelares, programas sociales asistencialistas, y grupos paramilitares que acaparan el poder y dominan los resultados electorales y la distribución burocrática y presupuestal en sus territorios de influencia, reproduciendo las fuerzas tradicionales. Sólo escapa a este cuadro, de manera clara, el Distrito Capital de Bogotá.
La mitad de la base electoral no ejerce su derecho constitucional al voto (porcentaje similar al que está por fuera del mundo laboral), con ligeras variaciones durante el período analizado. La relación entre la varianza y el promedio histórico (coeficiente de variación) es de 34,8. En promedio, por los candidatos de la izquierda a la Presidencia de la República vota apenas 1 de cada 10 electores. Pero, en medio de grandes incertidumbres e inestabilidad en el siglo estudiado, dada la altísima variabilidad de los resultados obtenidos por la izquierda democrática: el coeficiente de variación es de 112,7 (ver Cuadro 1).
En el siglo visto, la abstención tiende a aumentar de la mano de la violencia, en contraste con las condiciones de pobreza por ingreso que tienden a afectar proporcionalmente a menor población (Gráfico 6). A la vez, mientras la abstención tiende a aumentar, la participación de la izquierda en el caudal electoral tiende a caer (Gráfico 7).
De acuerdo con el análisis de correlaciones de las variables estudiadas (Cuadro 2), la abstención está directamente relacionada con los índices de violencia (mayor violencia y mayor abstención), aunque con un bajo grado de asociación (el coeficiente de correlación es positivo, con un valor de 0,13). En general, los grupos de extrema derecha y radicales de izquierda se oponen al ejercicio electoral. Además, la lumpen-oligarquía asesinó y asesina sistemáticamente a los líderes de oposición, promueve la aniquilación de la organización sindical (la tasa de sindicalización cae del 10 al 4 por ciento en las dos últimas décadas; a la par, 2900 sindicalistas fueron asesinados entre finales de la década de 1980 y año 2010) y adelanta acciones permanentes para romper cualquier forma de tejido social. Y tiende a cooptar a los líderes populares y sindicales, como también a la escasa intelectualidad crítica del país.
De hecho, el desplazamiento forzado de la población (con una cifra acumulada cercana a los cinco millones de personas en el período 1985-2010, principalmente de la población rural) afecta en forma directa el ejercicio de los derechos civiles y políticos, y de manera específica la libertad y el derecho de participar como candidatos o votantes en procesos electorales.
La votación por los candidatos de la izquierda tiende a estar asociada en directo con las condiciones de vida de la población y con el grado de conciencia política alcanzada. Cuando aumentan los índices de violencia y de abstención, la votación por la izquierda cae (el genocidio ejecutado por la extrema derecha en contra de varias organizaciones y de un partido de oposición, la Unión Patriótica, con tres mil de sus activistas y líderes asesinados en las décadas de 1980 y 1990, es un trágico pero claro ejemplo de los contextos que enfrentan las ideas de izquierda en Colombia).
Más que un epílogo, las últimas décadas dan cuenta de la lumpenización de la oligarquía mediante su alianza con grupos mafiosos y las negociaciones de carácter corporativista (reparto de presupuesto y burocracia) con todos los vectores de poder regional y nacional, a fin de garantizar el control del Estado y el dominio sobre la sociedad bajo los principios del “todo vale”, “el fin justifica los medios” y la militarización de la sociedad en reemplazo del diálogo civilizado y democrático (explica y legitima la salida de Mockus del Partido Verde).
Los partidos de tendencias centro a extremo derecha, articulados en el proyecto de la ‘Unidad Nacional’, controlan el 95 por ciento de las curules del Congreso. En solitario, el Polo Democrático Alternativo (sólo 8 congresistas –4 representantes a la Cámara para 2010-2014, tras perder 8 congresistas en las elecciones de 2010–) es el único que ejerce la oposición, pero debilitado por los conflictos internos, su naturaleza burocrática y la pérdida de legitimidad social debida a la corrupción en el ejercicio del poder local (justificación de la salida de Gustavo Petro).
La democracia es una de las asignaturas pendientes en el proceso civilizatorio de la sociedad colombiana, y no puede funcionar sin razón crítica ni pleno ejercicio de la ciudadanía. Pero tampoco es posible sin garantía universal de los derechos humanos, sin igualdad real; sin amor a la justicia, la libertad y la solidaridad humana, objetivos que requieren tanto una base material generada por un desarrollo inclusivo y sostenible como un proyecto educativo y de instituciones que le den vida al Estado Social y Democrático de Derecho.
Para las elecciones de octubre hay pocas esperanzas de una recomposición política regional. De acuerdo con los resultados de 2010, el vector político dominante, de centro derecha o derecha, controla el 90 por ciento de los votos (Gráfico 13). La ‘Unidad Nacional’ del presidente Santos es una versión que renueva el “Frente Nacional” como instrumento de religitimación con medidas de vitrina en leyes de seguridad ciudadana y de víctimas, contra la corrupción y de relaciones internacionales que laven de culpa a la lumpen-oligarquía colombiana.
* Economista y máster en teoría económica. Filósofo y especialista en análisis existencial. Catedrático de las maestrías en Derechos Humanos de la UPTC y Economía ambiental de la U. Santo Tomás. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desde abajo y Le Monde diplomatique, edición Colombia. Investigador, consultor y escritor independiente.
1 Excepto, sectores de la insurgencia armada y sectores sociales radicales.
2 El coeficiente de variación –la varianza respecto a la media– es de 34,8.
Uribe y los cuatro mecanismos fraudulentos
La reforma política de 2003 indujo a la racionalización de los partidos que participan en las elecciones, de modo que las coaliciones preelectorales son ahora más fuertes. No obstante, los factores crónicos que afectan la transparencia y la legitimidad de los procesos electorales en Colombia no permiten afianzar una cultura democrática y ciudadana real y actuante: i) financiación ilegal, ii) fraude electoral, iii) intervención en política, iv) coacción armada (ver mapas de riesgo elaborados por la Misión de Observación Electoral para el año 2010).
Recientemente, estos cuatro mecanismos fraudulentos fueron utilizados por Álvaro Uribe Vélez, en alianza con grupos mafiosos, terratenientes, paramilitares y los sectores más retardatarios del país, para hacerse elegir como Presidente de la República en 2002 y manipular la reelección para el período 2006-2010. De acuerdo con la Encuesta de Cultura Política llevada a cabo por el Dane en 2007, el 55,6 por ciento de los colombianos y las colombianas mayores de 18 años consideran en el país que el conteo de los votos no es transparente. Sigue cierta la sentencia de que “quien escruta, elige”. Para la Misión de Observación Electoral, en 2010 “los antecedentes de riesgo en las elecciones son desoladores”.
El sujeto político
En el 90 por ciento de los municipios que en nuestro país sobreviven en la premodernidad, los resultados políticos dependen de su “tradición política”, afianzada por el poder y las costumbres de la “vieja política”, los gamonales-terratenientes, las iglesias fundamentalistas; los ejércitos de la extrema derecha que han intentado destrozar toda forma de organización y resistencia social, sindical, étnica y comunitaria en los últimos 40 años, y los programas asistencialistas que reproducen la cooptación política y el clientelismo en medio de la frondosa masa de población analfabeta funcional/ignorante/, sin identidad y en condiciones de miseria (la tragedia invernal, por ejemplo, que azotó el país en el último año, sirve para que los mandatarios regionales y locales, junto a la clase política del establecimiento, consoliden su poder clientelista mediante la entrega de comida a los damnificados).
En pleno siglo XXI, cuando predomina la sociedad del conocimiento, tres de cada cuatro colombianos mayores de 18 años alcanzan un nivel educativo igual o menor al básico, esto es, nueve años (cuatro de cada 100 no ha tenido acceso a la educación; ver Gráfico 1). Sólo el 57,5 por ciento de la población analizada trabaja; pero el 80 por ciento de ésta experimenta su vida laboral en condiciones de indignidad, debido a la informalidad de su actividad, los bajos salarios, la inestabilidad y la inseguridad, el subempleo, las bajas expectativas de superación, la violación continua de los derechos laborales, o la ausencia de prácticas democráticas, organizativas y participativas en los puestos de trabajo. De hecho, estos trabajadores devengan en general menos de dos salarios mínimos legales (sml), manteniéndose en condiciones de pobreza o al borde de la línea que los separa de esta situación (el costo de la canasta básica familiar es equivalente a 2 sml). El otro 42,5 por ciento de los colombianos mayores de edad está por fuera del mundo laboral, lejano a las experiencias organizativas, la disciplina de la vida cotidiana y la experiencia directa del conflicto de clases sociales (Gráfico 2).
Del conjunto que trabaja, cuatro de cada 10 son obreros o empleados; el grueso de los demás son trabajadores por cuenta propia (42,7 por ciento); y el resto, familiares sin remuneración, empleados domésticos, jornaleros o peones (13,2 por ciento). Apenas el cinco por ciento de los trabajadores hace parte de la posición ocupacional de patrones o empleadores (Gráfico 3). El Estado controla de manera directa la vida laboral de un millón de trabajadores, de los cuales 500.000 hacen parte de la “guardia pretoriana” de la oligarquía, en el ejército, la policía, o los cuerpos de seguridad o control ciudadano (en contraste, sólo 300.000 conforman el cuerpo docente de la educación pública).
Por ramas de la actividad económica, uno de cada cinco trabajadores se encuentra ocupado en el sector primario (agropecuario, pesca, silvicultura o minería). El sector manufacturero ocupa sólo un 13,1 por ciento de los trabajadores y la construcción otro 5,3 por ciento. El resto, el grupo mayoritario, con el 62 por ciento, labora en el sector terciario, principalmente en el comercio, el transporte, o los servicios sociales y personales (Gráfico 4). Esta situación obedece al cambio estructural que viene registrando el aparato económico colombiano (ver Gráfico 5). Los sectores agropecuario e industrial participaban con el 43,3 por ciento del PIB en 1991 y en 2010 reducen su importancia a tan solo el 21,6 por ciento; en contraste, los sectores ganadores en estos últimos años son la construcción y las obras públicas, el comercio, los restaurantes y los hoteles, los servicios sociales y personales, y principalmente los sectores financiero y minero. Por tanto, presenciamos el desarrollo y la consolidación del régimen “oligárquico terrateniente financiero transnacional” en gestación desde la década de 1970.
*Para 2011 la colombiana suma 43,1 millones de habitantes; de estos, dos terceras partes son mayores de 18 años. La cultura política y social está marcada por la exclusión: a las mujeres, a los trabajadores y a las clases populares, la oligarquía les negó por mucho tiempo los derechos políticos, el acceso a la educación y las garantías para hacer parte de una comunidad de iguales. Tan solo hace dos generaciones que de manera universal se puede ejercer el derecho al voto, la expansión gradual de la educación pública se inició en la década de 1960, sin que aún se resuelvan los problemas de cobertura, calidad y pertinencia, y el reconocimiento constitucional de los derechos humanos apenas se logró en 1991.
Cultura política: De la elección de alcaldes en 1988 a hoy
A la sociedad colombiana la caracteriza, además de la ausencia de democracia y la violación continua de los derechos humanos, una precaria cultura política. Según el estudio nacional que adelantó el Dane en 2007, tan solo uno de cada tres colombianos tiene simpatía por algún partido político (Gráfico 8) y uno de cada cuatro es afiliado (Gráfico 9), en lo cual incide la herencia, y una tercera parte de quienes manifiestan simpatía hacia algún partido lo hace por tradición familiar (Gráfico 10). Dos de cada tres colombianos se identifican sin preferencias políticas o de centro. En relación con una posición política consciente, la balanza se inclina hacia la derecha (23,3 por ciento se identifica con ideas de centro derecha o derecha) en relación a la izquierda (15,6 por ciento se identifica con cosmovisiones de centro izquierda o izquierda). Pero en el momento de votar, la derecha es más disciplinada según los registros históricos (Gráfico 11). Si es cierto que con la edad la gente tiende a volverse más conservadora, la masa de votantes favorece a la derecha en cuanto la mayor proporción de quienes acuden a los eventos electorales supera los 34 años de edad (Gráfico 12).
Guerra sucia. Según con la Corporación Nuevo Arco Iris en su investigación “Paramilitares y políticos, la ruta de la expansión paramilitar”, mediante la alianza con grupos ilegales, ejércitos privados del narcotráfico y grupos de extrema derecha, políticos regionales buscaron resistir a la descentralización político-administrativa que gestó la primera elección de alcaldes (1988) y la democratización política derivada de la Constitución de 1991.
Esta guerra sucia emprendida contra la izquierda y los movimientos sociales populares y sindicales le dejó al país un cuadro macabro: 21.000 asesinatos y desapariciones, cientos de secuestros, 3.200 fosas comunes identificadas, millones de desplazados. En consecuencia, la defensa y la resistencia de sectores políticos regionales y de derecha se hicieron en forma violenta e ilegal, y a costa de una crisis humanitaria sin precedentes en ningún otro país del hemisferio occidental, ni siquiera comparable a los que padecieron dictaduras militares. La falta de legitimidad del Congreso colombiano está al descubierto: desde 2006, cerca de un centenar de congresistas ha sido investigado por vínculos con el paramilitarismo.
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