Chile, el país que de manera más radical aplicó el recetario neoliberal, elogiado por su estabilidad política, tambalea. Estimulada por los estudiantes, la población exige una política diferente. La herencia de la dictadura es cuestionada. La memoria de Salvador Allende ilumina a las nuevas generaciones.
Chile paladea la primavera. Y no tan sólo porque en el hemisferio sur septiembre marca el retorno de las hojas a los árboles, temperaturas agradables y parejas que marchan abrazadas sobre un fondo de picos nevados. Desde el comienzo de 2011, la sociedad chilena estornuda al salir del invierno neoliberal, iniciando lo que algunos no vacilan en calificar de “revolución pacífica”.
El epicentro de la primavera se encuentra frente a la Universidad de Chile, en Santiago. El edificio está cubierto de pancartas que reivindican “la educación gratuita y de calidad”. A veces un grupo de rock ameniza la amplia vereda. La estatua del escritor y poeta Andrés Bello, fundador de la Universidad, está pintarrajeada y maquillada como en 1968 la de Victor Hugo en la Sorbona. Desde mayo, el movimiento estudiantil está en pleno auge, desencadenando huelgas y manifestaciones en todo el país. El 3 de septiembre pasado, sus dirigentes negociaban, incluso directamente con Sebastián Piñera, el presidente de la República –quien hasta ese momento se había negado a hacerlo–, en un encuentro donde nada se logró. En efecto, el 2 de septiembre, un accidente de avión causaba la desaparición de 21 personas, entre ellas un animador de televisión muy popular, Felipe Camiroaga: el duelo nacional de dos días decretado por el Gobierno dejó en suspenso la discusión política.
“Este movimiento sorprendió a la sociedad –observa Carlos Ominami, economista y ministro de Economía del gobierno del demócrata cristiano Patricio Aylwin entre 1990 y 1992. En muchas oportunidades los estudiantes convocaron a grandes manifestaciones. Y en cada ocasión se pensaba que habría un reflujo, pero más de 200.000 personas salieron a la calle. Las familias se manifestaban junto con los jóvenes”. Gabriel Muñoz, coordinador del movimiento en la Facultad de Filosofía, lo resume así: “Hace cuatro meses que los estudiantes se movilizan para denunciar la lógica neoliberal en la educación. Hay que volver a la educación gratuita y abrirla a los trabajadores. Enfrente existe un gobierno que defiende los intereses de empresas y poderosos”.
Sin embargo, el movimiento social no se reduce a la impresionante revuelta de los hijos de las clases medias. En enero de 2011, Punta Arenas, bien al sur de un país de 4.300 kilómetros de largo, entraba en ebullición para protestar contra un brutal aumento del precio del gas: durante una semana, la población bloqueó la ciudad mediante una huelga general. Después, en abril y mayo, las calles de Santiago se poblaron para rechazar los proyectos de represas hidroeléctricas en la Patagonia: en un país donde el medio ambiente nunca había entrado en los programas políticos, más de 80.000 personas se opusieron a la destrucción de sitios vírgenes. A partir de mayo, la protesta estudiantil cobró vigor, sostenida por la mayoría del pueblo chileno, llevando a un cuestionamiento del sistema político como no se veía desde 1990, cuando cayó la dictadura (1).
El movimiento “Patagonia sin Represas” apuntaba a un proyecto de cinco megarrepresas sobre los ríos Pascua y Baker, destinado a proveer de electricidad a las compañías mineras del norte del país: el proyecto HidroAysén. Para transportar la corriente, una línea de alta tensión de 2.300 kilómetros debería atravesar el país. Tras la oposición de más de tres años de una coordinadora de organizaciones ecologistas, el Gobierno había aprobado la iniciativa sin esfuerzos. Hasta que en mayo las masivas manifestaciones cambiaron las cosas: Piñera tuvo que detener el proyecto, postergando por un año la decisión.
¿Cómo explicar esta inesperada rebelión? Para Raúl Sohr, periodista y escritor, “nadie conoce esos ríos, pero algo se produjo en el inconsciente colectivo: una explosión de ira contra los oligopolios, contra la subordinación del Estado a los intereses comerciales, contra el hecho de que el gran capital hace lo que quiere. Y luego, también en torno a la idea de que el sur de Chile es puro”.
El asunto reveló que el sector energético está concentrado en tres grupos: Endesa-Enel (italiano), Colbún y ASE Gener (chilenos), que son mandatarios del Gobierno. Pero el sector energético no es un caso aislado. Según Andrés Solimano, economista y animador de CIGLOD (Centro Internacional de Globalización y Desarrollo), “la propiedad está fuertemente concentrada en la banca, el comercio, las minas y los medios de comunicación, donde los dos diarios dominantes, El Mercurio y La Tercera, pertenecen a dos conglomerados. Por ejemplo, la familia Luksic figura en la lista Forbes de las 500 fortunas más grandes del mundo y posee el Banco de Chile, minas de cobre, compañías energéticas y uno de los principales canales de televisión. En cuanto al presidente de la República, Sebastián Piñera, él mismo es multimillonario”. Para Juan Pablo Orrego, coordinador del Consejo de Defensa de la Patagonia, “este país está dirigido por una oligarquía. Aquí un puñado de familias posee un enorme patrimonio”.
Enrique Aliste, sociólogo de la Universidad de Chile, señala que el movimiento estudiantil “se articuló sobre el rechazo a las represas. En las manifestaciones había muchos de esos jóvenes”. Actualmente, los estudiantes cuestionan el elevadísimo costo de los estudios y la privatización de la enseñanza superior, pues la educación chilena es la más cara del mundo, detrás de la de Estados Unidos, y está casi totalmente privatizada. Solimano explica: “Tan sólo el 15 por ciento de los recursos de las universidades proviene del Estado, contra el 80 o 90 en los años 70. Las universidades funcionan como empresas: buscan producir beneficios. Aunque una ley de 1981 lo impidió, fue eludida mediante la creación de filiales que permiten a las universidades alquilarse sus propios edificios a muy alto precio”. Las universidades no obtienen ganancias; sus filiales las acumulan.
Estudie pero endéudese
Resultado: los estudiantes pagan entre uno y dos millones de pesos por año (de 1.500 a 3.000 euros), en un país donde el Producto Interno Bruto (PIB) por habitante es más de tres veces inferior al de Francia. Por ejemplo, Muñoz desembolsa 1.700.000 pesos anuales por su año universitario. “El 70 por ciento de los estudiantes se endeuda para pagar sus estudios”, dice; los estudiantes o sus familias. Gina Gallardo, que vive en una comuna popular de los suburbios de Santiago y cuyo marido trabaja como dibujante técnico, explica: “Mi hijo estudia música y ya tiene una deuda de varios millones de pesos; mi hija está en segundo año de diseño gráfico. Todo lo que gana, peso por peso, se gasta en la universidad”.
La protesta va más allá de una reivindicación pecuniaria. El propio Solimano lo analiza: “Querer universidades gratuitas y estatales constituye un cambio de paradigma cultural. Antes, el libre juego de las fuerzas del mercado estaba asociado a la prosperidad. Ahora se empieza a cuestionar la necesidad de tener que pagar los servicios sociales, el control de los grandes grupos sobre los medios de comunicación e incluso la concentración de la riqueza. De hecho, los estudiantes constituyen la punta de lanza de una protesta general contra un capitalismo elitista que obtiene ingresos de todas las actividades: vivienda, estudios, medicamentos, bancos, etcétera. Porque la privatización de la economía es general: durante la dictadura del general Pinochet (1973-1990) y a veces después, también se privatizaron la enseñanza superior, la producción de energía, los sistemas de salud y de jubilación, la gestión del agua, gran parte de la producción de cobre, entre muchos sectores de la vida social.
Es cierto que Chile conoce la prosperidad inducida por un fuerte crecimiento económico. “El país es rico en su subdesarrollo –dice Sohr. No está endeudado. Aumentó la esperanza de vida, la mortalidad infantil es menor, las viviendas son más amplias. Pero para el 80 por ciento de la gente la situación sigue siendo muy difícil. Las expectativas aumentaron más que la satisfacción material y las familias se endeudaron enormemente”. Además, 20 años de prosperidad macroeconómica llevaron a una muy desigual distribución de la riqueza, lo cual cada vez se soporta menos: en Chile, el índice de Gini, que mide las desigualdades, alcanza el 0,54 contra el 0,38 de promedio en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), a la cual Chile adhirió en 2010 (2).
Igualmente discutidas son las opciones en materia de economía, basada ésta en la explotación de recursos naturales, en primer lugar el cobre, del cual Chile es el primer productor mundial. Pero los tres cuartos de esta producción dependen de compañías privadas, extranjeras muchas, que exportan sus ganancias. Aun así, el sector minero sigue siendo privilegiado. En los años 80, José Piñera, ministro de Trabajo bajo la dictadura y hermano de Sebastián Piñera, había elaborado una ley orgánica constitucional sobre las minas: todavía en vigor, prevé que, en caso de nacionalización, habría que pagarle al inversor los “valores presentes” de todos los ingresos acumulados hasta la extinción del recurso mineral, una suma prohibitiva. El economista Marcel Claude observa: “En cierta forma, la ley considera que el cobre pertenece a la empresa que lo explota, no a Chile”.
En 1992, una ley sobre la fiscalidad otorgó incluso más ventajas a las empresas mineras, con el fin de atraer inversiones extranjeras. Tanto es así –explica Claude–, que “entre 1993 y 2003 las empresas extranjeras no pagaron ni un dólar de impuesto por sus ganancias. Después de 2003, el alza del precio del cobre los llevó a hacerlo: pero Codelco, la empresa pública que asegura el 27 por ciento de la producción, abona al fisco 6.800 millones de dólares, mucho más de los 5.500 millones que pagan las empresas mineras extranjeras que aseguran el 73 por ciento de la producción”. Además, las normas sobre el medio ambiente son muy laxas. Y los desechos y residuos mineros crean grandes problemas de contaminación.
Detrás de la educación, lo que el pueblo cuestiona es, entonces, el sistema económico chileno. Y en su marcha, el movimiento sacude también al sistema político. En efecto, resume Sohr: “A los estudiantes que piden educación gratuita, el Estado les dijo: ‘No hay suficiente dinero’. Los estudiantes respondieron que había que aumentar los impuestos. Pero el Gobierno se defendió arguyendo que la Constitución no lo permitía. ‘¡Y bien, hagamos una nueva Constitución!’, concluyeron los estudiantes”.
Porque la Constitución impuesta en 1980 durante la dictadura no fue abolida en 1990, cuando los gobiernos de la Concertación, que reagrupaba en una alianza de centroizquierda a los demócratas cristianos, los socialistas y los socialdemócratas, retomaron el ejercicio del poder. Fue diseñada para impedir cualquier transformación real de la herencia política y económica de la era Pinochet. Por una parte, para modificar o abrogar las leyes orgánicas constitucionales se requiere una mayoría parlamentaria de cuatro séptimos; por la otra, la Constitución define un sistema electoral para el Parlamento que es una complicada fórmula binominal, la cual hace que quien encabeza la lista del partido que llega en segundo lugar obtenga un mandato, incluso si los dos primeros candidatos de la lista que llegó primera reúnen cada uno más votos. Ideado para garantizar en el Parlamento la fuerza de los partidos de derecha originados en la dictadura, el mecanismo obligó a los partidos de la Concertación a unirse a pesar de sus opciones divergentes.
“La mayoría cultural es más fuerte que la mayoría política, señala Marco Enríquez Ominami, un sorpresivo candidato de izquierda que reunió el 20 por ciento de los votos en las elecciones presidenciales de 2009. Pero el sistema electoral es de piedra: todo está bloqueado. Para un cambio real, hay que lograr el 80 por ciento de los votos. Pinochet hizo un buen trabajo”. Guido Girardi, a la izquierda de la Concertación y presidente del Senado, explica: “La Concertación es como si en Alemania los demócratas cristianos y los socialdemócratas se vieran obligados a seguir juntos permanentemente. Muchos de sus miembros adhieren a la ideología neoliberal. Lo que lleva al inmovilismo y hace imposible encontrar salida a las crisis”.
Así, después de 1990 la Concertación prosiguió con la política económica de la dictadura. Todo sucedió como si, para asegurar la transición y evitar cualquier tentación de retorno de los militares, hubiera cambiado la liberalización política por el mantenimiento de los intereses económicos dominantes. Girardi señala: “Chile fue el laboratorio del neoliberalismo. La izquierda, como en todas partes, pero aun más que en otras partes, se acomodó”. En todo caso, el sistema político pierde legitimidad, como lo muestra una tasa de abstencionismo cada vez más alta: la participación electoral es de apenas el 62 por ciento, contra el 95 en 1990 (3).
Esta situación torna difícil la evolución del movimiento social, que no encuentra representación política a sus demandas de cambio. Pero ¿hasta dónde se quiere llegar? La huelga general del 24 y el 25 de agosto no colmó las expectativas de los organizadores. Sin embargo, la policía reprimió violentamente la manifestación, matando de un balazo a Manuel Gutiérrez, adolescente de 16 años. La reprobación que suscitó este acto provocó la destitución del general Sergio Gajardo, responsable de la policía de la región de Santiago, quien había ocultado el asesinato. Como consecuencia de este drama (y del accidente de avión del 2 de septiembre), a mediados de este mes el movimiento social intentaba encontrar un nuevo impulso.
Según Marco Enríquez Ominami, “las personas que salen a la calle son ciudadanos pero también consumidores. La gente no desea la ruptura. A falta de partido político capaz de constituirse en el portavoz popular en la escena institucional y forzar una reforma de la Constitución, Chile se encuentra en medio del río. “La situación no tiene retorno, se abrió una puerta –estima Girardi. Si esto no cambia hoy, cambiará mañana. Es la expresión de un fenómeno mayor, más profundo, que se desarrolla a escala de la Humanidad: vivimos una crisis profunda del neoliberalismo, del individualismo exacerbado, del mercado”.
1 Véase Víctor Hugo de la Fuente, “En finir (vraiment) avec l’ère Pinochet”, La valise diplomatique, 24-8-2011.
2 El índice de Gini permite medir el grado de desigualdad de la distribución de los ingresos para una determinada población. Varía entre 0 y 1: el valor 0 corresponde a la perfecta igualdad (todos tienen el mismo ingreso); el valor 1 a la extrema desigualdad (una persona tiene todos los ingresos, los demás ninguno). En Francia, según el INSEE, el índice de Gini es de 0,289 (en 2007).
3 Juan Jorge Faundes, “Democracia representativa”, Punto Final, Santiago (Chile), septiembre de 2011.
*Periodista. Última obra publicada: L’oligarchie ça suffit, vive la démocratie, Seuil. París, 2011.
Traducción: Teresa Garufi
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