El perfil trágico del 9 de abril de 1948 necesita interpretarse y analizarse en la dimensión, profundidad y significado de su parábola social. Un hecho como producto de un dramático proceso histórico de violencia política e institucional desde la Colonia hasta la República señorial, prolongada en los siglos XX y XXI, manipulada por sectores turbulentos de la clase dominante, con su visión y propósito autocrático de controlar “a como dé lugar”, y desde las alturas, el poder político y económico y el control hegemónico sobre la Nación; frente a las aspiraciones o movilización del pueblo.
Del 9 de abril de 1948 al 9 de abril del 2011 han trascurrido 63 años. Sin embargo, el péndulo de la violencia y la muerte no cesa. Se multiplica y tecnifica en las manifestaciones institucionales, paramilitares, guerrilleras y de delincuencia criminal potenciadas por el narcotráfico y el despojo de las tierras a los campesinos mediante el crimen.
El conflicto histórico-social crónico en Colombia, que algunos se atreven a negar, responde a la preservación secular de una tremenda desigualdad social, manifiesta en la pobreza y desesperanza de las grandes mayorías. Un resultado, del modelo socioeconómico polarizado de concentración desmesurada de la tierra, la riqueza y las oportunidades, en el cual coexiste la marginalidad social y la informalidad económica de la población con la opulencia de los privilegios y la corrupción de minorías. Y la actitud histórica frente al uso de violencia, en la guerra preventiva y represiva contemporánea del “todo vale”, se radicaliza.
Máxime si el proceso de rebeldía, con raíz campesina y suburbana como en ningún otro país del continente, es conducido por dirigentes populares auténticos, democráticos, que interpretan y expresan –y se proponen organizarlo como en el caso de Gaitán– los problemas, aspiraciones, angustias y esperanzas del pueblo excluido de las oportunidades de progreso. Si mediante la denuncia sin claudicaciones del abuso, injusticia social, inequidad e iniquidad del sistema, y la explotación que burla en la práctica los más elementales derechos fundamentales y humanos, impiden la conquista para todos del bienestar, la seguridad y la libertad. Los ejemplos históricos de esta situación y sus condiciones, tienen reflejo en las frustraciones del siglo XVIII con José Antonio Galán y la lucha Comunera de 1781.
Pero también en la primera mitad del siglo XX se reproduce el fenómeno con Jorge Eliécer Gaitán y el movimiento popular que encarnó al decir “yo no soy un hombre, soy un pueblo”. El movimiento fue atacado política e institucionalmente por quienes denominara la oligarquía y fue brutalmente destruido, con inicio de la tarea demoledora desde 1946. Esta recurrencia se presentó durante la segunda mitad del siglo XX.
Luego, en las décadas de los años 80-90, hubo los magnicidios de los Candidatos Presidenciales disidentes del sistema, como Luis Carlos Galán (liberal) y Carlos Pizarro (o socialistas como Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa, junto con el genocidio de la militancia la Unión Patriótica y de otras organizaciones políticas y sociales. Esta estrategia pendular replica sistemáticamente la “violencia selectiva” como en el caso del movimiento gaitanista y las luchas campesinas y obreras a lo largo y ancho del país.
El balance de 300.000 mil muertos en la primera violencia, lo describen objetivamente, Monseñor Germán Guzmán, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna, en la investigación científica “La Violencia en Colombia”. Además, hay múltiples estudios y testimonios como el del Cura Blandón en “Lo que el Cielo no perdona” o la narrativa de Daniel Caicedo en “Viento Seco” con prólogo del Maestro Antonio García Nossa. La segunda y tercera olas de violencia, no sólo representadas por las subversión guerrillera de origen campesino, sino la paramilitar e institucional ejecutada por el neo latifundismo y el narcotráfico, con apoyos políticos e institucionales, puede acercarse al millón de personas – 1946-2011, sin incluir en la dramática estadística el desplazamiento forzado de la población inmensa de familias campesinas con más de 2 millones de personas en los últimos años.
De otra parte, en relación con el siglo XX, como supuesto escenario para construir la Paz, hubo la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, con base en la consulta popular de la 7ª papeleta de los estudiantes y la sentencia favorable de la Corte Suprema de Justicia. En esta situación política, se promulgó una nueva Constitución que tiene una doble personalidad: en lo económico neoliberal y en lo político participativa formal. Sin embargo, la nueva Constitución en sus 20 años ha sido desmantelada con cerca de 26 reformas y más de 60 artículos, promovidos por los Gobiernos y el Congreso.
Para mantener los privilegios de clase, expresados en el dominio feudal de la tierra, la concentración en la economía, industria y gran minería, banca y control de los recursos naturales, educación superior e instituciones y empresas del Estado debilitadas mediante la privatización, etc, se utiliza una doble estrategia: dividir y enfrentar al pueblo, mediante el sectarismo partidista y su fragmentación táctica, que se manifiesta en las guerras civiles y las denominadas luchas electorales con máscara democrática fraudulenta, promovida por los denominados “caudillos o jefes naturales” de cada partido tradicional de estirpe liberal o conservador u organizando disidencias tácticas.
Este juego, se produce y reproduce durante los siglos XIX y XX, mediante el control de grupos oligárquicos e instrumentos político-partidistas y presupuestales, clientelistas e identificados en los medios y fines fundamentales o utilizando la violencia paramilitar y la corrupción política a través de la manipulación de los presupuestos públicos y el control directo o indirecto del Estado, como el dramático caso del para-militarismo contemporáneo con su proyecto geopolítico de construir una “nueva Patria” a su imagen y semejanza semifeudal, criminal y violenta vinculada al narcotráfico.
En el evento de un desgaste de estas estrategias y peligrar el predominio de los privilegios del establecimiento por enfrentamiento de intereses, agotamiento o crisis cíclicas, internas o externas, los grupos dominantes enfrentados coyunturalmente, apelan a la unidad de los de arriba divididos transitoriamente. Estas maniobras y prácticas tradicionales tienen por finalidad, detener a los de abajo en su rebelión e impedir su desdoblamiento en luchas sociales organizadas y fuera de su control, y canalizar su insatisfacción con maniobras políticas demagógicas o represión abierta, en cuanto amenacen el sistema dominante.
Los ejemplos históricos son dicientes:
- La Constitución cuasi monárquica de 1886 que duró hasta 1991, como producto del entendimiento reaccionario entre Miguel Antonio Caro, aristócrata conservador, y Rafael Núñez, liberal radical, para suturar las luchas entre centralistas y federalistas reflejada en la Constitución de Rionegro de 1883.
- En 1910 se organiza la denominada “unión republicana” para liquidar el quinquenio autocrático del general Rafael Reyes. El proceso avanza en los años 1930-1934 mediante el régimen de la “concentración Nacional” del Presidente liberal Enrique Olaya Herrera, liquidándose la hegemonía de 45 años de Gobiernos conservadores, que agotada remata el Presidente Abadía Méndez en 1928, con la masacre de los trabajadores al servicio de la empresa bananera de United Fruit en las Bananeras de la Costa Atlántica en 1928, que denunciara Gaitán en su momento desde la Cámara y Gabriel García Márquez en “Cien Años de Soledad”.
- En la fase de 1946-1950 se organiza la denominada “Unión Nacional” con Mariano Ospina Pérez. Laureano Gómez y Roberto Urdaneta Arbeláez, triunfo de la reacción conservadora coludida con el sector oligárquico liberal, maniobra que impidió el acceso de Gaitán a la Presidencia de la República. Esta etapa de violencia institucional entra en crisis y genera una respuesta guerrillera de estirpe liberal como respuesta a la represión y va desdoblándose en guerrillas sociales que luchan por la tierra por su origen campesino y avanzan en un proceso de radicalización.
La respuesta a esta etapa de violencia institucional desatada desde 1946 y ante el peligroso ascenso representado para el sistema por la presencia creciente de la resistencia popular organizada en guerrillas campesinas, es el golpe cívico-militar del 13 de junio de 1953, que encabezó el General Gustavo Rojas Pinilla con el lema de “paz, justicia y libertad” ( episodio llamado “golpe de opinión” por el ex presidente liberal Darío Echandía).
Este movimiento castrense con gobierno bipartidista hereda una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa que convocó el régimen de Laureano Gómez con el propósito de aprobar una nueva Constitución de corte corporativo-falangista. Este fue el pretexto para el “golpe militar” apoyado por la clase dominante que en su contradictoria gestión –con fallidas promesas de cambio también signado por la violencia– llega a su decadencia, hasta culminar con el lock out o paro patronal con base popular del 10 de mayo de 1958. Esta maniobra sirve para atajar la pretensión reeleccionista de Rojas por medio de la Asamblea que había ampliado con sectores disidentes de los partidos tradicionales.
El paro nacional organizado por la clase dominante y la Iglesia con base popular, es producto del desengaño producido por el bonapartista Gobierno del general Rojas, quien no tiene respuesta revolucionaria, sino su deserción del poder con delegación en una pentarquía de militares que entregará el mando al “Frente Nacional “que cubre los 1958-1974 con su “democracia recortada”, mediante un Plebiscito del movimiento bipartidista hegemónico que organizó la salida del general Rojas, fruto del acuerdo político entre Alberto Lleras (liberal) y Laureano Gómez (conservador), después de olvidar las décadas de violencia política reseñada. Luego, suceden los turnos de otros cuatrenios presidenciales, hasta la Asamblea Nacional constituyente de 1991.
Los sucesivos gobiernos que incluyen la reforma constitucional conducen después de fallidos intentos de concertar la paz con las guerrillas, a la elección y reelección del Presidente Alvaro Uribe Vélez (reformando la Constitución del 91), con su bandera de “seguridad democrática ”que cubre la etapa continua del conflicto social: 2002-2010 y la lucha contra la guerrilla de las farc-ep y eln, el relativo desmonte y metamorfosis del paramilitarismo y la prolongación de la crisis política con el Gobierno de “unidad y prosperidad para todos” que define el Presidente Juan Manuel Santos para 2010-2014.
Esta gestión se desenvuelve dentro del contexto del complejo conflicto histórico social acumulado y vigente, con nuevos actores y escenarios internacionales y nacionales. Hasta este límite llega el breve perfil del péndulo de la historia colombiana, signado por la violencia magnicida y genocida, aún presente, que rememoramos con motivo del trágico 9 de abril de 1948, cuyo mensaje no termina.
Apliquemos a la Colombia de hoy, las lecciones del pasado. No quedemos en la anécdota y los recordatorios sentimentales e invocaciones innocuas, sino que potenciemos el legado de nuestros héroes y mártires para que con sus ejemplos podamos construir el futuro de una nueva Colombia, moderna, con paz democrática y progreso colectivo, sin exclusiones.
…En contra de la burguesía y por la liberación económica del trabajo.
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