Mucho antes de la invasión/conquista y la Colonia, cuando los pueblos originarios dominaban el territorio que hoy es Colombia, éste ya se había configurado como una nación de regiones geográficas con características y particularidades en clima, vegetación, cuencas y microcuencas hidrográficas, factores fundamentales que a su vez marcan las costumbres de sus habitantes e incluso su idioma. Si bien la conformación política ha variado o evolucionado de acuerdo con las circunstancias no naturales, la conformación geográfica regional se mantiene invariable hasta nuestros días. La denominación de Colombia, “país de regiones”, es un concepto moderno lingüístico, y por lo tanto científico, que resume la configuración geográfica ancestral, en un intento de acomodarla con la configuración político administrativa, pero sin encontrar la solución a las contradicciones políticas criollas que afloraron tempranas en el movimiento de los Comuneros de 1781, se manifestaron belicosas en la revuelta del 20 de julio de 1810, que propulsó un proceso de lucha para ponerle fin al régimen colonial, y se agudizaron y se exacerbaron a partir del establecimiento de la República en 1821, y han perdurado hasta nuestros días.
Como la define el arquitecto, escritor y geógrafo Alberto Mendoza Morales en su obra trascendental Colombia, Estado Regional (Bogotá, 2000) “Región es una porción de territorio, de tamaño variable, definida por límites arcifinios [naturales], individualizada por algún elemento unificador que la distingue, le imprime carácter único y la hace singular frente a otras regiones”.
Dentro de esta definición se desarrolló la vida de las naciones o regiones que conforman el territorio invadido por los conquistadores españoles a partir de 1500. Aquí habitaban la nación Calamarí (Caribe), la nación Mwiska, la nación Pijao, la nación Patía, y otras, formadas alrededor de doce grandes cuencas fluviales, que tienen como ejes los ríos Magdalena y Cauca (pues influyen ellos dos en la totalidad del territorio) y las otras diez grandes cuencas: Amazonia, Orinoquia, Catatumbo, Sierra Nevada, Sinú, Atrato, Baudó, San Juan, otros ríos, Patía y Mataje. El Himat ha identificado en Colombia 714.300 minicuencas hidrográficas (fluviales y lacustres) menores de 10 kilómetros.
Los españoles reorganizaron la división político administrativa del que bautizaron Nuevo Reino de Granada, subdividiéndolo, con base en la delimitación geográfica, en gobernaciones. La Gobernación de Santa Marta, la Gobernación de Cartagena, la Gobernación del Río de La Hacha (Guajira), las gobernaciones de Venezuela y Quito, la Gobernación de Popayán, los territorios de las Misiones (Llanos Orientales, Casanare, Arauca, Meta), y la Audiencia de Santafé, erigida en capital del Nuevo Reino de Granada. Esa división administrativa se mantuvo hasta el final de la Colonia, con las variantes de que la Gobernación de Venezuela fue convertida en capitanía, y la de Quito en presidencia, con una Real Audiencia auxiliar de la de Santafé. Tales regiones o gobernaciones estuvieron determinadas en su funcionamiento económico por una institución común: la Encomienda. Por orden del rey Carlos V la Encomienda estaba destinada a garantizar la propiedad de los indígenas sobre sus tierras y a darles la protección que necesitaran, para lo cual se nombraba un encomendero que tendría a su cuidado determinada porción de tierras (por lo general latifundios) y el cuidado de los indígenas que las habitaban y que eran sus dueños legítimos, en cuyo servicio obraba el encomendero, remunerado por los mismos indígenas. A los pocos años los encomenderos pasaron a ser los dueños de las tierras y los indígenas sus sirvientes.
De ahí se formaron enormes latifundios y los encomenderos pasaron a ser la clase de los terratenientes, de modo que a finales del siglo dieciocho la totalidad de las tierras productivas del Nuevo Reino de Granada era propiedad de no más del tres por ciento de la población. Los encomenderos terratenientes utilizaban para trabajarlas la mano de obra de los indígenas (que no eran esclavos, pero recibían un trato peor que si lo fueran) y de los esclavos.
Tras el movimiento del 20 de julio de 1810, que, si no estableció formalmente la independencia, sí le torció el pescuezo al régimen colonial español, se organizó un primer ensayo de Estado Regional, de tipo federal, en imitación al adoptado por los Estados Unidos de Norteamérica, y se le dio el nombre de Provincias Unidas de la Nueva Granada, con gobiernos y administraciones autónomas, y sujetas políticamente a la autoridad del Congreso. Esas Provincias Unidas surgieron de la conformación Geográfica natural del país. Venezuela y Quito no entraron a formar parte de la nueva organización post colonial y adoptaron su propio régimen político- administrativo.
Un observador tan agudo como Antonio Nariño, que llevaba casi treinta años de lucha por la libertad de su pueblo, y sufrido varias prisiones por esa causa, al salir de su celda en las mazmorras de Bocachica, en Cartagena, donde lo tenía encerrado el régimen español a raíz de la conspiración en 1809, analizó la forma como la organización de las Provincias Unidas no iba a derivar en un Estado nacional libre y soberano, integrado por regiones con verdadera autonomía económica, política y social, según las características regionales, sino en una supuesta nación hecha a semejanza de los Estados Unidos, pero con regiones que constituiría el feudo de los terratenientes herederos de las encomiendas y del dominio de la tierra en esas provincias. Tendríamos entonces un Estado feudal y no un Estado regional.
A su regreso a Santafé, Nariño asumió dos posturas inaceptables para los nuevos dominios. La primera, propuso un gobierno central, que facilitara la organización de las provincias para la defensa del país ante la inminencia de un intento de reconquista por parte de la antigua metrópoli, que lo emprendería tan pronto terminara su guerra contra Napoleón. Y la segunda, acabar con la encomienda y redistribuir las tierras entre los campesinos e indígenas que las trabajaban y que eran sus dueños legítimos. No podíamos pensar en fundar una democracia si pensábamos continuar bajo el mismo sistema feudal de la Colonia. La propuesta audaz de Nariño les produjo náuseas a los nuevos encomenderos, nada dispuestos a repartir sus fundos entre los trabajadores, así como así.
De ahí surgieron los dos primeros partidos políticos en Colombia con posiciones antagónicas. El centralista, encabezado por Antonio Nariño, y el federalista, por el doctor Camilo Torres. De ahí también surgió la primera de las nueve guerras civiles generales del Siglo diecinueve en Colombia, motivadas en apariencia por la misma razón: centralismo versus federalismo; pero no se trataba de dos posiciones políticas ni ideológica opuestas. A los federalistas les interesaba ese sistema porque se adaptaba mejor al dominio feudal de las tierras productivas de la República, mientras que los centralistas aspiraban a un gobierno que pudiera efectuar hacia la periferia una distribución equitativa no solo de la propiedad de la tierra sino de las riquezas que pudiera generar el trabajo nacional. Entró en juego también el libre cambio, del que se hicieron campeones los federalistas (o liberales radicales) y al que combatieron, apoyados en el centralismo, los artesanos que pretendían crear una industria nacional y pedían para ello la protección incondicional del gobierno. La lucha auténtica no fue entre centralistas y federalistas, sino entre librecambistas y artesanos, entre el libre comercio y el proteccionismo industrial.
En su discurso de Instalación del Congreso de Angostura, el Libertador Simón Bolívar encareció a los diputados adoptar una constitución de tipo centralista, que se adaptaba a las características de los pueblos (Nueva Granada, Venezuela y Quito) que habrían de integrar la futura República de Colombia. El Congreso de Angostura elaboró una Constitución de tipo centralista con carácter provisional, mientras se decidía la suerte de la Guerra de Independencia. La victoria de Boyacá en 1819 y la liberación de la Nueva Granada, le permitieron al Libertador convocar el Congreso Constituyente de Cúcuta, instalado por Antonio Nariño. Allí se adoptó una constitución de tipo centralista y proteccionista, que impulsara el desarrollo de la industria artesanal nacional, y de la agricultura, como efectivamente las impulsó; pero las ambiciones de poder y de riqueza de la clase dirigente criolla, los intereses de los terratenientes, que ejercían el poder verdadero, y las intrigas de los ministros plenipotenciarios de Estados Unidos y de Inglaterra, que encontraban en el proteccionismo constitucional un obstáculo fastidioso para sus intereses comerciales, instaron a la separación de Venezuela y de Ecuador, y a la disolución de Colombia tras la muerte del Libertador en 1830. La República de la Nueva Granada, y las que le siguieron en el curso tormentoso del Siglo XIX colombiano, tampoco pudieron organizar Estados Regionales, en parte porque los terratenientes y los comerciantes se opusieron, y en parte porque los tratados de libre comercio y amistad con Estados Unidos (1835 y 1848) hicieron imposible que las regiones pudieran librarse de su vasallaje feudal.
Con las constituciones semilibrecambistas y semifederalistas de 1853 y 1857 el librecambio avanzó hacia el dominio total de la vida granadina, lo que se dio con la Constitución de 1863, que instauró nueve estados soberanos aupados bajo el denominador común de República de los Estados Unidos de Colombia. Sin embargo, las contradicciones se agudizaron. La soberanía pomposa de los nueve estados de 1863, como la autonomía de las doce provincias Unidas de 1811, era la misma máscara con que se encubrían los soberanos incuestionables: los terratenientes. El régimen feudal seguía imperando bajo la Constitución más liberal que pudiera imaginarse. Esa misma Constitución liberal que favorecía los intereses del libre comercio, pero no el nuestro sino el de las potencias que nos vendían sus productos, sumieron en la ruina a los artesanos colombianos, y se originó una confrontación que tuvo muchas refriegas en las plazas públicas entre gólgotas (librecambistas) y draconianos (artesanos). O como decían entonces. “entre los de casaca y los de ruana”.
En esas condiciones, se produjo una escisión política profunda e irreconciliable. La Iglesia y los conservadores, por un lado, que decían combatir el ateísmo de los radicales y la abusiva expropiación de los bienes sagrados (tierras, conventos, iglesias) por el decreto de bienes de manos muerta que expidió el presidente Tomás Cipriano de Mosquera, con destino a la recaudación de fondos para financiar el Estado, pero cuyo producido, en su mayor parte, terminó en los bolsillos de los radicales (liberales librecambistas). Y por otro lado los liberales independientes (no librecambistas) y los artesanos que pugnaban por un gobierno proteccionista. El líder de los independientes fue el pensador liberal Rafael Núñez, que comenzó a publicar una serie de artículos (enviados desde Europa, donde ejercía el consulado de Colombia en Liverpool) a favor de una política de protección a la industria artesanal, la creación de empleo y de riqueza productiva, y de restricción al libre cambio, pensamiento en contravía de los postulados de la Constitución de Rionegro, que abolió por completo el proteccionismo.
Una lucha de varios años en la cual, el movimiento artesanal organizado llevó a Núñez a la presidencia en 1880. Dos años antes, al dar posesión de la presidencia al liberal independiente Julián Trujillo, Núñez había resumido su doctrina en dos postulados: Regeneración administrativa fundamental o catástrofe y Paz científica. Los radicales hicieron burlas, chanzas y sátiras sobre esos programas de Núñez, que les demostró que tan serio era su programa cuando, al iniciar su período, estableció el Banco Nacional, con carácter de Banco Emisor, y les quitó a los bancos de los estados, y a los privados, la facultad de emitir sus propios billetes. Como el período presidencial era apenas de dos años, Núñez no tuvo tiempo de avanzar en la regeneración administrativa fundamental, ni en la Paz Científica, hasta su segunda elección, en 1884.
¿En qué consistían la Regeneración administrativa fundamental y la Paz científica? Ambas nociones las había tomado Núñez del discurso del Libertador en Angostura. La Regeneración administrativa fundamental era gobernar con honradez, con pulcritud y con eficiencia para hacer de los recursos públicos un instrumento de prosperidad del común de los ciudadanos, y no del beneficio de unos pocos. En consecuencia, había que castigar con severidad el mal uso de esos recursos, y para ello se requería un gobierno central con autoridad (no autoritarismo) capaz de proteger y estimular el trabajo de los colombianos y darles vigor a las regiones. La Paz científica era la proveniente de la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos, y de la tranquilidad que la solución de esas necesidades podía darles equitativamente a todos y a cada uno de los habitantes del país.
Los artesanos entendieron a Núñez. Lo llevaron a la presidencia en 1880 y 1884. Lo apoyaron en la guerra civil que declararon los radicales en 1885 “contra el régimen regenerador” al que tildaban de dictatorial, y después de la guerra, ganada por Núñez, respaldaron la reforma constitucional, que entre otros cambios fundamentales extendió el período presidencial a seis años. Por una gran mayoría, Núñez fue elegido para inaugurar el primer período de la Nueva Era (1886-1892).
Paradójicamente, aquel mandatario liberal y escéptico, cuasi ateo, atacado con ferocidad por los librecambistas variopintos, tuvo que aliarse con un segmento del conservatismo y hacerle a la Iglesia concesiones lamentables, pero necesarias para poder gobernar.
La Constitución de 1886 no alcanzó los objetivos anunciados por Núñez de Regeneración administrativa fundamental y Paz científica. Las concesiones a la Iglesia consiguieron que se mantuviera el mismo orden feudal que venía ininterrumpido desde la Colonia. Reformas como el papel moneda de curso forzoso, la prohibición de negociar en moneda extranjera (prohibición de estipular), y amplias medidas de protección a la industria artesanal, dinamizaron la economía, permitieron la creación de empleo, generaron un importante crecimiento industrial, mas no modificaron la propiedad feudal de la tierra, ni lograron crear el estado regional.
Varias décadas después, las reformas de la Revolución en Marcha impulsadas por el primer gobierno de López Pumarejo –en 1936– que pretendía, con la ley de tierras ponerle fin a nuestro feudalismo agrario, tropezaron igual con el poder de los terratenientes, que lejos de disminuir en 116 años de vida republicana se había acentuado y fortalecido.
La Carta de 1886, a la que hoy se cataloga de regresiva y conservadora, fue necesaria en su momento, como lo reconoció López Pumarejo, para implantar la unidad nacional y modernizar el país. Tan es así que se mantuvo vigente por ciento cinco años, hasta que, obedeciendo una ley natural de obsolescencia, fue sustituida por la Carta de 1991, que ha cumplido veintiocho años, y ha sido reformada, alterada en su esencia, incumplida y violada por las autoridades otras tantas veces. La Carta del 91 tiene una contradicción original. Al tiempo que ordena la organización de Colombia como un Estado Social de Derecho, tiene numerosos artículos de carácter neoliberal, que es lo opuesto al Estado Social de Derecho, sobre el que han prevalecido al socaire de sucesivos gobiernos neoliberales.
Aunque la Carta del 91 contiene herramientas jurídicas para organizar un estado regional, o un país de regiones, tampoco ha conseguido ese propósito. Como lo anota Alberto Mendoza Morales en su obra citada: “La riqueza de Colombia está en la heterogeneidad. Un Estado [como el colombiano] de tan fuertes características regionales está llamado a la descentralización, a aceptar y acoger de frente esas diferencias, a integrarlas, a fomentar la población de cada espacio, de modo que se maneje por sí misma, crezca por esfuerzo propio y elabore su propio plan de vida y desarrollo” (pero) “Los constituyentes de 1991 desecharon la definición geográfica de la región natural y adoptaron una definición político administrativa. En efecto, dispusieron: ‘Dos o más departamentos podrán constituirse en regiones administrativas y de planificación con personería jurídica y patrimonio propio (Art. 306 C. N.). La respectiva Ley Orgánica establecerá las condiciones para solicitar la conversión de la región en entidad territorial (Art. 307 C. N.)’”.
Estima Mendoza Morales que “Los constituyentes, con su definición, confundieron regiones, que son entidades geográficas, con asociaciones de departamentos, que son entidades político administrativas”.
En esa confusión, no hubo ignorancia de los legisladores. Fue hecha a propósito para amparar los intereses de los terratenientes y de las asociaciones privadas que tienen negocios en las regiones, a las que de ningún modo conviene que esas regiones puedan tener administraciones soberanas y vida propia. El ordenamiento jurídico está enderezado a proteger el interés privado de unos pocos, bien sea a las buenas, cuando la ley les es propicia, o con la violencia, cuando no encuentran la complicidad de la ley. Así, las consultas populares y los cabildos abiertos, dispuestos por la Constitución como mecanismos democráticos, de hecho han resultado írritos, y los planes de ordenamiento territorial, en los que la participación de la comunidad es cero, sirven para favorecer negocios inmobiliarios o propiciar el despojo de tierras, con disfraz de legalidad. Como en 1811, hoy sigue imperando en Colombia un régimen feudal férreo. El anhelo de un país de regiones, no parece estar todavía a nuestro alcance.
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