La situación socio-económica colombiana, de por sí frágil en sus fundamentos y estructura, se resquebraja de manera sustancial con los sucesos que este año conmocionan al mundo. En esa perspectiva, este artículo tiene como propósito estimar, para el caso nacional, los impactos causados por la tenaza “crac-pandemia”. La valoración, con desempleo, violencia y aumento de la desigualdad y la pobreza a la vista, deja abiertos inmensos retos para los colectivos sociales alternativos.
Presentación
Depresión económica y crisis financiera son inevitables
El mundo empieza a hablar con propiedad del crac del año 2020, comparable a los de 1866 (primera crisis económica internacional del capitalismo industrial) y 1929 (la Gran Depresión que se prolongó durante la década de 1930), similar al de 1987 y probablemente peor que el provocado por la crisis financiera e inmobiliaria global 2008-9.
Los síntomas de la recesión del capitalismo global en curso así lo hacen temer; acumulados durante los últimos años, y acelerados y acrecentados debido al impacto que continúa provocando la emergencia sanitaria mundial por el Covid-19.
En 2020 confluyen dos fenómenos: la pandemia provocada por el Covid-19 y el crac económico-financiero en maduración desde años atrás. El primero obligó a los gobiernos a tomar medidas extremas que confinaron a las poblaciones en sus casas, quebraron las cadenas de valor a nivel global y frenaron abruptamente las actividades económicas, contagiando los procesos de generación de plusvalía y acumulación de capital. Las quiebras financieras y económicas provocadas por el crac son, de hecho, un fenómeno social donde se combinan eventos económicos con comportamientos masivos, políticos, culturales y psicológicos, en un bucle sistémico de realimentación positiva.
Estamos ante unos síntomas, sintiendo la transmisión de potentes fuerzas provocadas por engranajes dobles helicoidales que tendrán implicaciones económicas, financieras, culturales, políticas, ambientales y sociales más fuertes y prolongadas que la crisis financiera de 2008-9. Sobresale la crisis del endeudamiento público que excede la capacidad de pago de los países, el desplome de los precios internacionales del petróleo, la devaluación de las monedas fiat (dinero por decreto), el freno de los negocios y las principales bolsas en rojo, la guerra comercial, los conflictos bélicos que volvieron a disparar la carrera armamentista nuclear y el triunfo de los sectores políticos nacionalistas, derechistas y antiglobalización. Se vislumbra un colapso a corto plazo superior al de cualquier recesión en los últimos 160 años.
Economía de guerra
El 30 de marzo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en el programa “Pregunta Yamid”, ordenó –en un tono entre castrense y de profesora de escuela– que debíamos “prepararnos para una economía como en la Segunda Guerra Mundial, y apagar nuestra economía tres meses”. La economía de guerra se aplica en momentos históricos de fuertes convulsiones violentas con el fin de mantener el funcionamiento de las actividades productivas básicas, coercer autoritariamente a la sociedad civil y controlar la economía nacional desde el Estado central.
El 22 de marzo de 2020, el gobierno nacional expidió el Decreto 457, mediante el cual el presidente Duque impartió las obligaciones para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio en todo el territorio colombiano.
En consecuencia, hasta tanto no se resuelva la crisis de salud, la situación económica decaerá día a día. Si bien en la post-pandemia puede haber una recuperación de los negocios, los daños macroeconómicos, la quiebra de empresas y la destrucción de puestos de trabajo dejarán secuelas difíciles de enmendar. De hecho, los créditos orientados a las pequeñas y medianas empresas a través del sistema financiero tradicional y los apoyos asistencialistas a la demanda (hogares vulnerables) puede contribuir a aplanar la curva de contagio al ayudar a las personas a permanecer encerradas, pero hay un límite en cuanto a lo que puede ayudar a la economía, a las empresas y a los desempleados. Según cálculos del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, “Cada día de encerramiento forzoso nos cuesta más de 2 billones de pesos a los colombianos”.
La peor caída económica desde la Gran Depresión de 1929
La especie humana está viviendo momentos de gran incertidumbre y angustia ante una doble crisis sanitaria y económica-financiera global sin precedentes. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha informado que en 2020 se producirá la peor crisis financiera de la historia a nivel mundial debido a los efectos del coronavirus Covid-19.
Según afirmó su directora, Kristalina Georgieva, está claro que hemos entrado en una recesión que será peor que en 2009 después de la crisis financiera mundial. La caída del PIB planetario podría alcanzar el -4 por ciento. El comercio mundial se derrumbará hasta un 32 por ciento, señaló la Organización Mundial del Comercio (OMC). La OIT advierte que los efectos serán de gran alcance, llevando a millones de personas al desempleo, al subempleo y a la pobreza laboral. Los cierres de países o ciudades, la suspensión, quiebra o clausura de negocios, fábricas y de las instituciones educativas, las restricciones de viajes y otras medidas para contener la expansión de la enfermedad han tenido un repentino y drástico impacto en trabajadores y empresas; este tipo de medidas afectan actualmente a 2.700 millones de trabajadores, que representan el 81 por ciento de la fuerza de trabajo mundial.
Según los cálculos de la OIT, el Covid-19 hará desaparecer globalmente, solo entre abril y junio de 2020, el 6,7 por ciento de las horas de empleos, lo que equivale a la pérdida 195 millones de puestos de trabajo a tiempo completo. Un informe de Oxfam, la confederación internacional formada por 19 organizaciones no gubernamentales que realizan labores humanitarias en 90 países, basado en un análisis realizado por investigadores del King’s College de Londres y la Universidad Nacional Australiana, predice que una contracción del 20 por ciento en los ingresos de los hogares provocaría que el número de personas que viven en la pobreza aumente entre 434 millones y 611 millones.
En paralelo, la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, vislumbra una recesión global solo comparable con la depresión de 1929. Un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sostiene que el Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe sufrirá reducciones significativas en 2020, entre 1,8 por ciento en un escenario moderado y 5,5 por ciento en el más extremo, debido al impacto de la pandemia; Luis Alberto Moreno, presidente del BID, afirmó que el daño económico se mantendrá durante los próximos dos años.
En el caso de Colombia, debido a los dos eventos adversos que afectan la economía del país –el coronavirus y la caída en el precio del petróleo– las calificadoras crediticias rebajaron la nota a una perspectiva negativa. De acuerdo con el analista principal de Calificaciones Soberanas para Colombia de Fitch Ratings, Richard Francis: “Hay la posibilidad de que la economía de Colombia pueda caer más de 0,5%, hasta 2% o 3%, dependiendo del tiempo que dure la estabilización”. La calificadora también señala que el país ha incurrido en “un aumento en la carga de la deuda en los últimos años y una caída esperada en los ingresos fiscales, lo que ha dejado al Gobierno con menos espacio fiscal para contrarrestar los choques económicos” (Gráfico 1).
El informe de Perspectivas Económicas Mundiales del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicitado el martes 14 de abril, proyecta que la actividad económica en América Latina y el Caribe se reducirá un 5,2 por ciento en 2020 por el impacto de la pandemia del coronavirus en sus cadenas de suministro y la demanda interna y externa, entre otros factores. En cuanto a Colombia, el FMI prevé que la economía caiga 2,4 por ciento este año.
Considerable sufrimiento social para la clase trabajadora, la clase media y los sectores populares.
Consecuencia de la compleja situación que enfrenta el país y de las tardías y erráticas políticas adoptadas por el gobierno nacional y las administraciones territoriales, en 2020 Colombia perderá el terreno ganado en materia de desarrollo socio-económico durante las dos décadas transcurridas del siglo XXI y en algunas dimensiones específicas –iniquidad, pobreza, desempleo, violencia y desplome de los ingresos– el panorama es desgarrador (Gráfico 2).
De acuerdo con lo señalado por la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, de la misma forma que la emergencia de salud golpea a las personas vulnerables con más fuerza, se espera que la crisis afecte en mayor medida a los países más pobres. Estos tienen menos recursos, con sistemas de salud más débiles y carentes de instituciones y políticas de salubridad pública, son altamente corruptos, violentos, desiguales y excluyentes, fundamentados en economías extractivas, notablemente endeudados y además están peligrosamente expuestos a perturbaciones de la demanda y de la oferta, con un drástico endurecimiento de las condiciones financieras y devaluación de sus monedas.
En efecto, la amenaza de quiebra de empresas y destrucción de puestos de trabajo tiene como principal presa, de una parte, a las micro, pequeñas y medianas empresas, y de otra, a los empleos vulnerables, informales y cuenta propia. Una proyección con fácil acierto en nuestro país, con una economía y matriz productiva fragil y relaciones asimétricas, así: existe un total de 1,9 millones de empresas; el 0,5 por ciento son grandes, otro 6,8 integran las pequeñas y medianas, y la gran mayoría, el 92,7 por ciento, son microempresas. Del total de empresas, el 17,6 por ciento corresponden a las actividades del comercio; 9,4 por ciento hacen parte de las actividades económicas de profesionales y técnicos; 8,4 son industrias manufactureras; y el 5,8 de la construcción. Las pymes y microempresas, que representan el 99,5 por ciento de su aparato productivo, generan más del 80 por ciento de los empleos y aportan el 35 por ciento del PIB.
Según Rosmery Quintero, presidenta de Acopi (Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas empresas), las mipymes generan 17’828.824 puestos de trabajo; de estos, 7’233.726 son empleos de alto grado de vulnerabilidad y los restantes 10’596.062 tienen un menor grado de peligro.
Al considerar el total de la fuerza laboral ocupada en Colombia, de los 22,1 millones de trabajadores registrados en la Gran encuesta de hogares del Dane en febrero de 2020, más de 9,5 millones se encuentran en los sectores de vulnerabilidad extrema. A nivel nacional, dos terceras partes de los ocupados son trabajadores informales, esto es, laboran en pequeñas empresas o trabajos precarios, inestables y sin cobertura de seguridad social. En el trimestre móvil diciembre 2019 – febrero de 2020, la proporción de ocupados informales en el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 47,9 por ciento; en las zonas rurales y pequeños poblados la informalidad tiende a ser del 100 por ciento, esto es, la dimensión de desigualdad territorial en el interior del país es abismal.
El problema de la destrucción de puestos de trabajo no se reduce a los efectos de la pandemia ni está circunscrito a las Pymes. Según las encuestas de hogares del Dane, durante los trimestres diciembre-febrero de 2019-2020 (antes del impacto del Covid-19) se perdieron en el país 121.000 empleos y la tasa de desempleo aumentó de 11,8 a 12,2 por ciento. En paralelo, las grandes empresas vienen reduciendo su planta de personal; así, por ejemplo, debido a la volatilidad del sector petrolero, las compañías minero-energéticas despidieron a 8.823 trabajadores de los 167 mil que ocupaban un año atrás (-5,7 en términos porcentuales); además, según denuncias de la USO, el número de despidos durante las dos primeras semanas de iniciada la pandemia es de 7 mil, estos son trabajadores tercerizados que están ubicados en las refinerías y en los campos petroleros del Magdalena Medio. Además, con el objetivo de reducir los contagios y aumentar las precauciones de operación, Ecopetrol dio a conocer éste 10 de abril que la refinería de Barrancabermeja disminuyó en 80 por ciento el personal que labora en sus instalaciones (entre directos y aliados).
En medio de la pandemia y el crac económico-financiero, los ricos se hacen más ricos. Los grandes empresarios y el sistema financiero son los ganadores en esta doble crisis debido a los procesos de centralización y concentración de capital, adquisición de empresas quebradas, monopolización del mercado, el comercio electrónico, el pago de menores salarios y flexibilización laboral, especulación y ampliación de los márgenes de intermediación financiera; por tanto, el índice de concentración del ingreso volverá a una situación similar a la que registraba a principios del siglo cuando su valor era de 0,595 (una desigualdad superior al 0,4 significa un carburante poderoso para aumentar los conflictos a nivel nacional).
En Colombia, el confinamiento obligatorio de la población para enfrentar la pandemia del coronavirus tendrá no solo efectos en el crecimiento del PIB de los diferentes sectores, algunos más golpeados que otros, sino que también se verá en las cifras de desempleo, en el aumento de la inflación y la pobreza, todo unido a la agudización del conflicto social. De acuerdo con los datos proporcionados por las encuestas de calidad de vida (Dane), al 37,3 por ciento de los hogares colombianos el ingreso no les alcanza para cubrir los gastos mínimos (hogares en condición de pobreza), otro 52,3 por ciento apenas logran cubrir sus necesidades básicas (hogares con algún grado de vulnerabilidad) y apenas un 10,4 por ciento logran cubrir más que el valor de la canasta básica familiar (hogares con capacidad de ahorro). En consecuencia, la quiebra de pequeños y medianos empresarios, unido a la destrucción de puestos de trabajo y a la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, implicará que a finales de 2020 por lo menos cuatro de cada diez (10) connacionales se encontrarán apenas sobreviviendo en condición de pobreza (20 millones de personas).
Finalmente, pero no menos importante, la violencia homicida no cesa pese al armisticio del gobierno con las guerrillas y al confinamiento de las personas debido a la pandemia de Covid-19. El promedio de homicidios diarios durante 2019 fue de 33 personas y en el tiempo corrido de enero a abril de 2020 el promedio es de 30; por tanto la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes oscila entre el 22,5 y el 26,5 desde 2014 hasta nuestros días.
En su más reciente informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz, que fue presentado este martes 14 de abril ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Misión de Verificación de ese organismo multilateral volvió a alertar sobre la grave situación de violencia en Colombia: “La violencia en contra de líderes sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos y excombatientes se ha mantenido a pesar de la cuarentena nacional”. Entre el 27 de diciembre de 2019 y el 27 de marzo de 2020 (período que monitoreó el informe) “la Misión verificó 16 asesinatos de exmiembros de las FARC-EP (incluida una mujer), con lo que la cifra total desde la firma del Acuerdo de Paz asciende a 190 (incluidas tres mujeres)”, se lee en el documento; y, en el caso de líderes sociales y defensores de derechos humanos, el informe sostiene que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), entre el 1 de enero y el 24 de marzo de 2020, recibió denuncias de 56 casos de asesinato.
El PIB y la recesión según enfoques
Para ese comienzo de la crisis, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aún señalaba que el país contaba con “bastante capacidad de asimilar las perturbaciones externas”. En la segunda quincena de marzo, las perspectivas halagüeñas que había para el 2020 se derrumbaron por completo. De acuerdo con un estudio elaborado por Fedesarrollo en el que se evalúa los costos para el país asociados a la pandemia por el coronavirus, se concluye que la cuarentena generalizada durante un mes está en el rango de 48 a 65 billones de pesos, que equivalen de 4,5 a 6,1 por ciento del PIB.
Un impacto en el PIB colombiano de la crisis sanitaria y económica que puede medirse desde tres enfoques o flujos: oferta, gasto e ingresos (ver diagrama adjunto).
Un choque de demanda unido a un choque de oferta masivo. Impacto en las ramas de actividad económica y el empleo
La teoría divide el mundo económico en tres sectores: extracción, manufactura y servicios. El PIB anual de Colombia bajo el enfoque oferta por sectores muestra un acelerado y desproporcionado crecimiento del sector terciario, o de servicios, que engloba las actividades relacionadas con los servicios no productores o transformadores de bienes materiales; incluye subsectores como comercio, comunicaciones, finanzas, turismo, hotelería, restaurantes, cultura, la administración pública, fuerzas armadas y policía, y los denominados servicios públicos (salud, educación, programas sociales), entre otros. Durante lo corrido del siglo XXI el sector terciario o de servicios aumentó su participación relativa en la economía nacional de 55,9 a 64 por ciento.
El sector primario comprende las actividades productivas de la extracción minero-energética, la obtención de materias primas y los alimentos no procesados; su evolución en la estructura productiva es decreciente: de 14,8 por ciento en 2001 a 12,4 por ciento en 2019.
El sector secundario integra la manufactura, la industria, la construcción y la obtención de energía; este registra una rápida pérdida de importancia relativa en la generación del PIB: 29,3 por ciento en 2001 y 23,7 por ciento en 2019.
De acuerdo con la matriz de empleo nacional, el 63,3 por ciento de los puestos de trabajo corresponden al sector terciario; 19,9 por ciento de la población ocupada hace parte del sector secundario y el sector primario provee 16,9 por ciento de las ocupaciones. Los 121.000 puestos de trabajo que se perdieron durante los trimestres diciembre-febrero de 2019 a 2020 se concentraron principalmente en las actividades agropecuarias (-211.698), comercio (-117.820) y Administración pública y defensa, educación y atención de la salud (-54.748). Únicamente cuatro ramas de actividad económica generaron nuevos puestos de trabajo: suministro de servicios públicos domiciliarios (77.271), construcción (78.562), Alojamiento y servicios de comida (163.378) y Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos (51.363), sectores que enfrentarán con mayor rigor los embates de la tenaza “crac-pandemia”.
Entre las consecuencias más cercanas de la doble crisis, sanitaria y económica, se destacan mayor desempleo, menores salarios e ingresos. Recientemente el centro de estudios económicos de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) afirmó que el alto impacto desfavorable de las medidas de aislamiento se verá principalmente en las ramas de actividad económica del comercio, en el sector minero-energético, en la industria, en las actividades de recreación, esparcimiento y entretenimiento, cultura, en restaurantes, hotelería y turismo, en la construcción y en el transporte aéreo y terrestre.
El sector de las confecciones ilustra esta apremiante situación: el gremio que las agrupa urgió medidas en materia de impuestos y subsidios significativos para poder cumplir con los pagos de nóminas, buscando minimizar la pérdida masiva de empleos de una industria que reúne a 70.000 empresas, de las cuales el 75 por ciento corresponde a trabajadores informales. Según Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, el sistema bancario no ha sido condescendiente con los empresarios que se han acercado a solicitar préstamos, ya que les han cerrado las puertas y no están cumpliendo su tarea con la sociedad y con el empresariado colombiano. “Por el contrario, están otorgando créditos con tasas excesivamente altas, lo que podría terminar de quebrar las empresas que intentan subsistir en medio de esta crisis”, indicó.
Incluso, según Anif, hasta los prestadores de servicios de salud, cuando deberían ser los más protegidos, también están enfrentando problemas económicos, debido a que se están quedando sin liquidez porque muchos procedimientos misionales se han suspendido. El sistema de salud padece un déficit crónico desde que las medidas neoliberales impulsadas con la Ley 100 de 1993 destrozaron la institucionalidad pública, privatizaron y mercantilizaron en un marco de financiarización la oferta de este esencial servicio. La crisis está poniendo en evidencia también la mala calidad del sistema de salud basado en el aseguramiento privado. Además, el sistema de Salud tiene un faltante financiero creciente; cada año los gastos por servicios superan el dinero disponible, hay un déficit de 3 por ciento del PIB y una deuda del 10 por ciento del PIB”, según cálculos del Ministerio de Hacienda.
Para Anif, disminuir indefinidamente el ingreso disponible de los hogares es pasar de un escenario muy malo, como el coronavirus y la recesión, a otro peor, que es el aumento del hambre y la pobreza. “Cuidar la economía es mantener el ingreso de la gente pobre que no tiene cómo comer y que pierde su empleo y de las empresas que no pueden operar su negocio, que pierden sus ingresos y les toca prescindir de sus empleados (empresas de todo tipo: micro, pequeñas, medianas y grandes)”, agregó el centro de estudios económicos.
La crisis de precios reducirían las inversiones petroleras, afectando negativamente la producción colombiana de hidrocarburos y los ingresos del Estado, además de devaluar la moneda colombiana
Los precios del barril de petróleo se derrumbaron desde US$68,9 de la referencia Brent –6 de enero de este año– hasta US$22 en marzo, su menor nivel desde noviembre de 2002. Aunque el precio repuntó hasta US$30 el barril a principios de abril de 2020 por los posibles acuerdos de los países productores para reducir políticamente la oferta, este rebote es efímero e insostenible habida cuenta que la demanda se ha reducido en 25 millones de barriles y los inventarios están al tope de la capacidad de almacenamiento. A mediados de abril había vuelto a caer a US$25; la tendencia es que el barril de hidrocarburos caiga al terreno de los US$20 o menos.
De acuerdo con la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol), con un Brent a US$25 por barril de petróleo la producción colombiana se reduciría hasta en 100.000 barriles diarios, a tal punto de llegar a los 786.000. A la vez, la tasa de cambio puede llegar, debido a la drástica reducción en la oferta de divisas, con un precio de barril de petróleo en el terreno de los US$20, hasta un nivel de 4.450 pesos colombianos por dólar estadounidense (Gráfico 3).
El desplome del precio del petróleo Brent, que tiene al barril en mínimos no vistos desde hace 18 años, alrededor de 25 dólares, cada vez le está dejando menos margen de maniobra al gobierno colombiano, pues a pesar de que el país no es un gran productor de crudo, sus finanzas y tasa de cambio sí dependen mucho de esta materia prima. Cálculos del Gobierno indican que por cada dólar que baja el precio del petróleo, los ingresos fiscales del país se reducen en 400.000 millones de pesos anuales, por lo que un movimiento a la baja de 10 dólares generaría una pérdida de 4 billones de pesos (0,4 por ciento del PIB).
Si bien Colombia no es un país petrolero (las actividades del sector de petróleo y gas correspondieron al 3,9 por ciento del PIB en 2019), sus cuentas fiscales (con ingresos provenientes del petróleo en un 1,7 por ciento del PIB de 2019), sus exportaciones (del 40 por ciento) e inversión extranjera directa (del 19 por ciento) aún lo hacen altamente dependiente de este recurso.
La economía colombiana va a tener que soportar durante 2020 un choque externo como consecuencia de la severa caída de los precios del petróleo, después de cerrar en 2019 con los déficits gemelos a nivel preocupante: 4,3 por ciento en la cuenta corriente de la Balanza de pagos y uno fiscal aparente de 2,5 por ciento. De mantenerse los precios del crudo alrededor de los US$25 el barril por el resto del año, el déficit de cuenta corriente puede alcanzar el 6 por ciento del PIB y el déficit fiscal un 5 por ciento. En 2021 la situación se complica más dado que será entonces cuando se sentirá con todo su rigor el costo fiscal por cuenta de los beneficios tributarios que el presidente Duque otorgó a las grandes empresas (Ley de Crecimiento aprobada al finalizar 2019), que se calcula en unos $10 billones y también la caída de los ingresos al fisco por concepto de impuesto de rentas, dividendos y regalías que paga la industria petrolera.
Entre tanto, Ecopetrol informó que se le desembolsó la línea contingente de financiamiento por US$665 millones con el objetivo de preservar una sólida posición de caja en la coyuntura actual. El desembolso de la totalidad de los recursos asociados a la línea crédito contingente de financiamiento fue contratado con Scotiabank, con US$430 millones y Mizuho Bank, con US$235 millones. La empresa además suscribió un contrato de financiamiento de corto plazo por US$410 millones. Es importante explicar que esta nueva deuda de Ecopetrol es respaldada por el Estado colombiano, por tanto suma, como entidad descentralizada, a la deuda pública externa nacional.
La distribución del ingreso nacional es la fase necesaria del proceso económico en cuanto relaciona la producción con el consumo
Para el año 2019, en Colombia la estructura relativa de distribución de los ingresos primarios entre las diferentes posiciones ocupacionales es la siguiente: i) los dueños del capital, esto es, patrones o empleadores, suman 835.000 personas y representan 3,7 por ciento de la población ocupada según posición ocupacional; por ingresos, su participación en la distribución del Producto Interno Bruto (PIB), a través del excedente de explotación bruto es de 35,3 por ciento; ii) los asalariados (obreros, empleados y jornaleros) representan el 50 por ciento de la fuerza de trabajo ocupada, esto es, 11,3 millones de trabajadores; en conjunto reciben el 34 por ciento del PIB; iii) el Estado, resultado de los impuestos netos a la producción, se queda con el 10,7 por ciento; iv) el ingreso mixto equivale al 20 por ciento del PIB, producto de la adición de las retribuciones a una heterogénea agrupación de trabajadores por cuenta propia y pequeñas empresas familiares donde laboran los propietarios y su núcleo inmediato, sin percibir un salario; estos variopintos trabajadores independientes, informales y microempresarios, que suman 10,5 millones de personas, tienen una participación relativa de 46,3 por ciento en la estructura de la población ocupada, según posición ocupacional.
La quiebra de por lo menos el 20 por ciento de las microempresas y la destrucción de 3,5 millones de puestos de trabajo disminuirá sensiblemente la participación de los ingresos de los asalariados, los cuenta propia y los pequeños propietarios. Los ingresos salariales y el ingreso mixto percibían durante la última década el 54 por ciento del PIB anualmente; por los impactos de la crisis reducirán su participación en más del 6 por ciento del PIB, afectando su capacidad adquisitiva y obligándolos a reducir su nivel de gasto en la satisfacción de las necesidades básicas. La demanda interna desciende en la misma proporción que caen los ingresos y el consumo de la clase trabajadora.
El PIB desde el punto de vista de la demanda final o utilizaciones
Este es igual a la suma de los gastos de consumo personal de los hogares capitalistas (Ck), el consumo de los hogares de los asalariados (Cw), inversión privada interna bruta (I), compras gubernamentales (G) y exportaciones netas (Xn=exportaciones-importaciones). Durante el período 2000-2019, la estructura promedio de la demanda es igual al gasto de consumo final hogares capitalistas y de ingreso mixto (34,3%), gasto de consumo final hogares de los trabajadores asalariados (33,4%), gasto de consumo final del gobierno general (14,7%), formación bruta de capital (21,1%) y exportaciones netas (-3,5%). En 2019, se destacó el crecimiento de la demanda interna que tuvo resultado de 4,5 por ciento lo que implica 1,1 por ciento más que en 2018 y explicó el crecimiento de la economía global colombiana en 3,3 por ciento.
En relación con el año 2019, para 2020 el PIB colombiano se reducirá en una cifra cercana al 6 por ciento debido a los impactos ocasionados por la tenaza “crac-pandemia’. La caída neta del PIB es de 2,5 por ciento, pudiendo alcanzar un -4 por ciento dependiendo de la duración de la crisis y el daño ocasionado al aparato productivo y el empleo. El país no contará con la demanda de consumo de un alto número de trabajadores asalariados e informales, menos aún con las remesas de los connacionales que laboran en países extranjeros. La Covid-19 le asestará un duro golpe a las familias cuyos ingresos dependen en buena medida del dinero que reciben del exterior vía remesas; cálculos preliminares de la Asociación Bancaria (Asobancaria) apuntan a que por cuenta de la pandemia dichos giros caerán entre 30 y 45 por ciento. Así las cosas, las remesas, que el año pasado alcanzaron una cifra récord cercana a los 6.744 millones de dólares, según el Banco de la República, tendrán una caída de entre 2.023 y 3.034 millones de dólares este año, respectivamente. En su mayoría esos recursos provienen de Estados Unidos y España, países que afrontan una severa destrucción de puestos de trabajo. Según información publicada por The Wall Street Journal, “los empleadores eliminaron 701.000 empleos en marzo, el comienzo de un colapso del mercado laboral que podría llevar a la tasa de desempleo de Estados Unidos a niveles récord“. En cuanto a España, el FMI prevé un histórico desplome este año de la economía del 8 por ciento y un desempleo del 20,8 por ciento por el coronavirus. Se estima que el 50 por ciento de los 5 millones de connacionales residentes en el exterior viven en esos dos países.
De otra parte, la inversión nacional y extranjera se desplomará, el faltante de la hacienda pública limitará el gasto del Gobierno (compensado con mayor endeudamiento) y el déficit comercial continuará sus resultados crónicos en más de 8.000 millones de dólares anuales (Gráfico 4).
Deuda externa y desvalorización de la moneda colombiana
Entre las mayores economías de la región, los países más afectados por la depreciación de su moneda desde que comenzó la propagación del Covid-19 son Brasil, Chile, México, Argentina, Perú y Colombia. Las caídas se aceleran ante la fuga de capitales a destinos más seguros por la incertidumbre financiera que genera la enfermedad. Como el dólar es el principal refugio de la economía mundial, las monedas latinoamericanas han perdido valor en la medida que empeoran las perspectivas económicas. Dado que la región es exportadora principalmente de hidrocarburos y materias primas, al bajar la demanda del petróleo y commodities de bajo valor agregado, aumenta la incertidumbre sobre su futuro económico. Es por eso que grandes inversores prefieren refugiar sus capitales en el dólar, particularmente en los bonos del Tesoro de Estados Unidos, ante los negativos pronósticos de crecimiento económico a nivel mundial y regional.
Consecuencia de los choques internacionales y a dinámicas interiores, el peso colombiano ha sido la moneda que más ha perdido valor en el mundo desde finales de 2012, con una depreciación de 40 por ciento. La devaluación intensa del peso refleja las características de inserción dependiente y subordinada de Colombia en el sistema monetario internacional, en un contexto de globalización financiera.
Una de las causas de la elevada volatilidad cambiaria se explica por el excesivo endeudamiento en dólares por parte del Estado, las corporaciones financieras y las grandes empresas del sector privado en los mercados de bonos. Del 42,7 por ciento del PIB que el Banco de la República registró en diciembre del 2019, la deuda externa de Colombia subió ahora, en el reporte de enero, a 49,8 por ciento del PIB. Con esta cifra el país se acerca (a solo un 0,2 %) a una obligación del 50 por ciento del PIB, barrera que empieza a ser preocupante en un país emergente, en el que el crecimiento de la economía no es viable. En términos generales, existe un límite del 90 por ciento del PIB que los economistas consideran una amenaza al crecimiento económico sostenible. Los gobiernos tienden a endeudarse estimando que su crecimiento económico será superior al pago de los intereses de la deuda; pero si el dólar se dispara, es posible que un determinado país ni siquiera pueda cubrir el pago de los intereses, entonces el nivel de deuda se vuelve impagable.
En dinero contante y sonante, la deuda externa llegó en enero de 2020 a 140.060 millones de dólares. Entre deuda de corto y largo plazo, el sector público tiene el 26,8 por ciento del PIB, es decir, 75.363 millones de dólares; mientras que sobre el sector privado recae el 23 por ciento del PIB: 64.697 millones de dólares (Gráfico 5). Este es el nivel más alto de endeudamiento como porcentaje del PIB desde 1995 si se revisan por porcentajes anualizados; en ese año el monto fue de US$26.341 millones, es decir, 24,2 por ciento del PIB.
Si lo trasladamos a la moneda nacional, con un valor de la divisa estadounidense de 4.000 pesos, la suma sobrepasa los 560 billones de pesos, es decir, es más de la mitad de todo lo que cuesta el actual plan de desarrollo del cuatrienio del presidente Iván Duque ($1.100 billones de pesos). Por todo lo anterior, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, afirmó que ante la doble crisis que asfixia la economía nacional “No hay más remedio que elevar la deuda”.
Es necesario tener en cuenta que una cosa es la deuda externa contraída por el Estado (Central y territorial), las corporaciones financieras y las grandes empresas del sector privado y otra bien diferente es el total de deuda pública del sector público colombiano (a la deuda pública externa se suma la deuda pública interna contraída con las entidades financieras nacionales). El total de la deuda pública del sector público colombiano (externa e interna) suma 577,1 billones de pesos, equivalente al 59 por ciento del PIB. El Gobierno Central adeuda 469 billones de pesos (47,9% del PIB); las entidades descentralizadas 59,1 billones de pesos (6% del PIB) y el nivel territorial 49 billones (5,1% del PIB).
Hipotecando el futuro de los colombianos. La administración Duque es consciente que debe ampliar irremediablemente la deuda pública, considerando que el crecimiento económico, el empleo y los ingresos por la vía de los impuestos ya no serán ni parecidos a lo estimado hasta antes de la cuarentena. Las medidas de aislamiento social para contener la propagación del Covid-19 y los bajos precios del petróleo, están deteriorando las cuentas fiscales de Colombia, al reducir los ingresos tributarios y aumentar las necesidades de gasto público. De ese modo, estiman que el déficit para 2020 aumentará desde 2,2% del PIB a un rango entre 4,2 y 6 por ciento del PIB, el cual incluiría un gasto contracíclico de entre $15 y $20 billones. La situación de la economía colombiana obligó al Gobierno a hablar de una nueva reforma tributaria y un mayor endeudamiento externo que le permitan al país conservar el amenazado grado de inversión y poder honrar las ayudas al sector privado y a varios segmentos vulnerables de la población afectados por la apremiante situación causada por la tenaza “crac-pandemia”.
Crisis y asistencialismo social
El Ministro de Hacienda Carrasquilla señaló que “Estamos revisando los números y falta mucho para poder tener una cifra precisa. Lo cierto es que, con la caída de la actividad económica, vamos a recaudar menos impuestos, al tiempo que nuestro país requiere –y el Gobierno está implementando– medidas que elevan el gasto público. Por ejemplo, se requieren unos $ 7 billones para enfrentar los desafíos en salud pública, otros $ 2 billones para ayudar a la población más vulnerable. En total, estamos comprometiendo más de $ 15 billones. Debido a que la actividad económica está muy resentida, el recaudo será inferior a los $158 billones que teníamos estimado en el plan financiero”, indicó Carrasquilla en entrevista reciente con el diario El Tiempo; el estimativo en la disminución del recaudo, hasta ahora, es de 10 billones de pesos, pero la situación es cambiante y depende de la duración y cómo transcurran los hechos de la pandemia.
Ante esta compleja situación, actualmente, la administración Duque coordina las acciones requeridas para acceder a nuevos empréstitos internacionales. El Gobierno central y el Banco emisor buscan oxigenar el sistema financiero y compensar la reducción de ingresos. Los nuevos créditos solicitados suman 14.000 millones de dólares: al FMI se le pidió un crédito por 11.000 millones de dólares (lo tramita el Banco de la República, que es el único que puede) y otro por 3.000 millones de dólares que lo solicitó el Gobierno a las bancas multilaterales (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y el CAF –Banco de Desarrollo de América Latina). De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, los 3.000 millones de dólares atenderán necesidades presupuestales y de la emergencia. Y los 11.000 millones de dólares son para que el emisor pueda dotar de liquidez a todo el sistema financiero en general y tener recursos líquidos si se llegan a requerir.
Gris panorama y reto de cambio
En resumen, la economía colombiana enfrentará un periodo desafiante, con un empeoramiento del déficit de cuenta corriente, un aumento del déficit fiscal, una desaceleración de la actividad económica, un mayor desempleo, incremento de los índices de pobreza y desigualdad, amplificación de los conflictos sociales y, finalmente, un deterioro de la calificación crediticia del país y, tal vez, la pérdida de su grado de inversión. En este escenario, es inevitable un ajuste estructural en la matriz de crecimiento y en el modelo de desarrollo, junto con un paquete de reformas de ajuste económico y social (reforma tributaria, privatizaciones, reforma pensional, reforma laboral) enfocadas en controlar el gasto del Gobierno y redistribuir las cargas sociales y tributarias.
En el ambiente ronda de manera muy fuerte la posibilidad de una reforma tributaria estructural para hacerle frente a la pandemia. Frente a la pregunta planteada al presidente Duque por un periodista de la Emisora Atlántico, Barranquilla, el 15 de abril ¿Qué piensa usted con respecto a eso?» el Mandatario respondió: “Este no es momento para adentrarse en reformas tributarias, porque justamente en estas circunstancias, cuando se le afectan los ingresos a las familias, cuando se le afecta los ingresos a las Mipyme, en este momento pensar en cómo nosotros aumentamos los ingresos por vía tributaria no solamente es inconveniente, sino que es inviable”. El gobernante agregó: “Es, sin lugar a dudas, esta, una crisis que va a golpear a muchas economías. Muchos países hemos tenido también que aumentar nuestra deuda”. Pero esta afirmación no despeja las inquietudes sobre las reformas antipopulares que se ven venir; Duque ha mostrado ser un mandatario mendaz en cuanto a lo que promete.
Esta es una situación crítica para el país nacional, para evitar lo cual requiere de un cambio profundo en su economía política. No obstante, las causas y los impactos de la tenaza ‘crac-pandemia’ ponen en evidencia que la crisis económica y el azote del virus trascienden a los viejos Estado-Nación. La transformación social debe hacer consciencia que el cambio radical, el surgimiento de nuevas relaciones sociales, solo es posible como resultado de la existencia de un movimiento social global que utilice su capital social y experiencias de lucha acumulados y las plataformas tecnologías que provee la cuarta revolución industrial y las Tics de quinta generación para impulsar un proyecto político en defensa de la especie humana, la dignidad propia de su naturaleza social y universal, en un contexto institucional de democracia radical.
Recuadro
Decretos para hacer frente a la tenaza “crac-pandemia”
El Gobierno ha anunciando, a través de un torrente de decretos sin tregua (ver diagrama: decretos para hacer frente al Covid-19), las primeras medidas económicas y sociales para enfrentar los impactos de la etapa de contención de la epidemia, para lo cual dispuso de cerca de 15 billones de pesos, recursos que salen del ahorro del público (Fondo de Ahorro y Estabilización y del Fondo de pensiones territoriales, Fonpet, así como de ahorros petroleros sin reconocer intereses). Este acopió de recursos para enfrentar la tenaza “crac-pandemia” equivale a 1,4 por ciento del PIB.
Comparativamente no es un esfuerzo significativo, lo que deja al desnudo la mezquindad que caracteriza a la clase dirigente colombiana: el gobierno de Estados Unidos gastará 10 por ciento del PIB para combatir el coronavirus, mientras que Alemania destinará 20 por ciento de su producto para contenerlo y reactivar su economía, incluso Perú está destinando el 12 por ciento de su PIB para combatir la crisis.
De acuerdo con una encuesta realizada en abril de 2020 por Acopi entre sus afiliados, por lo menos el 20 por ciento de las empresas se verán obligadas a cerrar debido a situaciones de insolvencia o quiebra. En resumen, en un escenario moderado 3,5 millones de puestos de trabajo se encuentran en alto riesgo; de llegar a destruirse dispararían la tasa de desempleo nacional al 26,3 por ciento (6,5 millones de personas) respecto a la población económica activa (25,1 millones de personas). Ante esta posible catástrofe social, el Gobierno ha implementado una política de emergencia; las decisiones adoptadas son: i) retención de 10% para salarios de empleados públicos que devenguen entre $10 y $15 millones, durante cuatro meses (en promedio, la burocracia y las fuerzas armadas devengan ingresos superiores a los 5 SML); ii) financiamiento de las nóminas de las pymes para trabajadores con sueldos equivalente hasta 5 salarios mínimos, durante tres meses; el único requisito financiero que exigirán las entidades bancarias para obtener estos beneficios es que las ventas anuales de las empresas no superen los $52.000 millones; iii) congelamiento por tres meses de los aportes a pensiones tanto para empresas como a empleados.
Estas medidas son calificadas de insuficientes y anodinas. Comenta críticamente Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, que el “plan fiscal de retención del empleo” está basado en créditos y no en subsidios; estos préstamos posteriormente tendrán que devolverse, lo que hará que muchas pequeñas empresas, que no son tan solventes, no puedan ser beneficiadas, quedando así sin poder continuar con su actividad económica. De acuerdo con las Cámaras de Comercio, 58 por ciento de las empresas solo pueden sostener la nómina actual hasta un máximo de 4 semanas por faltante de efectivo.
De otra parte, las políticas sociales del gobierno Duque, recién implementadas para enfrentar la crisis, se fundamentan en un enfoque asistencialista. A través del programa “ingreso solidario” se busca entregar un auxilio de $160.000 mensuales a tres millones de familias en situación de extrema vulnerabilidad por causa de la emergencia provocada por el coronavirus. Esta ayuda solo cubrirá un 40 por ciento de los hogares que requieren de ayuda, esto es, los que se encuentran en pobreza crónica o recién han ingresado por causa de la doble crisis que afronta el país durante 2020.
Además de los decretos incluidos en el cuadro, en momentos previos a finalizar el diseño de la presente edición, fueron promulgados o están en debate y elaboración otros tres decretos:
Decreto 538, 13/04/2020. Gobierno obliga a trabajadores de salud a estar disponibles para la emergencia de Covid-19. Los médicos se oponen al mandato; hacen falta equipos de bioseguridad y una remuneración justa, reclaman. Ante el llamado de los trabajadores de la salud y de congresistas, el gobierno nacional cedió y modificará la norma.
El Gobierno anunció la expedición del Decreto 579, 15/04/2020 que, a la luz de la emergencia económica por la pandemia del coronavirus, congelará los precios de los arriendos para los contratos que durante la contingencia tenían previsto un incremento, con la salvedad de que los pagos se deberán continuar haciendo de forma normal. El decreto tiene complejas implicaciones económicas para las partes y el dilema que ello representa. Mientras que en el país hay 5,6 millones de hogares que viven en arriendo, equivalente a 15 millones de personas, en el otro lado de la ecuación están los miles de propietarios cuyo único sustento es la renta que reciben de sus inmuebles. La vaguedad del Decreto 579 ha generado malestar y conflicto social teniendo en cuenta el antagonismo de intereses en juego.
Así mismo, el presidente Iván Duque anunció el miércoles 8 de abril en su programa de la noche que el gobierno apoyaría decididamente a los micro, pequeños y medianos empresarios del país afectados por las medidas de aislamiento social para que mantengan el empleo y puedan pagar sus nóminas. Dio a entender que subsidiaría durante tres meses el pago de las nóminas, pero al siguiente día reculó en su opinión o dictamen. La medida se encogió drásticamente; ahora el presidente Duque se limitó a decir que el gobierno aumentará al 90% por ciento el aval para respaldar los préstamos que tramiten las micro, pequeñas y medianas empresas del país para pagar sus nóminas. El problema es que muchas no tienen cómo endeudarse más. En resumen, el gobierno no subsidiará estas nóminas; simplemente avalara los créditos de los micro, pequeños y medianos empresarios que logren obtenerlos a través del sistema financiero.
El Gobierno Nacional reveló durante la noche del martes 14 de abril el decreto 546 del 2020, por medio del cual se permitirá, desde ahora, “la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19”. De acuerdo al documento, la medida se toma “para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” por el que actualmente atraviesa el país. La medida, según los cálculos iniciales del Ministerio de Justicia, permitiría la salida a sus casas de alrededor de cinco mil personas. Los beneficiarios de la excarcelación serán los mayores de 60 años, madres gestantes y lactantes o con hijo menor (3) años de edad, dentro de los establecimientos penitenciarios, personas que padezcan enfermedades graves o en condición discapacidad, personas condenadas o que se encontraren con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento penitenciario y carcelario por delitos culposos; así como quienes hayan sido condenados a penas menores de cinco años y que hayan cumplido el 40 por ciento de la pena. Una medida que no va al núcleo de la problemática carcelaria que vive el país, donde padecen encierro sin haber sido vencidos en juicio más 36.000 sindicados. En resumen, el hacinamiento continuará y el riesgo creciente de un contagio colectivo no será desactivado.
El 15 de abril a la media noche concluyeron las facultades extraordinarias del presidente Iván Duque que le otorgaban el poder de expedir decretos con fuerza de ley durante 30 días (prorrogables). En este último día emitió 30 decretos adicionales, de los cuales resaltamos dos: (1) El Decreto 558 que traslada pensiones de fondos privados a Colpensiones, con el fin de ayudar al sector finaciero que administra los fondos de pensiones (AFP) quitándole los aportantes pobres que no alcanzan a cotizar un salario mínimo para cargarlos al sector público; y el Decreto 568 que fija un impuesto durante tres meses del 10 por ciento a las megapensiones, esto es por encima de los 10 millones mensuales.
En resumen, esta lluvia de decretos da una idea de la concentración de poder real facilitada por la crisis y de la felicidad que tienen de gobernar a través de medidas directas emanadas del Ejecutivo. A la par, es una cortina de humo para esconder los graves problemas del país y evadir la responsabilidad como gobernantes. Los decretos favorecen a la clase política en sus intereses políticos de mediano y largo plazo, así como a los grandes empresarios y banqueros. Las medidas asistencialistas toman en cuenta a una proporción mínima de los excluidos, sin que sean favorecidos a plenitud, y deja por fuera a por lo menos 1.5 millones de familias.
Con todo ello el gobierno nacional y las autoridades territoriales dejan ver durante esta crisis su talante autoritario y sus primeros pinos de ejercicio absolutista y tiránico del poder. Es fácil ser fuerte con los débiles y atacar lo que los medios atacan; pero es sumamente difícil, incluso heroico, enfrentarse a las ideas dominantes y criticar todo aquello que vaya contra la verdad, la justicia y la dignidad humana, señaló recientemente el actual papa de la Iglesia católica. Esta avalancha de decretos son dictados, tras bambalinas, a los gobernantes títeres por quienes realmente ostentan el poder político y económico en Colombia. La postcrisis se presenta como una oportunidad de dinamizar cambios y legitimar otros pensamientos más acordes con la solidaridad y armonía en las relaciones sociales, humanas y con la naturaleza.
Periódico suplemento Educación y economía Nº10, pdf interactivo
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