La sociedad colombiana está orientada más al crecimiento que al desarrollo. La cantidad se sobrepone a la calidad. Ello es manifiesto en las metas cuantitativas de cobertura, bien sea de salud o educación, sin tener en cuenta la calidad, pertinencia y sostenibilidad de las políticas. Algo similar ocurre con los temas ambientales, de urbanismo o vivienda. El concepto de vida digna no hace parte de la cultura colombiana ni de las políticas de desarrollo.
La especie humana pertenece a una clase natural universal. Por tanto debe satisfacer necesidades materiales y objetivas para lograr sobrevivir y reproducirse. De igual manera requiere de un ambiente social, cultural, económico e institucional para desarrollar sus capacidades y potencialidades como ser humano; esto es, existir en un contexto de bienestar o calidad de vida digna. Por su naturaleza de persona consciente, integral y espiritual, adicional a las necesidades y al bienestar, está llamado a encontrar sentido y significado a su diario vivir. La condición humana se orienta más al «ser» que al «tener».
1. Nivel y Calidad de Vida, conceptos y metodología
Cada ser humano de manera individual y las sociedades, en general, comparten la aspiración común por elevar su nivel y calidad de vida. El nivel está asociado a la cantidad, esto es, la posibilidad de las personas de obtener bienes y servicios en mayor cantidad. De acuerdo con la ideología dominante en las sociedades capitalistas, la relación directa es con la propiedad y el nivel de ingreso: a mayor renta mayor nivel de vida o, mirado de otra manera, quien más pueda consumir y tenga más bienes materiales y dinero acumulado, mayor será su nivel de vida.
La calidad de vida es un concepto holístico que hace referencia al bienestar humano. Implica la presencia y disfrute en la vida cotidiana de aquellos elementos, tangibles e intangibles, que fomentan la dignidad y su florecimiento, todos los derechos humanos y libertades fundamentales, la igualdad y la justicia social, la democracia, la paz, la estabilidad y la seguridad, la solidaridad y la tranquilidad individual o colectiva. Si bien los bienes y servicios materiales que satisfacen necesidades esenciales son imprescindibles, no son suficientes para proporcionar el bienestar sistémico que requiere la compleja y dinámica existencia humana en su derecho legítimo de aspirar a una vida feliz.
La diferencia conceptual entre nivel y calidad de vida está emparentada con la alternativa «tener o ser», estudiada por el psicólogo social Erich Fromm (1900-1980) en su análisis de dos formas de existencia. Quien se orienta al tener define su vida y su existencia y se define a sí mismo por lo que tiene y pueda tener. En la orientación al ser, en cambio, se trata de la realización de la vida misma, del trabajo productivo, del desarrollo de sus cualidades y fuerzas esenciales humanas. En la primera, la experiencia de la identidad se basa en la fórmula «soy lo que tengo»; en la segunda, en la formula «soy lo que hago». Querer superar la orientación hacia el tener no significa, por ello, ningún ascetismo, renuncia de la vida, ni tampoco ninguna orientación hacia el no tener, sino un retorno hacia las fuerzas esenciales del ser humano y su ejercicio1. La calidad, en resumen, es el mismo arte de vivir, lo que requiere el ejercicio diario de una vida desde las cualidades y fuerzas propias humanas. Hay que descubrirlo en uno mismo y en la relación con la realidad, a menudo contra la resistencia de las «patologías de la normalidad» (para Freud, el interesado exclusivamente por tener y poseer es una persona neurótica, mentalmente enferma) enmascaradas como «sentido común». El objetivo del arte de vivir, por tanto, consiste en estar relacionado con la realidad exterior e interior con las propias fuerzas mentales, espirituales y corporales de tal manera que pueda crecer el amor por la vida.
En consecuencia, no es lo mismo crecimiento que desarrollo (ver recuadro “El principio de modernización”). El «progreso» no significa nunca un simple plus cuantitativo; esencialmente es cualitativo, y de la índole cualitativa del espíritu. El «progreso» es consciente y conocedor de su meta, explicaba a principios del siglo XIX el filósofo alemán Hegel (1770-1832). Esta meta es, en la traducción del dilema existencial entre «tener y ser» establecida por Fromm, el progreso en la autoproducción del ser humano. El despliegue multilateral de las fuerzas esenciales de la naturaleza humana, según la antropología crítica, explican este «progreso» o «desarrollo», de acuerdo con el grado alcanzado en su humanización. La elevación de estas fuerzas esenciales –que diferencian al ser humano de los demás seres biológicos– están relacionadas con los siguientes atributos de su ser específico: i) ser natural universal, ii) conciencia, voluntad y lenguaje, iii) ser teórico-práctico, iv) la praxis, entendida como trabajo, proceso técnico-práctico universal, y actividad vital, libre y creativa, transformadora del mundo y del ser humano mismo, v) persona, individual y social, vi) ser histórico.
El principio de la modernización y el “Tercer Mundo”*
[…] progreso y desarrollo tampoco son sinónimos. El progreso hace referencia a los avances, los adelantos y perfeccionamientos que facilitan la vida del ser humano, el desarrollo en cambio a una necesidad de usar el progreso como forma de negocio y enriquecimiento económico. Por ello, el desarrollo ha implicado retroceso, perdida de soberanía, de derechos y riqueza vital para la mayoría de los pueblos, naciones y ciudadanos del mundo, sin que a cambio hayan obtenido ninguna ventaja. La idea del desarrollo surgió sólo en ese espacio geográfico mal definido de lo que hoy conocemos como Occidente y comenzó a imponerse a golpe de conquista armada y propaganda mediática al resto del mundo por intereses especulativos: obtener y acumular bienes más allá de los que pueden llegar a usarse y consumirse en vida, someter a los otros construyendo un sistema de dependencia. El beneficio de una minoría cada vez más exclusiva antepuesto al interés de la mayoría, al bien común. Desde finales de los años cuarenta, la obsesión por la modernización, a toda costa, de las llamadas economías atrasadas escondían razones interesadas: “… Encontrar mercados para los bienes norteamericanos fuera de sus fronteras, porque la capacidad productiva de su economía se había duplicado durante la guerra; asegurar el control sobre las fuentes de materias primas a fin de enfrentar la competencia mundial, y establecer una red global de poder militar incuestionable para garantizar el acceso seguro de materias primas, mercados y consumidores” (Escobar, 1996). Esta mirada, como expresa Rist (2002), no es un valor universalmente compartido y carece, además, de base científica para sostenerse. La existencia de un planeta de recursos finitos impide con toda lógica un crecimiento tendente al infinito, como exige el desarrollo. Ésta es la razón del fracaso de cualquier intento de democratizar universalizando el desarrollo. El crecimiento permanente sobre bienes finitos no es compartible y es el argumento principal contra la gran estafa de los interesados en seguir propagando esta idea, que suena bienintencionadamente traicionera y embustera. El modelo es reproducible pero no universalizable. El mundo, como nos decía Gandhi, es suficientemente grande para todos pero insuficiente para la avaricia de unos pocos. El neoliberalismo, que defiende el modelo desarrollista, es consciente de la imposible universalidad del modelo consumista. Su estrategia se fundamenta en conseguir el aumento del consumo de quienes ya están dentro del mercado, “quien está fuera debe ser mantenido a distancia, controlado, eventualmente asistido por medidas y políticas compensatorias, como propone el Banco Mundial” (Betto, 2011). El presente debe empeñarse en buscar nuevas rutas para reflexionar sobre los caminos de la comunicación que deben verse no como una herramienta de desarrollo, sino como estrategia de empoderamiento, de inclusión, de participación ciudadana, un elemento de mediación y búsqueda de los consensos necesarios para construir economías justas y beneficiosas para los ecosistemas, de reivindicación de justicia y de defensa de derechos universales, y el desarrollo no forma parte de ellos. |
En las sociedades capitalistas, el desarrollo es entendido como crecimiento del valor de mercado de la producción (Producto Interno Bruto, PIB). Más exactamente está asociado a la acumulación ampliada del capital, generado por la explotación del trabajo y la expoliación de la naturaleza. En el lenguaje ordinario, el desarrollo describe un proceso a través del cual se liberan las potencialidades de un objeto u organismo, hasta que alcanza su forma natural y completa. Cuando la metáfora del desarrollo la aplicaron a las políticas nacionales adquirió un virulento poder colonizador, pronto aprovechado por los políticos. La metáfora del desarrollo convirtió la historia en programa, dirigido por burócratas e ideólogos del capital. Sirvió, además, para enfrentar los procesos revolucionarios y las luchas anticolonialistas. La historia fue reformulada en términos del capitalismo occidental y la democracia burguesa. El desarrollo privó a los pueblos de culturas diferentes de la oportunidad de definir sus propios planes de vida. En el siglo XX, durante los años cuarenta –década en la cual surgen los principales conceptos, instituciones y políticas aún hoy dominantes– el desarrollo se asocia simplemente con el crecimiento del ingreso por persona en las áreas económicamente subdesarrolladas.
El Consejo Económico y Social de Naciones Unidas recomienda en 1962 la integración de los aspectos económicos y sociales del desarrollo. La primera década del desarrollo de Naciones Unidas (1960-1970) establece que “el problema de los países subdesarrollados no es mero crecimiento sino desarrollo […] el desarrollo es crecimiento más cambio. El cambio a su vez es social y cultural tanto como económico y cualitativo como cuantitativo […] El concepto clave debe ser mejorar la calidad de vida de la gente” (La Década del Desarrollo de las Naciones Unidas: propuestas para la acción, 1962).
Para los años 1970 fueron incluidos como objetivos del desarrollo los problemas de la pobreza, el subempleo, los conflictos rurales y el desempleo (que comienzan a crecer como producto de los rápidos procesos de urbanización y tecnificación de la producción). Además, se registra una mayor preocupación por la calidad de vida, la distribución del ingreso y los problemas relacionados con la contaminación ambiental, el agotamiento de los recursos naturales y, en general, la destrucción de la naturaleza. De este modo, la segunda década del desarrollo formula un nuevo paradigma, el de la integración, tras reconocer la necesaria articulación de los recursos físicos, los procesos técnicos, los aspectos económicos y el cambio social. La Estrategia para el Desarrollo Internacional, proclamada por las Naciones Unidas, el 24 de octubre de 1970, demanda una estrategia global.
El enfoque debería incluir los componentes diseñados: i) No dejar a sector alguno de la población fuera del alcance del cambio y el desarrollo, ii) Efectuar un cambio estructural que favorezca el desarrollo nacional y active a todos los sectores de la población para participar en el proceso de desarrollo, iii) Proponerse la equidad social, incluyendo el logro de una distribución equitativa del ingreso y la riqueza en la nación, iv) Dar alta prioridad al desarrollo de las potencialidades humanas. Comenzó así la búsqueda del enfoque unificado para el análisis y la planeación del desarrollo.
Este proceso es recogido y sintetizado al finalizar el siglo XX por la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social convocada por las Naciones Unidas (Copenhague 1995). Allí quedó establecido que “El desarrollo social es inseparable del entorno cultural, ecológico, económico, político y espiritual en que tiene lugar. No puede perseguirse como una iniciativa sectorial. El desarrollo social está también claramente vinculado con el logro de la paz, la libertad, la estabilidad y la seguridad a escala nacional e internacional. Para promover el desarrollo social es preciso orientar los valores, los objetivos y las prioridades hacia el bienestar de todas las personas y el fortalecimiento y promoción de las instituciones y las políticas que persiguen este objetivo. La dignidad humana, todos los derechos humanos y libertades fundamentales, la igualdad, la equidad y la justicia social son los valores fundamentales de todas las sociedades”.
Durante un tramo de la historia del desarrollo nivel y calidad de vida armonizan. Transgredido un umbral, pueden volverse contradictorios y hasta antagónicos. Así, por ejemplo, en las sociedades modernas la mayoría de las personas desean poseer un automóvil, al aumentar los ingresos un alto número de familias alcanza esta realización material, elevando su nivel de vida; pero a la vez, aparecen social y colectivamente nuevos problemas: contaminación del aire y ruido, dificultades en la movilidad por saturación de vías, agresividad pública y estrés por gastos asociados con la nueva propiedad, deteriorándose, en conjunto, la calidad de vida.
La utilización del concepto de Calidad de Vida (CV) es reciente en las sociedades capitalistas. Después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), los investigadores de la época en Estados Unidos se interesaron en conocer la percepción de las personas y los hogares acerca de si tenían una buena vida o si se sentían financieramente seguras. A partir de los años 1960 el uso del concepto CV es generalizado por parte de los científicos sociales, recolectando información y datos objetivos relacionados con el estado socioeconómico, nivel educacional o tipo de vivienda y acceso a servicios públicos de los hogares.
Actualmente hay consenso respecto a la utilización del concepto CV, entendiendo que alude a varios niveles de la generalidad, desde el bienestar social o comunitario hasta ciertos aspectos específicos de carácter individual o grupal. El punto en común es el bienestar individual y social. En general, la CV es evaluada analizando cinco áreas diferentes: i) bienestar físico (con conceptos como salud, seguridad física), ii) bienestar material (alude a ingresos, pertenencias, vivienda, privacidad, alimentos y transporte, entre otros), iii) bienestar social (relaciones personales, amistades, familia, comunidad, reconocimiento, confianza), iv) desarrollo y actividad (educación, productividad, contribución, realización) y, v) bienestar emocional (autoestima, mentalidad, inteligencia emocional, estado en el tiempo y respecto a los demás, religión, espiritualidad).
En Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) inicia la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) en 1991, con la pregunta por la “Pobreza y calidad de vida en Bogotá”. A partir de la ECV 1997, bajo la metodología “Living Standards Measurement Surveys” (Lsms) promovida y auspiciada por el Banco Mundial, la entidad rectora de las estadísticas en Colombia aplica encuestas “multipropósito” que cubren las principales variables a nivel de vivienda, hogar y personas, que ofrecen información para el análisis, seguimiento y evaluación de la efectividad de las políticas y programas socioeconómicos del país, en la búsqueda de soluciones a los problemas de la pobreza y la iniquidad social.
Un indicador comúnmente usado para medir la CV es el Índice de Desarrollo Humano (IDH), establecido por las Naciones Unidas para medir el grado de desarrollo de los países. Es calculado desde 1990 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) de acuerdo con el trabajo de investigación del economista pakistaní Mahbub ul Haq realizado en 1990, fundamentado en las ideas desarrolladas por el economista indio Amartya Sen. El IDH es un indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno.
Desde la publicación en 1990 del primer Informe sobre Desarrollo Humano (IDH) global del Pnud, la mayoría de los países ha registrado un desarrollo humano significativo (ver mapa 1). El Informe de 2015 muestra que las tendencias globales en general son positivas y que el progreso continúa. Sin embargo, siguen perdiéndose vidas, a la par que socavando medios de subsistencia y desarrollo por motivo de catástrofes y crisis naturales o inducidas por los seres humanos.
El Informe sobre Desarrollo Humano 2014 “Sostener el Progreso Humano: reducir vulnerabilidades y construir resiliencia”, registra a 49 países de “Desarrollo humano muy elevado”, ocupando los primeros lugares Noruega, Australia y Suiza (el IDH es cercano a uno, valor máximo); en este privilegiado grupo se encuentran Chile, Cuba y Argentina. El nivel “Desarrollo humano elevado” concentra 53 países, encabezados por Uruguay (IDH: 0,790); Colombia hace parte de esta segunda clasificación con un IDH: 0,711 y ocupa el puesto 98 entre los 187 países estudiados por el Pnud. A principios de la década de 1990 Colombia se encontraba clasificado, según el IDH, en el nivel medio (IDH 0,500 a 0,799), ocupando el puesto 55 entre los 160 países clasificados en aquellos años.
La diferenciación entre nivel y calidad de vida es manifiesta en la historia colombiana. Durante el último siglo la pobreza medida por ingresos ha disminuido de manera continua: a principios del siglo XX nueve de cada diez connacionales vivía bajo condiciones de pobreza material, en 2014 la proporción ha disminuido a tres de cada diez, reflejando el aumento sostenido en el promedio de las rentas per cápita. En contraste, durante este período la falta de conciencia respecto al valor sagrado de la vida es manifiesta en la violencia ejercida por los grupos de poder sobre el pueblo y en la intolerancia homicida al momento de resolver conflictos entre colombianos, sin importar clases sociales, regiones o culturas; con episodios llevados al delirio y la exuberancia a mediados y finales del siglo XX. En resumen, los colombianos son menos pobres pero se matan más entre sí (gráfico 1). No obstante, es importante recordar que la pobreza ni la violencia son entidades metafísicas suprahistóricas; se hallan condicionadas histórica, social, cultural e institucionalmente. Unas relaciones verdaderamente humanas en las que el ser humano sea tratado como fin y no como medio, como sujeto y no como objeto, como ser humano y no como simple cifra, pudiendo existir y convivir en las condiciones más adecuadas y más dignas de su naturaleza humana, no pueden admitir la violencia, la pobreza o la exclusión.
En la última década del siglo XX la revisión crítica de los magros logros de la frondosa burocracia y compleja maquinaria internacional construida a lo largo de cincuenta años para fomentar el desarrollo en el mundo obligó a replantear los mecanismos de ayuda y precisar los objetivos y estrategias. De hecho muchos problemas de la humanidad se habían agudizado, otros no menos graves y nuevos emergían, y, en conjunto, indicaban que la sobrevivencia de la especie estaba en peligro. En el contexto de este desesperanzador examen, en el año 2000 los 189 países miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir para el año 2015 ocho propósitos de desarrollo humano. Estos ocho objetivos, definidos en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, implicaban 18 tareas específicas y más de 40 indicadores para medir su cumplimiento. Los Objetivos del Milenio (ODM) trataban problemas de la vida cotidiana que se consideraban graves y/o radicales:
• Erradicar la pobreza extrema y el hambre
• Lograr la enseñanza primaria universal
• Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer
• Reducir la mortalidad infantil
• Mejorar la salud materna
• Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
• Garantizar la sostenibilidad del ambiente
• Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
De acuerdo con los balances oficiales, Colombia alcanzó sólo el 57 por ciento de las metas que suscribió ante la ONU; además, con profundas brechas entre regiones y poblaciones frente a los ODM. Por ejemplo, en materia de erradicación de pobreza extrema el país logró reducir a menos de la mitad el porcentaje de la población que vive en la indigencia: la línea de la que se partió, que era de 20,4 por ciento en 1990, hoy es del 8,1 por ciento (hogares cuyo total de ingreso no cubre la canasta alimentaria, esto es, viven en condiciones permanentes de hambre y desnutrición). Este mismo indicador supera el 12 por ciento en capitales como Quibdó y Riohacha; y las diferencias entre las zonas urbanas y rurales son aún más grandes: en departamentos como Chocó, Vaupés y La Guajira, la pobreza extrema es 3,2 veces más alta que la de sus ciudades capitales, que a su vez muestran indicadores deficitarios. Entre poblaciones y clases sociales igualmente las diferencias son abismales, la mayoría de las comunidades indígenas, negras y campesinas tienden a vivir en condiciones de pobreza, igual sucede con el grupo etario de la tercera edad. Los valores de los indicadores sociales de estos grupos sociales siempre se encuentran en un nivel inferior al promedio del total país.
A estos abismos hay que sumarles metas que están lejos de ser cumplidas y que perpetúan la pobreza y el subdesarrollo, como el embarazo adolescente. Hace 15 años, Colombia se propuso mantener el porcentaje de menores de edad que están o han estado embarazadas en menos del 15 por ciento; no parecía tan difícil, pues para ese momento el porcentaje era de 12,8. Pero el país no ha hecho más que retroceder en este indicador y hoy exhibe uno de los índices más altos de la región: 19,5 por ciento.
La sociedad colombiana está orientada más al crecimiento que al desarrollo. La cantidad se sobrepone a la calidad. Ello es manifiesto en las metas cuantitativas de cobertura, bien sea de salud o educación, sin tener en cuenta la calidad, pertinencia y sostenibilidad de las políticas. Algo similar ocurre con los temas ambientales, de urbanismo o vivienda. El concepto de vida digna no hace parte de la cultura colombiana ni de las políticas de desarrollo.
Es importante, en consecuencia realizar un estudio de la CV de la sociedad colombiana. Este es el propósito de la presente separata. Con tal fin se toma como fuente de estudio la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) aplicada por el DANE a finales del año 2014 y publicada en el primer semestre de 2015.
2. Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2014
La última ECV representativa a nivel nacional, por grandes regiones y para zonas urbanas y rurales fue llevada a cabo en el año 2014. Su objetivo general: obtener información para poder analizar y realizar comparaciones de las condiciones socioeconómicas de los hogares colombianos, las cuales posibiliten realizar seguimiento a las variables necesarias para el diseño e implementación de políticas públicas y para el seguimiento de los ODM.
En relación con la precisión de las estimaciones, para tasas o razones con ocurrencia de más del 10 por ciento, la ECV del Dane 2014 tiene un error muestral de 5 por ciento en cabeceras y de 7 en zonas rurales, con un nivel de confianza de 95 por ciento. La metodología seguida por el Dane es la siguiente: i) encuesta multipropósito, ii) búsqueda de informante directo, iii) proceso de sensibilización antes de iniciar la recolección en campo, iv) recolección en dispositivos móviles de captura. El muestreo es probabilístico, estratificado, de conglomerados y polietápico.
Cobertura geográfica: Total nacional, cabecera y centros poblados – rural disperso; 9 regiones: Atlántica, Oriental, Central, Pacífica, Orinoquía – Amazonía, Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y San Andrés.
• Tamaño de la muestra: 20.141 hogares con encuestas completas
Unidades estadísticas
• Unidad de observación: hogar.
• Unidad de muestreo: Segmento o conglomerado, conformado en promedio por 10 hogares.
• Unidad de análisis: viviendas, hogares.
3. Resultados y análisis de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) DANE 2014
Población
La población total del país en el año 2015 suma 48,3 millones de personas. Hace un siglo, en el año 1905, el número total de habitantes en el país era de 4,3 millones. Al principio del siglo XX la mayoría de la población habitaba en zonas rurales (75 por ciento) y vivía en condiciones de pobreza (92 por ciento).
De acuerdo con el primer censo de población en Colombia –1778– sólo habitaban el territorio 787 mil personas. Esta cifra da cuenta del genocidio brutal a que fue sometida la población amerindia (tres millones) y negra (un millón de esclavos traídos de África) por parte de los invasores españoles y los criollos dominantes durante la Colonia. Violencia que no ceja ni descansa: desde finales del siglo XV hasta nuestros días el número de homicidios da cuenta de unos seis millones de asesinatos. No obstante, a partir de mediados del siglo XX el crecimiento poblacional es acelerado; para el año 2040 las proyecciones indican que los habitantes de Colombia alcanzaran la cifra de 62,2 millones (gráfico 2).
Según la ECV en consideración, el número de hogares en el país es de 13.423.945; el promedio de personas por hogar es de 3,4 en las zonas urbanas y de 3,7 en las rurales. El 77,3 por ciento de la población vive en las cabeceras municipales y el restante 22,7 habita en centros poblados o zonas rurales dispersas.
La distribución de la población según grupos de edad muestra una alta proporción de niños viviendo en las zonas rurales (25,8 por ciento menores de 11 años), superior a su equivalente en las zonas urbanas (20,3). En el grupo de 12 a 24 años igualmente la proporción es ligeramente mayor en los centros poblados y zonas rurales dispersas (24,1 por ciento rural y 23,1 urbana). A partir de los 25 años de edad la situación cambia radicalmente, los grupos de edad tienen una representación más alta en las zonas urbanas; la emigración por violencia, búsqueda de oportunidades educativas y laborales y mejores condiciones de existencia que generan una mayor esperanza de vida explican este cambio estructural entre los grupos de edad menores y mayores de 25 años, según la distribución de la población por grupos de edad, en lo urbano respecto al mundo rural. (gráfico 3).
En Colombia 49,3 por ciento de la población son hombres y 50,7 mujeres (ver gráfico 4). La situación es significativamente diferente entre las zonas urbanas y rurales. El índice de masculinidad es más alto en las zonas rurales (112,1) y el de feminidad, en consecuencia, más alto en las zonas urbanas (107,1). La migración campo-ciudad está representada mayoritariamente por mujeres; estas tienen más oportunidades laborales que los hombres y se adaptan más fácilmente a la cultura urbana. La situación de los hombres que quedan solos en el campo está asociada a condiciones de pobreza.
La condición de los hogares colombianos según la jefatura registra la continuidad de la tradición cultural según la cual mayoritariamente corresponde a los hombres: 62,3 por ciento en las zonas urbanas y 76,4 por ciento en las rurales. Del total de las jefaturas según sexo, los hogares en los cuales el jefe es mujer y no tiene cónyuge corresponde a 80,2 por ciento en las zonas urbanas y 75,8 en las rurales; además, en el 38 por ciento de los casos corresponde a jefaturas de mujeres con hijos menores de 18 años. Las jefaturas de hogar de hombres sin cónyuge equivalen al 20,1 por ciento tanto en las zonas urbanas como las rurales; y en la condición de presencia de hijos menores de 18 años la participación porcentual es de 9,2 en promedio para las dos zonas. Si bien lo común en las separaciones familiares es que los hijos queden al cuidado de las mujeres, es de resaltar la novedad en la relativa alta proporción de hogares de hombres sin cónyuge y con presencia de hijos menores de 18 años (ver gráfico 5).
La tasa de actividad doméstica en la población femenina de doce años y más es sorprendentemente alta en Colombia. En el país hay 18.969.950 mujeres mayores de doce años; de estas el 42,7 por ciento tienen como principal actividad los oficios del hogar (amas de casa). En las zonas urbanas la tasa de actividad doméstica de las mujeres es de 38,1 por ciento y en las rurales 61,1 (ver gráfico 6). La tasa de actividad doméstica de las mujeres tiende a estar correlacionada con la presencia y número de niños menores de cinco años en el hogar; en los hogares sin niños o niñas menores de cinco años la tasa de actividad doméstica es de 39,9 por ciento, cuando hay un niño o niña aumenta a 47,5 y alcanza el valor de 60,9 cuando hay dos o más niños.
Población menor de cinco años
En Colombia hay cerca de 3,9 millones de niños menores de cinco años; el 73 por ciento viven en zonas urbanas (2,9 millones) y el 27 (un millón) restante en las áreas rurales. Este grupo de edad representa el 8,2 por ciento respecto al total de la población. El cuidado de los niños está principalmente bajo la directa responsabilidad de los padres en sus casas, con ellos pasan la mayor parte del tiempo; en segundo lugar en instituciones públicas o privadas (gráfico 7).
En alta proporción, nueve de cada diez, los niños y niñas menores de cinco años son llevados por sus padres a controles de crecimiento y desarrollo. El porcentaje es ligeramente mayor en los centros poblados y zonas dispersas rurales. El condicionamiento de los subsidios tipo “familias en acción” y las políticas públicas que focalizan su acción en este grupo poblacional explican el alto porcentaje de asistencia (gráfico 8).
Vivienda, servicios públicos y riesgos
La Constitución Política de Colombia (CPC) ordena que “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna” (Artículo 51). De los 13,8 millones de hogares, menos de la mitad es propietaria de vivienda, bien sea que la tiene totalmente paga o la está pagando (gráfico 9). Por los costos y la especulación inmobiliaria, el porcentaje de propietarios es más alto en los centros poblados o zonas rurales dispersas que en las zonas urbanas. El porcentaje de hogares que vive en arriendo es principalmente alto en las zonas urbanas (42,9 por ciento) mientras en las rurales sobresalen los usufructuarios, los ocupantes de hecho o las propiedades colectivas (38,4). En general, la situación registrada muestra que las políticas de vivienda son más discursos que hechos concretos.
La Carta Política afirma en su Artículo 365 que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. De acuerdo con el acceso a los servicios públicos domiciliares, el nivel de vida es significativamente superior en las áreas urbanas respecto a las rurales (gráfico 10). No obstante, las coberturas de la energía eléctrica y de la telefonía celular son universales en Colombia. Si bien es una proporción bastante reducida, no deja de causar asombro que en pleno siglo XXI existan hogares rurales sin ningún acceso a servicios públicos (5,3 por ciento).
Colombia no escapa a la grave y compleja problemática ambiental del mundo contemporáneo. En la sociedad actual la expansión ilimitada y desordenada de las fuerzas productivas, congruente con el mecanismo expoliador del capitalismo, ha convertido la transformación de la naturaleza en una verdadera destrucción de ella: cambio climático, contaminación química y física de cuerpos de agua, acumulación de residuos tóxicos sobre todos los seres vivos, extinción de especies y agotamiento de recursos estratégicos. En 2014, trece de cada cien hogares fueron directamente afectados por eventos naturales negativos, principalmente por inundaciones y tormentas tanto en las zonas rurales como en las urbanas (gráfico 11).
La conciencia ecológica es algo incipiente en la cultura del país. Solo uno de cada tres hogares tiene el hábito de clasificar las basuras. Además 18 por ciento de los hogares no cuenta con servicio de recolección de basuras, por tanto arrojan los escombros y residuos a los ríos, en campo abierto, las queman o simplemente las entierran (gráfico 12).
Una dramática imagen del ecocidio ocurrido en el territorio colombiano desde la invasión europea a finales del siglo XV hasta nuestros días da cuenta de los nefastos efectos de un sistema económico de expoliación indiscriminada de la naturaleza y de una cultura sin conciencia de responsabilidad con las futuras generaciones (mapa 2). Actualmente, según el IGAC, solamente una tercera parte del territorio tiene un uso adecuado desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental.
Salud
El Artículo 49 de la CPC establece que “La atención de salud y el saneamiento básico son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”. En contravía, la Ley 100 de 1993 mercantilizó, privatizó, volvió un negocio la necesidad humana de atención médica al entregársela a las entidades de intermediación financiera e introdujo en la salud un enfoque individual, de aseguramiento y con énfasis en la enfermedad, descuidando los aspectos epidemiológicos, abandonando el enfoque preventivo, integral, comunitario y público. La Ley Marco 1751 aprobada en 2015, pretende solucionar los problemas generados por la Ley 100 en el aspecto de la integralidad pero sin abandonar la consideración de la salud como mercancía ni afectar el negocio de los intermediarios financieros.
En Colombia se confunde salud con aseguramiento. Aun así, las coberturas registran que la meta de universalización en aseguramiento no se ha alcanzado: seis por ciento de la población está por fuera del sistema general de seguridad social en salud (SGSSS). Del total de afiliados el 48 por ciento pertenece al régimen contributivo y el restante 52 al subsidiado, reflejando altos niveles de pobreza de la población, en particular la que habita en centros poblados o zonas rurales dispersas. Esta situación, unida a las altas ganancias de los intermediarios financieros de la salud, ha generado un problema estructural de fragilidad y falta de recursos en el SGSSS (gráfico 13).
Durante el mes de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2014, nueve de cada cien personas tuvieron algún problema de salud (8,3 por ciento en las áreas urbanas y 10 por ciento en las rurales). De este grupo poblacional, dos de cada tres acudió a la institución prestadora de los servicios de salud. El 14 por ciento de los enfermos acude a un médico, boticario, asiste a terapias alternativas o consulta un tegua. El 13 por ciento restante usa remedios caseros, se auto receta o simplemente no toma ninguna acción (gráfico 14). Los que no solicitan atención médica, se abstienen por falta de dinero o tiempo, problemas de accesibilidad o mala atención en las instituciones, demora en el otorgamiento de las citas, demasiados trámites o simplemente no le autorizaron la atención.
Educación
La Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, establece en su artículo 1º que la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, fundamentado en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes.
En Colombia, hay 1.802.637 personas mayores de quince años que no saben leer ni escribir; esto es, el 5,2 por ciento de la población. En las zonas rurales el porcentaje de la población analfabeta alcana al 12,4 por ciento del total (gráfico 15).
En el país la población de cinco y más años cuenta, en promedio, con 7,5 años de educación (indicador obtenido de sumar todos los años de educación cursados por la población de referencia y dividir este resultado por el total de población mayor de cinco años); en el área urbana el promedio es de 8,2 años y en la rural 4,9 (gráfico 16). Por grupos de edad, la mayor dotación de educación se concentra en el intervalo de 25 a 34 años; estos cuentan con 10,5 años de educación, aventajando en tres años a la población de 35 y más años.
Las tasas netas de asistencia por nivel educativo muestran que en ninguno de los niveles se alcanza la cobertura del cien por ciento en referencia a los grupos de edad pertinentes. Las menores tasas corresponden a las áreas rurales. El paso de un nivel inferior al siguiente registra de manera continua caídas en las tasas netas de asistencia. El declive más pronunciado se registra a partir de la educación media y de manera más pronunciada en el nivel terciario o educación superior (gráfico 17).
Las personas que se encuentran en la edad que normalmente deberían estar dentro del sistema educativo y no lo hacen presentan como causas la falta de dinero o los elevados costos educativos, por obligaciones en los oficios del hogar, por embarazo, porque necesita trabajar, por enfermedad, por problemas de acceso o simplemente porque no le gusta estudiar.
Trabajo
En la jerarquía que establece la Constitución colombiana, el trabajo es considerado parte de los derechos fundamentales. El Artículo 25 afirma que “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.
Según la ECV de 2014 la población ocupada en el país suma 20,5 millones; 78,7 por ciento en el área urbana y 21,3 en los centros poblados y zonas rurales dispersas. En el área urbana, según posiciones ocupacionales, sobresalen los obreros y empleados de empresas particulares (44,9%) y del Gobierno (5,4%), de una parte, y los trabajadores independientes o cuenta propia (38,6%), por otra; en conjunto, estas tres posiciones ocupacionales concentran el 88,4 por ciento de los puestos de trabajo. En las zonas rurales el trabajo se concentra en las categorías obrero o empleado de empresa particular (18,6%), trabajador independiente o cuenta propia (41,6%), campesino o trabajador rural en explotación propia (14,0%), trabajador o ayudante sin remuneración (6,3%) y jornalero o peón (12,9%); en conjunto suman el 93,4 por ciento de los empleos. Los patrones o empleadores tan sólo representan el 2,7 por ciento a nivel nacional; en las áreas urbanas 2,6 y en las rurales 3,4 (gráfico 18).
De los 20,5 millones de personas que conforman la fuerza de trabajo en Colombia, dos terceras partes laboran en sitio fijo y otra tercera parte en la calle, campo abierto o sitio descubierto (gráfico 19). Por los altos costos de los arriendos, las viviendas vuelven a ser una opción viable para operar la fábrica, empresa o micronegocio (acoge el 21,6 por ciento de los trabajadores a nivel nacional). En los espacios abiertos, los conductores o choferes suman 1,2 millones de personas, los demás trabajan en quioscos o casetas, sitio al descubierto, puerta a puerta, en el campo, en obras de construcción, en una mina o cantera. En el área rural el 56,6 por ciento de la población ocupada labora en el campo.
La ponderación tan alta que tienen los gastos de transporte en el hogar, unido a los graves problemas de movilidad en las ciudades, hacen que una tercera parte de la población ocupada elija desplazarse a píe hasta sus sitios de trabajo (gráfico 20). Las otras dos modalidades principales elegidas por la población ocupada que requiere transportarse son el bus urbano y la motocicleta (31,7% a nivel nacional). El uso del automóvil particular sólo representa el 6,4 por ciento, y la bicicleta (3,5 por ciento) no es todavía una opción generalizable, tanto por las distancias, la inseguridad, la precariedad de las vías y el ambiente adverso. Los otros medios (taxi, Transmilenio, metro, intermunicipales, lanchas) son poco representativos.
Ingresos
Después de la grave crisis afrontada por el país al finalizar el siglo XX la economía registró, hasta el año 2013, un acelerado ritmo de crecimiento aupado por los buenos precios de las materias primas en los mercados internacionales. En este contexto, los hogares colombianos se vieron favorecidos por la disminución en las tasas de desempleo, el aumento en los ingresos por la remuneración al trabajo y la distribución de subsidios de parte del Gobierno. Los buenos vientos han cambiado en los dos últimos años (gráfico 21).
Por la condición estructural de iniquidad, los tiempos favorables de crecimiento económico conllevaron una mayor concentración del ingreso y la riqueza en el 10 por ciento de la población. De este modo, en el período 1998-2014, el salario mínimo legal –SML–, en promedio, sólo alcanza para adquirir una quinta parte de la canasta básica familiar. Esto quiere decir, llanamente, que con ingresos de un SML se requiere que cinco miembros de la familia trabajen para poder vivir con un mínimo de dignidad, por debajo de este límite ingresan al oscuro y doloroso mundo de las carencias básicas. En el año 2014, para una familia de ingresos promedio el valor de la canasta básica familiar tenía un precio mensual de 2.865.496 pesos; en contraste, el SML estaba en 616.000 pesos.
Según la ECV de 2014, el ingreso promedio de los hogares colombianos estaba en 1.924.933 pesos y por persona en 561.250 pesos (gráfico 22). El ingreso promedio mensual de los hogares urbanos ($2.167.076) supera en 2,2 veces al ingreso promedio mensual de los hogares rurales ($1.023.521).
De acuerdo con la opinión de los jefes o sus cónyuges, el ingreso recibido por el hogar es insuficiente para cubrir los gastos mínimos en el 26 por ciento de los hogares. La clase media en Colombia es frágil e inestable en su economía; según la opinión de 60 por ciento de los jefes de hogar o sus cónyuges el ingreso escasamente alcanza para cubrir los gastos mínimos. En consecuencia, a nivel nacional, tan sólo el 14,3 por ciento de los hogares cuenta con un excedente para poder ahorrar. En las áreas rurales la situación es más difícil en lo que respecta a los ingresos del hogar para atender los gastos mínimos: el 40,4 por ciento de los hogares no cuenta con ingresos suficientes y tan sólo 3,9 por ciento tiene capacidad de ahorro (gráfico 23).
Percepción del nivel y calidad de vida
Finalmente, la ECV 2014 permite conocer la percepción de los jefes de hogar o sus cónyuges sobre las condiciones de vida de su hogar comparado con los hogares paternos, la situación cinco años atrás, su percepción de la pobreza y la inseguridad o violencia social que afrontan.
En relación con las condiciones de vida actuales de los hogares en Colombia, dos de cada tres jefes o sus cónyuges consideran que son buenas. El 6,8 por ciento a nivel nacional opina que sus condiciones de vida son muy buenas, principalmente en los hogares urbanos (en los rurales sólo el 1,9 por ciento). Quienes consideran que sus condiciones de vida son regulares o malas suman, en el nivel nacional, el 25,7 por ciento; un porcentaje de hogares más bajo en las en las áreas urbanas (22,4%) respecto a los hogares pertenecientes a los centros poblados y zonas rurales dispersas (37,7%) (gráfico 24).
Esta percepción sobre las condiciones de vida de los hogares refleja la estratificación socio económica de la sociedad colombiana. Es una estructura crónica de desigualdades y jerarquías que se mantiene y reproduce desde la colonia: una cuarta parte de los hogares en extrema pobreza, un tercio perteneciente a una clase media frágil, inestable y siempre amenazada por la pobreza y menos de la décima parte de los hogares pertenecientes a las castas ricas y dominantes política y económicamente. La población rural, además, siempre ha llevado la peor parte y sufrido los efectos de un régimen oligárquico excluyente.
La percepción de los jefes de hogar o sus cónyuges sobre sus condiciones económicas con relación al hogar paterno son divididas, la mitad considera que son mejores y la otra mitad que son iguales o peores (gráfico 25). No solo entre países o regiones al interior de una sociedad se cumple la ley del desarrollo desigual y combinado, también entre personas, hogares y clases sociales. En Colombia el modelo económico y las políticas públicas funcionan en favor de grupos privilegiados con exclusión de las mayorías, como corresponde a la esencia de un Estado patrimonial y corporativista.
La percepción de los jefes o sus cónyuges respecto al nivel de vida que tenían cinco años atrás tiende a ser más negativa que cuando se comparan con las condiciones de los hogares donde fueron criaron. A nivel nacional el 45,1 por ciento estima que son mejores y el 44,9 por ciento que son iguales o peores (gráfico 26). A partir del año 2014 comenzaron a sentirse los síntomas recesivos de la economía, lo cual está reflejado en la percepción de los hogares, al menos de quienes obtuvieron los beneficios de la bonanza reciente.
Con relación a la percepción de la pobreza, el 36,7 por ciento de los jefes de hogar o sus cónyuges consideran que viven bajo condiciones de pobreza. Un nivel seis puntos porcentuales por arriba de lo que reconocen las mediciones oficiales. En el área urbana el nivel de pobreza se estima en 30,5 por ciento y en los centros poblados y zonas dispersas rurales la percepción de vivir en la pobreza es de 59,5 por ciento de los hogares (gráfico 27).
La sociedad colombiana toma, poco a poco, conciencia sobre la importancia de los derechos humanos, la paz, la democracia y el desarrollo sustentable, en la medida que los graves problemas del régimen político y el modelo de desarrollo afectan de manera directa su nivel y calidad de vida. De manera partícular, las encuestas repiten la preocupación de la ciudadanía sobre los graves problemas de inseguridad, movilidad, desempleo, salud, educación y deterioro del ambiente.
En el aspecto de la inseguridad se une el alza de los hechos de violencia cotidiana con la inoperancia y corrupción del sistema de justicia y los aparatos de seguridad. Los medios de comunicación hacen su aporte para magnificar el problema y meter más miedo. Pero la percepción de los jefes o sus cónyuges tiene un fundamento real en las agresiones que padecen los miembros del hogar. De acuerdo con la ECV de 2014 11,2 por ciento de los hogares fueron víctimas ese año de atracos, robos y otros hechos violentos; fenómeno ligeramente superior en las áreas urbanas (gráfico 28).
La otra cara de la moneda de los problemas de seguridad que padece la sociedad colombiana es la población penalizada por infringir los códigos de convivencia. La cultura colombiana sufre un síndrome de populismo carcelario; todos los problemas sociales pretende solucionarlos con ataques a la libertad personal. Actualmente la población carcelaria se acerca a la cifra de 140.000 individuos, el doble de lo que había tres lustros atrás. Además de haberse borrado las diferencias entre presos políticos y delincuentes comunes, por condiciones de hacinamiento (con índices cercanos al 53 por ciento a nivel nacional) la población carcelaria vive en condiciones infrahumanas. Un problema creciente y sin solución a la vista; de acuerdo con el ministerio de Justicia, solucionar la crisis carcelaria que actualmente enfrenta el país costaría cerca de $4 billones, esto es, el costo aproximado de dos reformas tributarias.
El filósofo francés J. P. Sartre (1905-1980), en el marco de su antropología existencialista, argumentaba que la violencia sería una estructura que acompaña a la acción humana mientras que el hombre viva en el reino de la necesidad o, más exactamente, en el de la escasez. Al contrario, en la tradición crítica marxista, lo que opone a los seres humanos que forman objetivamente una clase, y los lleva a la violencia, no es la toma de conciencia de una situación como la escasez, sino su situación objetiva con respecto a la justicia, inclusión y equidad del modelo de desarrollo, en su producción, distribución y consumo. Una vez olvidada la raíz objetiva económico-social-cultural de la violencia, queda despejado el camino para que la atención se centre en la violencia misma, y no en el sistema que la engendra necesariamente
1. Reflexión final sobre el nivel y calidad de vida de los colombianos
El Artículo 334 de la CPC establece que “La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la Ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano”.
En el último cuarto de siglo la dirigencia colombiana ha ido a contracorriente de este modelo. Tecnócratas, políticos y empresarios han favorecido un modelo extractivo y rentista del que, mediante políticas neoliberales, se benefician ellos y las transnacionales que saquean la riqueza nacional.
Al final de su vida, el maestro Orlando Fals Borda (1925-2008) convocaba a las conciencias nacionales en el rescate de un modelo de desarrollo propio, “ni calco ni copia”, con identidad propia, construido desde los pueblos originarios y sus valores fundantes. Un mejor futuro para nuestro país, afirmaba el reconocido sociólogo e historiador, obliga a examinar modelos y formas de vida quizás inéditos, por cuanto se han visto correr vacías las propuestas desarrollistas provenientes de países dominantes, que no se han adaptado bien a nuestro medio. Cosa natural, porque fueron concebidas para responder a problemas concretos de las sociedades norteñas con su propia historia y cultura.
Tomemos muy en cuenta a nuestros pueblos originarios porque son los que realmente han construido a la nación colombiana dándole su sabor y sentidos particulares. No es la Colombia de las elites extranjerizantes que nos han gobernado de manera tan discutible. Si recuperamos las formas altruistas del conocimiento popular, la vida alterna y el trabajo productivo para todos, podremos crear futuro desde nuestra propia diversidad y no colonizados por civilizaciones lejanas, y equilibrar la crisis del capitalismo global salvaje que nos está afectando2.
La Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, realizada en el mes de julio de 2015 en Adis Abeba –Etiopía–, definió el marco de financiación completo y global que cubre los aspectos económicos, ambientales y sociales del desarrollo futuro, considerando que no hay una solución única que se ajuste a las necesidades de los 193 países que integran la organización de las Naciones Unidas, porque cada uno es diferente. El marco está integrado por los derechos humanos, la paz, el desarrollo sostenible, la democracia y la solidaridad internacional. En resumen, la financiación del desarrollo sostenible centrado en la gente. Nada diferente a lo que ya contemplaba la Constitución de Colombia, deformada, atropellada y acomodada a los intereses oligárquicos. Corresponde a su pueblo reditarla y armonizarla a los nuevos tiempos que marcan el ritmo de las naciones y pueblos del mundo.
1 E. Fromm, Del tener al ser, Ediciones Paidós, 2007, España
2 Fals Borda, Orlando, “Hacia la democracia radical, pueblos originarios y valores fundantes”, en: Revista Cepa, Nº1, Noviembre 2006, Bogotá, pp. 16-24.
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