La garantía de los territorios de los pueblos de la Amazonía y la preservación de sus formas de vida es la certeza de enfrentar la crisis climática y la garantía de un nuevo pacto civilizatorio en defensa de la naturaleza y del planeta que nos acoge / Madre Tierra.
En Perú, al exceso de empleo de la fuerza por la Policía y la estigmatización de las protestas se suma el uso del sistema de justicia contra los manifestantes, mientras el régimen conservador de Dina Boluarte es objeto de denuncias ante la ONU y Amnistía Internacional.
Se han cumplido cien días del proceso de restauración conservadora y autoritaria con el gobierno de Dina Boluarte. Una restauración derechista que se sostiene en una brutal represión y la persecución judicial contra dirigentes sociales y manifestantes antigubernamentales.
Hay una crisis instalada en el Ecuador. Una desestabilización institucional que no fue generada ni por el movimiento indígena ni por los sectores populares, sino que parte de una administración nula, que no beneficia ni resuelve los problemas más sentidos de los ecuatorianos.
El 23 de marzo de 2022, escribí por última vez sobre la política peruana, urgido por terminar mi libro 200 años de la república y nación fallidas en Perú, con problemas de salud, y convencido de que la esperanza de cambio abierta por el triunfo de Pedro Castillo estaba ya frustrada. Hoy
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) califica como “crímenes de lesa humanidad”la respuesta represiva del gobierno contra las protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y elecciones este año.
En la actual crisis en Perú, la ronda campesina apenas ha sido mencionada, pero lo que sí se ha señalado es que si el movimiento de protestas no encuentra quién lo dirija, sin esta dirección, ya sea de partidos o líderes políticos, la protesta justa, pero relativamente espontánea, poco a poco podría ir decayendo.
La presidenta propuso una tregua y luego culpó a los manifestantes de haber lanzado las balas que los mataron a ellos mismos. Pobladores del sur andino denuncian abierto racismo.
Al menos 215 activistas de los derechos humanos y líderes populares fueron asesinados el año pasado en Colombia, la cifra más alta desde que se iniciaron los registros en 2016, reveló este lunes la Defensoría del Pueblo colombiana.
Después de una jornada caótica en que miles de manifestantes de todo el país confluyeron en la ciudad de Lima este jueves, quedó un balance con numerosos detenidos, un gran edificio quemado, más de 14 viviendas dañadas y un desorden politico que no cesa.
