Más allá de los motivos supuestos como los determinantes que mantienen viva la migración de connacionales en procura de trabajo e ingresos permanentes que le permitan aportar al sostenimiento de su familia, así como construirse un mejor futuro, este artículo analiza los condicionantes laborales, económicos, políticos y sociales que explican la trama “destierro-dignidad”, en debate a propósito de la caza, captura y repatriación por parte del gobierno de los Estados Unidos de miles de colombianos que no cuentan con documentos legales para permanecer y trabajar en este país.
La crisis humanitaria provocada por el proceso creciente, imparable y global de migración-deportaciones es uno de los hechos más dramáticos que marcan con tinte indeleble de injusticia el siglo XXI por ser causante de la vulneración o negación de los derechos fundamentales de hombres y mujeres.
Es una realidad de la que no escapa la sociedad colombiana, cuya diáspora está dispersa en todo el globo geográfico, concentrada principalmente en países de América y Europa. Durante el periodo 1970-2024 emigraron 8,3 millones de sus miembros, cinco millones de los cuales, según estimaciones oficiales, viven fuera del país en condición regular (60,2%); por inferencia, 3,3 millones (39,8%) estarían sin documentación o de manera irregular. Durante el quinquenio 1970-74 emigraron 179.881 connacionales; medio siglo después esta cifra se multiplico 9,3 veces, en el quinquenio 2020-2024 abandonaron el terruño 1.674.144 colombianos (gráfico 1).
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