El Concejo de Fusagasugá votó afirmativamente la integración de esta ciudad a la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, pese al clamor de los habitantes que se manifestaron recientemente con multitudinarias caravanas y marchas en contra de esta iniciativa.
Con una polémica sesión repleta de arengas de los dos bandos y varios llamados al orden, el Concejo de Fusagasugá aprobó este 30 de julio por diez votos contra siete la adhesión del municipio de Fusagasugá a la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca. Una situación que era de esperarse, cuando desde la administración del alcalde William García Fayad se promovió esta decisión y como lo denunciaron los medios locales, durante la sesión se intentó obstaculizar la entrada de los opositores, se realizaron intentos de saboteo por parte de funcionarios y se escucharon denuncias de instrumentalización a ciudadanos de condiciones vulnerables con entrega de mercados. Inclusive, la señal en directo del evento fue interrumpida por casi cuarenta minutos.
La decisión genera en la población un sabor agridulce, ya que el pasado 11 de julio durante el Cabildo Abierto realizado en el Coliseo Carlos Lleras Restrepo de esta ciudad, en presencia de Luis Lota, director de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, quien permaneció las diez horas del evento sentado al lado del alcalde García Fayad, se escuchó a la ciudadanía expresarse frente al proyecto. Fueron cerca de ciento cincuenta voces provenientes de organizaciones sociales, líderes políticos, comunidades campesinas y habitantes de distintos municipios de la Provincia del Sumapaz las que se manifestaron de forma vehemente en contra del proyecto. Voces preocupadas por la urbanización, el acaparamiento del agua y la tierra, la mala planeación, la pérdida de autonomía municipal y, en especial, por la falta de claridad con la que se llevó a cabo este proceso frente a la sociedad. Un llamado a la bandera, pues el Cabildo Abierto no es vinculante dentro del proceso.
La idea de una zona especial para el beneficio de Bogotá no es nueva. En 1973, durante el gobierno de Misael Pastrana se intentó definir un área metropolitana, pero sólo llegó a cristalizarse hasta comienzos de este siglo. A partir del 2001, con la creación de la mesa de planificación regional se construyeron entre la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Bogotá y la CAR, las bases para lo que un año después naciera el Consejo Regional de Competitividad, que abría la puerta a la participación conjunta de entidades públicas y privadas.
En el Plan Regional de Competitividad 2004-2014 aprobado en el 2003 se sentó el propósito de configurar una unidad regional económica, política e institucional, que llevó a la creación de varias Secretarías Técnicas encargadas de elaborar una agenda de integración entre sectores públicos y privados. Se trataba de una “estrategia para construir una región competitiva a partir de fortalecer el tejido productivo y aprovechar las ventajas comparativas”. Sin duda, desde el inicio una cuestión pensada para la capital que sacrificaba el desarrollo de los municipios cercanos.
Con la creación del Plan Regional de Competitividad de Bogotá-Cundinamarca 2010-2019 nació en el 2006 el convenio interadministrativo que trabajó durante dos años en la confección de una Región Capital, como fue llamada en un inicio. Según se divulgó, se trataba de una instancia de coordinación regional, encargada de “planear y gestionar iniciativas de interés regional”, teniendo como temas prioritarios la construcción de vivienda de interés social, el mejoramiento del acueducto y alcantarillado, la competitividad y seguridad de la región.
En la administración de Claudia López el tema fue prioritario y quedó incluido en el Plan de Ordenamiento Territorial “Bogotá Reverdece 2022-2035”. No obstante, el ambicioso proyecto cruzaba varias fronteras y contemplaba una autoridad supramunicipal con autonomía financiera, o sea, un novedoso nivel de gobierno por encima de la potestad de las autoridades municipales. Por eso, la iniciativa debió llevarse al Congreso y así surgió la Ley Orgánica 2199 de 2022, que acabó siendo aprobada por 81 votos a favor y diez votos en contra, uno de ellos del actual presidente Gustavo Petro.
Al modificar el artículo 325 de la Constitución se ajustaron todas las piezas del engranaje y se configuró una especie de “Frankestein” constitucional que acabó dando vida a la idea de la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca. Según la norma, a través de su dirigencia ejecutiva, la cual es ajena a la elección democrática, pero tiene más poder que un alcalde, se podrán tomar decisiones en materia de ordenamiento territorial, aspectos ambientales, sociales y económicos de los municipios pertenecientes a este proyecto.
Esta gerencia, que por supuesto, es patrocinada por la banca y es dirimida por Camacol y Pro Bogotá, desafía la democracia al consolidar una gobernanza corporativa que, escudada en el interés prioritario, podrá inmiscuirse según sus intereses en proyectos de infraestructura, movilidad, conectividad y en especial, regulación, suministro y calidad del recurso hídrico, una de las banderas rojas que han evidenciado los contradictores al proyecto. Como lo manifestó el representante Eduard Sarmiento el pasado 11 de julio, “aquí vienen es por el agua”, situación que preocupa a los habitantes de Fusagasugá, quienes por la mala planeación y la expansión urbana ya sienten los coletazos de la escasez del preciado líquido en algunas zonas de alta densidad poblacional.
Al vincularse Fusagasugá como cabecera de la Región del Sumapaz a la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca, se abren desde varios sectores económicos excelentes oportunidades para nuevos negocios de volteo de tierras y expansión urbana. Una victoria del gobernador Jorge Rey, su antecesor Nicolás García y en especial de Claudia López. Con Soacha y ahora Fusagasugá, comienza la larga carrera que debe, según sus planes, vincular a veinte municipios: Cota, Chía, Mosquera, Funza, Cajicá, Madrid, La Calera, Tocancipa, Tenjo, Sibaté, Sopó, Tabio, El Rosal, Bojacá, Subachoque, Gachancipá, Facatativá y Zipaquirá. De realizarse, son cerca de diez millones de personas que estarán sometidos a esta nueva versión empresarial disfrazada de democracia.
Leave a Reply