La condena contra Álvaro Uribe Vélez, dictada el pasado 28 de julio por soborno en actuación penal y fraude procesal, representa un hecho histórico para Colombia. Por primera vez, un expresidente es declarado culpable en un juicio penal. Pero más allá del impacto jurídico, esta condena sacude los cimientos de un mito construido durante muchos años y de la impunidad fortalecida por un régimen que ha marcado con sangre y terror al menos tres de nuestras recientes décadas.
Uribe no fue el “Gran colombiano” que intentaban vendernos. Fue el rostro visible de un proyecto autoritario que militarizó la vida civil y normalizó la violencia contra el pueblo. Su “Seguridad Democrática”, fue la puerta de entrada para la expansión paramilitar, la persecución sistemática a quienes defienden derechos humanos, la criminalización de la protesta social y la masacre cotidiana de miles de colombianas y colombianos. Hoy, esa historia comienza a escribirse con otras voces.
Este proceso judicial se inició en 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Sin embargo, fue la Corte Suprema la que terminó concluyendo que en realidad era el propio expresidente quien a través de su abogado presionaba a exparamilitares para desprestigiar a Cepeda. Durante años, el sistema judicial fue blanco de ataques mediáticos, campañas de desprestigio y maniobras dilatorias, reflejo de un poder que se resistía con todas sus fuerzas a rendir cuentas.
La condena de 12 años, la multa millonaria y la inhabilitación por ocho años son un mensaje claro de que Uribe ya no es intocable. Aunque no pisará una cárcel común, el arresto domiciliario en su finca de Llanogrande en Antioquia es un quiebre simbólico importante. El mito del invencible ha comenzado a desmoronarse.
Sin embargo, este fallo no juzga ni sanciona los crímenes de lesa humanidad que marcaron su gobierno. La estrategia contrainsurgente impulsada por Uribe, aliada con grupos paramilitares, dejó un rastro de horror, entre ellos asesinatos de líderes sociales, despojo territorial y un modelo de terror institucionalizado.
Los denominados “falsos positivos”, con más de 6,400 jóvenes pobres asesinados y presentados como guerrilleros caídos en combate, son la máxima expresión de esta política genocida. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha demostrado la sistematicidad de estas atrocidades, pero Uribe permanece impune ante estos hechos. Además, dos masacres emblemáticas El Aro (1997) y La Granja (1996)— se suman a la lista de crímenes que podrían llevarlo a nuevos juicios. Pese a las solicitudes de protección de las comunidades, el Estado negó su apoyo y testimonios de exparamilitares señalan incluso la participación directa de Uribe y su hermano en la planificación de estos ataques.
Tampoco puede olvidarse la represión al movimiento estudiantil, cuando en 2008, Uribe ordenó el ingreso del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y tanquetas a universidades para desalojar protestas contra su contrarreforma educativa, violando la autonomía universitaria y usando la fuerza pública para reprimir la disidencia juvenil, un claro signo de su autoritarismo.
Durante su gobierno, Uribe señaló públicamente a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó como “brazo político de la guerrilla”, estigmatizándola por declararse neutral frente al conflicto armado. El 21 de febrero de 2005, ocho de sus integrantes (incluidos tres niños), fueron asesinados por paramilitares en coordinación con el Ejército. Solo hasta el 29 de julio de 2025 la Fiscalía imputó a alias “Satanás” por estos hechos. La Comunidad sigue resistiendo con dignidad, sosteniendo su proyecto de vida autónomo y exigiendo justicia en un país que aún no ha saldado su deuda con las víctimas.
Es importante mencionar que el ascenso y blindaje de Uribe no se entienden sin el apoyo de Estados Unidos. Fue un aliado principal de George W. Bush y el rostro visible del Plan Colombia, que canalizó miles de millones en ayuda militar bajo la bandera antinarcóticos, pero que realmente sirvió para financiar una guerra contra el supuesto enemigo interno. Incluso fuera del poder, Uribe contó con la protección de sectores políticos internacionales, como la ultraderecha estadounidense, que lo han calificado como un “héroe” y un “perseguido político”. Esta red de apoyo dificultó el avance de la justicia, pero esta condena muestra que no son invencibles.
Mientras la élite política discute electoralmente esta condena, las víctimas del uribismo continúan esperando verdad justicia y reparación. Las Madres de Soacha, criminalizadas por denunciar a sus hijos asesinados, la Comunidad de Paz que resiste bajo amenazas, las comunidades indígenas y afrodescendientes que defienden sus territorios siguen enfrentando miedo y violencia.
Esta condena no cierra las heridas ni repara el daño causado, pero abre una grieta en el blindaje que durante décadas ha protegido a Uribe y a su régimen. Por eso, debe entenderse como un punto de partida para desmontar las alianzas criminales, el espionaje estatal, la corrupción, el despojo territorial y los pactos de silencio mediático que lo sostuvieron. Porque Uribe no actuó solo, su poder fue respaldado por partidos políticos, medios de comunicación, gremios empresariales, estructuras armadas y aliados extranjeros que lo exaltaron como el garante del orden y del capital. Su figura encarnó el mito invencible de una derecha que se creía intocable y hoy, ese mito se derrumba.
Es necesario decir que la justicia en Colombia llega tarde y casi siempre sin reformas profundas. Pero cuando llega, es producto de la resistencia de las víctimas y los movimientos sociales que enfrentaron el miedo y la estigmatización. Por eso, esta condena es una reafirmación de la memoria y la dignidad popular.
Ahora, la pregunta que debemos hacernos es si como sociedad estamos dispuestas y dispuestos a mirar de frente lo que implica esta condena. Porque no se trata solo de Uribe, sino de un proyecto autoritario que ha despreciado los derechos humanos y criminalizado el pensamiento crítico. Las madres de los falsos positivos siguen marchando, la Comunidad de Paz sigue resistiendo, los pueblos indígenas y afrodescendientes continúan defendiendo sus territorios. Esta condena es un camino para seguir luchando, sí, pero la verdadera justicia llegará cuando sus voces sean el centro del relato nacional.
Por ello, desde las distintas luchas sociales, desde nuestras diversas trincheras necesitamos que esta condena sea solo un paso para desmontar las redes que sostienen esta maquinaria criminal. Como ha planteado el senador Iván Cepeda, es necesario ampliar la justicia transicional para incluir a civiles, empresarios, políticos y medios cómplices de la violencia estatal. No basta con derribar a Uribe, hay que desmantelar todo el sistema que lo hizo posible.
Por, Malely Linares Sánchez, docente-investigadora. Unidad Académica de Ciencia Política. Universidad Autónoma de Zacatecas.
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