Información y poder –económico y político–, conforman una mancuerna, hoy más que nunca. A continuación se muestra como se moldea y concreta esta realidad en nuestro país negándole a su población en acceso a información veraz, al dupeditar esta a la particularidad de sus intereses
La libertad de prensa se enaltece como un valor absoluto e inmaculado. Históricamente fue concebida en el constitucionalismo colombiano como una garantía para el debate público y la fiscalización del poder, aunque esto no significa que aún no esté exenta de discusiones y tensiones.
De aquel tiempo al actual la realidad es más compleja. El ecosistema mediático se ha transformado en un campo de batalla soterrado donde los medios operan como vectores fundamentales del poder realmente existente en su cruzada por el status quo, en lo cual es fundamental ganar la opinión pública. Tras ese propósito apelan a todo lo que valoren como necesario. Una disputa donde la información, fidedigna, no es la primacía. De ahí que una gran parte del público, agotado ante la desinformación y la manipulación reclaman su derecho a una información veraz. Un reclamo diluido en el laberinto de la llamada libertad de prensa esgrimido por las corporaciones mediáticas. Ardid que también les sirve en su propósito de ocultar su ligazón con los poderes económicos, político y militares.
Para problematizar el rol de los medios de información y su vocación hegemónica, es necesario entender que estos suelen funcionar como empresas corporativas. Por tanto, hay que preguntarse: ¿quién es el dueño del medio?, ¿cómo se financia? y ¿a qué intereses económicos o políticos beneficia lo que publican (o lo que callan)? El politólogo estadounidense Michael Parenti en su clásico libro Inventing Reality (Inventando la realidad)1, nos brinda el lente para entender esto. Parenti explica que la censura moderna rara vez necesita que un dictador ponga un arma en la cabeza de sus víctimas, ya que la censura está integrada en la estructura del medio: al pertenecer a enormes conglomerados económicos (bancos, industrias, grupos financieros), los medios filtran la información, eligen a quién entrevistar y deciden qué temas ignorar. Así, no reflejan la realidad sino que inventan una realidad que justifica y protege las desigualdades y los intereses de las élites2.
En Colombia, donde la concentración de la riqueza es altísima, la concentración de los medios también lo es. Uno de los casos más paradigmáticos al día de hoy es el de la revista Semana, otrora un referente del periodismo investigativo. Sin embargo, su historia reciente es el ejemplo perfecto de cómo el capital económico transforma radicalmente la línea editorial de un medio para convertirlo en un arma política. Poco antes de la pandemia, el Grupo Gilinski –uno de los conglomerados financieros y empresariales más poderosos del país– compró la revista. Lo que ocurrió después no fue un simple rediseño, sino una reestructuración pensada bajo un modelo muy específico: el modelo Fox News de Estados Unidos.
Bajo la dirección de Vicky Dávila, la revista abandonó la sutileza del periodismo de análisis para abrazar abiertamente la polarización, el sensacionalismo y la propaganda política de derecha. Se identifican dos razones principales para ello: el negocio del clic, dado que la polarización, la indignación y el miedo generan mucho más tráfico en internet que los análisis sosegados. Rentabilizar la rabia es un modelo de negocio altamente lucrativo. Y, en segundo lugar, un medio convertido en trinchera política sirve para atacar a los contradictores del grupo económico dueño de la revista y defender a sus aliados.
El clímax de esta falta de ponderación y veracidad ocurrió a finales de 2024 cuando Vicky Dávila anunció su salida de la dirección de la revista para convertirse, de manera oficial, en candidata presidencial para las elecciones de 2026, una decisión –con toda seguridad discutida con los propietarios del medio– que desnuda la supuesta neutralidad de los mass media, y eleva a su real sitial la relación entre medios y poder económico/político. Una realidad que permite ver, además, que en la actual economía de los medios una plataforma periodística puede ser comprada y utilizada directamente como un megáfono de campaña y un trampolín hacia el poder político.
El blindaje del gremio: Entre el silencio corporativo y la estigmatización territorial
Un contubernio de medios y poder que va más allá, resaltando el hermetismo y falsa neutralidad que les caracteriza, así como su centralismo, principalmente capitalino y clasismo, periodismo de elite que se protege asimismo. Poder y medios que exigen transparencia a los políticos, pero rechazan la veeduría sobre su propio oficio. Un caso paradigmático de este silencio corporativo ocurrió recientemente en torno a la multinacional Chiquita Brands. En junio de 2024 un jurado en Estados Unidos condenó a esta bananera a indemnizar a las víctimas colombianas de paramilitares financiados por el emporio bananero en Urabá, alimentando una máquina de masacres y despojo.
En medio de este contexto, el medio de periodismo independiente Vorágine3 publicó una investigación demoledora. Revelaron que figuras influyentes del análisis periodístico y la opinión (como Jorge Restrepo y la empresa gerenciada en ese momento por Yohir Akerman, entonces directivo y columnista de la revista Cambio) habían elaborado informes confidenciales, testimonios o consultorías con omisiones y posturas que terminaban favoreciendo la defensa de los empresarios bananeros y minimizando el rol criminal de las cooperativas Convivir, fachadas del paramilitarismo4. Lo verdaderamente alarmante no fue solo el hallazgo, sino la reacción de los grandes medios tradicionales: un silencio absoluto y la defensa de estas personas por parte de figuras del periodismo. Las grandes cadenas radiales, los periódicos de circulación nacional y las principales revistas (incluyendo la misma Cambio) no hicieron eco de la investigación, no pidieron explicaciones, ni abrieron un debate sobre la ética periodística. Cerraron filas para proteger a los suyos.
El caso de estos investigadores que defendieron a Chiquita Brands guarda correlato con el problema que nos planteaba Parenti (1986) sobre la invención de la realidad a través de filtros, entre los cuales uno de los más efectivos es el de las fuentes expertas. Este filtro consiste en presentar a personas con intereses políticos o institucionales directos como si fueran analistas neutrales u «opinadores independientes». Ante esto, también cabe referir el caso de Marcos Peckel en el diario El Tiempo, quien es un ejemplo de manual de este conflicto de intereses soterrado: Peckel es presentado frecuentemente en las páginas de opinión y análisis de este diario (propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, líder del conglomerado financiero Grupo Aval) como un académico y experto en relaciones internacionales. Sin embargo, “el analista” es simultáneamente el Director Ejecutivo de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia (Ccjc), una organización que ejerce una labor de cabildeo y defensa institucional de las políticas del Estado de Israel.
Bajo la apariencia de “análisis geopolítico”, sus columnas y apariciones en medios suelen alinearse con la defensa irrestricta de las acciones militares de Israel, incluso frente a las denuncias de organismos internacionales por la masacre de civiles en Gaza y violaciones sistemáticas de derechos humanos en Palestina. Al omitir su rol como representante de un grupo de interés específico, el medio permite que una postura proselitista y de justificación de la violencia estatal y del genocidio se filtre al lector como si fuera un “análisis técnico” u “objetivo”. Este tipo de periodismo, “experto”, suele utilizar el filtro de la ideología para etiquetar cualquier crítica a las acciones militares como “antisemitismo” o “apoyo al terrorismo”. Esto anula el debate sobre la veracidad de los hechos y lo traslada a un campo moral donde el medio decide quién tiene derecho a la vida y quién no.
Una de las razones por las cuales El Tiempo sostiene este tipo de voces, responde a la tendencia por parte de los medios masivos que pertenecen a grandes grupos financieros a replicar las visiones del mundo que convienen a sus alianzas globales. El Grupo Aval y los intereses económicos de Sarmiento Angulo dependen de la estabilidad del sistema financiero internacional y de las alianzas de seguridad con potencias como Estados Unidos, de las cuales Israel es un aliado estratégico.
Esta lógica de utilizar filtros ideológicos para silenciar a las víctimas y justificar la violencia no opera únicamente en el plano de la geopolítica internacional; tiene un correlato directo y cruento en las realidades urbano-populares y rurales de Colombia. Cuando los medios corporativos imponen una realidad distorsionada no sólo están ganando un debate de opinión, sino que están interviniendo directamente en el conflicto armado y social del país. Aquí es donde la responsabilidad mediática choca de frente con la defensa de los derechos humanos y la memoria histórica.
Ante este tipo de manoseos y sometimientos, hay que recordar que el periodismo es el primer borrador de la historia. Como lo ha demostrado la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448, 2011)5, los archivos de prensa son fundamentales para construir la verdad histórica, sirviendo a menudo como material probatorio para que miles de familias demuestren los atropellos sufridos. Sin embargo, cuando esa prensa subordina la verdad a sus intereses, la ecuación se invierte de forma macabra: estos archivos manipulados no construyen memoria sino que dictan sentencias de muerte y borran la historia de la resistencia territorial.
Un ejemplo palpable de esta dinámica es el actuar reciente de La Silla Vacía, un medio que históricamente ha reclamado para sí el monopolio de la objetividad y del periodismo del mal llamado centro. Al analizar su cobertura, las grietas de esa supuesta neutralidad quedan al descubierto, especialmente cuando asumen un tono alarmista al tratar temas de oposición política o movilización social. El uso de fuentes altamente cuestionadas y desestimadas judicialmente para vincular a figuras políticas o a plataformas de comunicación alternativa (como Prensa Rural o Rebelión) con insurgencias, trasciende la mala praxis periodística, acercándose a una praxis propia de la doctrina contrainsurgente. En Colombia, el señalamiento público de “insurgente” o “guerrillero” ha sido el preludio histórico para el exterminio de líderes sociales, defensores de derechos humanos y sindicalistas.
Al empaquetar estas acusaciones sin el menor rigor de contrastación, el medio corporativo no está ejerciendo periodismo de investigación, sino estigmatización. El objetivo de fondo de estas narrativas es despojar a los líderes comunitarios y políticos de su agencia política. En lugar de reconocer a las comunidades organizadas como sujetos históricos capaces de lograr una verdadera potenciación de sus derechos y transformar sus territorios, los medios les reducen a meros apéndices del terrorismo, justificando así la represión estatal o paramilitar en su contra.
Frente a este hostigamiento discursivo, los periodistas independientes y los medios alternativos que intentan documentar estas realidades desde los territorios se encuentran en una profunda vulnerabilidad. Se suponía que la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) era el organismo no estatal encargado de salvaguardar el oficio. No obstante, la crisis estalla cuando se evidencia un serio conflicto de intereses en su estructura. La Flip pierde legitimidad institucional cuando su junta directiva termina cooptada o entrelazada con las figuras directivas de los mismos medios cuestionados por sus sesgos. Cuando los organismos que deben velar por la pluralidad informativa operan bajo las mismas lógicas cerradas del periodismo corporativo, las voces verdaderamente periféricas quedan en la absoluta indefensión.
Si no hay posibilidad de realizar una crítica abierta a la forma como los grandes medios estigmatizan a los movimientos sociales sin que el gremio cierre filas para protegerse mutuamente, cabe preguntarse: ¿De qué libertad de prensa estamos hablando, y a quién protege realmente esa libertad?
Esta profunda crisis de legitimidad y representación del gremio periodístico hegemónico nos conduce a un tercer gran eje de tensión: el derecho ciudadano a la información veraz. Siguiendo los análisis de teóricos como Rosario Serra y José Manuel Vera Santos5, resulta imperativo comprender cómo la sociedad civil se enfrenta hoy a corporaciones que bajo el amparo de la libertad de expresión han instaurado una peligrosa libertad para desinformar.
Cuando la ciudadanía exige rigor frente a la difusión de fake news o narrativas sesgadas, el ecosistema mediático tradicional activa un mecanismo de defensa corporativa: la coartada del hostigamiento. En lugar de asumir la responsabilidad social, los medios hegemónicos cierran filas y descalifican cualquier escrutinio público, etiquetándolo de “persecución a la prensa”. Un claro ejemplo de este blindaje reluce en la reacción de medios de alcance nacional frente a las revelaciones sobre operaciones de inteligencia militar expuestas por la Revista Raya6; una defensa que privilegió el hermetismo del gremio por encima del derecho de la sociedad a conocer la verdad.
Este escudo argumentativo corporativo distorsiona gravemente los límites jurídicos de la libertad de prensa en Colombia. Tal como lo ha estipulado la Corte Constitucional en jurisprudencia clave, como es la Sentencia T-040 de 2013, la libertad de expresión no ampara la mentira deliberada ni exime al periodista de su estricto deber de contrastación7. La difusión malintencionada de información falsa no es un simple daño colateral; es un ataque directo que erosiona la garantía institucional de una opinión pública libre.
El profundo desgaste producido por estas dinámicas ha generado un vacío de credibilidad insalvable en la prensa tradicional. No obstante, este espacio no está siendo ocupado por una democratización de la información, sino que ha sido capitalizado por la irrupción de los influencers. Estas figuras agravan la crisis de la posverdad operando en total opacidad financiera y evadiendo el rigor investigativo8.Paralelamente, los medios públicos enfrentan el riesgo constante de desnaturalizar su función misional para convertirse en meros aparatos de propaganda gubernamental.
La sangre en la periferia y el oportunismo en el centro.
El caso de Mateo Pérez Rueda
A principios de mayo de 2026, la brutal realidad del conflicto armado silenció a Mateo Pérez Rueda, joven de 24 años, estudiante de ciencia política y director de la revista El Confidente, en Yarumal (Antioquia). A diferencia de los directores de los conglomerados mediáticos capitalinos, Mateo financiaba su labor periodística vendiendo jugos naturales en el garaje de su casa. Su compromiso inquebrantable con la verdad territorial lo llevó a adentrarse en la ruralidad de Briceño para documentar la zozobra de las comunidades en medio del fuego cruzado. Allí, ejerciendo su labor, y de acuerdo a fuentes oficiales e independientes fue secuestrado, torturado y asesinado por el Frente 36 de las disidencias de las Farc (estructura aliada a alias “Calarcá”).
El asesinato de Mateo ilustra de manera descarnada las profundas grietas y la desigualdad estructural de la libertad de prensa en Colombia. Mientras el periodismo corporativo opera desde oficinas blindadas y cuenta con un inmenso poder de cabildeo, el periodismo territorial y alternativo trabaja en la precariedad absoluta, poniendo literalmente el cuerpo para arrebatarle a la guerra la memoria de los pueblos.
Sin embargo, lo que ha seguido a su asesinato es un crudo ejemplo de necropolítica y economía mediática. Amplios sectores de la élite política tradicional y el ecosistema periodístico hegemónico –que históricamente han invisibilizado, desfinanciado o incluso estigmatizado a los medios alternativos regionales– se apresuraron a capitalizar esta muerte. En un ejercicio de cinismo corporativo, han instrumentalizado su asesinato para convertirlo en un ariete mediático en su disputa política contra el gobierno nacional, utilizando la tragedia para marcar agenda, pero vaciando de contenido la verdadera labor comunitaria y de base que el joven realizaba.
Paradójicamente, frente a este uso político del dolor, el Estado mantiene una postura inoperante. El gobierno nacional emite comunicados de condena y expresa luto en redes sociales, pero en la práctica se desentiende de su responsabilidad fundamental: brindar garantías materiales y de seguridad para frenar el exterminio de quienes comunican desde las periferias de los centros de poder político y económico, permitiendo que grupos armados que dialogan en mesas de paz sigan imponiendo el silencio a sangre y fuego y ejerciendo una gobernabilidad criminal.
La vida y la muerte de Mateo desnudan la hipocresía del debate oficial. Los grandes medios invocan la “libertad de prensa” cuando se les exige transparencia frente a sus negocios, pero esa misma libertad les resulta irrelevante cuando se trata de democratizar y dignificar las condiciones de trabajo de los reporteros locales. El verdadero homenaje a la memoria de este joven periodista no radica en convertir su nombre en munición para la polarización nacional, sino en exigir y construir un ecosistema informativo que garantice la fortaleza de las comunidades con potencia para develar las condiciones de sometimiento que experimentan por parte de los grupos armado. Un periodismo donde narrar el territorio no cueste la vida, y donde la verdad deje de ser un monopolio de las élites para volver a ser un derecho de los pueblos.
A modo de cierre, la crisis del ecosistema mediático en Colombia demuestra que la libertad de prensa, cuando es desprovista de una ética rigurosa por la veracidad y la memoria, termina convertida en un privilegio corporativo diseñado para el silenciamiento y la exclusión. La censura contemporánea no requiere de la supresión estatal directa; le basta con la cooptación financiera, el filtro ideológico y la estigmatización sistemática de las voces disidentes.
Enfrentar esta hegemonía exige comprender que el derecho a la información veraz es un bastión innegociable para la potenciación de los sujetos políticos y sus territorios. Las personas necesitan garantías informativas que reconozcan su capacidad de transformación, resistencia y organización. Solo arrebatando el monopolio de la verdad a los grandes conglomerados, democratizando el funcionamiento de los medios, fortaleciendo las narrativas críticas forjadas desde las bases, dándole impulso a su conjunción organizativa para potenciar redes plurales y que operen en todos los planos de la comunicación hasta hoy conocidos, será posible que la comunicación deje de ser el escudo protector de los opresores para convertirse en una genuina herramienta de justicia, memoria y emancipación colectiva.
1 Parenti, M. (1986). Inventing Reality: The Politics of News Media. St. Martin’s Press.
2 Ibíd.
3 Vorágine (2024). “El dossier de los que defendieron a Chiquita Brands”. Vorágine Periodismo de Investigación. https://voragine.co/
4 Ibíd
5 Serra, R., & Vera Santos, J. M. (2020). Libertad de expresión, desinformación y posverdad. Tirant lo Blanch.
6 Revista Raya. (2024). “Proyecto Júpiter: La operación de inteligencia y espionaje a la oposición”. Revista Raya. https://revistaraya.com/
7 Corte Constitucional de Colombia. (28 de enero de 2013). Sentencia T-040 de 2013 (J. I. Palacio Palacio, Mag. Pon.). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-040-13.htm
8 Serra, R., & Vera Santos…, op. cit.
* Historiador e integrante del semillero de investigación “Conflicto y Acción Colectiva” de la Universidad de Antioquia.
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