Cuando se habla de cambio social, los focos apuntan siempre al mismo lugar: partidos, sindicatos, movimientos, manifestaciones. Nadie habla de la trabajadora social que cada mañana entra a una oficina municipal, gestiona veinte casos imposibles con recursos para cinco, y al final del día ha ayudado a una familia a no perder el piso, ha acompañado a una mujer a salir de una situación de violencia y ha conseguido que un adolescente en riesgo tenga acceso a un programa educativo. Pocos las centran en los debates públicos.
Y sin embargo, si queremos hablar en serio de transformación social, tendríamos que empezar por aquí.
Un origen más complejo de lo que nos han contado
Hay un relato extendido sobre el trabajo social que lo presenta como heredero de la beneficencia, de las señoras de clase alta que bajaban a los barrios a ayudar a los pobres. Es un relato incompleto, pero cómodo para quienes prefieren que esta profesión no se haga demasiadas preguntas.
La figura que suele citarse como una de sus fundadoras, la estadounidense Jane Addams, no encaja en él. Desde Hull House en Chicago, a finales del siglo XIX, rechazó tanto la caridad religiosa como el paternalismo filantrópico. Para Addams, la pobreza era, entre otras cosas, una consecuencia del industrialismo, no un problema moral de los pobres. Su trabajo era político desde la raíz: investigación empírica, apoyo a sindicatos de mujeres, presión legislativa, construcción de comunidad desde la igualdad. Ese linaje fue enterrado cuando la profesión se institucionalizó: el trabajo social acabó encajonado en la atención individual, lejos del trabajo comunitario y político que Addams practicaba.
En España el recorrido es todavía más complicado. La profesión llegó tarde y deformada por el franquismo, que utilizó el servicio social femenino como instrumento de control moral. La Sección Femenina gestionó durante décadas una versión vaciada de cualquier contenido crítico. La reconceptualización que recorrió América Latina en los años 60 y 70, donde sí hubo un vínculo explícito entre trabajo social y movimientos populares, llegó aquí con retraso y sin la misma fuerza.
Lo que sí puede decirse es que, allá donde la profesión ha tenido contenido transformador, ha sido cuando ha respondido a demandas colectivas, no individuales. No por generosidad, sino porque la desigualdad organizada obliga al sistema a crear estructuras para gestionarla. Eso no hace al trabajo social automáticamente transformador, pero explica por qué tiene un potencial político que otras profesiones no tienen de la misma manera.
El sistema que convierte la transformación en gestión
Entender esto ayuda a comprender la trampa en la que lleva décadas atrapada la profesión.
El investigador chileno Luís Vivero Arriagada lo describe con precisión: las trabajadoras sociales se han convertido, con frecuencia sin saberlo, en lo que Gramsci llamaría intelectuales orgánicos al servicio de la clase dominante. No porque sean malas personas ni porque hayan abandonado sus valores. Sino porque el sistema en el que trabajan las empuja hacia eso.
La lógica es la siguiente: las instituciones públicas y privadas donde se insertan exigen resultados medibles, metas cuantificables, cifras que mostrar a las autoridades. ¿Cuántas familias vulnerables hay en el barrio? ¿Cuántos han mejorado su situación? La acción profesional se convierte en producción de datos, en gestión de casos, en administración de la precariedad. El objetivo deja de ser transformar las condiciones que generan la desigualdad y pasa a ser lidiar lo suficiente para que no explote.
Mientras tanto, en la formación universitaria se habla de emancipación, autonomía, concientización, transformación social. Hay un abismo entre esos conceptos y lo que se exige en el primer día de trabajo.
El resultado es una profesión atrapada entre dos mundos: un discurso crítico que no encuentra cómo materializarse, y una práctica institucional que neutraliza sistemáticamente el potencial transformador. Las trabajadoras sociales acaban siendo, en palabras de Vivero, cómplices de la dominación que denuncian, no por cinismo sino por agotamiento estructural.
La paradoja del que sabe demasiado
Hay algo que distingue a las trabajadoras sociales de casi cualquier otro agente social: conocen la desigualdad desde dentro. No desde los datos del INE ni desde los informes de las fundaciones. La conocen desde los relatos de la gente que la vive, desde los domicilios, desde las oficinas de servicios sociales, desde los juzgados y los hospitales.
Esa posición es, al mismo tiempo, una fuente de poder y una fuente de captura. Porque el sistema también la aprovecha. La trabajadora social recoge información sobre la vida cotidiana de las personas más vulnerables, la sistematiza, la convierte en expedientes, en fichas, en informes. En origen, ese conocimiento debería servir para transformar. En la práctica, sirve con frecuencia para clasificar, para controlar, para decidir quién merece qué.
Karen Healy señala algo que incomoda a buena parte del trabajo social crítico: el propio ejercicio de concienciar a los usuarios, de “hacerles ver” su situación de opresión, puede convertirse en otra forma de ejercer poder sobre ellos. ¿Quién decide qué es conciencia crítica y qué es falsa conciencia? ¿Quién tiene autoridad para decirle a alguien cómo debe interpretar su propia vida?
Paulo Freire recoge el relato de un grupo de trabajadores que le dice a alguien llegado a “concienciarlos”: “Si viniste aquí pensando enseñarnos que somos explotados, no hace falta. Lo sabemos muy bien. Lo que queremos saber es si vas a estar con nosotros cuando caigan los palos.” No es una crítica que deba paralizarnos. Es una pregunta que obliga a afinar. El potencial transformador del trabajo social no reside en tener las respuestas correctas, sino en acompañar procesos donde las personas construyen las suyas. Conectar a quien está aislado. Hacer visible lo que el sistema oculta. Señalar que un problema individual tiene raíces estructurales. Estar ahí cuando caigan los palos.
Una profesión feminizada, precarizada e invisible
No se puede hablar de todo esto sin nombrar lo que hay detrás: el trabajo social es una profesión mayoritariamente feminizada, históricamente mal pagada, con altísimas tasas de burnout, que opera en las instituciones más desbordadas del Estado del bienestar. La precarización del sector público en la última década ha reducido los recursos hasta límites que rozan lo indecente. Muchas trabajadoras sociales llevan carteras de casos que ningún ser humano puede gestionar con dignidad.
Eso también es político. La infravaloración de esta profesión no es un accidente. Es coherente con la infravaloración sistemática de todo lo que tiene que ver con el cuidado, con lo reproductivo, con el sostén de la vida. Mejorar las condiciones del trabajo social es, en ese sentido, una demanda feminista y una demanda de clase al mismo tiempo.
Si las políticas sociales van a servir para algo más que contener la miseria, necesitamos profesionales con tiempo, recursos y autonomía para hacer su trabajo de verdad. Si los barrios populares van a tener capacidad de organizarse, necesitamos figuras que acompañen esos procesos sin convertirlos en proyectos gestionados desde arriba. Y si las personas más golpeadas por la desigualdad no van a quedar reducidas a expedientes, necesitamos que quien las acompaña pueda verlas como sujetos políticos, no como problemas a resolver.
El trabajo social no va a cambiar el mundo solo. Pero sin él, hay una palanca que no existe. Una que opera exactamente donde la desigualdad se hace carne, en la vida cotidiana de la gente, en los momentos más vulnerables, con acceso a lo que ninguna campaña electoral ni ningún informe técnico puede ver.
La pregunta no es si esta profesión tiene potencial transformador. La pregunta es si vamos a dejar que lo ejerza.
Curro Sánchez Herrera es sociólogo, trabajador social y poeta, especializado en políticas públicas afincado en Madrid.
Leave a Reply