¿Por qué pese a décadas de militarización, operativos de alto impacto y capturas mediáticas, la violencia en Colombia no solo persiste, sino que se vuelve más técnica y lucrativa? Quizás porque el problema no es el grupo armado, sino el mercado que lo alimenta.
Nos han vendido la paz como un asunto de voluntad política y entrega de armas, ignorando que los Grupos Armados Organizados de hoy son, en esencia, holdings transnacionales con una capacidad de adaptación que supera cualquier cese al fuego. Si no aceptamos que estamos enfrentando a una corporación con sedes, socios y accionistas –y no a organizaciones armadas del siglo XX–, la estrategia de seguridad seguirá siendo un saludo a la bandera.
Las políticas de paz por parte del Estado en Colombia se encuentran ante una encrucijada estructural: la persistencia en utilizar herramientas analíticas y operativas propias del siglo XX para contener un fenómeno que ha mutado hacia la lógica del siglo XXI. Mientras que los marcos tradicionales de negociación parten de la premisa de una insurgencia ideológica que busca la toma del poder político –una narrativa que justificaba la búsqueda de acuerdos mediante el cese al fuego y la rendición de armas–, la realidad actual revela que los llamados Grupos Armados Organizados (GAO) han transitado hacia una metamorfosis empresarial.
Ya no estamos ante combatientes que pretenden sustituir al Estado desde el campo, sino ante corporaciones criminales transnacionales que operan mediante redes de gobernanza criminal sofisticada. En este nuevo modelo, la violencia –lejos de ser un fin político– funciona como un activo estratégico, un costo logístico necesario para la protección de corredores de movilidad y una herramienta de aseguramiento de rentas ilegales. Por lo tanto, la crisis de la Paz Total no radica en la falta de voluntad, sino en la ceguera institucional ante este cambio de paradigma: el Estado intenta sentar a la mesa a interlocutores cuya razón de ser no es la política, sino la acumulación de capital en un mercado globalizado.
La tesis es, en consecuencia, ineludible, la espiral de violencia en Colombia no terminará con la rendición de cabecillas ni con la firma de nuevos documentos, sino con la desarticulación del motor financiero que sostiene la guerra. Mientras las políticas de seguridad se centren en el enfrentamiento militar convencional y el control territorial táctico, seguirán ignorando la microeconomía de la guerra. Si el Estado no es capaz de transitar de una estrategia de pacificación a una de desmantelamiento financiero –atacando el flujo de capital que convierte el oro ilícito, el narcotráfico y la trata de personas en activos legales–, la paz será siempre una narrativa frágil, incapaz de competir contra un sistema económico criminal que, por diseño y flexibilidad, resulta mucho más resistente y adaptativo que cualquier cese al fuego.
El crimen organizado como corporación transnacional
La realidad contemporánea del conflicto en Colombia ha dejado atrás la imagen de los grupos armados decimonónicos, para consolidar un modelo de corporativización criminal. Según el estudio integral del Ministerio de Justicia y del Derecho (2025), estos grupos han abandonado las estructuras jerárquicas rígidas para adoptar un modelo de franquicias criminales. Bajo este esquema, la estructura central actúa como una marca que provee seguridad y logística, mientras que las células locales operan de forma autónoma en la extracción de rentas. Esta mutación permite una adaptabilidad feroz: si un frente es desarticulado, la franquicia simplemente recluta a nuevos actores en un mercado laboral criminal altamente dinámico.
Para entender por qué la militarización ha sido históricamente ineficaz, debemos distinguir entre los dos pilares que sostienen a estas organizaciones: el brazo armado (la seguridad operativa), la cara visible. Con estructuras como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que ejercen influencia en un tercio de los municipios del país y movilizan entre 7.000 y 9.000 combatientes, su función es el control del territorio para garantizar el monopolio de las economías ilícitas1. La militarización estatal suele concentrarse aquí en el “gasto logístico” de la guerra, pero esto es, en términos de mercado, apenas el costo operativo de la empresa criminal. El brazo civil (la gerencia financiera), la verdadera estructura de poder, está compuesta por una red invisible de testaferros, contadores, abogados, funcionarios públicos corruptos y empresarios locales que integran el capital ilícito al torrente financiero global. Es aquí donde el oro ilegal, el narcotráfico y la trata de personas se lavan a través de inversiones en finca raíz, comercio transfronterizo y licitaciones públicas2. Mientras el Estado colombiano persigue al combatiente con fusiles, la corporación criminal reconfigura su estrategia financiera con un clic. Enfocarse en el brazo armado, sin desmantelar el brazo civil es, en el mejor de los casos, una estrategia ingenua, en el peor, una negligencia institucional que permite que el sistema criminal sea, por diseño, más resistente que el Estado mismo.
El crimen organizado en Colombia no opera en el vacío. Como lo advierten Malamud y Núñez3, la inseguridad en América Latina es un problema estructural y multilateral. Las estructuras criminales que operan en el Bajo Cauca o en el Pacífico colombiano son eslabones de una red que se extiende desde México hasta la Patagonia. La trilogía de la violencia –narcotráfico, minería ilegal y trata de personas– no se detiene en los puestos fronterizos. Por el contrario, aprovecha la falta de coordinación de inteligencia entre países para utilizar a Venezuela, Ecuador y Panamá como santuarios logísticos y corredores de blanqueo.
La evidencia es contundente: el crimen organizado funciona como una corporación que maximiza ganancias a escala regional. Cuando un grupo armado en Colombia extrae oro ilegal, no lo hace para consumo interno, lo introduce en cadenas globales de suministro utilizando empresas fachada en terceros países. Por tanto, la respuesta estatal no puede ser exclusivamente nacional. Un Estado que militariza sus fronteras pero no comparte inteligencia financiera en tiempo real con sus vecinos está condenado a perseguir fantasmas, mientras la corporación criminal expande su cuota de mercado aprovechando la soberanía de los Estados como su mayor ventaja competitiva.
El espejismo de la Seguridad Democrática
Para comprender por qué las propuestas actuales de seguridad enfrentan tanta resistencia social, es necesario diseccionar el legado de la Seguridad Democrática. Durante décadas, el Estado institucionalizó una narrativa que equiparaba la paz con el control militar absoluto. El Plan Colombia y la política de Seguridad Democrática no fueron solo estrategias de combate, fueron una apuesta por la victoria táctica que sacrificó la estabilidad estructural en favor de indicadores de resultados inmediatos. Sin embargo, este paradigma operó bajo el espejismo de creer que la neutralización de individuos en la jerarquía armada era equivalente a la desarticulación de la amenaza criminal.
El costo de esta apuesta fue una militarización de la vida cotidiana que, en lugar de proteger el tejido social, lo fracturó profundamente. La cifra de más de 7.800 ejecuciones extrajudiciales, registradas e investigadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), no constituye un daño colateral accidental, es la prueba irrefutable de un modelo de seguridad basado en incentivos por resultados (bajas), que priorizó el conteo de cadáveres sobre el respeto a la vida y la construcción de confianza. Esta lógica despojó al Estado de su legitimidad en los territorios, convirtiéndolo en un actor de confrontación más que en un garante de derechos. En términos de seguridad ciudadana esto generó un efecto adverso: al criminalizar al eslabón más débil y alienar a las poblaciones rurales, el Estado terminó empujando a muchas comunidades a la cooptación de los grupos armados, quienes se presentaron como la única alternativa de protección o subsistencia.
La ineficacia del enfoque militarista también se explica por la dinámica del “efecto globo”. La historia reciente del conflicto muestra que la presión armada en un punto específico (como el Bajo Cauca o los Llanos Orientales) no elimina la estructura criminal, sino que la desplaza hacia la periferia o hacia fronteras porosas como las de Venezuela, Ecuador y Panamá. Como señalan López Pulgarín et al.4, estos corredores estratégicos funcionan como santuarios donde los Grupos Armados Organizados (GAO) se reorganizan y reconfiguran su cadena de suministro.
Este desplazamiento constante ocurre porque la estrategia estatal ha sido, históricamente, anacrónica: mientras el crimen organizado se convirtió en una empresa transnacional con gerentes financieros y redes de lavado, el Estado respondió con patrullajes y operativos de choque. La seguridad estatal se ha medido bajo métricas tácticas –número de bajas, incautaciones de cocaína, capturas de cabecillas– que son fácilmente absorbidas por el mercado criminal. Cada vez que cae un “gran capo”, la corporación criminal simplemente activa una estructura de reemplazo o un nuevo testaferro.
Insistir en la militarización como único camino es ignorar que, sin un bloqueo financiero que afecte la rentabilidad de los grupos armados, el esfuerzo por parte del Estado sería colosal o infructuoso. Una seguridad verdadera no puede medirse por la capacidad de fuego, sino por la capacidad del Estado para cortar la dependencia económica de las comunidades frente a las economías ilícitas. Mientras el Estado no ofrezca una alternativa de desarrollo –seguridad alimentaria, formalización de la propiedad, justicia restaurativa–, la oferta criminal de dinero rápido y estatus seguirá siendo el motor que recicla los ciclos de violencia, sin importar cuánto aumente el presupuesto militar.
Propuesta: Un paradigma de seguridad financiera y multilateral
Para romper la inercia, la política de paz debe girar hacia tres ejes estratégicos de potenciación institucional:
Colombia debe liderar un sistema de inteligencia compartido a nivel regional. No es aceptable que desarticulemos una red en el Bajo Cauca mientras los flujos financieros se lavan impunemente en mercados internacionales. Es urgente identificar a las empresas “legales” y a los terceros civiles que prestan logística al crimen5. Hacer responsables a estos actores es vital, dado que el crimen organizado es ineficaz sin el consentimiento tácito o directo de élites económicas y políticas locales.
La política internacional debe dejar de ser reactiva. Necesitamos acuerdos de cooperación judicial y de inteligencia en tiempo real con países vecinos. Si el crimen opera como una red transfronteriza, la respuesta no puede ser nacional. Los corredores estratégicos sólo se cerrarán mediante una diplomacia que priorice el rastreo de capitales por encima de la diplomacia simbólica.
Las políticas de paz requieren transformar el territorio para que las economías ilícitas pierdan su rentabilidad. Esto implica una política pública robusta de formalización minera, vigilancia del sector de hidrocarburos y, sobre todo, una política de drogas que deje de criminalizar al eslabón más débil (el campesino) para atacar al eslabón más fuerte (el intermediario financiero y comercial).
Hacia un debate abierto
Este planteamiento no es una solución definitiva ni un manual cerrado, ante todo es una invitación al debate. La política de seguridad debe ser un ejercicio democrático en constante construcción. Las estrategias aquí propuestas deben contrastarse con la realidad vivida por las comunidades, quienes son las que sufren la cooptación de los grupos armados día a día. Mantener este debate abierto permite que la política pública sea flexible y capaz de adaptarse a la velocidad del crimen moderno. La paz no es un estado al cual se llega mediante la firma de un documento, sino un proceso de construcción democrática donde debemos cuestionar nuestras certezas, reconocer la insuficiencia de los modelos tradicionales y entender que la seguridad es un concepto en disputa que requiere, ante todo, de una ciudadanía activa. Que este texto sea, por tanto, una invitación a la réplica y a la deliberación colectiva.
1 Centro Internacional de Investigación y Análisis contra el Narcotráfico Marítimo [CMCON]. (2025). Panorama global de economías ilegales: Segundo semestre 2025. Armada de Colombia.
2 Valencia Herrera, J. (2024). “Clasificación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en los municipios de Colombia en 2023 mediante técnicas de segmentación estadística” [Tesis de especialización, Universidad Nacional Abierta y a Distancia]. Repositorio Institucional UNAD.
3 Malamud, C., & Núñez Castellano, R. (2024). América Latina, crimen organizado e inseguridad ciudadana (ARI 154/2024). Real Instituto Elcano. https://doi.org/10.37228/estado_comunes.v1.n18.2024.343
4 López Pulgarín, N. A., Tovar Osorio, D., & Jiménez Reina, J. (Eds.). (2022). Fronteras de Colombia: retos y desafíos para el desarrollo. Ediciones Escuela Superior de Guerra.
5 Valencia Herrera, “Clasificación…”, op. cit.
Referencias:
Agencia Nacional de Hidrocarburos, & Fundación Panamericana para el Desarrollo. (2018). “Análisis de alteración a la seguridad pública y la conflictividad social en el sector de hidrocarburos en Colombia”. ANH; FUPAD.
Cerón Rincón, A., & Sierra-Zamora, P. A. (2025). “Crimen organizado transnacional y paz: seguridad en la Amazonia y gobernanza ambiental regional”. Revista Científica General José María Córdova, 23(52), 785-802. https://doi.org/10.21830/19006586.1409
Jiménez García, W. G., Daza Vargas, F. J., López Bayona, Á. I., & Santamaría Uribe, N. S. (2025). Crimen organizado en Colombia. Estudio sobre factores, incidencias y acción estatal. Ministerio de Justicia y del Derecho.
Lomeli, S. (2025). “Crimen organizado y capitalismo: Un problema sistémico”. (des)troços: revista de pensamento radical, 6(1), 56-63. https://doi.org/10.53981/destrocos.v6i1.56463
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