16/08/2026. Desde el ataque estadounidense del 3 de enero, nada en Venezuela es previsible. Apenas dos días después de que el diálogo entre el Gobierno de Delcy Rodríguez y un sector de la oposición cerrase su primera ronda con el compromiso de renovar el poder judicial, el Ejecutivo liberó a 131 presos para “favorecer el reencuentro entre los venezolanos”. La excarcelación, que no figuraba en el orden del día pactado por las partes, se interpreta como un gesto de buena voluntad en un proceso negociador sin elecciones a la vista, auspiciado y mediado por Estados Unidos.
La mesa de diálogo, la primera desde los ataques de enero, se instaló el 6 de agosto y su segundo ciclo no tiene aún fecha pública. La primera ronda culminó el 12 de agosto con una declaración conjunta focalizada en la renovación de la Justicia y el deshielo de los activos congelados por las sanciones.
Dos acuerdos: la justicia y el oro
El primer acuerdo prevé renovar por completo el Tribunal Supremo de Justicia, el órgano que convalidó la cuestionada reelección de Maduro en 2024 y que la oposición considera un apéndice del chavismo: se rehará la cúpula judicial y la oposición participará en el mecanismo para designar magistrados. No es un asunto menor ni simbólico. De ese tribunal depende la aplicación caso por caso de la amnistía que ampara las excarcelaciones y, llegado el momento, el arbitraje de cualquier disputa electoral.
El segundo gran acuerdo compromete a ambas partes a gestionar la liberación del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra: 31 toneladas, cifradas en unos 1.900 millones de dólares, que Londres mantiene inmovilizadas desde que Reino Unido dejó de reconocer a Maduro. Esos fondos servirían para atender a los damnificados del doble terremoto del 24 de junio, que dejó al menos 6.301 muertos y cerca de 18.000 personas sin hogar. Que chavismo y oposición reclamen juntos ese dinero supone, de facto, el primer reconocimiento mutuo entre las partes ante un tribunal extranjero.
Tras una semana de opacas conversaciones, las delegaciones publicaron textos idénticos y rechazaron cualquier entrevista. El mutismo y la prudencia imperan. Lo que diferencia a este intento de la docena de mesas de diálogo que se han vivido desde 2014 es el respaldo explícito y la influencia que Washington ejerce ahora sobre los dos actores.
El diario venezolano TalCual constató que la delegación opositora, encabezada por la exdiputada Dinorah Figuera, fue recibida a su llegada por funcionarios estadounidenses, se desplaza en vehículos de Estados Unidos y se aloja en el mismo hotel que ellos. Del lado del Gobierno, la influencia quedó probada en los meses previos con el desfile por Caracas del jefe del Comando Sur, el secretario de Energía y el director de la CIA, entre otros altos cargos.
La migración, en dirección contraria
El mismo día en que Rubio celebraba las excarcelaciones, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense confirmaba el fin de la protección especial de la que gozaban los migrantes venezolanos en suelo estadounidense, el conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS). La Administración Trump advirtió que, con el cierre de la medida, los venezolanos deben marcharse o serán deportados.
El TPS blindaba frente a la expulsión a quienes carecían de otra vía legal para permanecer en el país: en total, se estima que podrían ser unos 600.000 migrantes venezolanos. Donald Trump consiguió recientemente un fallo favorable para poder implementar la medida. La decisión llega, además, en el peor momento posible para quienes deben regresar: a un país que aún cuenta a sus muertos por el terremoto y con miles de familias sin vivienda.
Antes, la migración era baza del chavismo. Maduro dosificaba los vuelos de deportación como gesto de distensión ante una Casa Blanca cada vez más hostil. Trump invierte los papeles: con un Ejecutivo aliado en Miraflores y sin la cobertura legal que retenía a los migrantes en su territorio, normaliza y multiplica los retornos. Caracas acepta hasta tres vuelos semanales; el que aterrizó el 3 de agosto, el primero tras los terremotos, fue el número 165 desde principios de 2025.
Los que vuelven y los que no
Las excarcelaciones no son el único movimiento del tablero. Un goteo lento pero constante de dirigentes opositores de distinto signo regresa al país al amparo de la amnistía aprobada en febrero por el Gobierno de Delcy Rodríguez. Roberto Marrero, fundador de Voluntad Popular y exjefe del despacho de Juan Guaidó, volvió en mayo tras casi seis años fuera; Carlos Ocariz, del partido Primero Justicia, tras huir a finales de 2024; Yon Goicoechea, después de catorce meses de cárcel y ocho fuera del país.
Muy distinto es el caso de María Corina Machado. El chavismo veta el regreso de la Nobel de la Paz y principal figura opositora, y Washington no lo respalda de forma explícita: en su transición tutelada, la Casa Blanca prioriza el pragmatismo con el Gobierno de Rodríguez sobre las ambiciones de la líder. Tampoco se contempla, a corto plazo, la vuelta de otros primeros espadas como Edmundo González, excandidato en las controvertidas presidenciales de 2024; Leopoldo López, fundador de Voluntad Popular; o Julio Borges, exdiputado y expresidente de la Asamblea Nacional. Todos ellos permanecen fuera del país.
Figuera, mujer de confianza de Washington y jefa de la delegación opositora, ha mantenido en Caracas una agenda paralela a las negociaciones. Se ha reunido con expresos, familiares de detenidos, jubilados y el sindicato de prensa, con el objetivo de coser las reticencias que su designación despertó dentro de la propia oposición.
Fuera del orden del día siguen, sin embargo, la recomposición del Consejo Nacional Electoral y un calendario para la celebración de nuevos comicios. Nadie en la mesa ha pronunciado aún la palabra elecciones con una fecha detrás. El diálogo avanza, de momento, por donde Washington tiene interés en que avance. Los primeros resultados; la Justicia, el oro y una liberación de presos que dosifica el propio Ejecutivo.
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