Martes 22 de septiembre de 2026. Los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones acusadas sin pruebas de estar vinculadas con el narcotráfico en el Pacífico y el Caribe, podrían constituir “crímenes de lesa humanidad”, afirmó anteayer el relator especial sobre la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ben Saul, reportaron The Guardian y BBC.
En una nota informativa, Saul señaló que existen motivos para considerar que, además de ser “ejecuciones extrajudiciales en serie”, los ataques “violaban el derecho a la vida”, al no estar justificados por la legítima defensa del país o personal ni por las normas del derecho internacional humanitario, marítimo o antiterrorista.
El relator añadió que las tripulaciones no estaban “armadas militarmente ni poseían la intención ni la capacidad de lanzar ataques militares”, y agregó que, incluso si pertenecieran a grupos criminales catalogados como terroristas, éstos no habían cometido ningún “ataque armado” contra Estados Unidos.
Desde septiembre de 2025, el Pentágono ha asesinado al menos a 234 personas en más de 70 bombardeos, incluido el del sábado pasado en el Caribe, que dejó cuatro víctimas. El Comando Sur sostuvo que la información de inteligencia confirmaba que la embarcación estaba involucrada en actividades de narcotráfico, aunque no presentó pruebas.
Saul puntualizó que Washington podría recurrir a la intercepción marítima y otras medidas de aplicación de la ley en lugar de destruir las lanchas en ataques mortales, luego de que periodistas y organizaciones de derechos humanos incluso han identificado entre las víctimas a personas inocentes.
Tras criticar el que las operaciones hayan reducido el flujo de drogas hacia Estados Unidos, como asevera el presidente Donald Trump –quien afirmó que detuvieron 97 por ciento del ingreso por vía marítima– datos de The Guardian y la BBC indican que los asaltos a las lanchas no modificaron el volumen de cocaína que llega a ese país.
Saul pidió que se efectúen investigaciones independientes para determinar la identidad de los muertos, las pruebas y la base legal de las operaciones, así como las medidas de rescate de los sobrevivientes
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