Desde Sevilla. 11 de noviembre de 2026
Hacía catorce años que España no vivía una huelga general. La última protesta de esta magnitud se remonta a los días convulsos de los recortes, bajo un gobierno del Partido Popular, tras la crisis del euro. Esta vez no fueron las reformas laborales ni el tijeretazo bancario los detonantes del descontento. La chispa saltó en las barriadas donde pagar un alquiler devora más de medio sueldo de cualquier trabajador golpeado por la inflación.
La estampa de este 11 de noviembre deja avenidas cortadas, persianas bajadas a regañadientes y trenes detenidos en las cocheras. Madrid y Barcelona encabezaron la marea con concentraciones monumentales. El Gobierno cifró en 120.000 los asistentes a la marcha madrileña, mientras que la capital catalana vio marchar a decenas de miles sobre el asfalto del Paseo de Gracia. Sólo el temporal implacable que castigó a Sevilla obligó a desconvocar la movilización en la capital andaluza. En el resto del mapa español, el patrón se repitió con idéntica terquedad: piquetes desde la madrugada, cancelaciones en los aeropuertos y el transporte colapsado.
El origen de este choque social se remonta al desalojo violento de Maricarmen Abascal, una anciana madrileña de 87 años expulsada de su hogar en septiembre. Su posterior fallecimiento encendió una mecha que llevaba años cobrando temperatura. De aquellas acampadas en la Puerta del Sol brotó la exigencia de intervenir un mercado inmobiliario entregado al mejor postor. Las agrupaciones de inquilinos y las centrales sindicales CCOO y UGT articularon la protesta para poner coto a los fondos buitre y a los grandes tenedores.
El escenario institucional cruje por las costuras. El presidente Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista que encabeza la coalición progresista junto a los sectores de la izquierda plurinacional, intentó atajar el problema mediante reales decretos de urgencia. La propuesta, entre solución de emergencia y ardid para movilizar a un electorado ganado por el desencanto, buscaba poner tope a las subidas abusivas de los arrendamientos y frenar los lanzamientos hipotecarios. Sin embargo, la oposición encarnada por el Partido Popular y la extrema derecha de Vox tumbó el paquete legislativo en el Congreso de los Diputados. Aquella derrota parlamentaria dejó al Ejecutivo sin margen de maniobra y obligó a Sánchez a disolver las Cortes y adelantar los comicios para el 29 de noviembre.
Fuego cruzado
La situación es una gran paradoja. El propio Gobierno progresista contempla con simpatía una huelga declarada contra las penurias del mercado laboral y residencial, mientras la oposición conservadora califica el paro de insensatez. Elías Bendodo, dirigente del Partido Popular, no dudó en catalogar la jornada como un movimiento hueco y prometió desmantelar cualquier regulación del suelo si su partido llega a la Moncloa. El PP entiende que la intervención del mercado tiene como efecto una reducción de la oferta y el consiguiente aumento de los alquileres. Desde las filas de Vox, Santiago Abascal acusó a los sindicatos de actuar como arietes del poder central contra los pequeños comerciantes. El fuego cruzado en redes sociales alcanzó tintes estrambóticos cuando la derecha difundió imágenes fabricadas con inteligencia artificial que mostraban a los líderes sindicales disfrutando de un banquete con marisco en mitad del paro.
Las horas iniciales de la jornada mostraron el rigor de la parálisis regional. Las arterias de entrada a Valencia, Barcelona y Madrid amanecieron bloqueadas por piquetes informativos. La red ferroviaria nacional vio suspendido casi un cuarto de sus servicios de alta velocidad y un diez por ciento de los trenes de cercanías. Aena computó la suspensión de casi 300 vuelos programados en el conjunto del país. En suelo catalán, el corte del transporte duró diez horas continuadas, ahogando la actividad comercial del centro urbano.
El termómetro económico de la huelga mostró la fractura social típica de estas convocatorias. Las patronales CEOE y Cepyme apresuraron comunicados para tildar el paro de estrepitoso fracaso, estimando la adhesión real por debajo del cinco por ciento. En contraste, las organizaciones sindicales mostraron satisfacción. Las cifras internas arrojaron un seguimiento superior al sesenta por ciento en los sectores de hostelería, turismo y comercios, descendiendo hasta el 26 por ciento en las oficinas bancarias.
La tensión callejera derivó en episodios broncos a medida que caía la tarde. El Ministerio del Interior confirmó 52 detenciones y más de novecientas incidencias a lo largo de la jornada. En los accesos al mercado central de Mercamadrid y en algunas estaciones del metro de Granada, los agentes desplegados recurrieron al empleo de gas pimienta para disolver a los grupos que bloqueaban los pasos. Pepe Álvarez y Unai Sordo, secretarios generales de UGT y CCOO respectivamente, anunciaron acciones legales contra el Ministerio del Interior por lo que consideraron un despliegue policial desproporcionado e inédito en la historia reciente de la democracia española. Las voces de la izquierda alternativa, representadas por Antonio Maíllo desde Izquierda Unida (IU), exigieron responsabilidades directas al ministro Fernando Grande-Marlaska por el trato de favor hacia la contención policial. La paradoja es que IU, a través de la coalición Sumar, forma parte del Gobierno.
Al anochecer, la cola de la manifestación principal en Barcelona derivó en escaramuzas. Grupos de manifestantes rompieron vidrieras en comercios de marcas multinacionales, derribaron protecciones de madera e incendiaron contenedores en la confluencia entre Gran Vía y la Plaza de Cataluña.
El telón de fondo de este conflicto lo componen las urnas que se abrirán en menos de tres semanas. Las encuestas pronostican un cambio de ciclo político con un posible pacto entre el conservadurismo tradicional y la extrema derecha. Por eso la huelga opera como un verdadero test de resistencia popular. Los sindicatos aspiran a modificar la Constitución para blindar la vivienda protegida y evitar su venta a fondos inversores. Con el Congreso disuelto y la sustituta Diputación Permanente intentando convalidar a la desesperada las últimas normas ejecutivas, España aguarda unas elecciones donde el precio del metro cuadrado pesará tanto como las papeletas. Este jueves por la noche comienza una campaña electoral que probablemente sea la más tensa de una democracia que se acerca al medio siglo de vida.
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