La investigadora Nel Bonilla analiza la crisis política francesa como el despliegue del Estado búnker contra las manifestaciones en curso, concluyendo que se trata de un “estado silencioso de excepción (https://orinocotribune.com/france-the- bunker-states-silent-state-of-exception)”. Desde 2017, cuando comienza “la adaptación imperial a la multipolaridad”, se viene produciendo una transformación cualitativa del Estado que culmina una década de cambios en las legislaciones y en la administración que hacen innecesaria la declaración del estado de emergencia, porque “ya está preinstalado en el derecho ordinario”.
Bonilla repasa un conjunto de leyes (SILT en 2017, RIPOST en 2026) que permiten desde la creación de “perímetros de protección” en torno a los manifestantes sin orden judicial, hasta la videovigilancia algorítmica en estaciones de tren y centros comerciales, que suponen “la militarización física de la seguridad interna”. Vehículos blindados, drones y cámaras son las herramientas desplegadas, pero también se alienta a los comerciantes a contratar guardias privados y equipos caninos en coordinación con los alcaldes para patrullar “zonas sensibles” de las ciudades.
En octubre, mientas cientos de miles de jóvenes ganaban las calles, se cerraron 30 estaciones de metro en París, convirtiendo las redes de transporte público en “extensiones de la prefectura de policía”. Se prohibieron manifestaciones y se amenazó con multas de hasta 10 mil euros (11 mil 500 dólares) a quienes no se dispersen cuando la policía lo ordene. Se hizo responsable a los padres de menores por su participación en manifestaciones, y se les pueden embargar bienes o prestaciones familiares. Hubo toques de queda en 12 ciudades y multas de 150 dólares por la menor infracción. En opinión de Bonilla, se trata de “una guerra hibrida dirigida hacia el interior” de la nación, y constata que en el Estado búnker “los derechos fundamentales se convierten en privilegios condi-cionales otorgados por el poder ejecutivo, mientras que el bienestar y la reproducción se instrumentalizan para garantizar la seguridad”. La disidencia deja de ser tratada como una cuestión política para convertirse en “terrorismo desestabilizador”.
Esta es la democracia realmente existente en la Europa de hoy, al punto que en algunos países llevar un pañuelo palestino se considera delito. La restricción del movimiento de las personas va de la mano de la más absoluta libertad para la circulación del capital, que incluye las fechorías habituales como hemos visto días atrás en Paraguay, donde la mitad de la población no puede acceder a sus depósitos.
En América Latina es mucho peor, ya que las bandas armadas del crimen y las del Estado se conjugan para hacerle la guerra a los pueblos. Las democracias y las elecciones son el entretenimiento masivo que distrae a las poblaciones para permitir a los poderosos acumular más poder y capital sin límites, incluso al precio de masacrar a las y los de abajo.
Un reciente estudio difundido en España sobre lo que votan policías y militares, concluyó que 45 por ciento apoya a Vox, tres veces más que el voto que obtiene esa fuerza ultraderechista en las urnas ( El Salto, 04/11/26). El conjunto de las derechas consigue más de ocho de cada diez sufragios entre los aparatos armados del Estado. En Grecia, se reveló que en 2012 (cuando arreciaban las protestas contra la austeridad), más de las mitad de los policías votaron por Aurora Dorada, partido de ultraderecha que luego fue ilegalizado por la justicia al considerarlo una “organización criminal”.
Este es el Estado realmente existente en el capitalismo actual. Un Estado que ha sido copado por el 1 por ciento más rico, por el capital financiero más concentrado, para blindar sus intereses en este momento de casos sistémico y ambiental. Los ricos saben que el colapso/tormenta está comenzando y han tomado sus recaudos para seguir siendo los más poderosos a través del control de la violencia “ilegítima”.
En estos casos, es bueno recordar la sabia frase de Michel Foucault: “la policía es el golpe de Estado permanente”. Si en el período anterior del capitalismo el golpe de Estado se cristalizaba en el cierre del parlamento y de los medios de comunicación críticos, hoy el autoritarismo puede coexistir con ellos. Mejor aún: necesita de los grandes medios y del circo parlamentario para mejor lubricar las mil formas del extractivismo, o sea de la guerra contra la vida. En el sur del continente los progresistas suelen citar la necesidad de “militar el Estado”, en el sentido de ocupar espacios en las instituciones para transformar la realidad. Nunca dicen qué hacer con esos aparatos armados que son absolutamente impermeables a la diversidad que, esos mismos progres, pregonan a los cuatro vientos.
El camino que están eligiendo cada vez más pueblos de este continente es la autodefensa colectiva, porque dejaron de confiar en los estados, luego de cinco siglos de durísima experiencia.
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