En la segunda mitad de noviembre, los medios de comunicación masivos saltaban del escándalo de los “falsos positivos” (ejecuciones extrajudiciales de civiles realizadas para dar partes de victoria en la lucha contrainsurgente) al de las “pirámides” (estafas de los más pobres, ante la mirada complaciente del Estado). Y algunos análisis críticos, no sin razón, señalaban que el último escándalo terminaría por enterrar al primero, como de hecho ha sucedido. Sin embargo, no se ha enfatizado lo suficiente en que los sucesos tienen más elementos en común de los que inicialmente estamos dispuestos a conceder.
Lo primero que llama la atención es que el señuelo que conduce a unos a la muerte y a otros a la quiebra es el mismo: el ofrecimiento de unos ingresos intempestivos, que no pueden ser más que un fuerte imán para quienes no han visto en sus vidas cosa diferente de la cara de la escasez y las limitaciones. Son, entonces, la vida y el patrimonio de los grupos subordinados el insumo que engrasa el accionar de actores legales e ilegales que se lucran del despojo de los más vulnerables. Y aquí no nos referimos a las formas tradicionales de expoliación, por muchos legitimadas, que en su forma de bajos salarios y condiciones infrahumanas de trabajo sustentan el engranaje de la producción. No. Nos referimos al despojo de lo poco que les queda a los de por sí ya desposeídos.
Porque, en los procesos de concentración y centralización del capital en Colombia, ese recurso no ha sido extraño. Sin tener que remontarnos hasta los conflictos armados del siglo XIX, debe ser bastante recordar la llamada época de la violencia liberal-conservadora de los años 50 y 60 del siglo XX, en la que una expropiación masiva de las parcelas de los campesinos se constituye en el origen de una estructura de tenencia latifundista de la tierra, que hasta hoy marca unas formas de producción extensivas y nada funcionales a un suministro eficiente de alimentos y materias primas. Y esa expropiación, como se sabe, tuvo como premisa la muerte de los expropiados o su desplazamiento. Este fenómeno, con ligeras variantes, lo han replicado los grupos paramilitares en las dos últimas décadas.
La sorna con la que la prensa y los ‘intelectuales’ del país recibieron las declaraciones del extinto Manuel Marulanda Vélez, fundador de las farc, de que el robo de las vacas, gallinas y marranos que el ejército les hizo a 48 familias de campesinos en 1964 fue el detonante que marcó el punto de no retorno de su alzamiento en armas, no tiene otra explicación que el profundo desprecio por el patrimonio y la vida de las clases subordinadas que siempre han demostrado los grupos dominantes. Pues la seguridad no únicamente es un lujo que tan solo estos últimos se permiten sino que, además, lo han convertido en un juego de suma cero en el que lo que ganan ellos han de perderlo en forma inexorable los demás. ¿Es acaso coincidencia que el paramilitarismo haya surgido como un sistema de seguridad patrimonial de los terratenientes, y que en esa función se hayan convertido en los mayores violadores del derecho a la vida y perpetradores del mayor número de asesinatos fuera de combate?
En nuestro medio, el interés y la ganancia nunca han estado apuntalados en el riesgo y el emprendimiento de los capitalistas sino en la certeza de que las leyes y la socialización de las pérdidas vendrán en su auxilio a la hora en que fallen sus previsiones. Cuando en 1995 las tasas de interés se dispararon, el Banco de la República desligó en forma tramposa el ajuste de las cuotas de los tenedores de hipotecas de las variaciones de la inflación y las ató a las tasas de interés del mercado de 90 días (DTF), con lo cual trasladó el riesgo de los vaivenes del mercado de los banqueros a los deudores. Al final, ello se tradujo en la pérdida de su vivienda para miles de ahorradores, en un hecho que todavía no tiene responsables (en la actualidad hay en Colombia 347.300 usuarios demandados, 77.856 daciones de pago y 113.896 procesos ejecutivos vigentes). Pero, lo que es peor, algunos ‘analistas’, en afirmaciones que no pueden dejar de calificarse de cínicas, hoy siguen afirmando que ese fue el costo que debieron pagar los pobres para evitar una hiperinflación y el quiebre del sistema financiero, que les hubiera podido salir más caro.
Que el crédito hipotecario como porcentaje del PIB haya descendido del 11 por ciento que representó en la década de los 90 a tan solo el 5 en lo que llevamos del siglo XXI, y que ello haya terminado por traducirse en un déficit efectivo de vivienda estimado entre el 40 y el 52 por ciento parece importarles a muy pocos. Como tampoco parece digno de consideración que la participación de la vivienda de interés social (VIS), en los desembolsos de crédito hipotecario, se haya reducido de poco más del 50 por ciento, a principios del año 2000, hasta el 25 de la actualidad. Dado que se trata del patrimonio de los más pobres, qué más da.
El capitalismo colombiano ha sido incapaz de crear un seguro contra el desempleo, tal como funciona en gran parte de los países. La seguridad en salud es tan mezquina que el 36 por ciento de las tutelas corresponde a derechos en ese campo, y un porcentaje del 80 de éstas es fallado a favor de los demandantes (prueba clara de la intención reiterada de los empresarios de la salud de burlar sus obligaciones). Así se completa un panorama de inseguridad absoluta que contrasta con el discurso y el lema del actual régimen, basado en una supuesta ‘seguridad democrática’, cuyo mentís ha tenido que esperar la realidad de los trágicos sucesos de los “falsos positivos” y la estafa masiva de las “pirámides”, que respectivamente se han llevado no menos de mil muertos y 2,5 billones (millones de millones) de pesos.
Ahora bien, que en ese canto de sirena del discurso de la ‘seguridad’ hayan caído ingenuamente importantes segmentos de los sectores populares es explicable por la carencia inmemorial de ese derecho; pero que dirigentes de la izquierda declaren públicamente que al gobierno de Uribe, más allá de sedicentes dogmatismos, se le deben reconocer avances en la materia, no deja de ser un exabrupto, producto de una visión no sólo restringida sino además sesgada e ideologizada de lo que significa una sociedad segura. Pues, si se quiere ser medianamente serio, lo primero que cabe preguntarse es seguridad para quién y de qué. No creemos que se trate de aceptar como avances en la materia la presencia de tanques cascabel en las desbaratadas vías de nuestro país durante los llamados puentes festivos.
Hoy más que nunca, sobre la base de los últimos sucesos, debemos ser inequívocos y enfáticos en denunciar que la desinstitucionalización, los valores de la cultura mafiosa y la corrupción instituida alrededor de las recompensas han profundizado un estado de zozobra que niega la tranquilidad jurídica, económica y de derecho a la vida, tan caros a cualquier comunidad que aspire a un mínimo de bienestar.
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