Desde finales de enero de 2014, tomaron cuerpo marchas y concentraciones en Venezuela, en una disputa por el poder por parte de un sector de la oposición. Su saldo, hasta marzo, es por lo menos veinte muertos y más de 300 heridos. Tras la voluntad de sus participantes de acabar con el chavismo, los acontecimientos develan las dificultades económicas del gobierno, que han crecido desde el segundo semestre de 2012.
Venezuela vive la agudización de sus contradicciones sociales desde el fallecimiento de Hugo Chávez, Presidente de su país por 14 años. Aunque quien lo sucedió triunfó dos veces en las urnas –la elección presidencial en abril de 2013 y la consulta territorial en diciembre pasado–, aún no logra el consenso necesario para dirigir su país.
A Nicolás Maduro le falta carisma. Su estilo, copia del estilo popularizado por su antecesor, no le queda bien al nuevo mandatario, realidad que aprovechan los anti-chavistas, para explotar las dificultades económicas que conoce la República Bolivariana. Paralelo a los reclamos del fortalecimiento de la seguridad, la llamada oposición también reivindica el fin de los desabastecimientos en los productos básicos, así como el control a la desproporcionada inflación.
La presión no da respiro. Algunos éxitos económicos heredados y prolongados por Maduro, no impidieron a los contestatarios tomar la calle. Concretamente, el nuevo jefe del Estado logró triunfos en temas tan sensibles como la pobreza, y también el desempleo. En este último aspecto el INE –Instituto Nacional de la Estadística venezolano– registra una tasa de 5,6 por ciento para diciembre último, sin duda, uno de los datos más halagüeños de la etapa chavista. No debe olvidarse que para finales de 1998, cuando el candidato Chávez ganó las elecciones para la presidencia, el país registraba un 11 por ciento en la tasa de desempleo. La misma fuente reconoce igualmente, una disminución de la pobreza a lo largo del año 2013, con una cifra de 19,6 por ciento, frente al 21,6 del año inmediatamente anterior. Además, en el mismo período, la tasa pasó de 6,3 a 5,5 por ciento en lo que concierne a la pobreza extrema.
Inflación persistente
Entre los defectos más críticos del modelo de desarrollo económico del chavismo, el que más resalta es la impresionante inflación desatada durante los dos últimos años, pero con un crecimiento desmesurado en el 2013.
Sin antecedentes desde el nacimiento del régimen bolivariano, alcanzó la peligrosa tasa de 56 por ciento, constituyéndose en objeto de numerosos análisis. Por ejemplo, Gregory Wilpert, fundador del portal Venezuelanalysis, explica la inflación por la diferencia entre la debilidad de la oferta, con respecto a la amplitud de la demanda interna. En otras palabras, los programas sociales del gobierno –misiones–, provocaron esa alza explosiva con el aumento significativo de la capacidad adquisitiva de la gente, que sobrepasa la escasa producción nacional. Por otra parte, el sociólogo Marx Weisbrot, del Center for Economic and Policy Research en Washington, estima como raíz del tormento económico la compra de dólares en el mercado negro por los importadores. Prácticas que crecieron según él, luego de la restricción del acceso a los dólares decretada por el gobierno en octubre de 2012, restricción incrementada en febrero de 2013.
No obstante, más que examinar un ciclo económico de forma aislada, es prudente establecer una comparación con la salud económica de los regímenes anteriores. Si bien es cierto que en la actualidad ningún país conoce una tasa de inflación como la registrada por Venezuela, hay que subrayar que ésta no es un problema surgido con el chavismo. Si observamos, durante la década anterior al nacimiento de la República Bolivariana –es decir los años 90–, la inflación no bajó del 40 por ciento, según el Banco Central, para alcanzar el 80 en 1989, y llegar a la escandalosa cifra de 100 por ciento en 1996. Aunque la inflación conservó una tasa inquietante a lo largo del mandato del comandante, el régimen bolivariano triunfó en disminuirla de manera significativa, a tal punto que hasta el año 2012, no sobrepasó el 30 por ciento.
Variaciones en los tipos de cambio
Ante la espinosa crisis que conoce Venezuela, su gobierno realizó a principios del año 2014 algunas reformas económicas, medidas tendientes a lograr una mejora en la regulación del tipo de cambio, para reducir la inflación y controlar la fuga de los capitales.
En particular esta huida es otra de las grandes dificultades de la economía bolivariana. Aunque las divisas pasaron de 13,7 a 32, 2 mil millones de dólares entre 1997 y 2008, en los últimos años no paran de reducirse. Mientras unos observadores culpan de esta situación a la incompetencia del gobierno venezolano, otros denuncian las malversaciones realizadas por los especuladores. Cualquiera sea la explicación la evidencia es contundente: la fuga de capitales parece inevitable en los regímenes que inician reformas socialistas, en un contexto geopolítico en el cual prevalece el neoliberalismo.
Ese fenómeno tiene fuerza creciente desde el 2002, cuando fracasó el golpe de Estado contra el presidente Chávez; es decir en la víspera de la instauración de los tipos de cambio, en 2003. Para el economista Manuel Sutherland, 150 mil millones de dólares salieron del país a lo largo de la época del control de cambios. Las reservas del Banco Central de Venezuela alcanzaron solamente 20,4 mil millones de dólares al principio del año 2014. Además de ser muy reducidos, son 9 mil millones menos del monto del año pasado. Como consecuencia, en septiembre de 2013, el país tuvo que comprar parte de sus importaciones con Letras del Tesoro.
Esta realidad no pasa inadvertida. El gobierno que lidera Maduro realiza transformaciones en la regulación de los tipos de cambio, es así como el 15 de enero fue anunciada la desaparición de Cavidi –Comisión de Administración de Divisas. Esta Comisión, órgano del Ministerio de la Planificación de las Finanzas, tuvo como tarea fundamental la regulación de la política cambiaria del país. Su desaparición fortalecerá la SICAD –Sistema Complementario de Administración de Divisas.
Éste ente ya reemplazó el año pasado al SITME, como órgano complementario de la CAVIDI. Su principal diferencia con el SITME es que propone una tasa de cambio implícita, y no fija, determinada por subastas convocadas por el Banco Central. Además, autoriza que por un dólar no se cancele 5,3 bolivarianos –como sucedía hasta ese momento– sino aproximadamente 11,5.
Las medidas eran urgentes, y con ellas el Gobierno triunfó al eludir una devaluación oficial del Bolívar, tal y como había autorizado en febrero de 2013, con una tasa de 32 por ciento. Pero las nuevas medidas propiciaron, de hecho, una depreciación. En efecto, numerosos cambios tendrán lugar a través de un organismo que determina una tasa más elevada y no fija. Aunque con esto el Gobierno piensa regular la inflación, la medida perjudica a quienes perciben bajos ingresos, pues son estos quienes padecen considerables dificultades para conseguir divisas extranjeras, y también para comprar productos importados.
Las medidas tomadas incluyen otros órganos. La Ley de Ilícitos cambiarios del 19 de febrero instituye un nuevo órgano, SICAD II, cuyo objetivo es simplificar las transacciones. Se destaca, particularmente, una tasa aún más fluctuante –no tiene tarifa determinada–, que sigue entonces las variaciones del mercado. Además, ese ente realizará conversiones diarias y no semanales. Esa mayor fluidez tiene como propósito restringir las actividades especulativas en el mercado negro, y del mismo modo bajar el valor del dólar no oficial que crece fuertemente.
La plaga del mercado negro
Las restricciones oficiales en la distribución de los dólares, son aprovechadas por quienes registran ingresos más elevados. En 2012, 20 por ciento de esas compras por CADIVI, o sea 5,8 mil millones de dólares, tuvieron como destino viajes fuera de Venezuela, el envío de divisas al exterior, o también al financiamiento de estudios en países extranjeros.
Además, la misma desigualdad en el acceso al mercado oficial de divisas favorece el desarrollo de actividades especulativas, en razón de la inmensa brecha existente entre los tipos de cambio –oficial y mercado negro. En vista de la sobrevaluación de la moneda, el mercado negro contabiliza actualmente un cambio 7 veces más elevado. O sea, alrededor de un dólar por 80 bolívares, mientras que el cambio oficial está cercano a los 12 dólares. Disparidad que permite vender en el mercado negro parte de los dólares adquiridos oficialmente. Mecanismo que entrega a las clases con bajos ingresos una moneda fiable, mientras que los especuladores se enriquecen.
Por otra parte, el Banco Central prevé, tan sólo para un año, la multiplicación por dos de los desabastecimientos, lo que también alimenta el mercado negro. Igual que en el caso de la inflación, las causas de ese problema son controvertidas. Algunos economistas lo explican por una insuficiencia en la asignación de dólares para las importaciones, y el cierre de empresas, cuyas actividades económicas son perjudicadas por los diversos tipos de cambio oficiales. Pero el gobierno culpa a las actividades de los especuladores y a la fuga de capitales, que serían más rentables que la inversión en la producción y distribución locales.
En todo caso, una cosa sí es segura: los privilegiados consiguen importantes ganancias, vendiendo con precios desmedidos en el mercado negro, mercancías adquiridas a precio legal. En respuesta, el Gobierno instauró la ley de precios justos que entró en vigencia el último 23 de enero, prohibiendo a los empresarios cobrar ganancias superiores al 30 por ciento. Como si fuera poco, los especuladores aprovechan la subvención de los alimentos logrando lucros descomunales al vender las mercaderías, vía contrabando, en países extranjeros. En consecuencia, por su extensa frontera, el mercado colombiano queda traducido en el receptor de muchas mercancías, destinadas originalmente a los consumidores venezolanos.
Sobre este particular, el gobernador del estado Barinas, Adán Chávez, especificó que en los últimos 8 meses confiscó 400 toneladas de alimentos, destinadas a la especulación y el contrabando.
¿República Bolivariana: revolución o progresismo?
Venezuela tiene otros problemas importantes en sus variables económicas, como el crecimiento de la deuda externa, que pasó de 21 mil millones de dólares en 2000 a 45,5 mil millones entre 2012/2013, según lo indican las cifras del Ministerio de la Planificación y Finanzas. Por otra parte, la deuda externa pública aumentó 94 por ciento entre 1999 y 2011.
Los múltiples obstáculos para establecer una economía estable están asociados a la estrategia mono-exportadora, que caracteriza no sólo la economía de los gobiernos chavistas sino la estrategia imperante en el país desde hace décadas. Pese a esto, es manifiesta una intensificación de esta tendencia durante los últimos años: la caída de las exportaciones no petroleras entre 2005 y 2011 ascendió al 55 por ciento. Si bien en ese último año el petróleo constituía 95 por ciento de las exportaciones venezolanas.
Aunque en la República Bolivariana la renta petrolera ocasiona el fortalecimiento de la demanda interna, a través de la financiación de los programas sociales, es observable una peligrosa perpetuación y consolidación de la dependencia de las importaciones, las mismas que aumentaron 347 por ciento entre 2003 y 2011. Así, actualmente el 70 por ciento de los productos consumidos en este país proceden de afuera. La producción de los alimentos básicos no es suficiente ni sólida para satisfacer la demanda nacional.
Además, como ocurrió en Argentina con el Currency board en la década del 90, hay una distorsión entre la economía interna y una sobrevaluación del tipo de cambio. Es decir, la inflación aprecia –en términos de valores nominales expresados en moneda nacional– el valor de las mercancías internas, mientras que el tipo de cambio para el comercio exterior se mantiene estable. Tenemos así una concurrencia desfavorable con los productos de los países extranjeros, en razón de que el aumento del precio de los productos de las industrias locales, les resta competitividad respecto de las mercancías importadas.
Si los partisanos del neoliberalismo critican al chavismo, el régimen posee también sus detractores en la izquierda. Reprochan al gobierno una discrepancia entre los ideales revolucionarios de los discursos, con el contenido de sus medidas económicas. En efecto, la Revolución Bolivariana tiene un aspecto fundamentalmente social. Con la desviación de los rendimientos de la renta petrolera, para financiar los programas sociales llamados misiones, efectuó un salto ante las desigualdades dominantes en el país. Pero son medidas que se parecen –en cierta medida– a los programas de transferencias condicionadas monetarias, aplicadas desde la década 2000 en numerosos países latinoamericanos, como el de Bolsa Familia en Brasil. Sobre todo, faltan al chavismo cambios económicos estructurales para constituir, de verdad, una revolución. Esto, a pesar de una ola de nacionalizaciones y de la expropiación de 3.6 millones de hectáreas de tierra, pese a lo cual todavía le queda al sector privado venezolano el 66 por ciento del PIB. O sea, para el 2009, la cuarta parte de las personas más ricas en este país, disfrutó de casi la mitad de los ingresos allí generados.
Por otra parte, según el informe de la OCDE “Estadísticas tributarias en América Latina 1990-2010”, Venezuela tiene la presión tributaria más baja del continente, con una tasa de unos 11,4 por ciento del PIB en 2010. Es decir, una ausencia de reformas en ese sector, limita fuertemente una redistribución igualitaria de las riquezas. Máxime si se tiene en cuenta que Venezuela es el país que más redujo la imposición en las dos últimas décadas. Como lo señala el documento referido, lo importante del asunto tiene que ver con “la combinación de una mayor importancia relativa de los impuestos indirectos y el poco peso del impuesto sobre la renta de las personas físicas en la recaudación total”.
Esa organización estimó que en 2010, el 48,3 de los ingresos tributarios eran impuestos generales sobre el consumo. En comparación, el promedio de los países latinoamericanos alcanzó tan sólo la cifra de 34,7 por ciento. Además, debe tenerse en cuenta que en América Latina para igual año, 17,2 por ciento de la tributación fueron contribuciones a la seguridad social, cifra que en Venezuela no sobrepasó el 4,8 por ciento.
En resumidas cuentas, 63,3 por ciento de los impuestos venezolanos eran indirectos. Al contrario, los ingresos tributarios directos alcanzaron el magro resultado de 31,7 por 83,7 en 1990.
De esta manera, persiste la brecha entre el discurso y los hechos, o entre la propaganda y las medidas efectivas para que la revolución golpee de manera efectiva a los más ricos. No hay duda, hay medidas progresivas que marchan en este país, pero de manera sustancial por la redistribución de la renta petrolera. El capital aún goza de inmunidad.
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