El invierno tiene en vilo a muchas poblaciones en todo el país.
Las causas son muchas, como la marginación y la pobreza que obligan a
infinidad de familias a ‘instalarse’ en zonas de alto riesgo.
Pero también se inundan zonas de ganadería extensiva, terrenos que eran
públicos y ahora de grandes haciendas; también, de viviendas levantadas por
debajo de las cotas de los ríos. ¿Quién avaló tales procederes?
El invierno es fuerte pero también el afán de lucro de quienes imponen
su interés individual, sin ver lo público. Y ahora los funcionarios culpan a los ríos.
Sin duda, hay un modelo de acumulación que no repara en la naturaleza,
con un modelo que sólo mira el aquí y el ahora.
Ante nosotros están los resultados.
Preocupa que se insista en el modelo y sus formas.
Así se concluye por las medidas para ‘remediar’ los males,
en los que las comunidades no están pero sí los agentes privados
(ver Gustavo Wilches Chaux). Son medidas pensadas para asegurar
acumulación y beneficios para los de siempre, pero asimismo con la
persistencia en privatizar los servicios públicos, afectando
a las comunidades (ver Rafael Colmenares).
Como el peor ciego es aquel que no quiere ver, en el Plan Nacional de Desarrollo
se quiere dar al traste con los acueductos comunitarios, experiencia con la que muchas comunidades aseguran a bajo costo un recurso esencial para la vida (ver Bibiana Salazar Restrepo). La lección está en la trilogía de este informe: hay que replantear el modelo de acumulación y retomar la senda de privilegiar lo colectivo sobre lo particular, lo común sobre el interés de lucro, el largo plazo sobre el inmediatismo.
Dicen que el término viene de la física y que hace referencia a la capacidad de un resorte para regresar a su forma inicial luego de que ha sido estirado: “En términos simples –dice Wikipedia– es la capacidad de memoria de un material para recuperarse de una deformación, producto de una presión externa”.
Lo encontré por primera vez, hace 30 o 40 años, en los textos de ese pionero y maestro de la ecología llamado Eugene Odum, quien hablaba de “estabilidad de resistencia” para referirse a la “capacidad de un ecosistema ante las perturbaciones y conservar su estructura y función intactas” y de “estabilidad de resiliencia o elasticidad” respecto de la “capacidad de un ecosistema para recuperarse luego de haber sido sujeto a una perturbación”.
Luego, cuando me topé en la vida con eso que hoy se conoce como “gestión del riesgo”, me dí cuenta de que, en últimas, el objetivo de esa “interdisciplina aplicada” es fortalecer la capacidad de resistencia y la capacidad de resiliencia de un territorio expuesto a un conjunto de amenazas y riesgos, y, en consecuencia, a la posibilidad de sufrir un desastre; o de un territorio que ya ha sido afectado por un desastre y que necesita recuperarse de manera oportuna y adecuada.
Desde entonces, esos conceptos han guiado mi actividad profesional y mi proyecto de vida, pero hoy los entiendo y los expreso de manera más gráfica: Resistencia es la capacidad de la araña y de la telaraña para aguantar sin mayores traumatismos los efectos de un “balonazo”. Y resiliencia es la capacidad de la araña para volver a tejer la telaraña luego de haber sido afectada por un “balonazo”.
El “balonazo” está constituido por los efectos de la materialización de una amenaza, de origen natural como un terremoto, el fenómeno del El Niño o La Niña, o un huracán; o de origen humano, como el conflicto armado, una crisis financiera o un TLC para el cual el territorio no se encuentre preparado.
Cada vez estoy más convencido de que los dos conceptos –el de resistencia y el de resiliencia– finalmente son sinónimos, y de que, después del “balonazo”, un sistema vivo y por ende complejo (el organismo humano, el sistema araña-telaraña o el territorio resultado de las interacciones entre dinámicas naturales y culturales) no vuelve al estado original, como si no hubiera sucedido nada, sino que nace de nuevo, ojalá en mejores condiciones para aguantar y recuperarse de los efectos de los mismos o nuevos “balonazos”.
Pero, sobre todo, estoy convencido de que la resistencia-resiliencia de un sistema depende primordialmente de la autonomía y la fortaleza de los elementos que lo conforman: en el caso del territorio, de los ecosistemas y las comunidades y sus instituciones; en el caso de la telaraña, de la capacidad de la araña para tejer y volver a tejer su propia red.
Resulta usual que, cuando una comunidad (o, más exactamente, un territorio) está siendo afectada por un desastre (decir “por los efectos de un desastre” sería redundante, porque esos efectos son el desastre), acuda en su ayuda un conjunto muy grande de actores externos –gubernamentales unos, no gubernamentales otros–, dotados todos, sin duda alguna, de la mejor voluntad.
Pero también es usual que el apoyo externo se centre en la reconstrucción de la telaraña, mas no en el fortalecimiento de la araña para que ella misma, a su propio ritmo y con sus propias prioridades, pueda volver a tejer su propia telaraña. Se piensa que como la araña ha quedado golpeada por el desastre, se puede poner en un frasco para que observe resignada y agradecida mientras los actores externos le tejen una nueva telaraña, la cual, se asegura y le aseguran, va a quedar ‘mejor’ que la que existía antes de sufrir el desastre.
No existen, por supuesto, política o plan de reconstrucción que no afirmen que se basan en la participación de la comunidad o que no declaren que tendrán en cuenta los derechos y las particularidades de la población afectada, incluyendo, como es obligatorio, el respeto a la cultura y la perspectiva de género.
Sin embargo, en la práctica, a las arañas se les asigna el papel de espectadoras pasivas de lo que deciden y hacen los de afuera, y la ‘participación’ se limita a que la comunidad local aporte su mano de obra para las actividades que no requieren calificación.
En el caso del desastre invernal que hoy afecta a Colombia, adquiere especial importancia la participación real de las comunidades y la prioridad de que sus estrategias ancestrales de vida constituyan el eje de la recuperación. En el Caribe y otras zonas del país, las comunidades tienen claro cómo enfrentar los retos de la adaptación (al cambio climático, a la vida cotidiana), y el papel del Estado debe ser remover los obstáculos que hoy impiden que esas estrategias resulten totalmente eficaces.
Veamos un ejemplo concreto de cómo se aplica una concepción del mundo, de la sociedad y de los desastres y su gestión, que termina por debilitar la resiliencia de un territorio y de los actores sociales que lo conforman.
Con base en la Emergencia Ecológica declarada por el gobierno nacional con motivo del desastre que está azotando al país, se expidió el Decreto 4819 de 2010, mediante el cual se crea el Fondo de Adaptación, que ya fue declarado exequible por la Corte Constitucional.
Dice la norma:
Artículo 1°. Creación del Fondo. Créase el Fondo de Adaptación, cuyo objeto será la recuperación, construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de “La Niña”, con personería jurídica, autonomía presupuestal y financiera, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Este Fondo tendrá como finalidad la identificación, estructuración y gestión de proyectos, ejecución de procesos contractuales, disposición y transferencia de recursos para la recuperación, construcción y reconstrucción de la infraestructura de transporte, de telecomunicaciones, de ambiente, de agricultura, de servicios públicos, de vivienda, de educación, de salud, de acueductos y alcantarillados, humedales, zonas inundables estratégicas, rehabilitación económica de sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios, afectados por la ola invernal y demás acciones que se requieran con ocasión del fenómeno de “La Niña”, así como para impedir definitivamente la prolongación de sus efectos, tendientes a la mitigación y prevención de riesgos y a la protección en lo sucesivo, de la población de las amenazas económicas, sociales y ambientales que están sucediendo.
O sea que es claramente ese Fondo el encargado de tejer la telaraña, sin que hasta ahora aparezca por ninguna parte la araña. ¿Quiénes son, entonces, ese Fondo y quienes toman las decisiones en él? Lo define el artículo 2°:
Artículo 2°. Estructura. La Dirección y Administración del Fondo estará a cargo de un Consejo Directivo, el cual estará integrado de la siguiente manera:
1. Un representante designado por el Presidente de la República, quien lo presidirá.
2. El Ministro del Interior y de Justicia o su delegado.
3. El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado.
4. Un Ministro designado por el Presidente de la República en atención a los proyectos o asuntos puestos a consideración del Consejo.
5. El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República o su delegado.
6. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.
7. Cinco (5) miembros del sector privado designados por el Presidente de la República.
Es decir, un representante del Presidente de la República, cinco funcionarios con rango ministerial y cinco miembros del sector privado. O, en lenguaje más común, cinco empresarios. No aparece por ninguna parte la araña afectada por el desastre: ni las autoridades regionales y municipales y mucho menos las comunidades y sus organizaciones.
Se puede pensar que cuando el decreto habla de “sector privado” está haciendo referencia a todo aquello que no es estatal. Serían sector privado, entonces, el maromero del semáforo y la madre cabeza de la familia desplazada que ocupa una zona de alto riesgo. Muchos autores definen el sector privado como “aquella parte de la economía que busca el ánimo de lucro en su actividad”.
De hecho, el decreto se encarga de aclarar que, para efectos de esta norma, una cosa es el “sector privado” y otra son “la sociedad civil”, las “organizaciones no gubernamentales” y los “organismos multilaterales”.
Dice así:
Parágrafo 2°. El Consejo Directivo podrá crear los Comités sectoriales que se requieran en los cuales podrán tener presencia representantes del sector privado, de la sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales u organismos multilaterales.
Estos comités sectoriales le otorgan por primera vez la posibilidad a la araña de sacar la cabeza del frasco y opinar, suponiendo, claro, que por “sociedad civil” se entiendan las comunidades afectadas. Su presencia en esos comités no es obligatoria sino un “podrá” que queda al arbitrio del Consejo Directivo.
Y aunque sean convidados allí, opinar no es lo mismo que decidir. No les corresponde esa función a los comités sectoriales sino al Consejo Directivo del Fondo, como claramente lo especifica el decreto cuando le asigna las responsabilidades al mismo.
Es decir, que aquí se materializa también esa conjugación común del verbo participar: “Yo participo, tú participas… ellos deciden”.
En opinión de quien esto escribe, el Decreto 4819 de 2010 es inconstitucional porque va en contravía del artículo 1° de la Constitución Nacional que establece que “Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria […] democrática, participativa y pluralista…”.
El artículo 13 de la Constitución, por su parte, establece la igualdad de todas las personas ante la ley y determina que “el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados”.
Con todo respeto por la Corte Constitucional, me parece que se le pasó por alto el pequeño detalle de que ese decreto viola la esencia misma de lo que la Constitución consagró como parte de la esencia del país.
Más allá de todas las cualidades sociales y profesionales que seguramente posean las cinco personas que el señor Presidente de la república haya designado (o que designe) para representar al sector privado en el Consejo Directivo del Fondo de Adaptación (personalmente no sé quiénes serán), no pueden considerarse representantes de las miles de familias afectadas por el desastre invernal, ni más allá de lo formal tienen verdadera legitimidad para tomar las decisiones que definan el futuro de esas miles de familias y de los territorios de los cuales forman parte.
A un sector limitado de la sociedad se le está otorgando la facultad de tomar decisiones que van a afectar a muchos más sectores, que están quedando expresamente excluidos de la posibilidad de decidir sobre su propio futuro.
Aparentemente, les puede quedar muy bien reconstruida la telaraña, pero, sin una participación activa, real y decisoria de la araña, los territorios que hoy están afectados por el desastre no van a ser más resilientes frente a nuevas y seguramente mayores amenazas.
Cualquier proceso de recuperación pos-desastre tiene, esencialmente, el reto de fortalecer a los actores sociales locales, de hacer más sostenibles sus interacciones con el territorio y de cualificar su capacidad de interlocución con otros actores. ¿Cómo se puede lograr eso si de entrada se los priva del poder de decisión y, si se quiere, de la posibilidad de equivocación?
Estos son los sujetos sociales que se suelen considerar “carentes de músculo” por algunos sectores decisorios de la economía y de la sociedad.
No hay duda. Por el mero hecho de haber sido afectadas por un desastre, las comunidades y sus autoridades locales no quedan discapacitadas para pensar, para decidir ni para actuar; ni carecen de “músculo” ni tienen por qué endosarles su futuro a otros actores y sectores económicos y sociales.
Mayo 8 de 2011
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