El Senado de Estados Unidos podría aprobar esta semana el permiso para el “trámite rápido” de un tratado de comercio trans-Pacífico que incluiría a 14 naciones que mojan sus orillas en el susodicho y aguas aledañas. Con dos décadas de lecciones de Nafta, el gobierno del presidente Barack Obama arremete empecinado en la misma senda.
El presidente Barack Obama, un hombre habitualmente calmado, se irrita cuando los críticos del denominado Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica, o Tpp por su sigla en inglés, recurren a la experiencia acumulada desde que en 1994 entró en vigencia el Tratado de Comercio de América del Norte, o Nafta por su sigla también en inglés.
Esta semana, después de una breve rebelión de un puñado de senadores del Partido Demócrata y con apoyo casi unánime de los republicanos y la mayoría de los demócratas, Obama conseguirá del Congreso el permiso para el “trámite rápido” del Tpp, asunto en cuyas negociaciones ya han participado Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam.
El trámite rápido permite que el Poder Ejecutivo negocie los acuerdos internacionales que, una vez firmados, el Congreso puede aprobar o rechazar sin la posibilidad de introducir modificaciones. El mecanismo tiene su lógica: ningún país negociará en serio un pacto de esta magnitud, si luego de firmado la legislatura de otro país empieza a hacerle cambios. El “trámite rápido” respalda la seriedad de la negociación.
En sí el “trámite rápido” no es cosa mala, como tampoco lo son los acuerdos comerciales que han acrecentado fabulosamente el intercambio de productos y servicios entre las naciones.
El problema está en otra parte: ¿a quién benefician estos acuerdos?
Los promotores del Tpp suenan como un eco de los promotores del Nafta, que prometieron que ese pacto crearía cientos de miles de buenos empleos en Estados Unidos, elevaría el nivel de vida en México y Canadá, mejoraría las condiciones ambientales y transformaría a México de un país en desarrollo en un pujante mercado para más exportaciones estadounidenses. El Nafta, y luego su primo menor, el acuerdo de comercio con América Central y el Caribe, resolverían el problema de la inmigración indocumentada gracias a la eclosión de empleos en toda la región.
Veintiún años más tarde la experiencia incluye la extinción en Estados Unidos de un millón de buenos empleos –los que pagaban un sueldo mensual, vacaciones, seguro médico y pensiones– apareada con la creación de millones de “empleos miseria”, el flujo continuo de millones de inmigrantes mexicanos y centroamericanos, inestabilidad y violencia en México, creciente desigualdad de ingresos en Estados Unidos, y una miríada de asaltos de las corporaciones a las leyes de protección ambiental y salud laboral.
El presidente Obama se enoja porque quiere que creamos que esta vez la cosa es muy distinta. Y, como si la competencia de la mano de obra barata de mexicanos, centroamericanos y caribeños no hubiese sido suficiente mal para los trabajadores y la clase media estadounidenses, con el Tpp Obama añadirá la competencia de chilenos, peruanos, vietnamitas, malayos, bruneyenses y singapurenses.
EN SECRETO
Muchos críticos del Tpp denuncian el hecho de que las negociaciones se llevan a cabo en secreto y reclaman la publicación de los textos, los acuerdos tentativos y los acuerdos definitivos.
Lo cual es muy poco práctico. Toda negociación implica un toma y daca, una parte obtiene algo a cambio de ceder algo. De modo que para el electorado –en los países donde éste cuenta, porque en varios de los invitados al Tpp la democracia es una ilusión– lo que se obtiene poco importa y lo que se cede se considera una concesión cobarde.
Por eso es que las negociaciones se llevan a cabo a puertas cerradas con equipos de técnicos y asesores que, con permiso para leer los documentos pero no para divulgarlos, supuestamente llevan la voz de diferentes grupos de interés.
Uno de los argumentos de Obama, cuando no se enoja mucho, es que los críticos critican al Tpp antes de saber qué contiene.
Michael Wessel es uno de esos “asesores autorizados”, y en un artículo reciente en el diario Politico sostuvo que “el gobierno ha creado una trampa perfecta: la ley prohíbe que hablemos de los detalles específicos que hemos visto y esto permite que el presidente nos critique por no ser específicos”.
Wessel no es un novato en estas lides ni un adversario ideológico del llamado “comercio libre”. Durante 21 años trabajó para el entonces jefe de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, Richard Gephadt, y especialmente en política comercial, incluidas las negociaciones del Nafta y la Ronda Uruguay de la Organización Mundial del Comercio. Ahora es consultor de empresas y del sindicato metalúrgico de Estados Unidos. Encima fue asesor de la campaña electoral de Obama en 2008.
Uno de los ejemplos que Wessel mencionó en su crítica, sujeta a restricciones, de lo que se discute para el Tpp es la “regla de origen”, es decir cuánto de un producto debe provenir de países del pacto para que el producto se comercie libre de tarifas. En el Nafta se estipuló que el 62,5 por ciento de un vehículo automotor debía provenir de uno de los tres países miembros del pacto para obtener el beneficio. Cuando Estados Unidos firmó un pacto comercial con Australia, la cuota de origen se bajó al 50 por ciento. En el Tratado de Comercio con Corea del Sur se bajó al 35 por ciento, lo cual significa que, por ejemplo, el 65 por ciento de un auto surcoreano puede consistir de partes fabricadas en China, y aun así califica para la eliminación de tarifas. “El asunto es políticamente tóxico y, por esa razón, deberíamos esperar que el Tpp tenga estándares más altos. Pero ¿alcanzará al 62,5 por ciento que tenía el Nafta? ¿O será apenas una leve mejora del acuerdo con Corea del Sur?”, escribió Wessel. “Sin acceso al texto final del acuerdo, es imposible determinarlo.”
PALABRAS QUE CONFUNDEN
La etiqueta de “libre” que consuetudinariamente se añade al título de muchos de estos pactos comerciales confunde la realidad. De libre estos acuerdos tienen nada: son documentos enormes, con especificaciones muy detalladas que luego quedarán sujetas a las regulaciones que se elaborarán durante muchos años.
Un ejemplo de la “libertad” comercial del Nafta es el acceso de los camiones de carga mexicanos al territorio de Estados Unidos. A más de dos décadas de inauguración del pacto, los camioneros mexicanos todavía no tienen la libertad para conducir sus camiones y transportar carga en todo el territorio de Estados Unidos.
La “demora” es resultado de un empantanamiento en reglas, regulaciones, estándares y demandas legales. La mera traducción entre inglés y español de los reglamentos sobre tamaños (¿en metros o en pies?) y pesos de los camiones (¿en quilogramos o libras?), la presión de aire en los neumáticos (¿se mide por libra cuadrada o por quilo Pascal?), cuántas horas pueden trabajar los conductores sin descanso, el volumen de las cisternas (¿en litros o galones?)… e infinidad de detalles de ese tipo engrosan la trama de restricciones en el “comercio libre”, y en cada una de ellas se impone la voluntad del más fuerte.
La única libertad que medra en estos pactos es la que buscan los empleadores en todas partes: la ausencia de sindicatos, la tercerización, la libertad de despedir trabajadores sin compensaciones, la libertad de aumentar la productividad reduciendo las remuneraciones, la libertad de someter a esclavitud virtual (y si alguien cree que esto es exageración lea noticias recientes desde México), la libertad de trasladar fábricas a países donde no existen o no se aplican normas de protección ambiental. La libertad, pues, de quienes son los únicos beneficiarios de los acuerdos.
REBELDE CON CAUSA
Obama, que al parecer ha olvidado el respaldo militante que los sindicatos de Estados Unidos dieron a sus dos campañas presidenciales, prefiere ignorar lo que muestran las cifras del Departamento de Trabajo: unos 20 millones de personas, aproximadamente el 10 por ciento de los adultos en edad de trabajar tienen, en el mejor de los casos, vínculos marginales con la economía. Dos millones y medio de personas se cuentan entre los desempleados a largo plazo; 6,6 millones de personas tienen empleo sólo de tiempo parcial –sin vacación pagada, sin compensación por horas extra, sin seguro de salud–, y otros 2,1 millones no tienen empleo. Estas personas proporcionan aquí mismo, en Estados Unidos, el contingente hambriento por un empleo que contribuye a mantener bajos los sueldos de quienes tienen empleo.
La “waltmartización” del mercado laboral, fomentada por el “comercio libre”, resulta en desigualdades como ésta: sólo el 20 por ciento de los trabajadores cuyas remuneraciones se encuentran en el 10 por ciento más bajo tienen licencia por enfermedad paga, comparado con el 87 por ciento de los que ganan el 10 por ciento de los sueldos más altos. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el 74 por ciento de los empleados a tiempo completo cuenta con licencia por enfermedad paga, un beneficio que sólo ampara al 24 por ciento de los empleados a tiempo parcial, que viven con miedo de resfriarse porque si pierden un día de trabajo no cobran, y pueden perder aun ese empleíto miserable.
Este es el deterioro que afecta a la clase media en desaparición y a los trabajadores de Estados Unidos, un país cuya “época de oro” en las décadas de 1950 y 1960 se caracterizó por los sueldos altos, planes de pensión, seguros médicos y una pujante clase media asequible gracias a una movilidad social sin par en el mundo entero.
La senadora demócrata de Massachusetts Elizabeth Warren ha ido emergiendo como una voz rebelde y con mucho fundamento en lo que puede conducir a una fractura del Partido Demócrata por el costado izquierdo.
Warren ha denunciado a los gobiernos demócratas y republicanos por no considerar las estipulaciones laborales en los pactos comerciales previos, y dijo que “los hechos demuestran que, a pesar de todas las promesas, estos acuerdos comeciales son sólo otro instrumento para inclinar la balanza más a favor de las corporaciones trasnacionales y contra las familias trabajadoras”.
“La historia de estos acuerdos revela una verdad cruda: la aplicación real de las estipulaciones laborales en previos acuerdos comerciales está muy por detrás de lo prometido”, añadió Warren.
En cuanto a la promesa de que los acuerdos comerciales serían beneficiosos para los otros socios de Estados Unidos, y en especial los países más pobres, basta con leer las noticias desde Honduras, República Dominicana, Guatemala, El Salvador y, sobre todo, México, para cuantificar y calificar los resultados de los pactos comerciales. En cada uno de estos países ha emergido una clase media y adinerada que se beneficia del comercio, y se ha multiplicado el resto de quienes viven entre la violencia política y la violencia económica, sin más esperanza que una migración arriesgada hacia el Norte.
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