Ser un ciudadano colombiano en un estado de guerra

Colombia se encuentra sumida hoy por hoy bajo un estado coyuntural, en el cual se debate de fondo un conjunto de factores y circunstancias

que determinarán su nuevo rumbo.

 “Mi nombre es Eduardo Abril Galán [*], nací el 16 de noviembre de 1944 en la Ceja, Antioquia. Me crie en el campo; desde muy pequeño, recuerdo que trabajaba en la finca de mi papá; yo no estudié porque en ese tiempo no había quien me diera un cuaderno y además mi papá insistía en que para el trabajo de campo los libros no son necesarios; me acuerdo que cuando mi papá salía al pueblo aprovechaba para jugar con mis hermanitos.

Siempre nos levantaban a las cuatro de la mañana porque teníamos que ir a revisar el ganado, a ordeñar las vaquitas y a mirar que los cultivos estuvieran bien. Cuando llegaba la hora del almuerzo, teníamos que rezar el rosario todos juntos y evitar la risa porque sino mi mamá o mi papá nos cascaba, eso de irrespetar a Diosito era muy delicado en la casa. Después, con ese sol que golpeaba fuerte la nuca y la cara, tocaba ir arriar el ganado otra vez; yo me acuerdo mucho cuando llegaban los diciembres que me gustaba mucho ir a la casa de una tía que tenía en la ciudad de Medellín, pero, como éramos muy pobres, mandaban uno cada año porque éramos ocho hijos (ja, ja, ja). Mis papás no perdían el tiempo, ¿cierto?

Cuando cumplí quince años no me aguanté más las pelas de mi papá, entonces me fui de la casa y me dieron trabajo en Santa Rosa de Osos, por allá todo era muy duro, no es como ahora que todo es plata, pero la pasé bueno por esa tierra; yo era muy buen mozo, tenía novias y me vagabundeé mucho, tomaba aguardiente, como me pagaban bien, invitaba a las mujeres a salir; luego el patrón me llevó para Urabá, por allá me quedé trabajando administrando unas bananeras, pero eso era selva y no tenía las carreteras; mijo, usted no sabe todo lo que viví allá.

Lo que siguió después fue la tragedia; como queriendo no dar tregua, la guerrilla se tomó muchas zonas, luego, en los noventa, se agudizó la violencia y a uno lo mataban hasta por decir “hola”. A mi mujer la mataron malarios, yo no sé si guerrilla o paras, la cosa es que está ya muerta, eso fue muy duro; tuvimos un solo niñito y, cuando recién cumplía seis años, se me murió de paludismo. Quedé destrozado y aburrido, algo cansado y piedro con el destino. Después de unos años más de trajinar en Antioquia, decidí que lo mejor era mirar nuevas tierras y me vine a los santanderes, me gustó mucho el municipio de Piedecuesta y de ahí me instale definitivamente, hacia el año 1996, en el municipio de Los Santos. En esta tierrita encontré la paz y la tranquilidad, no me quise volver a casar y le bajé un poco al trago; en parte me vine escapando de la violencia, decir que uno es colombiano y no sentirse ciudadano es muy verraco”.

 Como Eduardo Galán, miles de colombianos más, o tal vez cientos de miles, migran cada día, todos los días, durante cada año, hace ya más de cuarenta años, a través de todo el territorio nacional; es un éxodo que pareciera nunca acabar y que, al final, solo es atestiguado por los senderos, por las trochas y la vías improvisadas de arena, donde estos olvidados, donde estos individuos dejan de ser ciudadanos y se transforman en marginados. Vivir en Colombia no es fácil, más aún cuando es el campo el que, en ocasiones, impide el reconocimiento político y social y la falta de visibilidad de las necesidades de sus pobladores, esto es, de los campesinos.

El investigador Hugo Quiroga, quien es el director del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario y profesor de Teoría Política en la Facultad de Ciencia Política de la misma universidad, desarrolló un texto titulado “El ciudadano y la pregunta por el estado democrático”. Dicho texto puede ser un referente imprescindible para entender por qué en Colombia persiste una asimetría que no es solo política, social, económica o cultural, sino que apunta, ante todo, hacia la comprensión de las fronteras invisibles, donde solo unos pocos adquieren el atributo de ciudadanos.

Hablar de ciudadanía y hacerlo en un espacio que sea sostenible respecto a un estado democrático, como se conceptúa en el caso de Colombia, donde se reitera bajo la constitución que somos un estado social de derecho; implica desarrollar una visión que medie entre las tensiones que se derivan de la democracia para un estado social de derecho y aquello que se denomina ciudadanía incompleta.

Resulta entonces imperativo encontrar una postura, o mejor aún, hallar un término medio que concilie las preguntas en torno a si existe o es viable y legítimamente deseable hablar de una democracia real, cuando a través del estado de hechos en Colombia se manifiesta solo una suerte de democracia ideal, que tiene un fuerte respaldo teórico, mas no una considerable articulación práctica; es decir, se habla de democracia continuamente, se alude a formas de organización democrática en algunos estados latinoamericanos, siendo Colombia un referente y un claro ejemplo de ello y, sin embargo, sigue operando la asimetría socio–económica, que es tan solo una de las formas en que se expresa la desigualdad. La guerra aún persiste.

Sumado al anterior problema, esto es, el de la democracia fallida o fracturada, dirá Vargas Llosa, es posible observar que, de forma interrelacionada, emerge la pregunta por la existencia de la igualdad ciudadana, es decir, se plantea la cuestión de si, en efecto, dentro de un estado llamado democrático, como en el caso colombiano, realmente son los ciudadanos iguales entre sí. De ahí que se evidencie entonces por qué con justa razón la noción de democracia, y junto a ésta de ciudadanía, contienen en sí mismas cierto grado de tensión, en tanto que aquello que está en juego en última instancia es el papel y la función que cumple un ciudadano dentro de un estado democrático sitiado por la guerra y, por vía inversa, cuál es el fundamento y el rol de la llamada democracia al interior de un estado y del colectivo de ciudadanos que le configuran.

En este orden de ideas, se reconoce fundamentalmente el carácter problemático del asunto en torno a la democracia y al concepto de ciudadanía en un contexto como lo es el colombiano, debido, en parte, a la complejidad misma que se deriva de este tema y a la cantidad de factores que intervienen en el proceso mismo de construcción de la ciudadanía y la democracia como un efecto del estado organizado e institucionalizado bajo preceptos de igualdad y equidad. Para ello es entonces necesario reconocer que existen cuatro nociones básicas que se hallan, de manera inextricable, relacionadas y que son explicadas de forma interdependiente. Dichos conceptos, o mejor aún categorías, son: igualdad, derecho, ciudadanía y democracia.

Pues bien, uno de los aspectos problemáticos de la democracia (en Colombia al menos) es justamente su carácter polisémico, lo que le da gran variedad de matices interpretativos según sea también el contexto, sin embargo, a juicio del autor Quiroga, es necesario puntualizar aquella noción que apunte a empatar la resignificación de la democracia bajo el precepto de libertad e igualdad con el de ciudadanía o ciudadano como instrumento de integración en el colectivo.

Para dirimir el asunto de la democracia y el ciudadano inserto en un estado democrático, es necesario considerar que las sociedades actuales, en especial en Latinoamérica y como caso puntual Colombia, exhiben a ciudadanos denominados nominales o incompletos, es decir, aquellos ciudadanos que no pueden ejercer plenamente los atributos correspondientes a la condición y categoría de ciudadano, y la existencia de esos ciudadanos incompletos se debe a las condiciones imperantes que son en sí mismas deficientes a nivel económico, cultural y social, esto es lo que agudiza la pregunta por el estado democrático, pero, a su vez, es el punto de inflexión a partir del cual es posible una reinterpretación del ciudadano y la democracia como proceso participativo y de acceso deliberativo en un Estado como el nuestro.

Así pues, al considerar lo que implica ser un ciudadano colombiano en un estado de guerra, surge una interpelación no solo en un sentido socio–económico o simplemente político, sino también filosófico respecto a la democracia como un proceso dinámico y rico en posibilidades, donde la configuración de una forma de organización social debe ir más allá del mero ejercicio político y apuntar hacia un proceso de transformación del colectivo, donde se reivindique el papel activo del ciudadano y la trasformación del mismo a través de la reinterpretación y revaloración de sus derechos humanos, de sus derechos fundamentales, en tanto que individuo y ciudadano. Así pues, las categorías de campesino, indígena o marginado deben ser reformuladas para poder romper esas barreras invisibles que permanecen en el imaginario de los colectivos colombianos, donde les cuesta aceptar que aún impera el clasismo y el arribismo en muchos sectores de nuestra sociedad.

Ahora bien, sumado a lo anterior, se debe reconocer que la sociedad colombiana se encuentra sumida hoy por hoy bajo un estado coyuntural, en el cual, al margen de polarizaciones por parte su población y la comunidad internacional en torno al posconflicto como proceso y realidad alcanzable, se debate de fondo un conjunto de factores y circunstancias que determinarán el nuevo rumbo de la sociedad nacional en su conjunto. A efectos prácticos y sin pretender incurrir en reducciones simplistas respecto al tema político, social y cultural, resulta totalmente procedente hablar de transición política en el país, y más aún, de un proceso de transformación sustancial respecto del Estado colombiano, el cual, pese a ser conceptualizado como un estado social de derecho, aún no logra sus objetivos trazados de equidad, inclusión social y estabilidad nacional, debido, en parte, claro está, al conflicto armado.

De ahí que sea más que imperativo llevar a cabo interpelaciones en torno a una cuestión tan sensible, como lo es la pregunta respecto a cómo es que en un contexto de posible transición política del conflicto armado en Colombia (tal cual es el caso del tiempo presente), y atendiendo al derecho a los procesos de verdad, ¿qué papel debe tener la sociedad en el proceso de reparación y transición política y social?

Lo que se trata de exponer aquí es, aunque sea someramente, cuál es el papel de la población civil colombiana en el proceso de reparación de victimas a la luz de la transición política del conflicto armado. Dicha formulación precisa de aportes y análisis, por lo demás bastante específicos, en torno a lo que como rol y función está llamada a desempeñar la sociedad colombiana respecto al proceso de reparación de las víctimas derivadas del conflicto armado. Colombia aún se halla sumida bajo la figura de un estado en guerra y, como si esa situación fuere insuficiente, aún miles de colombianos son invisibles, miles son los olvidados, los que no son reconocidos como ciudadanos.

En efecto, se habla de violencia y perspectiva del Estado respecto al conflicto armado en Colombia. Como quiera que sea, se trata de dos puntos angulares que se hallan interrelacionados para poder entender cuál es el sentido y alcance que el conflicto adquiere. A su vez, tanto la violencia y sus diversas y reprochables formas de expresión y manifestación, confluyen precisamente en el marco de la sociedad. Es decir, es en el ámbito de la sociedad donde se desarrolla y desenvuelve el drama de la violencia general o sistematizada y, a su vez, es donde el Estado centra su atención para desarrollar apreciaciones y juicios de orden estratégico en torno a cómo desarrollar la lucha contra los grupos armados, al tiempo que emergen bandas delincuenciales en zonas urbanas. Y, sin embargo, resulta paradójico a la luz del tema aquí planteado, que tal y como el autor Nicolás Espinosa advierte en su texto Política de vida y muerte. Etnografía de la violencia diaria en la Sierra de la Macarena:

“La perspectiva que tiene el Estado colombiano sobre el conflicto no distingue entre campesinos, guerrilleros y narcotraficantes. La retórica oficial es fuerte y la respuesta militar lo es de manera proporcional, afectando de forma directa a los campesinos. La vinculación de la lucha antidrogas en la lucha antisubversiva ha implicado para los campesinos, según testimonios que he reunido, detenciones masivas, cuando no, arbitrarias, allanamientos sin orden judicial ni acompañamiento, bombardeos, bandas criminales, constantes señalamientos y atropellos. Las acciones oficiales se traducen en el descrédito de la institucionalidad y, en términos de la violencia de todos los días, implican nuevos marcos reguladores de las relaciones sociales”. (Espinosa, 2010; pág. 71).

Con acierto se puede colegir de las observaciones expuestas por Nicolás Espinosa que, en relación con el papel de la población civil colombiana en el proceso de reparación de victimas a la luz de la transición política del conflicto armado, resulta imperativo, y por lo demás deseable, tratar de comprender que el Estado debe ser incluyente dentro de su marco interpretativo para poder lograr, de forma eficiente, el tránsito político requerido para abordar y comprender en términos más dúctiles el conflicto armado.

Es decir, no será a través de la lucha frontal, pero tampoco del desistimiento tácito, como se logrará un nuevo marco regulatorio, sino que será la población civil de Colombia, a través de un ejercicio de inclusión donde se reconozca además la ciudadanía de todos por igual, ya sea que se trate de actores directos e indirectos, para poder cohesionar las relaciones entre el Estado y la sociedad, lo cual, a su vez, permitirá otorgar una nueva vos, donde sea la comunidad, la población (y en especial aquellos que han sido olvidados o marginados) misma, la que formule, postule y proponga un nuevo marco programático para abordar el conflicto armado a través de la generación de espacios críticos y condiciones de posibilidad, para que el Estado reconsidere su tradicional y sesgada postura de amigo y enemigo, y evite así incurrir en señalamientos que pudiesen resultar lesivos para la población civil.

Finalmente, se puede argüir que a la pregunta ¿cómo superar las contradicciones de los ciudadanos incompletos?, al interior de un estado democrático, como el Colombiano, se debe apuntar, señalando tal cual lo refiere el autor Hugo Quiroga, hacia aquello que se denomina “el espacio público civil”, pues es al final, en este ámbito, donde tiene lugar la esfera de afirmación democrática, no solo en el sentido primero del término y en su aspecto teórico, sino, más aún, a un nivel elemental que se funde con la praxis, donde el ejercicio de la ciudadanía ha de volverse una realidad del todo constatable. Solo en este punto habrán de surgir las prácticas solidarias y los espacios plurales de deliberación y control.

De otra parte, cabe añadir entonces que solo hasta el momento en que la sociedad colombiana se concientice en torno al carácter fundamental de los tres pilares de trabajo necesarios para lograr la transición política, los cuales son justicia, verdad y reparación; será posible reconocer y dar el sentido y valor que amerita el proceso mismo desde lo social, junto a un claro marco jurídico, al tema de reparación víctimas, pero para ello igualmente resultará necesario la articulación y el establecimiento de un diálogo más directo y sin ambages entre el Estado y la población civil.

 [*] Nombre cambiado a solicitud del entrevistado.

Referencia:

“Política de vida y muerte. Etnografía de la violencia diaria en la Sierra de la Macarena”. Nicolás Espinosa Menéndez. Instituto de Antropología e Historia. Bogotá (2010).

La violencia en Colombia. Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda, Eduardo Umaña Luna. Tomo I. Punto de lectura.
Ahí les dejo esos fierros. Alfredo Molano. El Ancora Editores (2009).

“El ciudadano y la pregunta por el estado democrático”. Hugo Quiroga. Versión PDF.