La profesora Aura Isabel Mora, integrante directiva del movimiento sindical de profesores y trabajadores administrativos de Uniminuto, en entrevista con el periódico desdeabajo explica las condiciones de contratación del cuerpo profesoral universitario, reinantes dentro de un modelo educativo con una acreditación que agudiza el modelo empresarial. La ausencia de diálogo por parte de las directivas en el proceso de negociación del pliego de peticiones presentado hace algunos meses, y la lucha porque se cumplan la ley en la contratación laboral.
P. ¿Por qué organizar un sindicato en el sector educativo universitario privado?
R. Sintrauniminuto representa los esfuerzos de articulación entre profesores de diferentes facultades de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. La contracción de docentes a cuatro meses impide que el profesor tenga estabilidad y seguridad social, el hecho que la gente no esté bien contratada afecta la calidad educativa y el proyecto de vida como educador. Esta situación no es exclusiva de Uniminuto, tiene que ver con la crisis educativa que afecta a Colombia en particular y América Latina en general, la misma que resume el matrimonio del neoliberalismo y la educación, que hace que las universidades y la escuela en general se vuelvan empresas, dejando de ser organismos que responden a la formación de sujetos para la construcción del país.
Una característica de la universidad privada es disminuir los tiempos de contratación de los docentes, vinculándolos a destajo. Puede ser legal tener contratos de cuatro meses –en cuanto a prestación de servicios–, profesores sólo para clases, pero es ilegal cuando hacemos funciones misionales de la Universidad, lo que además de la docencia incluye la investigación y proyección social, además de procesos de autoevaluación y acreditación. En este caso, estos profesores no deben tener un contrato de cuatro meses, pedimos que por sus funciones misionales la institución garantice una continuidad en sus derechos laborales.
Los sindicatos hoy no están abogando por un bienestar mayor al que brindan las normas, sino exigiendo a las empresas, en este caso al sector educativo, que cumplan la ley. Que establezcan contratos como la ley lo establece, que sean dignos y decentes y no por temporadas. Esto no lo quiere reconocer Uniminuto ni las demás universidades, excusándose para ello en tener un plan de desarrollo que contempla la entrada de profesores a mejores condiciones, pero al mismo tiempo permitiendo el despido, o como lo llaman, la no renovación de contrato, en nuestro caso de 200 profesores a nivel de sistema y 100 docentes al final del 2015. Esta situación alarmó al profesorado y como respuesta se crea Sintrauniminuto.
R. Este es un proceso donde las instituciones educativas pasan a ser empresas universitarias, los rectores a gerentes y los estudiantes a clientes. Es el fruto del mismo modelo neoliberal, que sólo valora los conocimientos que construyen mercado y desvalora la ciencias sociales o las humanidades críticas. Los saberes que no aportan al mercado son poco importantes en esa relación empresa-universidad. En esas condiciones, el rol del maestro cambia, convirtiéndose en un simple transmisor de conocimiento en aulas de clase, con discursos remedo de otros contextos, casi siempre de Europa y Estados Unidos, ajenas al contexto colombiano, y abandonando el pensamiento propio y auténtico de cada uno de los educandos.
P. ¿Qué otras implicaciones tiene este modelo neoliberal en lo educativo?
R. Este proceso neoliberal está enloqueciendo a todo el mundo con los llamados estándares de calidad, y muchas universidades toman estándares desde ISO 8000, que son aplicados para empresas pero que no son pensados para el mejoramiento de las universidades. Claro, hay unas organizaciones que son empresas cuyo objetivo es el ánimo de lucro, y hay otras organizaciones sociales, como las universidades, que no pueden tener tal ánimo porque cumplen una función social.
Entonces, hay una confusión en la Universidad por no saber qué clase de organización es. Uniminuto implementó en los últimos años la ISO 8000, estándares de calidad que llevan a precarizar las condiciones de profesores en lo laboral, a impedir el buen funcionamiento de la investigación, y favorecen a los grandes proveedores, sacando a los pequeños que no cumplen con todo el papeleo; los costos administrativos han aumentado de manera exagerada. Tenemos la mayoría de profesores con contratos de cuatro, cinco o seis meses, en el mejor de los casos de diez y once meses. Eso es precarizar la labor docente. Entonces, por ejemplo, los profesores con contratos de cuatro meses quedan otros meses igual sin un salario que les impide seguir sobrellevando su cotidianidad con seguridad social. Algo muy grave, especialmente con cabezas de familia que al final de año se quedan sin seguridad social para sus hijos. Es un tema reiterativo que hemos expuesto pero la Universidad no tiene ninguna solución, y que en la negociación su propuesta, algo positiva, querían hacerla por fuera de la convención colectiva.
P. ¿Cómo ha sido el proceso de formación del sindicato?
R. Existieron varios intentos de conformarlo en las diferentes facultades, donde surgieron varias propuestas pero sin lograr concretarlas. En la Facultad de Comunicación propusimos, el año pasado, de manera abierta a la decana Amparo Cadavid, una asociación de trabajadores para hablar sobre el trabajo con el padre Harold Castilla Devoz, entonces rector, pero no se llevó a cabo. Ese mismo año sacaron cien personas de la sede principal, la Universidad no los llama despidos sino “no contratación laboral”. A nivel nacional se sumaron otras 200 personas que no continuaron, esto hizo que aceleráramos el proceso. Por entonces los administrativos anunciaron nuevos reajustes, por lo cual nos apresuramos a constituir el sindicato que hoy es bien acogido, comenzamos con 27 personas y en dos meses tenemos más de 130 afiliados.
Para nosotros fue sorpresa ver que las directivas de Uniminuto se comportaran como una empresa clásica, que no quiere que el sindicato tenga mayor reivindicación, sorda a las peticiones, y que no va a dar ninguna reivindicación en el proceso de negociación.
P. ¿Cuáles son las dificultades que afrontan para fortalecer la actividad sindical?
R. Son muchas, empezando por la palabra sindicato que está estigmatizada. Señalan que son “revoltosos”, “mamertos de izquierda”, “problemáticos” y sobre todo una frase repetitiva entre los directores y otros profesores: “los sindicatos acaban con las empresas”. Eso hace que los profesores en general le tengan miedo al sindicato, propiciando su estigmatización. Pero esa figura es la única que nos queda para reclamar nuestros legítimos derechos.
También existe una pérdida de tradición de movimiento social en Colombia, como en ningún otro país en América Latina. No tenemos movimiento social dentro de la mayoría de quienes se sienta bien revindicando sus derechos. La gente piensa “piden mucho”, “es que me han dado el trabajo” –que en caso de Uniminuto se señala que trabajan con los pobres, cosa que no es cierta–. Un programa académico semestral tiene un precio que oscila entre los dos millones y hasta cinco millones doscientos mil pesos, entre pregrados y posgrados presenciales. Los estudiantes pagan para recibir su formación.
Un tema muy importante es en qué usan el presupuesto las universidades privadas, y eso debería ser un debate nacional público. También falta conciencia frente a los derechos y abunda el miedo, presente porque somos una sociedad que está acostumbrada a vivir de los favores y no de los derechos. Esta actitud, clientelista, realza en las universidades cuando llega un nuevo director, decano o vicerrector, todos los cuales cambian el personal docente e incorporan a sus amigos, lo que vulnera el derecho al trabajo.
P. ¿Cómo ha sido la respuesta de las directivas frente al sindicato?
R. Tuvo dos etapas. La primera, cuanto el padre Diego Jaramillo –director del sistema– y con el rector Leonidas López, en la cual fuimos escuchados frente al mapa de problemas. Fue positiva porque pensamos que habíamos entrado en un diálogo con la Universidad, que estaba receptiva con las reivindicaciones del sindicato. Pero nos encontramos con sorpresa en una mesa de negociación en donde no estaba ninguno de los que toman decisiones, y contrataron una firma de abogados experta en tratar sindicatos.
Esa etapa de la negociación fue muy fuerte porque le dijeron no a todo el pliego de peticiones. Nosotros señalamos que no eran negociadores legítimos y solicitamos al Ministerio de Trabajo que citara a las partes, el cual recomendó una convención colectiva y que no llegáramos al arbitraje. A pesar del trato respetuoso por parte de los negociadores, no hubo mayores reivindicaciones: unos horarios sindicales, subsidios funerarios que no son nuestras prioridades. Nuestra lucha es que los contratos de cuatro meses pasen a doce, luego propusimos a seis meses. También un subsidio de 100.000 pesos para las mamás cabezas de familia para transporte. No hubo ningún eco. La Universidad propuso dar seguridad médica a los trabajadores de 4 a 6 meses durante todo el año, nosotros pedimos también pensión. Sin embargo, cuando llegamos a la última etapa de la firma de la convención, la Universidad dijo que eso no debería estar dentro de la convención sino en un documento aparte. No nos pareció ético cuando estamos negociando los derechos de los trabajadores.
P. ¿Qué es la mesa de Re-existencia?
R. La Mesa de Re-existencia es una colación de universidades públicas y privadas. Queremos lograr un proyecto de ley, como grupo y sector, para proponerle al Estado que la educación no es mercancía, las universidades no son empresas, los estudiantes no son clientes, los rectores no son gerentes y poner la educación en el lugar requerido por la sociedad.
Queremos participación real del docente en la elección de los directores, decanos y vicerrectores, porque creemos que en esos cargos medios hay un abuso del poder y de politiquería al estilo público, donde cada director que entra acomoda a su gente y así se conforma un círculo vicioso. No es una situación exclusiva de Uniminuto. No se debate de cara a la sociedad lo que significa un proceso de formación para un estudiante que no va a tener una buena educación. Mientras el docente está pensando cómo solucionar su problema de seguridad social o ingresos, sin poderse concentrar en un proyecto de vida que genere calidad de educación a los estudiantes.
La universidad privada tiene una deuda con el país. Quiere ser empresa, sin darse cuenta que en sus manos tiene una labor fundamental para la construcción de un país, como es la educación. Profesionales que salen mal preparados, ¿cuánta plata le cuestan al país? No se ha efectuado un cálculo, las universidades están pensado en las ganancias y no piensan en las consecuencias para los estudiantes de esa falta de calidad de educación.
P. ¿Cómo debe ser una negociación colectiva en un país que trata de superar su guerra?
R. El proceso pasa por mejorar las condiciones de todos los trabajadores, sobre todo el sector educativo. Al docente de hoy le exigen posgrado, otro idioma, para lograr lo cual puede gastar, en todo el trayecto de su vida, 1.000 o 2.000 millones de pesos, para que le paguen dos millones cuatrocientos mil pesos. Además le piden que haga de todo: que dicte clase, sea director de tesis, ponencias internacionales, sea prestigioso, que los demás lo citen, haga tutorías, utilice las Tics, entienda la brecha generacional.
Una situación donde toman cuerpo las prácticas individualizadas: una carrera individual para ganar puntos en pro de tener un sueldo un poco más alto. Y en esa carrera individual olvida la construcción colectiva y la reivindicación de sus derechos porque, finalmente, es un sistema que te lleva a pensar que por no tener puntos no debes tener derechos.
P. En la filosofía de Freire planteas una reflexión sobre la relación del opresor y el oprimido en este escenario educativo, ¿cómo la entiendes?
R. Necesitamos un proceso de humanización del trabajo docente, visto como aquel que labora unas horas en el desarrollo un programa y ya, sin permitirle desarrollarse creativamente, con un pensamiento propio, con sus proyectos personales y una relación más equitativa para que pueda enseñar. El docente colombiano, en esa relación oprimido-opresor, tiene dos funciones: descubrir y asumirse como oprimido que necesita derechos, asumir sus limitaciones y taras para construir país. Y lograr que en esa relación con los opresores también ellos se liberen al aceptar que la educación no es una mercancía.
Necesitamos humanizar al opresor para tener relaciones más equitativas. Hay una relación que trasciende a todo el país y es la desigualdad. Mientras los rectores ganan sumas desorbitantes, un profesor promedio gana un millón setecientos a dos millones setencientos, y es a quien le piden más. Esos procesos de desigualdad necesitan un punto de reflexión, los sindicatos sirven para ello y para que mejoren las condiciones no sólo laborales sino de investigación y, finalmente, para que mejore la calidad del proceso de formación del estudiante, que es quien está en el proceso de refundar el país.
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