La Corte Constitucional, una vez más, le dice NO al desvío del arroyo Bruno por parte de la multinacional carbonífera, Cerrejón Limited. El 29 de noviembre la Corte suspendió el desvío hasta que no se realice la consulta previa con las comunidades indígenas de La Guajira que se ven afectadas por esta acción.
Las razones por las que Cerrejón quiere desviar el arroyo 700 metros al norte -con lo cual quedaría más cerca de la carretera principal, comprometiendo el bienestar de las comunidades y resguardos de los municipios de Barrancas, Albania, Fonseca y Hatonuevo– son las 35 millones de toneladas del mejor carbón de La Guajira existentes en su cause, que de acuerdo a los comunicados de la multinacional, ayudarían a mantener la producción hasta el 2034.
En contra de tal posibilidad, que llevaría aún más al extremo las pésimas condiciones de vida que ahora llevan los pueblos que allí habitan, los resguardos wayúu de La Horqueta, La Gran Parada y Paradero, presentaron una tutela exigiendo que el arroyo conserve su cauce y no sea desviado para la extracción del mineral, argumentando que tal acción no solo afectaría gravemente los ecosistemas, sino también su bienestar; al arrebatarles el agua, derecho fundamental.
Aceptando su demanda, la Corte ordenó frenar todo tipo de actividad hasta que se programe una consulta previa con las comunidades. Lo que parece una decisión positiva, pero tiene sus bemoles, pues el pueblo wayúu perdió la credibilidad ante tal recurso jurídico por el historial de consultas previas que tienen y la falta de respeto que han recibido por parte del Estado, quien las irrespeta una y otra vez. El pasado 20 de noviembre, en el Congreso de la República, las comunidades que denunciaron sus difíciles condiciones de vida como consecuencia directa de la presencia de Cerrejón, también denunciaron que desde el 2005 no son consultados frente a las acciones de la empresa.
A la fecha, Cerrejón cuenta con todos los permisos requeridos para el desvío del arroyo, expedidos por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y del Ministerio de Ambiente, situación que despierta la zozobra en las comunidades que desde siempre han escuchado que estas son las instituciones encargados de velar por sus derechos dentro de los resguardos, antes de autorizar cualquier tipo de exploración y explotación.
Estas decisiones por parte de las instituciones autorizadas y responsables, no son más que paños de agua tibia para las comunidades que desde hace 36 años sufren la miseria que genera el modelo extractivo en Colombia. La pregunta por el ¿qué hacer?, permanece más latente que nunca.
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