La extrema derecha ha consolidado su proyecto autoritario neoliberal en Colombia. El gobierno de Álvaro Uribe ha profundizado con éxito el modelo emprendido desde el gobierno de Virgilio Barco (1986) por la oligarquía nacional, la tecnocracia, los dueños de los medios de comunicación, los organismos multilaterales de crédito (BM y FMI), el capital transnacional y los Estados Unidos. A principios de 2004, la aprobación por parte del público de la administración Uribe es de 76% y domina el optimismo, 55% prevé que la situación del país mejorará este año y 51% considera que sus actuales condiciones de vida son buenas o muy buenas.
El 66% de los colombianos aprueba un acuerdo de libre comercio con los EE.UU. y 55% estima que la ayuda militar de Estados Unidos es definitiva o ayuda a ganar la guerra contra la insurgencia (sólo 23% considera que empeora el conflicto). Los sectores de derecha, con base en estos resultados y el manejo de la opinión pública, buscan la ampliación del gobierno Uribe, después de 2006, por cuatro años más.
El año 2003 terminó con un crecimiento de la economía de 3,2%, una reducción del desempleo nacional de 15,3% a 14,3% entre 2002-2003 y una baja en la tasa de homicidios de 68 a 52 por cada 100.000 habitantes en igual período. El ingreso por persona se recupera después de su caída a partir de 1999 (en 1998 fue de US$2.420) y actualmente es de US$ 1.728. No obstante, la pobreza por ingresos afecta a 66% de los colombianos y la distribución del ingreso es más injusta (el 10% más rico concentra 46,5% del ingreso y el 10% más pobre sólo 0,8%).
En esta situación, es importante dar respuesta a dos preguntas: ¿Porqué la hegemonía del modelo fascista neoliberal? ¿Es sostenible esta hegemonía en el mediano y largo plazo? En las diferentes encuestas los tres principales problemas que identifican los ciudadanos es el desempleo (40%), la corrupción (29%) y la inseguridad (24%), hábilmente la clase dirigente ha creado la sensación que se está dando respuesta a estas problemáticas. Pero el éxito se explica por la continuidad de la cultura política de esta nación: una combinatoria de garrote y zanahoria, esto es, terrorismo estatal contra toda forma de organización y oposición de los sectores populares y un régimen corporativista que premia la lealtad de los sectores genuflexos al proyecto Estado-capital. Para un mejor acercamiento a esta problemática, profundicemos en tres aspectos: economía, violencia y régimen corporativista.
1. Una expansión económica al debe, excluyente, rentista y de mayor dependencia externa
Para explicar el comportamiento de la economía en 2003 acudamos al equilibrio general: la oferta es igual a la demanda, en ésta ecuación la oferta está en función de los componentes de la demanda (exportaciones, inversión y consumo interno).
El crecimiento en 2003 de 3,2% de la economía se explica en alta proporción por los logros del modelo exportador implementado. Las exportaciones crecieron en 8% (representan 20% del PIB). Estas suman US$ 11.000 millones, a lo que hay que sumarle los US$ 3.000 millones que giran los cuatro millones de colombianos que viven en el extranjero. Las exportaciones están representadas en sectores tradicionales, rentistas, controladas por multinacionales, de poco valor agregado y que generan bajo empleo: creció la exportación de carbón en 55%, ferroniquel en 43,3%, café 10,5% y petróleo en 4,1%. Las exportaciones tradicionales crecieron en 16,5%, en contraste las exportaciones menores cayeron en 6,2%. El principal destino de las exportaciones es Estados Unidos (44,4%), seguido -de lejos- la Unión Europea (14,5%) y los países andinos (13,8%). Las exportaciones a la mayoría de los países del CAN cayeron: -48% con Venezuela, -10,5% con Bolivia y –7% con Ecuador. Esto significa que la economía y la política interna dependen cada vez más de la dinámica y las decisiones del gobierno de los Estados Unidos.
Con excepción de las finanzas públicas y la tasa de cambio, la estabilidad en otras variables macroeconómicas como la inflación y la tasa de interés han estimulado la inversión en maquinaria y equipo de transporte, vivienda e infraestructura privada. La inversión creció en 27%. Esta situación se explica por el buen clima de los negocios, la estrategia de seguridad al capital por parte del Estado y los estímulos de eliminar los aranceles a la importación de maquinaria y equipo durante 2003.
El consumo interno creció apenas 1%. La estrategia de supervivencia del 66% de los colombianos en condición de pobreza por ingresos, es la de limitar el consumo a lo más esencial, aun así 25% padece hambre. El poco crecimiento se explica por la demanda de los sectores de más alto ingreso por vehículos, muebles y electrodomésticos, ocupación de hoteles y, en general, consumo suntuario (restaurantes, ropa, servicios). Se estima que 21 millones de colombianos salieron a diferentes destinos nacionales e internacionales en las vacaciones de fin de año. Aunque gran parte de este consumo es al debe,: las ventas con tarjetas de crédito crecieron en 20%.
Por el lado de la oferta, en el año 2003, la construcción creció 9,7% (vivienda suntuaria, edificios y locales), la vivienda de interés social y las obras civiles permanecen paralizadas. El sector financiero aumentó la cartera comercial en 9%, el crédito de consumo creció 22% y las utilidades del sector se duplicaron (1,4 billones a septiembre de 2003, explicado por los altos niveles de intermediación: pagan por el ahorro tasas de 7% y el crédito de consumo lo colocan a tasas que rondan el 30%). Las comunicaciones desde 1999 crecen a más de 8% anual. La agricultura se incrementó en 4% (debido al buen clima, los altos precios, la mayor seguridad en las áreas rurales y el crecimiento del crédito en 47%). La minería registró altos aumentos: en carbón el crecimiento fue de 47% del valor exportado (de 35 millones de toneladas en 2002 aumentó a 45 millones en 2003), la energía creció en 3,1%. La industria creció en 3,1% (por la dinámica del mercado interno en 1,8% y en mayor proporción por las exportaciones de textiles y confecciones a EE.UU, gracias al acuerdo del ATPA). El comercio no tuvo crecimiento (excepto en el mes de diciembre que creció en más del 3%), sin venta de automóviles cae en 1%.
La oferta de trabajo aumentó durante 2003 en 884.000 personas (la población en edad de trabajar creció en 700.000 personas, 2,2% y la población económicamente inactiva descendió en 184.000 personas, esto es, buscaron trabajo). En consecuencia, la población económicamente activa aumentó en 4,5%. De otra parte, la capacidad de absorción del aparato productivo aumentó en 950.000 personas, esto es 5,7%; 1,2% más que el crecimiento de la PEA. Los desempleados se redujeron de 2.991.300 a 2.925.200 (la tasa de desempleo bajo de 15,3% a 14,3%). El desempleo urbano cayó en -0,8% y el rural -8,3%. Los nuevos puestos de trabajo se crearon en los sectores de comercio, servicios e industria, en las áreas urbanas; agrícola, comercio y servicios en el área rural. No obstante, el crecimiento del empleo se registro en actividades poco productivas y de bajo ingreso: familiar, sin remuneración, cuenta propia y empleados gubernamentales (vinculación al ejército y la policía). El sector informal representa 51% y el subempleo 38,9% del total de empleo. En Colombia, por cada trabajador pleno dependen otras tres personas. Gran parte de las personas desempleadas se están ocupando a cambio de la sola comida, el cambio en el régimen laboral ha permitido una mayor explotación de la fuerza de trabajo. La ventaja comparativa para el éxito del modelo exportador se fundamenta en la ampliación de las ganancias de las multinacionales, expoliar los recursos naturales y una fuerza de trabajo barata, flexible y disciplinada.
2. La violencia, declaratoria de guerra, cambio en la estrategia, mayor focalización e involucramiento de los Estados Unidos
El número de homicidios anuales cayó en el 2003 de 30.000 a 23.000, por tanto, la tasa de homicidios bajó en el último año de 68 a 52 por 100.000 habitantes. De esta forma, se quiebra la tendencia alcista de la violencia que se registraba desde 1998. La estrategia de mayor presencia armada del Estado, los planes de seguridad en las ciudades, el proceso de institucionalización iniciado con el paramilitarismo y el repliegue táctico de la insurgencia da cuenta de estos resultados.
El principal enemigo del Estado y los sectores de la derecha en este momento es la insurgencia. Con el apoyo de los Estados Unidos la estrategia busca derrotarla en un plazo de dos períodos presidenciales combinando los mecanismos de asfixia al financiamiento, arrasamiento de las poblaciones que operan como base de apoyo, control de la opinión pública, fortalecer la inteligencia, auspiciar las delaciones pagas y la detención o eliminación de los cuadros directivos (por su estructura centralista, consideran que de este modo se derrumba toda la organización armada). La oligarquía sigue con la campaña de desprestigio internacional de la insurgencia (asociándola al terrorismo y el narcotráfico) y desligitimación apoyando los sectores de centro izquierda institucionalizada.
Con la aprobación del estatuto antiterrorista, los derechos civiles y políticos son drásticamente restringidos. La detención arbitraria y sin garantías procesales de los ciudadanos inculpados se elevó en el 2003 afectando a más de 7.000 personas en las principales zonas donde se está concentrando la guerra. El número de masacres disminuyó (pero el total de personas afectadas se mantuvo) al igual que las personas desplazadas (bajó en 50% respecto a 2002, aunque aun suma cerca de 200.000 al año). Las masacres y el desplazamiento forzado siguen teniendo lugar en las principales zonas económicas del país (departamentos del centro, área andina y ejes petroleros) y donde tienen lugar los grandes macroproyectos (Región caribe y pacífico), en las cuales se consolida el modelo paramiltar (la desmovilización se presenta en zonas no estratégicas en lo militar y lo económico o totalmente controladas. Los efectos de la guerra tienden a estar más focalizados en los escenarios prioritarios de las operaciones militares y el desplazamiento se viene cambiando por el emplazamiento de poblaciones (similar a grandes campos de concentración). El establecimiento trabaja en el retorno disciplinado de la población desplazada a sus lugares de origen, contando con el control y apoyo de los sectores desmovilizados del paramilitarismo.
Las estrategias contrarias del establecimiento y la insurgencia se enfrentan: el paramilitarismo se consolida en las áreas de latifundio, zonas de macroproyectos (con alta presencia de multinacionales) y en las principales ciudades del país (con hegemonía absoluta en Medellín, Cali, Barrancabermeja y Cucuta); la insurgencia continua siendo una guerrilla rural, con la pretensión de tender un cerco sobre las grandes ciudades. Por lo menos en los departamentos del centro, este cerco se ha roto con los planes candado (principalmente en la capital del país y el departamento de Cundinamarca) y el control de amplias zonas de importancia agropecuaria. La estrategia del miedo generalizado y el control de la opinión pública apoyan toda la estrategia militar y de restricción de libertades fundamentales. Por su parte, el proyecto político de la extrema derecha cuenta con la mitad del parlamento colombiano y un buen número de las alcaldías municipales en sus zonas de influencia.
Por su parte, los Estados Unidos tienen el proyecto de convertir a Colombia en el Israel de América Latina, con el objetivo de desestabilizar cualquier proyecto de izquierda o popular en el área Andina o el cono sur. También se busca conformar una estrategia similar a la de la OTAN, con la conformación de una maquinaria militar que pueda intervenir en cualquier lugar de América, bajo la dirección de la OEA. Para estos fines, cuentan con la obsecuencia absoluta de las elites del país, la profesionalización de un poderoso ejército (se busca que alcance un número cercano a los 350.000 miembros activos) y la opinión favorable de un amplio sector de la población. Entre los años 2000 y 2004 la asistencia de los Estados Unidos a Colombia suma US $3.080 millones; el 81% es para fines militares y el 19% para cooptar la población mediante acciones humanitarias o sociales. Este último rubro (US$ 580 millones) es controlado directamente por la Embajada de los Estados Unidos y ejecutado por ONG´s gringas, en asocio con ONG´s nacionales, en proyectos que tienen como escenario las regiones de mayor conflicto y en sectores que van desde la infraestructura social, los derechos humanos hasta el fortalecimiento de las administraciones municipales y la institucionalización de movimientos étnicos y populares (como es el caso de un importante sector del movimiento afrocolombiano). Además, existe la presencia directa de 400 oficiales del ejército norteamericano y otro numero igual de asesores (o mercenarios) del sector privado gringo.
3. El Estado Comunitario, consolidación del régimen corporativista
El Estado colombiano es una maquinaria tecnomilitar que controla un millón de puestos de trabajo y una tercera parte de la riqueza que se genera anualmente. La naturaleza actual del régimen presenta una gran articulación entre la economía y la política. Importantes empresarios hacen parte de la dirección del poder ejecutivo y en el Congreso se suma, a la alta representación que tienen los terratenientes y comerciantes en esta rama del poder, recientemente el sector financiero (fusión del capital bancario e industrial) y las iglesias (principalmente las protestantes). Esta concentración del poder militar, político y económico en el Estado le da una gran capacidad de cooptación de los diferentes sectores que componen la sociedad. El clientelismo media las relaciones entre la ciudadanía y el Estado. El clientelismo permite a la “clase política” mediar entre el Estado y la ciudadanía por la provisión de servicios estatales. En este sentido, los partidos dominantes reemplazan a las instituciones comunitarias, sustituyen y asumen las funciones del Estado y ganan la lealtad que los ciudadanos normalmente dan a la nación. En general, es un fenómeno que se conoce con el nombre de un régimen corporativista.
La teoría política económica moderna considera el corporativismo como la creación de agremiaciones que defienden únicamente los intereses de sus asociados. El corporativismo surge como oposición al capitalismo liberal, impulsado por sectores católicos y sociales, aunque rápidamente se transformó en funcional a los sistemas políticos de corte autoritario, abandonando de su léxico las nociones de democracia y justicia social en aras de la concertación y negociación de intereses corporativistas para lograr una gobernabilidad e institucionalización de esencia privada en detrimento de lo «público». En un texto de 1926, referido a la República de Weimar, C. Schmitt advierte como esta tendencia corporativista conduce a la crisis de la democracia parlamentaria: “Los partidos no se enfrentan unos a otros para discutir programas u opiniones, sino como grupos de poder social y económico que calculan sus mutuos intereses y sus oportunidades de poder, y que acuerdan compromisos y coaliciones con base en ello”. La posición corporativa ve a la sociedad como un cuerpo en el que cada parte ocupa el lugar que le corresponde, en consecuencia, una visión corporativista debe expulsar las fuerzas que se oponen a su noción orgánica del cuerpo social hacia una externalidad pura.
Este ejercicio organicista de la sociedad premia a los adeptos y castiga a los rebeldes, críticos o insumisos. El corporativismo hunde sus raíces en la asociación Estado-Capital y las juntas de acción comunitaria, los jerarcas de la iglesia católica, los militares y los sectores profesionales; posteriormente se cooptó la intelectualidad en los puestos de mando de gobierno (dando lugar a una importante tecnocracia), los nuevos movimientos sociales, tales como las mujeres (ofreciéndoles participación en el poder público, en los planes de desarrollo y recursos del presupuesto) y los movimientos étnicos (a través de entrega de territorios, circunscripciones políticas especiales y presupuesto público). Igualmente, bajo la figura de la administración delegada (entrega de recursos financieros para que los ejecuten en proyectos asistencialistas), las delegaciones mixtas en derechos humanos (en una perspectiva que oculta la violación como una acción estructural del sistema y la trata como casos aislados de las políticas del Estado o situaciones singulares e individuales) o la incorporación en cargos públicos el Estado (los funcionarios van y vienen permanentemente de las ONGs al trabajo directo con el Estado) ha cooptado a una buena parte de las organizaciones no gubernamentales, funcionales a la atención de las crisis sociales que genera el modelo fascista neoliberal y el conflicto armado interno.
Un importante sector de los sindicatos (que en total representan menos del 4% de los trabajadores) son favorecidos con algún ministerio (no estratégico), regímenes especiales de seguridad social y contratación laboral, lo que los convierte en defensores de los regímenes sociales y laborales vigentes (el gobierno Uribe logró el acuerdo de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, al igual que durante la administración Pastrana). El gasto social, a través de los subsidios y el asistencialismo, constituye un poderoso mecanismo de ganar leltades entre los sectores populares.
El modelo se perfecciona por la alta organización y disciplina de los sectores de extrema derecha y la ignorancia política de la mayoría de los colombianos. En el país, 6% de los mayores de edad se considera de izquierda y 4% de centro izquierda (en los procesos electorales vota entre 6 y 8% de estos, el resto no cree en las instituciones); de otra parte, 11% es de centro derecha y 23% de extrema derecha (los sectores más extremos son favorables a la guerra y un 13% considera que el establecimiento vencerá la insurgencia en un plazo menor a cuatro años); el grueso de la población, 55%, no tiene ninguna cultura política. Sobre estos últimos, la acción propagandística del Estado, el individualismo y la alienación cultural y consumista los hace fácilmente leales al modelo. Contrasta esta distribución de las lealtades políticas con la estructura socioeconómica del país: la clase alta es el 6%, la media 29% y los sectores populares 65%.
De otra parte, el sistema fascista neoliberal construye una inmensa red de informantes a partir de los organismos de seguridad del Estado, con la participación de la fuerza civil, las empresas de vigilancia privada (cerca de 380.000 empleados), el gremio de los taxistas, los soldados campesinos (llamados eufemísticamente “soldados de mi pueblo”, que operan de forma similar a las rondas campesinas fujimoristas) y los miembros desmovilizados de los paramilitares (que conformarán empresas de seguridad privada en las zonas urbanas o harán parte de los empleados públicos).
La fragilidad de este proyecto tiene tres fuentes: de una parte, la quiebra de las finanzas públicas (la deuda pública, interna y externa, es la más alta de la historia, representa 54% del PIB y sigue creciendo a pesar de las nueve reformas tributarias de la última década) y de otra, la situación de esclavitud, miseria, terror y explotación que padecen dos terceras partes de la sociedad; finalmente, la precariedad de la base económica sobre la cual se sustenta el crecimiento.
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