Temas claves para el próximo gobierno

El Pacto Histórico se presenta hoy como una de las candidaturas más opcionadas a la presidencia de Colombia. En caso de salir triunfante en la coyuntura en curso, los retos que heredará en diversos campos serán inmensos. ¿Cómo actuar ante ello? En este artículo se avanza en breves reflexiones en cinco temas clave que requieren urgente atención en nuestro país.

Sin duda alguna la sociedad colombiana vive un momento excepcional en su mapa político, marcado por mandatos presidenciales bipartidistas, y en el último siglo, predominantemente ligados al proyecto político del uribisimo. Una coyuntura electoral excepcional, además, por las condiciones en las que el próximo gobierno recibirá el país. Producto de problemas estructurales que han contribuido a construir el tipo de sociedad que hoy tenemos, pero también resultado de una serie de políticas desatinadas que no han respondido a las necesidades de las mayorías en el país y que, por tanto, en vez de contribuir a su bien-estar, nos han consolidado como una sociedad altamente desigual y con altos niveles de pobreza.

Sin duda alguna, el cómo se aborde esta crisis, depende de la concepción políticas y filosóficas de quien gobierne y de su visión sobre el cambio social. Los resultados de tres décadas de gobiernos que han aplicado las fórmulas neoliberales nos reafirman hoy que el camino no es por los lados del fundamentalismo político y económico liberal, afincado en pilares como el mercado, el crecimiento económico, la reducción del tamaño del Estado, el individualismo y el antropocentrismo, entre otros. Esta realidad obliga a salirse de la clásica receta ofertada desde el norte global para sociedades como las nuestras; nos invita a pensar qué hacer partiendo de nuestras particularidades, necesidades y fortalezas; y nos exige aprender de lo positivo y lo negativo de las experiencias latinoamericanas que han tenido gobiernos de izquierda. Por la amplitud de retos por atender, acá nos enfocamos en cinco temas clave:

Visión de bien-estar

Colombia lleva décadas persiguiendo el sueño del desarrollo sin lograr consolidar mejores condiciones de vida para el conjunto de la sociedad y en particular para los más necesitados. Enfrentar los problemas estructurales que hoy vivimos como sociedad requiere cuestionar ese sueño e identificar qué no ha funcionado de las propuestas del desarrollo implementadas y por qué; así como construir políticas públicas que en realidad respondan a las necesidades de la población y que contengan un enfoque transformador capaz de pasar de las acciones paliativas, caritativas, paternalistas y asistencialistas, a estrategias de mediano y largo plazo capaces de avanzar en la desestructuración de las condiciones que han permitido la emergencia de discriminaciones históricas, de las desigualdades sociales y del conflicto armado.

El Estado colombiano no puede seguir repitiendo de manera acrítica políticas, programas y proyectos que implican una alta inversión del gasto público sin revisar si están o no transformando de forma estructural la realidad. De la misma manera, no puede seguir replicando una visión del desarrollo economicista, eurocéntrica, antropocéntrica y universalista que no da cuenta de la manera cómo en el país se concibe de manera diversa el bien-estar. Concitar una discusión pública cotidiana sobre qué es vivir sabroso para cada quien, cómo se materializa y se ha hecho real en distintos espacios, es fundamental. En las diversas regiones del país existen experiencias exitosas de materialización de visiones propias, alternativas a las dominantes, sobre el bien-estar, que han permitido la permanencia de pueblos y comunidades y que, si son potenciadas y respaldadas por el Estado, pueden permitir mejorar la calidad de vida de estas poblaciones y consolidar sus visiones y proyectos.

No solo es importante cuestionar los modelos y políticas de desarrollo implementados en el país e identificar y dar visibilidad, apoyo y relevancia a las visiones alternativas al desarrollo; sino que en aras de aprender de la experiencia del giro a la izquierda, hay que evitar replicar políticas económicas y sociales que si bien buscaban fortalecer el Estado y avanzar en políticas de distribución de la riqueza, se centraron en el extractivismo afectando diversos ecosistemas, pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Repetir rasgos del modelo de desarrollo dominante pero guiado por otras posiciones políticas no ha dado los frutos esperados en los gobiernos progresistas. El camino para enfrentar de forma contundente los problemas estructurales está en un posicionamiento bien crítico del sueño del progreso moderno.

Parte de esto incluye apoyar las economías diversas que existen en el país, tales como la popular y solidaria, las economías campesinas, indígenas y afrodescendientes, las economías familiares, comunitarias, feministas y del cuidado, que han puesto en marcha tanto comunidades rurales como sectores urbanos, incluida la clase media. Así mismo es necesario consolidar un proyecto de soberanía alimentaria y apoyar la producción y la industria nacional, paralelo a un proceso de transición a una economía no extractivista que privilegie en primera instancia el consumo interno y posteriormente su comercialización en el exterior.

Desigualdades sociales

Las cifras de pobreza y desigualdad del Dane nos recuerdan los dramáticos rasgos de la crisis social y económica que constituyó el acicate de las movilizaciones del año pasado. En 2021, el 39,3 por ciento de los colombianos se encontraban en condición de pobreza monetaria, es decir, 19.6 millones de personas viven con un ingreso mensual inferior a $354.031. Con este dinero no se compra la canasta básica de bienes y servicios que dignifican la vida. En términos de la pobreza multidimensional, indicador que refleja las privaciones de los hogares en materia laboral, condiciones de salud de la niñez y adolescencia, entre otros, el Dane estableció que el 16 por ciento de la población se encontraba en este estado en el 20211. Los índices de desigualdad en Colombia son de los más altos de Latinoamérica. Según el Banco Mundial (2021), el nuestro es el segundo país más desigual de la región después de Brasil. Según Oxfam (2022), solamente el 10 por ciento de la población más rica de Colombia recibe 11 veces más que el 10 por ciento más pobre. El país registra enormes desigualdades en todos los planos: económico (de ingresos, de riqueza), territoriales, de género y pertenencia étnica.

La pobreza, el desempleo, unas condiciones de vida precaria y la falta de oportunidades para consolidar el bien-estar al que aspiran distintos sectores poblacionales, no afecta de igual manera a toda la población. Según el Dane, si un hogar está a cargo de una mujer entre los 26 y 35 años, y ella no tuvo ningún estudio o solo hizo la primaria, va a ser una mujer desempleada que trabaja por cuenta propia y no puede cotizar a pensión. Esto significa que su familia sufre todos los rigores de la pobreza y que su futuro será precario. Adicionalmente, el mismo estudio muestra como el 79 por ciento de familias con tres o más niños se encuentra por debajo de la línea de pobreza, enfrentándose a un presente tremendamente alejado de las promesas de futuro que la sociedad dominante le vende a través de los medios de comunicación.

Ni que decir de la situación de la juventud. En julio 2021, la tasa de desempleo para jóvenes se ubicó en promedio en un 26.8 por ciento, cuando para ese mismo mes la cifra nacional fue de un 14.3 por ciento (Dane, 2021). Según un estudio del BID y la Universidad de los Andes, en Bogotá el 15 por ciento de los jóvenes no tienen oportunidades ni de estudiar ni de trabajar (“ninis”); y dos de cada tres “ninis” son mujeres2.

En el caso de las poblaciones étnicas la situación tampoco es nada favorable para el acceso a la educación formal (preescolar, básica primaria, básica secundaria, CLEI y modelos educativos flexibles). Según el Dane3, para el 2020 la tasa de matrículas del Amazonas, departamento que congrega un porcentaje significativo de población indígena, fue del 0,21 por ciento del total nacional y del 1,63 con respecto a Bogotá. En el caso del departamento del Chocó, con una población principalmente afro e indígena, el número de matrículas corresponde al 1,37 por ciento del total nacional y al 10,53 con respecto a Bogotá (ver gráfica). El 13 por ciento de niñas y niños campesinos entre los 12 y 15 años no acceden a educación secundaria, y el 11.5 de mayores de 15 años no saben leer ni escribir frente al 3.2 por ciento de las zonas urbanas.

Frente a esto urgen políticas de empleo digno, educación pública gratuita y con becas para los sectores más empobrecidos, un programa temporal a mediano plazo de renta básica que evite que haya colombianos experimentando hambre cotidianamente. Así mismo es necesaria una política educativa de alta calidad y pertinencia con oferta y cobertura para los diversos municipios del país, las zonas rurales, y para las comunidades indígenas y afrodescendientes que incorpore la etnoeducación. El carácter de estas políticas, insisto, debe ser transformador y no asistencialista, y deben evitar contribuir a mantener o crear subjetividades de la caridad, fortaleciendo más bien ciudadanías activas, deliberativas y emancipatorias.

Este panorama de desigualdades es producto de distintas relaciones de poder que deben ser abordadas en su conjunto por el nuevo gobierno y por el Estado. No será útil concentrarse solo en las desigualdades de tipo económico, si al mismo tiempo no se avanza en transformaciones en las relaciones (hetero)patriarcales y racistas; y en la mirada que se tiene sobre el campo como un lugar de atraso o de un progreso modernizador que en parte ha vaciado a lo rural de su potencial para la producción de alimentos y la consolidación de proyectos colectivos destinados a construir el bien-estar de sus habitantes; y en cambio ha contribuido a una sostenida migración hacia las zonas urbanas, donde la concentrada estructura económica en sectores y actores no les incorpora de forma productiva, y en consecuencia, esta población pasa a engrosar los cinturones de miseria.

Discriminaciones históricas

América Latina es producto de una historia colonial que marcó fuertemente la construcción del Estado-nación en la región. Esta forma de organizar la sociedad se erigió sobre fuertes fragmentaciones producidas por las violencias coloniales, las divisiones raciales, de género y entre naturaleza y cultura que se construyeron posterior a 1492. No obstante, nuestra sociedad tiene en su cimiento esas divisiones, las desigualdades y opresiones no funcionan divididas sino articuladas.

La mayoría de políticas públicas para mujeres y diversas poblaciones han perdido de vista la imbricación de las opresiones. Esto se refleja en algunas fórmulas que no se han revisado lo suficiente. Por ejemplo, las políticas públicas para las mujeres deberían centrarse más en la equidad y la transformación que en criterios universales de igualdad. Como sujeto político, las mujeres estamos cruzadas por desigualdades y diferencias, que no pueden olvidarse al momento de la acción estatal, como ha ocurrido en algunos casos en las políticas centradas en la igualdad. Las mujeres tenemos iguales derechos que los hombres, y las políticas públicas deben garantizar el goce de esos derechos. Pero no somos iguales entre nosotras ni con los hombres.

Esto lleva también a cuestionar algunos puntos de partida de las políticas públicas. La fórmula ya de al menos dos décadas de igualdad de oportunidades debe ser cualificada. Cuando hablamos de esta igualdad, a qué sujeto masculino estamos equiparando las oportunidades que le ofrecemos a las mujeres en una sociedad constituida por clases sociales: ¿a mujeres pobres con hombres ricos, o a mujeres pobres con hombres pobres? ¿O a mujeres pobres con mujeres ricas?

Otra fórmula que debe ser revisada es la que han convertido supuestamente en una solución mágica: la del empoderamiento económico a través de emprendimientos. Diversos estudios muestran como en algunos casos esto terminó por endeudar a las mujeres; mientras otros plantean que estas fórmulas refuerzan la estructura desigual que genera el capitalismo y mantiene la lógica económica de este sistema sin generar cambios estructurales para las mujeres. Frente a esta fórmula es mucho más benéfico para las mujeres y sus entornos, así como para la transformación que requiere la economía de nuestra sociedad, apoyar las economías diversas y las alternativas al desarrollo de forma clara y contundente.

Las políticas públicas para sujetos específicos deben ir más allá de las visiones liberales de la acción estatal, de su fragmentación y de su carácter asistencialista. Para esto es necesario construir políticas públicas interseccionales, para lo cual existen dos opciones. La primera, el uso de un marco interseccional en el que se descentran todos los ejes de opresión (género, racismo, edad, clase, entre otros), caso en el cual la acción de la política pública se concentraría en las múltiples “experiencias de discriminación que producen los múltiples entrecruzamientos” (Gómez et. al., 2021)4. Y segundo, el uso de un marco interseccional en el que se privilegie un eje de opresión y se atiendan los posibles entrecruzamientos.

Construcción de paz

Sin duda alguna, de las cuatro campañas más opcionadas para ganar, la del Pacto Histórico es la más solida en sus propuestas sobre la paz. No solo presta atención a los distintos puntos del Acuerdo de Paz, tomándose muy en serio los derechos de las víctimas; sino que también contempla una negociación con el ELN, se propone una reforma progresiva para las Fuerzas Armadas y la Policía, así como la revisión de la Doctrina de Seguridad Nacional. También se preocupa por el cumplimiento de las medidas de género y del capítulo étnico del Acuerdo, incorpora la dimensión cultural para la construcción de paz, apoya decididamente el trabajo de la memoria y se compromete abiertamente con la construcción de una política pública para la paz, la reconciliación y la convivencia establecida como compromiso en el Acuerdo de Paz.

Esto último es fundamental, pues es lo que permitirá que el Acuerdo y la aplicación de la justicia transicional no nos lleve como país a una transición que, si bien desarticula a algunos de los actores armados, no logra avanzar en transformaciones estructurales, incluyendo aquellos aspectos que generaron el conflicto armado, como ha ocurrido en otros escenarios transicionales. Una fortaleza del programa del Pacto Histórico es que al leerlo en conjunto y entre líneas, es posible ver que la aplicación del Acuerdo de Paz se entiende como una parte de un gran todo que nos llevará hacia cambios estructurales. Estos cambios son positivos para el conjunto del país, y no como las lecturas doctrinarias sobre el programa del Pacto pretenden leerlo: como una réplica del castro-chavismo que nos llevará a ser como Venezuela.

Esa política pública para la paz, además de articular las recomendaciones que pronto presentará la Comisión de la Verdad para la no repetición, debe incorporar los enfoques de género, diferencial, territorial, poblacional y ambiental, entre otros. Así mismo, el nuevo gobierno debe evitar de forma consiente y explícita que la construcción de paz deje intacto el Estado como forma de organizar la sociedad, luego de que éste ha estado implicado no solo en actos de corrupción sino también en el ejercicio permanente de violencia contra sus ciudadanos, algunos de ellos representantes de visiones de mundo y políticas distintas a las dominantes, y otros en condiciones de vulnerabilidad como ocurrió con las ejecuciones extrajudiciales. También debe evitar consolidar el modelo económico y la visión de desarrollo dominante; así como una práctica democrática restringida a las elecciones y lo representativo. Estos son momentos propicios para la profundización de la democracia y de su carácter deliberativo y decisorio, ya no solo restringido a quienes son elegidos, sino al conjunto de la ciudadanía.

Fortalecimiento del Estado

La crisis que ha desatado el neoliberalismo en nuestro país, así como la pérdida de legitimidad progresiva del Estado por el ejercicio de la violencia estatal agudizada en los últimos años, hace necesario pensar seriamente como fortalecer el Estado. Eso implica evitar que se convierte en un botín político, y que el clientelismo y la corrupción sean característicos del nuevo gobierno. Se requiere una total transparencia en la contratación pública y la asignación de cargos, así como medidas claras de sanción para prácticas corruptas y clientelistas. Deben también garantizarse los derechos de las y los ciudadanos indistintamente de su clase social.

Adicionalmente, será fundamental rodearse de militares y policías respetuosos del Estado social de derecho, de la democracia, la protesta, las alternativas políticas y los derechos humanos. Las Fuerzas Armadas y la Policía requieren una transformación estructural que pasa por una diferenciación desde el nuevo gobierno entre seguridad y defensa. La ciudadanía debe poder confiar en militares y policías, y el Estado debe recuperar el monopolio legítimo de la fuerza, desprendiéndose del uso ilegitimo que por décadas ha hecho de este. De lo que no se dieron cuenta los autores intelectuales y materiales de la violencia estatal, es de que con esta práctica no perdían a mediano y largo plazo solo los sujetos victimizados de esa violencia, sino que lo hacía el conjunto del país pues el Estado como institución se ha debilitado y minado desde adentro de una forma tal que hoy es más difícil construir un Estado-nación con un proyecto de mínimos colectivos.

Fortalecer el Estado supone también pasar de un Estado monocultural, así nos reconozcamos pluriétnicos y multiculturales, a un Estado pluricultural, capaz de materializar en la profundidad que lo requiere la diferencia de mundos que nos constituyen y las autonomías de los pueblos étnicos ya reconocidas por la Constitución de 1991. Solo la posibilidad real de existencia de la pluralidad que nos alberga como país, nos permitirá dejar atrás la violencia como estrategia política y consolidar procesos de co-existencia pacífica que al mismo tiempo será contenciosa.
¿Y si no gana el Pacto Histórico?

El cambio a un gobierno más cercano a las necesidades de las mayorías y con una voluntad realmente transformadora de la sociedad en la que vivimos que propicie la equidad tiene enemigos poderosos en el país. Las dos semanas que quedan para elecciones generan una gran incertidumbre. En el panorama está desde la posibilidad del ejercicio de la violencia contra quienes se constituyen en alternativa a la sociedad dominante, hasta el fraude electoral o incluso un cierre de los canales democráticos. Si el Pacto Histórico no gana estas elecciones tendrá que concentrar sus energías en un impecable trabajo en el Congreso que le muestre a la ciudadanía su interés por hacer respetar los derechos de las mayorías, y por avanzar en la construcción de paz y la transformación profunda de la sociedad. Adicionalmente tendrá que concentrarse en las elecciones a gobernaciones, alcaldías y a otros cargos de elección popular. Sin embargo, su trabajo no puede quedarse solo en lo electoral y la política “formal”.

Deberá entonces consolidar el trabajo con la gente en lo local, en sus comunidades y barrios; fortalecer las alianzas y la articulación con diversas expresiones políticas y movimientos y procesos sociales reconociendo como pares a esos aliados; y evitar a toda costa la vocación divisionista de la izquierda colombiana. En un panorama en el que los odios a las opciones políticas distintas a las de la derecha o el bipartidismo se ha inculcado por décadas, el Pacto Histórico deberá también desarrollar un trabajo pedagógico intenso en educación política, democracia, pensamiento crítico e incluso sobre justicia transicional para que la ciudadanía comprenda cómo funciona esta forma de construcción de paz. En un país como Colombia la esperanza realista es necesaria para sobrepasar la tragedia que siempre acompaña nuestro acontecer como nación. Sin olvidar el trabajo que hay por hacer en lo que resta para elecciones, confiemos que el cambio ya viene.

1 Ver: https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/enlosmediosimpreso/eltiempocom02mayo2022.pdf
2 Ver: https://cider.uniandes.edu.co/es/noticia/democracia-trizas-septiembre-20
3 Ver: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/educacion/poblacion-escolarizada/educacion-formal#informacion-2020-por-departamento
4 Ver: Gómez, D., González, J., Murillo, A., Rodríguez, C. y Figarí-Layús, R. (2021). Reflexiones y recomendaciones en clave feminista descolonial para las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad en Colombia. Policy Brief 7-2021. Bogotá: Capaz y Cider, Universidad de los Andes.

* Magister en Historia y doctora en Antropología. Profesora Asociada del Cider de Universidad de los Andes e integrante del movimiento feminista y de víctimas en Colombia.

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