Acompañados de la memoria de la docena de compañeros asesinados a lo largo de los últimos años y en resistencia a la precarización laboral, el personal afiliado al sindicato nacional de trabajadores de la industria alimentaria, Sinaltrainal, se levantan en contra de la Industria nacional de gaseosas, conocida como Indega S.A.
Todo comenzó el 21 de junio del presente año cuando líderes sindicales de la industria alimentaria presentaron un pliego de peticiones con más de 47 puntos, en el que extienden múltiples exigencias a la patronal que integran lo salarial, laboral y ambiental, toda vez que las condiciones de salud y bienestar son precarias. En sus demandas van acompañados de los compañeros asesinados en la lucha por trabajo y vida digna, acción violenta en mensaje claro de que exigir mejores condiciones laborales les podría también costar la vida.
La discusión del pliego petitorio no da señales de solución pronta por lo que el sindicato a nivel nacional, con todas sus seccionales sintonizdas, llevan a cabo un férreo plantón en el frente de las instalaciones de Indega S.A.
“Estamos siendo amenazados sistemáticamente por hacer valer nuestros derechos” asegura Javier Correa, secretario general de Sinaltrainal, quien coordina las movilizaciones para presionar a la empresa, que con su silencio pretende dilatar la negociación y fracturar la unidad sindical.
La contratación directa es uno de los puntos clave del documento, ya que muchos trabajadores están vinculados a la empresa vía subcontratación por medio de empresas satélites las cuales no les ofrecen las garantías de ley; una práctica común de la multinacional que busca así reducir costos y a su vez eludir responsabilidades en puestos de trabajo potencialmente riesgosos para quienes allí se emplean.
“Con orden de captura han sido empleados trabajadores en Barrancabermeja”, asegura Jorge Patiño vicepresidente de la asociación sindical de la seccional Cúcuta. Trabajadores presentes en la manifestación aseguran que allí varios trabajadores han sufrido amenazas por parte de personas que pertenecen a grupos ilegales, con lo cual en la empresa se pasa del acoso laboral al amedrentamiento. De esta manera la protesta social es estigmatizada, para oprimir a quienes alzan la voz. No es extraño que así suceda en una empresa en la que incluso la violencia homicida ha estado presente.
En una muestra de sintonía de lo sindical con lo social y ambiental el pliego demanda a la empresa distribuidora de bebidas azucaradas implementar procesos de producción ambientalmente sostenibles, toda vez que la sanción a Coca Cola, por contaminar el humedal de Capellania en Bogotá aún sigue vigente, sanción impuesta por el Distrito Capital de Bogotá en el 2008 por un valor de 200 millones de pesos por incurrir en prácticas ambientales indebidas.
Una puja entre trabajadores indignados y una poderosa multinacional, en la que el acusado aún no da razón referente a las exigencias consagradas en el pliego de peticiones; un David contra Golliat que como ya es costumbre en Colombia, refleja una pugna que poco y nada le interesa a los medios masivos de comunicación.
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