Uno de los efectos inesperados de la crisis de la covid-19 en Europa ha sido el retraso momentáneo del proceso de despliegue de la nueva red 5G en muchos países, entre ellos España. Si hasta el momento contábamos ya con un amplio rango de radiaciones electromagnéticas que posibilitaban la comunicación móvil (1G, 2G, 3G, 4G), el eventual despliegue del 5G supondrá un salto de escala sin precedentes. En primer lugar, porque la enorme cantidad de antenas que los requerimientos técnicos del 5G imponen supondrá un aumento equivalente en la cantidad e intensidad de la radiación electromagnética.
Lejos de lo que solemos pensar, y a pesar de la intensa campaña de propaganda en sentido contrario, la inocuidad de la radiación electromagnética (en general, y la asociada al 5G en particular) para la salud humana y para el conjunto de la vida está lejos de estar comprobada. Es más, abundantes indicios científicos arrojan sospechas fundadas de que éstas podrían ser más bien fuentes de enfermedad y de deterioro de la vida. Investigaciones de científicos como el Dr. L. Hardell ya llevaron a la OMS a declarar las tecnologías inalámbricas como un posible cancerígeno de nivel 2B. Otros estudios han apuntado también a su posible vinculación a afecciones neurológicas y al debilitamiento del sistema inmune. En 2019, un grupo de científicos liderados por Hardell solicitaron formalmente a la Unión Europea una moratoria al desarrollo del 5G sujeta a la disponibilidad de estudios fiables e independientes (no ligados a la industria de las telecomunicaciones) sobre los efectos sobre la salud humana. También el Comité Europeo de Riesgos Emergentes (SCHEER) asignó al aumento de contaminación electromagnética que se derivaría del 5G un riesgo de 3 sobre 3 para la fauna salvaje, alertando de la posibilidad de efectos biológicos no deseados.
De hecho, aunque estos estudios y otros previamente desarrollados para otro tipo de radiaciones electromagnéticas son lo suficientemente contundentes como para invitar a la aplicación inmediata del principio de precaución, quizá la prueba más fehaciente de los riesgos asociados al despliegue del 5G sea la propia actitud de gobiernos y grandes empresas. Por un lado, gobiernos de todo el mundo se niegan a desarrollar estudios de impacto que darían respuesta a las dudas e inquietudes de científicos, instituciones y movimientos sociales. Para ello, se amparan en los posicionamientos de grupos de «expertos» con vinculaciones con el lobby de las telecomunicaciones que adolecen de una parcialidad harto comprobada.
Sin embargo, al mismo tiempo, las administraciones responsables de la implementación de la tecnología 5G no exigen pólizas de responsabilidad civil para el mismo. Es más, en su resolución de 2009 el Parlamento Europeo ya expresó su alarma sobre el hecho de que las compañías aseguradoras estuvieran aplicando su propio principio de precaución al tender a excluir de sus pólizas los daños para la salud causados por las tecnologías inalámbricas. Por tanto, al estar dándose el despliegue del 5G sin cobertura de seguros, ¿quién responderá de los eventuales daños que se puedan derivar del mismo? Introducir tecnologías que presentan riesgos no asegurables es un indicio muy poderoso de que, desde la propia racionalidad interna de la economía capitalista, las cosas no van bien.
Pero en tiempos de la covid-19 quizá se hace más evidente que nunca la urgencia de reflexionar sobre las transformaciones cualitativas que el 5G generaría en nuestras sociedades. La necesidad de una respuesta efectiva ante los devastadores efectos del coronavirus está poniendo en primer plano el debate sobre qué estrategia seguir. Muchas voces comienzan a trazar una línea divisoria entre la reacción asiática y la reacción occidental, decantándose por la primera por su mayor efectividad.
Sin embargo, ¿en qué consiste exactamente el famoso modelo chino que se nos vende como panacea? Geolocalización de teléfonos móviles, seguimiento de los movimientos de la población mediante apps, uso de drones y robots, aplicación de la inteligencia artificial al reconocimiento facial o despliegue masivo de nuevas torres para vigilar a las personas 24/7 (todas las horas del día, todos los días de la semana) y poderlas sancionar. Lo que hasta hace poco era reconocido por casi todos como el paradigma de Estado totalitario digital, hoy se convierte en modelo. Un modelo vinculado a una red 5G que sostenga el enorme nivel de conectividad e interconexión que requiere. Un modelo que, como demuestra el caso de Singapur, ni siquiera puede asegurarnos que no necesitaremos seguir recurriendo a medidas de confinamiento en el futuro.
Además de la salud, en la crisis del coronavirus están en juego la libertad y la capacidad de autoorganización social. Hoy, aunque en la UE se mantiene el decoro sobre la necesaria salvaguarda de los derechos y el discurso de la protección de la privacidad, la realidad es que muchos de estos sistemas de control están empezando a ser adoptados por nuestros gobiernos. Y, a la vista de la prensa y de algunos informes, podríamos estar asistiendo únicamente al principio de un despliegue mucho mayor. Smart cities, internet de las cosas, ciudad digital… Todas ellas son sinónimo de interconectividad masiva, recogida de datos, análisis de big data, biopolítica digital: un Ciberleviatán en ciernes con un potencial de control totalitario como la humanidad nunca conoció. Y todas ellas descansan sobre la implementación efectiva del 5G. Hoy, cuando la crisis ecológica y la tragedia climática hace que se tambalee el antiguo proyecto del progreso industrial, ¿sorprende que empresas y gobiernos se aferren con uñas y dientes a este nuevo movimiento especulativo que promete aumentar las ganancias y renovar la legitimidad de nuestro proyecto civilizatorio?
Actuar con contundencia es ahora más importante que nunca. La digitalización acelera el capitalismo precisamente cuando necesitamos desaceleración y transformación sistémica. La tecnología 5G está diseñada para llegar hasta el último rincón del planeta. A día de hoy ya se ha autorizado el despliegue de 12.000 satélites privados que llenarán el cielo, arrebatándonos un patrimonio que pertenece a toda la humanidad. EEUU acaba de autorizar el despliegue de un millón de antenas mayoritariamente en zonas rurales. Aunque en Europa la crisis sanitaria de la covid-19 ha supuesto un retraso en el despliegue de la red 5G, gobiernos como los de EE UU o China aprovechan estos momentos de incertidumbre para pisar el acelerador y dejar vía libre a su desarrollo. Todo ello, insistimos, sin la investigación previa necesaria.
Es más, en las últimas semanas estamos siendo testigos de primera mano de uno de los peligros de la centralización de la información y de la crítica social en unas pocas plataformas digitales controladas por aún menos empresas multinacionales. YouTube o Facebook han puesto en marcha una cruzada contra las fake news que, curiosamente, no elige como objetivo a los instigadores del odio de la alt right, sino a los críticos de esta nueva tecnología. Amparándose en la vinculación por parte de muchos de 5G y extensión de la covid-19, un vínculo causal sin duda insostenible, páginas y vídeos desaparecen día tras día haciendo cada vez más complicada la oposición a una tecnología en la que el capitalismo industrial se lo juega casi todo a nivel económico y de legitimidad.
Nos encontramos en un punto sin retorno. Si todos estos proyectos prosperan, probablemente será mucho más difícil o imposible dar marcha atrás: es la dinámica de las “tecnologías atrincheradas” que han denunciado los estudios CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad). ¿Resulta sensato transigir con la extensión masiva de una tecnología que no ha sido investigada, una tecnología que muchos científicos señalan como potencialmente dañina, una tecnología que puede poner en riesgo nuestras ya debilitadas democracias? El principio de precaución aconseja hoy con fuerza una moratoria para el 5G: no sólo por los indicios de efectos sobre los cuerpos vivos, sino sobre todo por el daño al cuerpo social.
Por Adrián Almazán
Ecologistas en Acción
07/05/2020
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