Mientras los gobiernos siguen ignorando las innumerables evidencias internacionales que comprueban los sesgos y fallas de las tecnologías biométricas de vigilancia, organizaciones de la región cuestionan la ausencia de compromisos con la transparencia, participación y protección de los derechos de las poblaciones afectadas.
Por todos los casos de errores y fallas que hemos visto alrededor del mundo, nos queda claro que la implementación de sistemas de reconocimiento facial puede generar innumerables riesgos al ejercicio de derechos humanos. Sin embargo, algo de que no solemos hablar es el costo que la adquisición y uso de esas tecnologías representan en los bolsillos de las poblaciones donde estos sitemas se implementan.
La situación es particularmente grave en América Latina: a pesar de que el argumento de la crisis económica es constantemente utilizado para explicar la disminución de inversiones en servicios básicos como educación y salud, los gobiernos siguen invirtiendo en vigilancia. Y, peor aún, invierten en tecnologías incapaces de cumplir con sus propias promesas.
Las justificaciones en general vienen de la necesidad de mejorar la seguridad pública, planteando la posibilidad de agilizar la búsqueda de prófugos de la justicia y una identificación más eficaz de delincuentes… Pero los resultados distan de ser los esperados. En 2019, un hombre identificado a través de un sistema de reconocimiento facial estuvo seis días preso por error en Buenos Aires. Lo mismo pasó con una mujer en Río de Janeiro que fue detenida tras ser confundida con otra persona por las cámaras instaladas en algunos barrios de la ciudad, hace alrededor de un año durante el Carnaval.
Nada de eso fue suficiente para impedir que el gobierno del estado de São Paulo decidiera invertir más de 13 millones de dólares (más de 58,6 millones de reales) en la implementación de un sistema de reconocimiento facial para su red de metros. El nuevo sistema puede afectar a millones de personas que circulan diariamente en las líneas donde serán instaladas las cámaras. A pesar de esto, ni el impacto financiero ni el humano fueron considerados suficientemente relevantes para que el proceso de contratación e implementación del sistema incluyera medidas de transparencia y participación. La existencia de obligaciones de rendición de cuentas previstas en la nueva ley general de protección de datos brasileña –que entra en vigencia en agosto de este año– tampoco fue considerada.
Lo sociedad exige explicaciones
Frente a tal situación, seis organizaciones de defensa de derechos brasileñas decidieron presentar -el último 10 de febrero- una acción judicial demandando que se transparentara la información sobre el uso, procesamiento y almacenamiento de datos biométricos, así como las medidas de seguridad que serán implementadas para garantizar la privacidad de los millones de usuarios del metro. Y tuvieron éxito. Tras la solicitud de pruebas anticipada* de la Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Defensoria Pública da União (DPU), Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Intervozes, ARTIGO 19, y el Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos (CADHu) la Companhia Metropolitano de São Paulo tiene 30 días hábiles** contados desde el 12 de febrero para entregar la información solicitada.
Estas organizaciones también han manifestado su preocupación por la falta de transparencia en torno a la adquisicón millonaria de tecnologías de vigilancia que han demostrado ser problemáticamente propensas a errores y sesgos en Brasil, así como en otras implementaciones a nivel internacional.
La solicitud de pruebas presentada las organizaciones brasileñas se suma a una serie de movimientos en la región para exigir explicaciones sobre los razonamientos que justifican la compra y adopción de tecnologías de vigilancia basadas en la recolección de datos masiva, así como las medidas que serán adoptadas para mitigar los riesgos que estas implican al ejercicio de los derechos humanos.
En Paraguay, Tedic actualmente cuestiona la inconstitucionalidad de reglamentos presentados para justificar la negativa de acceso a la información sobre un sistema reconocimiento facial que se encuentra implementando desde 2018 y sobre el cual poco se sabe. En Argentina, ADC ha iniciado una acción buscando que se determine la inconstitucionalidad de la resolución que autoriza el sistema de reconocimiento facial en la Ciudad de Buenos Aires, donde se implementaron cerca de 200 cámaras en el espacio público (incluyendo estaciones de metro y trenes).
Si bien no han sido pocos los casos donde se ha expuesto el alto índice de errores que los sistemas de reconocimiento facial han mostrado en su debut como medida de seguridad, es importante destacar que las medidas ya implementadas se han desarrollado sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas que permitan auditar y apelar el uso de estas tecnologías en el espacio público; donde sus afectaciones terminan polarizando las brechas de desigualdad y vulnerando aún más a las personas que son perseguidas y reprimidas por parte de sus gobiernos.
Ante la implementación de mecanismos de vigilancia masiva que se anuncian como medida para incrementar la seguridad de las poblaciones donde se despliegan, es importante señalar que ninguna medida puede estar por encima de la obligación de proteger y promover el ejercicio de los derechos humanos.
Desde Derechos Digitales seguimos acompañando y apoyando las acciones tomadas por las organizaciones de Argentina, Brasil y Paraguay esperando que se traduzcan en mayores compromisos de parte de los Estados de la región y sirvan de ejemplo para otros países.
Por Jamila Venturini | 22/02/2020
Fuentes: derechosdigitales.org
* La solicitud de prueba anticipada es un mecanismo por el cual se pide judicialmente que se generen medios probatorios antes que exista una demanda en curso.
** Traducción hecha por Access Now.
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