Desde su lecho de convalecencia, estimulada por las múltiples voces de apoyo recibidas luego del apuñalamiento de que fue objeto, Sara Fernández, docente y secretaria de la Asociación de profesores de la U. de A., en mensaje enviado vía WhastApp el jueves 5 de marzo, comentó: “Hola y aquí estoy de nuevo, no les voy a dar el gusto de que me vean ausente, aquí estoy firme y en recuperación, dolor aquí y dolor allá, pero inoxidable ante la adversidad. El tratamiento va firme, ya sonrió o nunca he dejado de sonreír. Estoy bien y en unos días saldré caminando altiva y activa. Siempre Sara, la profe”.
A su vez la Universidad de Antioquia compartió un video por su canal de Youtube donde la profesora habla de su recuperación: “Yo amo la Universidad. Me salvé para luchar hasta el final, que la Universidad se respete, se financie y se mantenga viva porque es patrimonio de todos”. También hace un llamado al alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, para que “retire al Esmad de la Universidad”.
La profesora Sara Fernández, docente de la Universidad de Antioquia y secretaria de Asoproudea, fue atacada con arma blanca a las 2 de la mañana del día 4 de marzo en su residencia, apuñalamiento que afectó uno de sus pulmones. La Asociación a la que pertenece, junto a otras organizaciones del claustro, fueron amenazadas dos días antes (2 de marzo) a través de un panfleto por las Autodefensas Gaitanistas, estructura paramilitar que en su página oficial negó la autoría del mismo.
El atentado contra su vida reafirma una vez más, y prolonga, lo confirmado por el reciente informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), organización que documentó 108 casos de asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia a lo largo del 2019.
El informe, a su vez, cuestionó la violencia con que procede el Esmad al momento de reprimir la protesta social. Dice sobre el particular: “algunos miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) no cumplieron con las normas y estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza. Previamente, el ACNUDH había explícitamente expresado su preocupación con respecto a los procedimientos de intervención del ESMAD. El ACNUDH documentó una presunta privación arbitraria de la vida de un estudiante de 18 años en Bogotá, cometida por un agente del ESMAD armado con un rifle de calibre 12 cargado con munición del tipo ‘beanbag'”. Como puede deducirse, se alude claramente a la muerte del estudiante Dilan Cruz.
Como podrá recordarse, el informe de la delegación de la oficina de derechos humanos de la ONU en Colombia despertó el rechazo del gobierno nacional, desnudando el distanciamiento reinante el Gobierno y el organismo multilateral en concepción, control, verificación, garantías, justicia, etcétera, en el tema de los derechos humanos y el uso de la violencia por parte del Estado.
Precisamente, el uso de la violencia “legal” por parte del Estado, esta vez a través del Esmad, y la incursión de este cuerpo represivo en el principal claustro universitario de Antioquia y Medellín, su capital, acción que contó con el aval del alcalde de la ciudad, despertó una agria polémica aún sin resolución producto de la cual llegaron las amenazas al centro de estudio, dirigida en particular contra una docena de estudiantes y organizaciones de diverso carácter. El apuñalamiento de la profesora queda enmarcado en esta coyuntura. ¿Casualidad? ¿Atentado disfrazado de robo?
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