En un escenario de recrudecimiento de la confrontación armada en enclaves estratégicos del país, con un crecimiento exponencial de estructuras armadas y múltiples afectaciones a la población civil, la “Paz Total” presenta desarrollos que aún no logran consolidarse como procesos sólidos –un ejemplo claro es la complejidad en el diálogo con el Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf) que mantiene escenarios de confrontación con otras estructuras armadas disidentes–. Esta fragilidad ha permitido que en la opinión pública la paz negociada sea leída como una política “fracasada”, convirtiéndose en una bandera de las candidaturas que hoy confrontan la campaña de Iván Cepeda, quien persiste en la defensa de la negociación como una necesidad histórica inaplazable.
Al postular el fracaso de la política actual, el bloque mayoritario de candidaturas presidenciales propone una vuelta a la política de seguridad basada en el fortalecimiento coercitivo, un enfoque soportado en el robustecimiento de las Fuerzas Militares mediante un aumento agresivo del gasto público destinado, uno, a la cartera de Defensa Nacional o, dos, a la creación de nuevas cargas fiscales. Asimismo, se plantea una reforma penal y carcelaria de control total sobre la población recluida –proyectando incluso la posibilidad de legalizar la pena de muerte– y el relanzamiento de acciones cívico-militares bajo la renovación del modelo de la Seguridad Democrática–. Este esquema no oculta su dependencia de actores externos como Estados Unidos e Israel para blindar la seguridad nacional.
Frente a este consenso de centro-derecha, las candidaturas del progresismo respaldan la salida negociada, aunque atraviesan tensiones internas. En este espectro se reconoce una oscilación de propuestas: desde aquellas que buscan endurecer el sometimiento a la justicia y ampliar la presencia territorial del aparato militar, hasta visiones centradas en la seguridad humana y el diálogo democrático ampliado bajo la figura del poder constituyente. Es una tensión entre la reforma institucional y la profundización de la implementación del Acuerdo de 2016.
Mientras el debate se agota en las urnas, la realidad del conflicto sigue dictando el día a día de las comunidades mediante desplazamientos forzados, confinamientos y el control territorial de actores armados. En lo que va de 2026, el saldo de 57 líderes y lideresas asesinados es una cifra trágica que se personifica en el reciente homicidio de Mateo Pérez Rueda, estudiante de la Universidad Nacional y periodista, a manos del Frente 361. Este dato no es solo una estadística de guerra; es una muestra de que el conflicto busca fracturar la capacidad de las comunidades para gestionar su propia realidad, demostrando que la violencia es una herramienta útil a la hora de impedir que la paz se construya desde abajo y con autonomía.
Ante este panorama, es necesario posicionar dos ejes para la reflexión. Por un lado, la reivindicación de la población civil como un actor con apuestas autónomas, capaz de construir paz desde los territorios. Por otro lado, la mirada crítica sobre el reposicionamiento de la derecha regional y la determinación dependiente que ejerce Estados Unidos mediante la renovación de la Doctrina Monroe. La pregunta de fondo es si es posible que la construcción de la política de paz sea una acumulación local, con participación de las comunidades y los territorios, o si seguiremos siendo receptores de modelos de seguridad dictados desde fuera.
La Seguridad Democrática 3.0
Desde la llegada de Nayib Bukele, Donald Trump y Javier Milei al gobierno, se ha impulsado en la región un desplazamiento del péndulo político hacia el espectro de la derecha. En este marco, el despliegue desarrollado por Trump sobre Venezuela –que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su traslado inmediato hacia Estados Unidos– marcó un punto de inflexión manifiesto respecto a la política y el derecho internacional en América Latina. Por un lado, evidenció la debilidad de la diplomacia multilateral ante acciones militares de fuerza, logrando una aceptación implícita de la extracción de un mandatario para su enjuiciamiento en el extranjero. Por otro lado, manifestó la reafirmación de las intenciones de dominio de la potencia del norte, asegurando el retorno de la Doctrina Monroe bajo la premisa de la protección de recursos y la seguridad nacional.
Acto seguido, diversos sectores de la derecha regional respaldaron estas acciones, asegurando que el horizonte para el país vecino sería un retorno a la libertad, incluso cuando el acto mismo representara un ejercicio regresivo respecto a la soberanía internacional. Con ello, exponentes de la derecha colombiana reencaucharon la sentencia “nos vamos a volver como Venezuela” bajo la narrativa de que Colombia está destinada a recorrer el camino de Maduro. Inclusive, varios candidatos presidenciales han sostenido encuentros con figuras cercanas a Trump para impulsar agendas contrarias al gobierno actual en Washington. Esta alineación no es casual: representa la búsqueda de una determinación exógena que valide sus propuestas de control interno.
En esta misma línea, el reciente entramado conspirativo que involucra al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y a una red de políticos y militares, evidencia la injerencia de Estados Unidos e Israel en procesos electorales para el control territorial del Caribe. La publicación de audios entrecruzados revela acciones mediáticas y bélicas contra la izquierda regional, bajo el auspicio de líderes como Javier Milei. Esto muestra con claridad un retorno a las políticas de “guerra sucia” desarrolladas en Centroamérica durante la Guerra Fría –específicamente en Guatemala bajo el régimen de Ríos Montt–, donde la construcción de la política no respondía a procesos nacionales, sino a emisiones del centro hacia la periferia, generalmente por medio de la violencia y el autoritarismo.
Finalmente, ante las dificultades de la “Paz Total”, la derecha colombiana reclama el retorno a un pasado donde el militarismo posibilitó el desarrollo de una hegemonía negativa2. Al seguir una de las consignas de Trump en el discurso público sobre la captura de Maduro (“la paz a través de la fuerza”), se intenta clausurar cualquier futuro que no esté anclado en la guerra y la alineación con la política exterior estadounidense. Esta propuesta busca anular la autorreferencia –al decir de René Zavaleta3, la capacidad que tiene la sociedad de leerse a sí misma, así como de determinar su propia política– de la sociedad civil colombiana, sustituyéndola por un modelo vertical-autoritario que pretende informar y transformar a la sociedad desde un foco de poder externo, ignorando las raíces del conflicto y la autonomía de los territorios.
Es la hora de los pueblos: autonomías para la paz
Frente al flujo exógeno de pulsiones guerreristas, es imperativo reconocer la acumulación histórica de propuestas de construcción de paz que las comunidades han gestionado de forma autónoma en sus territorios. Los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes han desarrollado formas de resistencia que preservan su integridad y organización frente a la adversidad de la guerra. Una propuesta de paz efectiva no debe fundamentarse en la seguridad autoritaria como forma de disciplinamiento social y dispositivo organizador de la vida en común, sino en el fortalecimiento de la seguridad humana y el reconocimiento de las comunidades como actores políticos con capacidad para autodeterminar su propio destino.
Como una apuesta de desborde a las concepciones de la paz entendida meramente como cese de hostilidades o como un proceso vertical diseñado “desde arriba”, Colombia ofrece ejemplos de diálogos orgánicos que atienden a realidades territoriales concretas. Estas experiencias buscan desescalar los impactos del conflicto sobre el tejido social mediante el reconocimiento mutuo. Ejemplos emblemáticos se encuentran en el proceso desarrollado entre las comunidades indígenas Nasa del sur del Tolima y las antiguas Farc-ep, así como en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó; dos experiencias contemporáneas que lograron frenar los impactos de la confrontación en sus años más agudos.
Ambas experiencias fueron asediadas no solo por actores armados ilegales, sino también por las fuerzas del Estado, que en diversas ocasiones desconocieron estos procesos de resistencia pacífica. Esto obligó a las comunidades a desplazarse y reorganizarse, demostrando que sus apuestas autónomas de paz no dependían de la anuencia estatal, sino de su propia cohesión interna. Estos escenarios sientan una premisa fundamental: la preparación para la guerra no es una condición básica para la construcción cotidiana de la paz cuando existe una autodeterminación colectiva arraigada en el territorio4.
Hoy, nuevas experiencias reclaman la necesidad de fortalecer los procesos de paz “desde abajo” en las periferias del país. Un aprendizaje significativo es el proceso de mediación desarrollado en Tumaco durante el 2018, donde líderes sociales y la Iglesia lograron detener el escalamiento de la violencia entre bandas organizadas tras los acuerdos de paz de 20165. Estas iniciativas demuestran que la paz “desde abajo” observa las necesidades inmediatas y los factores estructurales que posibilitan la transformación, más allá de los marcos institucionales centralizados.
La oportunidad de ajustar los rumbos de la paz
Como hemos reflexionado, el horizonte electoral nos exige decidir entre la recepción pasiva de modelos de seguridad dictados desde fuera –esa determinación dependiente que anula lo local– o la apuesta decidida por una paz que respete el enraizamiento y la voluntad de los territorios. Si queremos la paz, el camino no es prepararnos para la guerra, sino fortalecer la capacidad de la sociedad para leerse y gobernarse a sí misma. Esto incluye el imperativo de reconocer la integridad y la paz de las poblaciones como un límite absoluto, dejando claro que atentar contra la vida no es aceptable para ningún actor armado, bajo ninguna circunstancia.
En este sentido, vale la pena retomar el llamado de Francisco de Roux en la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad: “¿Cómo nos atrevimos a dejar que pasara y cómo nos podemos atrever a permitir que continúe?”. A cuatro años de haber sido formulada, esta pregunta nos confronta con la necesidad de una transformación ética profunda que posibilite el reconocimiento de nuestro pasado para caminar hacia otros horizontes posibles.
Nota: A la memoria de Mateo Pérez Rueda y de tantos/as otros/as, cuyas vidas dejarán de ser el saldo de una guerra ajena para convertirse en el cimiento de nuestra autonomía real.
1 Indepaz [@indepaz], “Mateo Pérez Rueda era estudiante de la Universidad Nacional de Colombia y periodista…”, Instagram, 10 de mayo de 2026, https://www.instagram.com/p/DYGHA5SDcIG/.
2 Zavaleta Mercado, R. (2021). Horizontes de visibilidad. Aportes latinoamericanos marxistas. Obras escogidas. Sylone; Traficantes de Sueños.
3 Ibíd.
4 Verdad Abierta. (2013, 20 de mayo). “Experiencia de paz de los indígenas Nasa de Tolima con las Farc”. VerdadAbierta.com. https://verdadabierta.com/experiencia-de-paz-de-los-indigenas-nasa-de-tolima-con-las-farc/
5 Fundacion CORE – Akorde Podcast. (2024, 04 de Diciembre). “El Acuerdo Paralelo” [Episodio de podcast de audio]. En Disidencias por dentro. Spotify. https://open.spotify.com/episode/5hbnSg65WmtMZcxFnF5cDU?si=d592238d8aba45a2
* Politólogo de Universidad Nacional de Colombia.
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