“Muerte a las perras”, se titula el panfleto distribuido por las Águilas Negras en el correo electrónico de una organización social de Bogotá. En este caso, la banda paramilitar amenaza a defensoras de derechos humanos (todas mujeres) y muestra un lenguaje y estilo que desnuda el carácter violento y machista del grupo armado.
“Malditas perras sapas del gobierno gonorreas las bamos a matar por sapas y por andar de metidas donde no deben sapas hp luchando por los derechos de la mujer que mierda son si lo unico que son es sirvientas de nosotros aver si se van a hacer oficio de la casa malparidas”, reza textualmente el volante reproducido parcialmente por la página pacifista.co (goo.gl/hoL4Hy).
La amenaza va dirigida a las integrantes de la Mesa Nacional de Víctimas: “Van a caer con sus familias y a estos hp malparidos por estar apoyandolas los bamos a matar por metiches y no ser fieles a la causa”.
Una de las amenazadas dijo a los medios: “El gobierno no ha hecho nada para protegerme. Todos los días matan a líderes sociales en el país y a ellos parece no importarles porque no hacen nada. Hago responsable al Estado por lo que me pase a mí, a mi familia y a mis compañeras”. Este es el punto central.
Águilas Negras proviene de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), supuestamente desmovilizadas, y su accionar se ha destacado en departamentos conflictivos como el Cauca, donde ha amenazado y asesinado a dirigentes indígenas. También en las regiones de población negra y en Ciudad Bolívar, la periferia sur de Bogotá.
En 2016 fueron asesinados 94 defensores de derechos humanos y líderes sociales, la cifra más alta desde que comenzó el proceso de paz. Las víctimas son en su inmensa mayoría militantes ligados a Marcha Patriótica, al Congreso de los Pueblos y a diversos movimientos populares.
Este tipo de violencia es bien diferente de la que afectó en la década de 1980 a la Unión Patriótica. En aquellos años fueron asesinados más de 2 mil militantes, incluyendo alcaldes, concejales, diputados, senadores y candidatos a la presidencia, por una alianza de paramilitares y narcotraficantes que arrasaron con la izquierda electoral vinculada al Partido Comunista y las FARC.
Parece necesario detenerse en las principales características de esta violencia sistemática contra los sectores populares organizados, ya que no se registra sólo en Colombia sino que se ha convertido en un modo de regular las relaciones sociales en todo el continente, con especial desarrollo en México y Guatemala. En este punto, debemos recordar el papel del general Óscar Naranjo, actual vicepresidente de Colombia, en la “exportación” de la “narcodemocracia” a México, como ha consignado Carlos Fazio (goo.gl/vT7Xt).
La primera cuestión es que se trata de una violencia difusa, sin centro dirigente aparente, lo que hace difícil identificar a sus autores al punto que las autoridades niegan la existencia de las Águilas Negras. La dirección de Inteligencia de la Policía de Colombia asegura que la organización ya no existe, lo que puede ser cierto si pensamos en un aparato estructurado con mando centrales.
Un informe de la BBC sobre las Águilas Negras, sostiene que es “una razón social que utilizan varios grupos” y pone un ejemplo: “En el Cauca, a raíz de un conflicto interno en una universidad, un grupo de gente decidió sacar un panfleto firmado Águilas Negras contra unos profesores” (goo.gl/0gGOQw). Este es el punto: una maquinaria narcoparamilitar desterritorializada, convertida en cultura política de control de las relaciones sociales a cielo abierto.
La segunda es que estamos ante una forma brutal de regular las relaciones entre personas y, de modo muy particular, de enfrentar a los movimientos sociales. El excelente informe “Mujeres y guerra: víctimas y resistentes en el Caribe colombiano”, del Centro Nacional de Memoria Histórica (2014), destaca que las masacres son el límite más brutal de la violencia paramilitar. A partir de ellas, consiguieron imponer un nuevo orden social.
“A través del uso del lenguaje, la regulación del cuerpo, el espacio y las prácticas sociales, estos actores lograron imponer sus ideas de orden, ‘buen’ comportamiento y disciplina” (p. 37). De ese modo, establecieron un orden patriarcal, racista, capaz de regular los mínimos intersticios de la vida cotidiana. Las mujeres relegadas a sus casas, los negros y homosexuales sistemáticamente humillados, y “los hombres debían comportarse de forma viril y ceñirse a un modelo de hombre guerrero y militar” (p. 38).
La tercera se relaciona con la continuidad de este modelo de control una vez finalizada la guerra. En las regiones dominadas por los paramilitares, la guerra continúa pero con otros actores, como las pandillas que actúan sobre el legado de miedo dejado por la violencia, usando métodos muy similares.
Por eso debemos hablar de una maquinaria, un nuevo modo de control de la población como lo fue el panóptico, que con el tiempo se ha convertido en el sentido común para organizar los espacios de encierro y funciona “naturalmente”, sin que un mando central deba promoverlo o planificarlo.
Por último, debe entenderse que estamos ante una violencia sistémica, no coyuntural. Los feminicidios y el narco son los modos de control de los de abajo en la zona del no-ser; el modo de tener controlados a indios, negros y mestizos. No depende, por tanto, de la actitud “progresista” de las autoridades o de la “benevolencia” de los varones. Es como la plusvalía: funciona aunque el patrón pague salarios “justos”, porque la explotación del trabajo asalariado es inherente al capitalismo.
Por brutal que sea, la violencia nunca es el objetivo final, sino el medio para construir un orden social jerárquico, patriarcal, capitalista. Es el genocidio que el sistema necesita para imponer la “cuarta guerra mundial” contra los pueblos y la vida. Esto es lo que no podemos perder de vista en la imprescindible denuncia sobre las violaciones de los derechos humanos.
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