Carta abierta de los prisioneros y prisioneras en las cárceles colombianas

Nos preguntamos: ¿dónde están las políticas reales de inclusión de vastos sectores sociales como medio preventivo del delito?, ¿dónde los planes eficientes de generación de empleo para evitar la delincuencia común o la paternidad irresponsable?, ¿dónde las políticas de acceso a la educación o a una alimentación digna?, ¿y las políticas de prevención del consumo de estupefacientes?, ¿dónde las políticas de participación democrática y decisión ciudadana en condiciones de equidad?, ¿dónde la voluntad política para superar el conflicto y destinar los recursos de la guerra en políticas sociales?.

Dirán algunos de ustedes como lo dicen los apologetas del castigo. “Pero es que cada quien es responsable de sus actos”, o “todos tenemos un libre albedrío y decidimos que hacer, y conocemos que está bien y que está mal”, pues bien, basta mirar la composición de clase de los internos de las cárceles, carente de estadísticas oficiales o de algún funcionario público que debería interesarse por el tema, hicimos una pequeña encuesta (1) que aunque no es una muestra significativa debido a la  imposibilidad de acceso a otros prisioneros, sí ilustra la realidad carcelaria y podemos afirmar sin temor a equivocarnos, que en Colombia las cárceles esta llenas de pobres, el 81% afirmó ser de estrato uno y dos, si le agregamos la pauperizada clase media tendríamos el 96% de estratos bajos, y si, efectivamente basta ver caras y escuchar historias, para darse cuenta de que los prisioneros en su gran mayoría han sido excluidos prácticamente de todo: del sistema educativo, del mundo laboral, de una dieta alimentaria adecuada, de vivienda digna. Otra pregunta se refirió a las condiciones de la infancia, el 57% tuvo una infancia con condiciones bastante críticas y un 23% con condiciones mínimas de vida.

Entonces si hacemos caso a los apologetas del castigo diríamos que solo los ciudadanos de bien (término que ha cogido cierta fama últimamente), están fabricados de un material especial, o su espíritu es superior al de los demás, o tal vez de una raza superior, de tal manera que solo ellos pueden vivir en el marco del respeto por la ley. La realidad es que salvo casos complejos, como sicópatas, asesinos en serie o cosas por el estilo, a la delincuencia –en una buena parte de los casos- no se llega por gusto. Bien vemos como en muchos barrios populares y cinturones de miseria de nuestras ciudades donde viven los ciudadanos excluidos son verdaderas escuelas del delito, difícilmente puede uno ver que de los barrios de estrato 10, los niños y jóvenes salgan a los buses a robar, o vayan a las calles cuchillo en mano a raponear celulares, o se vean en el mundo del sicariato, o tengan la necesidad de unirse a un grupo armado, bueno, exceptuando a aquellos que prefieren hacer de las suyas en los puestos públicos, la “alta sociedad” y algún sector privilegiado de la clase media no se ve en la necesidad de delinquir. Sí existe pues, una relación directa y profunda entre exclusión y delincuencia, y pensamos que es ahí donde deberíamos, como sociedad empezar a prevenir el delito. Repitiendo las palabras de Muñoz Conde (2004) “Hablar de resocialización de un delincuente solo tiene sentido cuando la sociedad en la que se quiere reintegrarlo, es una sociedad con un orden social y jurídico justos”.

Un caso interesante que ilustra cómo son las condiciones de los internos, es el de un joven de un barrio del sur de Bogotá que salió de la cárcel después de pagar una condena por el delito de hurto, 45 días después volvía a ser capturado por intentar asaltar con un cuchillo a una señora en la calle, cuando le preguntamos el porqué volvió a robar, nos dijo que su madre necesitaba pagar los servicios públicos, ahora paga una condena de 6 años, sin rebaja por ser reincidente. Según los medios de comunicación los objetos más robados en los supermercados son pañales y leche en polvo, esta estadística, algo nos tiene que decir.

Dice Foucault que en los estados modernos “encontrar para un delito el castigo que conviene es encontrar la desventaja cuya idea sea tal que vuelva sin seducción definitivamente la idea de una acción reprochable”, en otras palabras hacer que el temor de una pena o castigo sea mayor al beneficio de cometer el delito, esta valoración se puede decir que es relativa, pues cuando un ciudadano se encuentra en la necesidad de darle de comer a sus hijos y a sí mismo, o simplemente conseguir algo o algún beneficio que no puede alcanzar en sus condiciones objetivas actuales, podría entrar en consideración hacerlo por vías ilegales, no tiene obviamente el mismo análisis quien tiene garantizados todos sus medios de subsistencia.

Miremos un dato interesante: el sostenimiento de cada interno por parte del INPEC, sin incluir los costos de justicia (2), supera los $750.000 mensuales, es decir que el estado invierte dicha suma en la “reincorporación” de los internos a la sociedad, ¿Cuánto invirtió el estado, en esos mismos ciudadanos durante toda su infancia para evitar que cayeran en la delincuencia?.

La realidad contradice la ley en teoría garantista de sus principios rectores y sus funciones, prueba de esto es que tanto los organismos encargados de hacer justicia como la fiscalía y los juzgados, así como las entidades encargadas de ejecutar la pena (el INPEC), tienen en claro que el papel de la condena y de la privación de la libertad es CASTIGAR. La penitenciaría, pareciera estar fundamentada en el castigo y la venganza y no en la resocialización de los individuos, algunos hemos sido víctimas de muchos guardianes quienes colectivamente descargan toda su ira contra la humanidad de los prisioneros, en muchos casos dejando graves secuelas físicas y sicológicas en los mismos, porque según ellos tienen que castigarnos. Somos víctimas de infinidad de trabas burocráticas y pseudo legales para obtener los beneficios jurídicos que por ley tenemos derecho, como permisos de 72 horas, libertades condicionales, descuentos, etc. Una solicitud de libertad condicional puede ser demorada por las oficinas jurídicas del INPEC, hasta un año.