Estimados/as lectores/as compartimos la serie de artículos más leídos durante el 2023. Una relectura necesaria de hechos y proyecciones de diferentes temas tanto nacionales como internacionales. Esperamos que su lectura sea de utilidad.
Los recientes testimonios de oficiales de las Fuerzas Armadas sobre su criminal operatividad en el departamento de Casanare, como parte del macro caso que de esa parte del país lleva la JEP, obligan a contextualizar el por qué de tal proceder. Sin la comprensión de las causas estructurales e históricas de la violencia, el retorno de la barbarie es inevitable.
Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, principios fundamentales del compromiso de la sociedad colombiana para responder a las consecuencias de violaciones endémicas, masivas y graves de derechos humanos, propósito loables, pero hasta ahora limitados por la mirada unidimensional e individual de los procesos jurídicos en curso, un enfoque que impide visibilizar los contextos, a la par de las causas profundas e históricas, los antagonismos de clase y los factores estructurales del conflicto social. En el otro extremo, se revela como verdad la “culpa cristiana”, esto es, “todos y todas somos responsables”; ergo, nadie es inculpado.
Para adentrarnos por una vía contextual de lo sucedido, hay que recordar que no es menor el impacto que sobre una región rural tiene la exploración, hallazgo y explotación de recursos fósiles, como mineros en general. El caso del departamento de Casanare lo reconfirma. Por décadas su vida económica estuvo fundamentada en engorde de ganado vacuno y agricultura –cultivos de arroz, cacao, plátano, yuca y maíz en pequeña escala–, sembrados pasados a segundo lugar a partir de la primera década del nuevo siglo con la prioridad que toma el monocultivo de la palma de aceite, así como el sembrado de arroz a gran escala.
La nueva agroindustria transformó la vida cotidiana de la región, pero mucho más la impactó la explotación de combustibles fósiles (gas, petróleo), gracias a la llegada de múltiples transnacionales de la energía. La velocidad con la cual han evolucionado estas actividades, presionadas por los intereses del gran capital nacional e internacional, permite revisar y comprender los antagonismos socioeconómicos y ambientales desprendidos de ello, y la manera de resolverlos por los factores de poder dominantes. Una dinámica en la cual hay que recordar que en Colombia se registra la continuidad de dos proyectos político-económicos en pugna desde los años 1970 hasta el presente. Durante la administración de Misael Pastrana (1970-1974), el Estado emprendió una guerra contra las organizaciones campesinas y el Gobierno dio inicio a la contrareforma agraria.
Estamos ante la confrontación antagónica de sendos modelos de desarrollo agrario: las economías populares, campesinas tradicionales, productoras de alimentos para autoconsumo y el mercado interno, y las economías empresariales capitalistas, productoras de agroindustria alimentarias y de energía (hidrocarburos y biocombustibles para el mercado exterior). El problema agrario a que da lugar esta disputa de proyectos de país incide en el conflicto armado interno y no al revés; lo político es subsumido por la economía política.
Una disputa en la cual la penetración capitalista en el agro transforma violentamente los modos de producción tradicionales (combinación de fuerzas y relaciones de producción) y expande la lógica del capital a todas las dimensiones de la vida, la sociedad y las instituciones. Verdaderas contrarreformas agrarias. Las relaciones sociales orgánicas de las comunidades rurales y su arraigo en el territorio son hechas trizas, se produce un enorme proletariado sin tierra que migra a las áreas urbanas, mientras que nuevas formas más proletarias y asalariadas de trabajo agrícola remplazan las viejas formas colectivas o tradicionales.
En la historia de Colombia son recurrentes los períodos históricos caracterizados por procesos de contrarreforma agraria agenciados, en una primera etapa de la vida nacional –siglo XIX– en oscuras alianzas entre el Estado y terratenientes (incluida entre ellos la Iglesia), en una segunda etapa –inicios del siglo XX y hasta los años 70– con alianzas que incluyen, además de los dos primeros factores, al empresariado, y en una tercera etapa –años 80 y hasta el presente– con la actuación de tres nuevos actores: paramilitares, sector financiero y capitales externos.
Es en este último periodo, de manera más notable, que se registra un continuo de gobiernos que promueven lo que el geógrafo y teórico social británico David Harvey denomina acumulación por desposesión (lo que Marx llamaba “acumulación primitiva”), en el cual se emplean medios tanto legales como ilegales y se recurre a la violencia, la criminalidad, el fraude, el desplazamiento forzado y prácticas depredadoras.
“Modernización”, a sangre y fuego
El núcleo articulador entre el modo de producción y el conflicto armado es la economía política. El departamento de Casanare es un caso emblemático para explicar cómo el conflicto armado interno y la estrategia paramilitar son funcionales a la imposición autoritaria, por parte de las clases oligárquicas nacionales y los poderes imperiales, de la modernización violenta y excluyente de la sociedad y el sistema político y económico.
Este proyecto hegemónico de desarrollo y la violación a la dignidad humana garantizan la acumulación capitalista a escala ampliada y la reproducción del poder oligárquico, acorde con los intereses e ideología de las transnacionales, el Estado terrorista y las clases dominantes feudales y neoliberales.
En cuanto al sector agrario, el modelo de desarrollo de Colombia se ha basado en el crecimiento-despojo donde la valorización creciente de la tierra genera presión por parte de terratenientes, grupos armados, narcotraficantes y multinacionales sobre las economías campesinas y pueblos originarios. Sin comprender las causas sistémicas e históricas de la violencia, la repetición y reproducción de la historia están garantizadas.
Casanare, modelo exitoso del régimen oligárquico
Este departamento es un caso icónico de la consolidación del proyecto de modernización violenta y excluyente impulsado por las clases oligárquicas dominantes en contubernio con los intereses de las compañías transnacionales. En ello resalta el producto interno bruto por habitante, el más alto de Colombia en comparación con las demás entidades territoriales: en 2005 se encontraba tres veces por encima del registro nacional y en 2022 fue dos veces superior. En el período 2005-2022, el valor del PIB per cápita de la nación se multiplico 3,5 veces y el de Casanare 2,1 (gráfico 1).
Como resultado de las inversiones recibidas en las últimas cinco décadas por parte de multinacionales, así como de empresarios de nuevo cuño, su base productiva gira y multiplica la explotación minero-energética, y ahonda la ganadería extensiva y la agricultura empresarial capitalista, principalmente palma africana y arroz. Esta base es el motor de las demás actividades económicas y del mercado laboral. A partir de las múltiples actividades asociadas a la explotación de hidrocarburos y la agroindustria capitalista se encadenan los sectores ganadero, financiero, comercio, transporte, servicios sociales, comunales y personales, construcción, hotelería, restaurantes y turismo.
Es a partir del hallazgo de petróleo en Cusiana en 1989, que el departamento recibe un significativo volumen de regalías, y con ello se dispara su PIB, constituyéndose desde entonces la extracción de petróleo y gas natural en el renglón económico de mayor incidencia al aportar dos terceras partes de la economía del departamento.
Exploración y explotación petrolífera que tiene arranque en la década de los setenta del siglo XX. En 1984, las reservas del departamento se estimaban en 47 millones de barriles. En Tauramena, la empresa Texas Petroleum Company, en asociación con Ecopetrol, dio inicio a la actividad de exploración en 1985 con la perforación del pozo Leticia-1, que no resultó exitosa. En 1986, la empresa British Petroleum (compañía transnacional de energía, dedicada principalmente al petróleo y al gas natural con sede en Londres, Reino Unido) inició las labores de exploración en el piedemonte llanero, con la perforación del pozo Cusiana-1, que permitió en 1989 realizar el descubrimiento de una reserva de petróleo estimada en 1.500 millones de barriles. Cusiana, con sus reservas probadas de más de 2.000 millones de barriles de crudo liviano pasaría rápidamente, en los primeros años de 1990, a convertirse en la “joya de la corona” del Estado colombiano. Después de los descubrimientos de los noventa, vinieron otros que lograron que la industria petrolera penetrara casi que el departamento en su totalidad. Hoy en día, operan allí cerca de 14 compañías petroleras, entre ellas Ecopetrol. De acuerdo con el mapa del Sistema General de Regalías (SGR), hay producción petrolera en 13 de los 19 municipios del departamento: Aguazul, Hato Corozal, Mani, Monterrey, Nunchía, Orocue, Paz de Ariporo, Pore, San Luis de Palenque, Tauramena, Trinidad, Villanueva y Yopal.
Según el Informe de Reservas y Recursos Contingentes de Hidrocarburos del país, presentado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en junio de 2023, las reservas probadas de crudo de Colombia son de 2.074 millones de barriles con base en las estadísticas de 474 campos con corte a 31 de diciembre de 2022, lo que significa que hubo un aumento en 35 millones de barriles con respecto al año 2021. La producción de petróleo fue de 275 millones de barriles indicando un aumento de 6 millones con respecto al año anterior. A nivel regional, el departamento del Meta aporta más de la mitad de las reservas probadas del país, el 54 por ciento (1.122 Mbls), seguido por Casanare con el 16 (328 Mbls), Santander con un 7 (147 Mbls) y Arauca con un 5 (96 Mbls); departamentos como Boyacá, Huila, Cesar, Bolívar, entre otros, aportan el restante con porcentajes menores al 5 por ciento.
Con respecto a las reservas probadas de gas, se situaron, al cierre de 2022, en 2.82 terapiés cúbicos (Tpc), con una diferencia de -0.35 con respecto al año 2021. La producción de gas comercializado fue 0.39 terapíes cúbicos. En gas, las principales reservas se localizan en los departamentos de Casanare que ocupa el primer lugar con el 49 por ciento (1.38 Tpc), seguido de La Guajira 20 (0.56 Tpc) y Córdoba 9 (0.25 Tpc).
Producción de energía que prosigue con el biodiesel, un combustible de origen vegetal que puede reemplazar al tradicional combustible de origen fósil, diésel o Acpm. En Colombia, la producción industrial de biodiesel inició en enero de 2008 y se optó por la utilización del aceite de palma como materia prima, dados los desarrollos alcanzados en este sector.
No hay que dejar de observar y resaltar que durante las dos administraciones de Álvaro Uribe (2002-2010) el gobierno nacional implementó un conjunto de instrumentos de política pública, estableció un marco normativo y desarrolló un conjunto de incentivos tributarios y financieros orientados a la promoción de los biocombustibles. Amparado en tales estímulos, Casanare actualmente cuenta con 4 plantas extractoras, lo que hace del departamento una pieza clave en la producción de biodiesel de palma. Latifundio y monocultivos encuentra así una concreción exitosa, sin exigencia de mano de obra especializada ni numerosa, toda vez que el sembrado y cuidado de la palma de aceite no lo requiere. El área sembrada del este cultivo en Casanare está alrededor de las 92.000 hectáreas y el aporte del 14 por ciento de la producción nacional, posicionando al departamento como el segundo productor en importancia (el primero es Meta).
En paralelo, la otra fuente de ingresos y de producción en áreas de latifundio, el cultivo del arroz, se remonta al año 1980. Hacer un comparativo de los Llanos Orientales en el contexto arrocero nacional es importante para dimensionar la participación del área sembrada por sistema y semestre, el número de productores y las unidades productoras de arroz por zona en el total nacional. Por área sembrada, los Llanos Orientales están en el segundo lugar, después de la zona Centro; sin embargo, por número de productores y de UPA son el tercero, lo que permite deducir que los tamaños de las unidades productoras de arroz y el tamaño del cultivo por agricultor resulta ser más grande en esta parte del país que en otras zonas arroceras.
En este departamento, los empresarios capitalistas y la implementación de la estrategia paramilitar inicialmente crecieron de manera autónoma y consolidaron una importante base económica con la adquisición de grandes extensiones (mediante compra o despojo violento a la población campesina) de tierra y los intereses compartidos con la explotación petrolera, la agroindustria palmera y arrocera, la ganadería extensiva y los cultivos ilegales.
De acuerdo con los estudios sobre la distribución de la propiedad rural en Colombia, Casanare hace parte de las regiones con altos niveles de despojo de tierras. La concentración de la propiedad rural está asociada a los procesos de acumulación por desposesión, el desplazamiento forzado, la imposición de proyectos agroindustriales de monocultivos para la exportación o la expansión de los ya existentes, unido a las actividades de explotación minero-energética. El análisis de la concentración de la tierra explica una buena parte de las causas de los conflictos, las transformaciones territoriales y la persistencia de las luchas políticas y la violencia. El estudio desarrollado en 2016 por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) sobre la distribución de la propiedad rural en Colombia muestra que en este departamento el 62,4 por ciento de la tierra está concentrada en manos del 5 por ciento de los propietarios.
Modelo de desarrollo: violencia estructural y funcional
Cuatro premisas, tres generales y una específica al caso emblemático de Casanare son necesarias para comprender la génesis y consolidación del proyecto de modernización violenta y excluyente de la sociedad y el sistema económico en los Llanos Orientales a partir de la década de los años 80 del siglo XX (gráficos 2 y 3).
1. Durante el período 1970-2023 se registra el ascenso y toma del poder por parte de una oligarquía lumpen (clases dominante tradicional que se reorienta hacia actividades fraudulentas, la corrupción y la alianza con organizaciones criminales y mafias) y una lumpen-oligarquía (organizaciones de narcotraficantes, organizaciones políticas locales, terratenientes y paramilitares que “ascienden” e ingresan al poder político); se genera, asimismo, una profundización de la polarización social, la promulgación de la nueva carta magna de la República en 1991 que reemplazó a la centenaria de 1886, consolidación del modelo de modernización violenta y excluyente, la apertura económica y la privatización y desnacionalización del patrimonio público y la reorientación del modelo de desarrollo bajo la lógica dominante del mercado.
2. En este período histórico se registra la génesis, desarrollo y consolidación del fenómeno paramilitar, al cumplir todas las fases de su evolución: sometimiento armado, represión selectiva, infiltración de organizaciones políticas, construcción de poder económico, político, social, cultural, comunicacional y militar, legalización e institucionalización. La institucionalización es de orden económico y político a través del control de empresas privadas (en particular empresas de seguridad, inmobiliarias y agroindustria) y de la institucionalidad pública (gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales y concejos municipales). Los partidos de extrema derecha, sospechosos de tener vínculos orgánicos con el paramilitarismo, el Centro Democrático y Cambio Radical, controlan hegemónicamente las elecciones locales y regionales (en Casanare la participación política en elecciones es la más alta en el país –superior al 80%– y la votación es monolítica por los candidatos de extrema derecha). El candidato del Partido Centro Democrático fue el ganador en las elecciones para la gobernación en el período 2020-2023 y obtuvo la mayoría de votos en todos los municipios del departamento; es cuñado del anterior gobernador Alirio Barrera (2016-2019), también del Centro Democrático, actualmente Senador (famoso por su ingreso al Congreso montado sobre su caballo). La candidata a la gobernación para el periodo 2024-2027 fue Marisela Duarte, esposa del senador Barrera y también militante del Centro Democrático; quien quedó con la segunda votación del departamento, después del ganador perteneciente a la Coalición por Casanare.
3. La “estrategia paramilitar” surge de la alianza entre grupos armados legales e ilegales que buscan su expansión territorial y el control poblacional con fines económicos, sociales, políticos, ideológicos y hasta religiosos. Tiene sus orígenes en la Doctrina de la Seguridad Nacional impulsada a través de la Escuela de las Américas por el ejército de los Estados Unidos desde 1948; en la violencia de los años 1940-50 y la organización por parte del Estado de paramilitares, llamados chulavitas o pájaros en aquella época; y, en la conformación de grupos de autodefensa bajo la coordinación de las Fuerzas del Estado colombiano con fundamento jurídico en la legislación de la década de 1960. El fortalecimiento del fenómeno paramilitar fue propiciado por los intereses y la cultura política derivada de la violencia, la corrupción, el narcotráfico y la alianza entre grupos armados emergentes, fuerzas armadas, políticos regionales, hacendados, empresarios, partidos políticos de derecha y transnacionales.
En la Orinoquía, el modelo de modernización capitalista neoliberal y la “estrategia paramilitar” se expresan como expansión del proyecto político y económico desarrollado en Antioquia y expandido a todo el Magdalena Medio durante la década de 1980, impulsado por las clases oligárquicas y el Comando Central de los paramilitares, con el propósito más amplio de controlar hegemónicamente el centro y norte del país, uniendo en una línea imaginaria desde Urabá (subregión geográfica de Colombia, ubicada en un sitio de confluencia entre los departamentos de Antioquia y Chocó en la frontera con Panamá), atravesando el extenso valle interandino de la región del Magdalena Medio (Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cesar y Santander) hasta articularse orgánicamente con Santander del Norte y la Orinoquía (Arauca, Casanare, Meta y Vichada). La expansión territorial y estratégica de la modernización violenta y el “modelo paramilitar” implicó la compra de tierras, el despojo, el desplazamiento forzoso de las comunidades rurales, el arrinconamiento de la insurgencia en el Sur del país, la difusión de cultivos agroindustriales controlados por empresarios capitalistas y el fortalecimiento de la industria extractiva minero-energética.
4. Entre 1992 y 1997 tuvo lugar una violenta confrontación entre la guerrilla y los paramilitares. En el medio, los asesinatos de líderes sociales y de activistas de izquierda se presentaron a lo largo de toda la década de 1990 con un incremento notable a partir de 1997. En Casanare las guerrillas fueron derrotadas y obligadas a desplegarse hacia el norte (en concreto hacia el departamento de Arauca) y las partes montañosas más altas y alejadas de la cordillera Oriental; en consecuencia, el poder paramilitar se volvió hegemónico desde entonces.
Con la integración de los grupos armados de extrema derecha en el proyecto común político-militar y económico de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en abril de 1997, el paramilitarismo expresó su identidad de organización terrorista, narcotraficante, contrainsurgente y funcional al proyecto de modernización violenta, apoyada por el Gobierno y las FF.MM, hacendados y empresarios, multinacionales y el gobierno estadounidense. Esta organización paramilitar contrainsurgente de extrema derecha participó en el conflicto armado interno en Colombia entre 1997 hasta su desmovilización en 2006, dejando posteriores grupos disidentes y neoparamilitares.
En paralelo, hacia finales de los años ochenta, cuando la presencia de las Farc y Eln era ostensible en municipios del piedemonte llanero, ganaderos y comerciantes vieron con buenos ojos la creación de un grupo de autodefensas en el sur de Casanare, liderado por Héctor Buitrago, un gamonal del municipio de Monterrey. Este grupo, llamado Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC) bajo el mando de Martín Llanos –hijo de Buitrago–, se vinculó al proceso de unificación de los grupos de autodefensas que a instancias de Carlos Castaño se llevó a cabo en 1997. Sin embargo, al poco tiempo, las contradicciones surgidas entre las ACC y AUC impidieron que se sellara la unión en los Llanos Orientales. Ante la falta de acuerdos, las AUC autorizaron la creación de una estructura de esa organización en esa parte del país, el bloque Centauros (BC), que posteriormente sería liderado por Miguel Arroyave. Las diferencias, que se hicieron cada vez más profundas entre las dos estructuras, generaron en 2003 una intensa confrontación armada, que llegó en 2004 a su punto más álgido. Las tres facciones en que se dividió el BC, luego de que se produjera el asesinato de Miguel Arroyave, estaban de acuerdo con los lineamientos del estado mayor de las AUC para negociar su desmovilización con el Estado Nacional, como efectivamente ocurrió en septiembre de 2005, cuando alrededor de mil hombres se desmovilizaron en Casanare. En paralelo, las ACC se mantuvieron sin acogerse al proceso de paz y emprendieron una rápida campaña de reclutamiento, fortalecimiento, expansión territorial y hegemonía regional**.
La intensa confrontación armada entre los grupos paraestatales en Casanare, que ha sido el rasgo predominante en las últimas décadas, se explica por la búsqueda de control sobre las regalías provenientes del petróleo, la agricultura moderna (palma africana y arroz) y los dividendos derivados de la extorsión a ganaderos, agricultores y comerciantes, unido a la expoliación de las propiedades de la población campesina y pueblos originarios. Así mismo, ha sido considerable el impacto humanitario de las actuaciones de estos grupos, expresado en la persistencia de los homicidios, las continuas amenazas contra los mandatarios locales, los casos de secuestro y el incesante desplazamiento forzoso de la población.
La tendencia creciente en la confrontación armada, perfilada hacia mediados de la década del noventa y que escala definitivamente a partir de 1999, por la muy activa participación de los grupos paramilitares, también determina el ritmo ascendente de los asesinatos que los actores armados producen en escenarios municipales, donde a la vez se incrementan los homicidios, poniendo de presente la elevada vulnerabilidad de la población en lugares específicos del departamento. El desplazamiento forzado de población, la usurpación de tierras y los asesinatos son los hechos victimizantes más pronunciados, con tasas significativamente más elevadas que el promedio nacional. Estos hechos, evidencia empírica y tendencia histórica, se mantienen a lo largo y hasta el final de los dos períodos de gobierno encabezado por Álvaro Uribe (2002-2010). Posteriormente el modelo de desarrollo autoritario, violento y excluyente se consolida en Casanare, la estrategia paramilitar se institucionaliza y, en consecuencia, el número de víctimas del conflicto armado tiende a armonizarse con la tendencia y evolución de los registros nacionales pero con periodos breves de agudizamiento de la violencia por encima del promedio global.
Que el árbol no impida ver el bosque
En Colombia la consecución de objetivos políticos y económicos ha legitimado el uso de armas y de la violencia generalizada por parte de diferentes sectores de la sociedad, organizaciones políticas de derecha, incluido el Estado mismo.
Las sentencias de la Justicia Especial para la Paz, al menos en el caso de Casanare, presentan un sesgo jurídico centrado en el “Conflicto armado interno de Colombia”. Los árboles no dejan ver el bosque, esto es, la sociedad colombiana no puede ver el trasfondo de la violencia o la situación histórica del desarrollo nacional en su conjunto porque está prestando atención a los detalles de la confrontación armada y las responsabilidades individuales. El estudio más sistémico del caso emblemático de Casanare evidencia que la violencia y la guerra en el país es una manifestación del modelo de desarrollo y modernización violento y excluyente impuesto por las oligarquías y su estrategia paramilitar y de terrorismo estatal que controlan el poder político y económico.
De ahí que la modernización económica y el fortalecimiento del fenómeno paramilitar en Casanare haya sido propiciado por los intereses y la cultura política derivada de la violencia, la corrupción, el narcotráfico y la alianza entre grupos armados emergentes, fuerzas armadas, políticos regionales, hacendados, empresarios, partidos políticos de derecha y transnacionales, todo lo cual da forma a una lumpen oligarquía con amplio poder y dominio en una región constituida en caso emblemático de desarrollo por espoliación y enquistado control paramilitar. Los cientos de asesinatos de civiles, disfrazados de combatientes a manos de las Fuerzas Armadas, en alianza con los paramilitares, no son más que parte de un proceso de acumulación por desposesión, modernización capitalista violenta, “limpieza social” y ahondamiento de un modelo social racista, disciplinado y eficientista.
Las raíces, población y geografía
El departamento lleva su nombre en honor al río Casanare que corre por su territorio y que para los indígenas Achaguas era “Casanari” o “rio de las aguas negras”. Con una extensión de 44 640 km2 (4 464 000 ha aproximadas), equivalente al 3,91 por ciento del total del área nacional y al 17,5 por ciento de la región de la Orinoquía, constituye uno de los departamentos más extensos en que está distribuido el territorio nacional.
Su distribución interna da cuenta de 19 municipios: Aguazul, Chámeza, Hato Corozal, La Salina, Maní, Monterrey, Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Sabanalarga, Sácama, San Luis de Palenque, Támara, Tauramena, Trinidad, Villanueva y Yopal, que es la capital.
El paisaje lo conforman cuatro grandes conjuntos morfológicos: la vertiente montañosa, el piedemonte y la planicie (la más extensa donde se ubican los Llanos Orientales) que se subdivide en la aluvial (adyacente al piedemonte) y la eólica (cubierta por extensas sabanas y morichales). Casanare hace parte de la extensa región natural denominada Orinoquia; la “Faja Petrolífera del Orinoco” es la acumulación más grande de petróleo pesado y extra pesado que existe en el mundo.
Según el estudio sobre los conflictos de uso del suelo (Igac, 2014a), el 44 por ciento del departamento cuenta con una subutilización del suelo del 32 por ciento (1 396 446 ha) y una sobreutilización del 12. El departamento cuenta con más capacidad ganadera que agrícola y con un elevado porcentaje de áreas de conservación ambiental. Sin embargo, se han identificado cultivos y ganado en zonas de reserva y con ecosistemas estratégicos donde no debería existir incursión de actividades productivas.
El 3,36 por ciento (148 699 ha) de su territorio pertenece a 8 resguardos indígenas, distribuidos en los municipios: Hato Corozal, Paz de Ariporo, Sácama, Támara y Orocué.
El principal rasgo del territorio casanareño es el sistema hídrico constituido por afluentes, caños y ríos que nacen en las montañas de la parte occidental y recorren el departamento hacia el oriente, a medida que forman la subcuenca hidrográfica del río Meta. Los suelos más fértiles del departamento se ubican sobre los valles de los ríos Casanare, Ariporo, Pauto, Cravo Sur, Cusiana, Túa y Upía, regiones que concentran la actividad agrícola a través de la producción de arroz, cacao, plátano, yuca y maíz, cultivados estos últimos en forma tradicional (ver mapa).
El descubrimiento de los grandes yacimientos generó que la mirada del Estado y los empresarios capitalistas se volcara a este territorio, que hasta entonces no era tenido en cuenta por el gobierno central debido a su distancia de los centros de poder y por su poca población.
Los salarios atractivos de la industria y el destacado monto de regalías que empezaron a llegar al departamento generaron consecuencias como el desarrollo de empresas locales de bienes y servicios y el financiamiento de infraestructuras; pero también, un incremento en los costos de vida en los municipios y despertó intereses particulares de apropiarse ilegalmente de la bonanza por parte de las autoridades locales, partidos políticos y grupos armados no estatales.
Así, para el año 2015, Casanare ya había tenido nueve gobernadores, seite de los cuales fueron destituidos por delitos como: concierto para delinquir y peculado, vínculos con paramilitares, irregularidades en contratación, enriquecimiento ilícito, sobrecostos en contratos, entre otros
Por su parte, la industria generó una alta demanda de mano de obra calificada y no calificada y, en consecuencia, se produjo una ola migratoria importante de trabajadores y sus familias atraídos por los elevados salarios del sector. Desde 1985, es decir, antes de que se descubrieran los campos Cusiana y Cupiagua, hasta el año 2005, la población del departamento pasó de 170.238 a 295.353 habitantes, lo que representa un incremento de 73,5 por ciento.
Su población para el año 2023 suma 467.775 personas, significativamente joven esto es, en edades entre 18 y 29 años, población en un 72,2 por ciento económicamente activa (TPG) que encuentra pocas oportunidades de trabajo en condiciones dignas, indicadores que también reflejan la presión que impacta al mercado laboral. La población ocupada es de 64,2 por ciento y la desempleada representa el 8 por ciento. El subempleo, subjetivo y objetivo, suma el 8 por ciento de los ocupados. La población ocupada se concentra principalmente en las ramas de comercio, transporte y servicios. Según la posición ocupacional, las principales participaciones corresponden a los empleados particulares y trabajadores por cuenta propia. La población joven desempleada o informal es “materia prima” para engrosar las organizaciones armadas, legales e ilegales.
Casanare y la JEP
Conocida como Justicia Especial para la Paz (JEP), es el mecanismo de justicia transicional por medio del cual se investiga y juzga a los integrantes de las Farc, miembros de la Fuerza Pública y terceros que hayan participado en el conflicto armado interno de Colombia. Su creación fue pactada en el marco de los Acuerdos de paz (2016) entre el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y la insurgencia fariana como sistema de rendición de cuentas con el objetivo principalmente de satisfacer los derechos de las víctimas, con la tarea de esclarecer “en el contexto y en razón del conflicto armado, en particular los delitos más graves y representativos” para poner punto final a más de medio siglo de conflicto armado.
La Sala de Reconocimiento de la JEP dentro del subcaso Casanare, a través del auto 055, les imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un exfuncionario del extinto DAS y a dos civiles reclutadores, por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008. Estos crímenes constituyeron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad militar en la época.
303 personas fueron asesinadas y presentadas falsamente como guerrilleros o delincuentes dados de bajas en combate. Mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas en condiciones de discapacidad cognitiva sufrieron daños graves, diferenciados y desproporcionados por las acciones de esta unidad militar. Los pobladores fueron estigmatizados y algunas familias padecieron con intensidad este fenómeno.
En la Brigada XVI se implantó una organización criminal compleja que se valió de la arquitectura institucional del Ejército para presentar asesinatos y desapariciones forzadas como bajas en combate en esta parte del país durante los años aludidos. Así lo determinó la Sala de Reconocimiento de la JEP en su más reciente decisión, en la que estableció que bajo la comandancia del mayor general (r) Henry William Torres Escalante se incrementó la presentación artificial de resultados operacionales en el área de maniobras de la citada Brigada.
Especial mención merece el manejo de los recursos al interior del Gaula Casanare que no los orientó a la lucha antiextorsión y antisecuestro, sino que destinó el dinero a financiar el reclutamiento, asesinato y posterior encubrimiento de las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate. Esto permitió a una tropa de no más de 70 integrantes competir en el número de resultados con un Batallón de Infantería como el Birno, con el que se disputó siempre el lugar.
Numerosos comparecientes de la Brigada XVI –de diferentes rangos y funciones– reconocieron ante la JEP que las bajas en combate eran un indicador del éxito militar. Precisamente, el proceso de contrastación judicial permitió determinar que se trató de asesinatos y desapariciones forzadas ocurridas dentro de un plan criminal articulado por objetivos, recursos, roles y modos de operación que estuvo orientado a la consolidación territorial y a mostrar avances en la guerra en contra de las guerrillas y las distintas formas de criminalidad de la región. Para lograrlo, se valieron de la estructura, funciones, recursos y dependencias de la unidad militar y, en el subcaso Casanare en particular, también del extinto DAS que usó como instrumentos a los grupos especiales.
Las petroleras involucradas.
En el subcaso Casanare la Sala también pudo ahondar y establecer que los recursos de los contribuyentes, así como los recursos entregados a las unidades por convenios con las petroleras, fueron destinados de manera irregular para la comisión de los crímenes. No solo los recursos de funcionamiento de las unidades sino también los destinados a planes de moral y bienestar, incentivos institucionales al buen desempeño y los mecanismos de evaluación, seguimiento y control, terminaron fomentando la producción de falsos resultados.
** Observatorio del Programa Presidencia de DDHH y DHI. (2006). Panorama Actual del Casanare. Bogotá, D.C.
* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos desdeabajo y Le Monde diplomatique, edición Colombia.
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